Se cierra un año en el que la lucha contra la corrupción, encabezada por la propia ciudadanía, volvió a ser la gran protagonista en los esfuerzos por el fortalecimiento de la institucionalidad, aunque también ha sido el período en el que más intentos han aflorado y más máscaras se han caído por entorpecer ese impulso y por trastocar las entidades que han librado la batalla por desarticular las estructuras criminales enquistadas en el Estado.

La conciencia sobre la necesidad de continuar el combate de ese flagelo es unánime, y desde diversos sectores se aprecia un lenguaje políticamente correcto de reconocer que no se debe dar un paso atrás en esos esfuerzos, pero las acciones reales no siempre coinciden con tales anuncios, pues hay políticos y funcionarios que más tardan en dar el discurso, supuestamente a favor de la transparencia, que en promover cabildeos oscuros y emprender acciones en dirección contraria a la demanda ciudadana.

Si no fuera por la indignación de la población, las presiones de la comunidad internacional y una reserva de recta conciencia en unas cuantas instituciones, mucho de lo logrado en el 2015 ya se habría perdido y quizá hasta se habrían consolidado pasos osados a favor de la criminalidad.

Baste recordar que 107 diputados de la actual legislatura dieron una vergonzosa muestra de servilismo, prepotencia y a la vez de diletantismo legal, el pasado septiembre, cuando aprobaron leyes a favor de sindicados por corrupción, pero beneficiaban a miles de criminales, que quedaban con las puertas abiertas para salir de prisión.

El Ejecutivo no se quedó atrás en esos esfuerzos, y desde que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala acusaron a los parientes del presidente y al mismo Jimmy Morales, por financiamiento electoral ilícito, la tónica gubernamental hacia la lucha contra la corrupción tuvo un giro hepático, evidente, innegable y patético, puesto que la primera acción fue intentar expulsar del país al comisionado Iván Velásquez, lo cual quedó frustrado por la oportuna intervención del procurador de Derechos Humanos.

Dicho paso tuvo al menos una ventaja: puso en evidencia al mandatario, y a su rosca cercana, que desde hacía meses, cuando aún era candidato, tenía sobre sí la sospecha de no acuerpar la lucha anticorrupción, pese a que el eslogan de campaña aseguraba lo contrario. En la actualidad, prácticamente nadie con dos dedos de frente puede creer en el respaldo gubernamental a la lucha anticorrupción, que se ha convertido en una declaración vacía de sentido.

El siguiente paso de estos grupos será insistir en llevar a impresentables a la Junta Directiva del Congreso, no obstante dos burdos intentos previos por cooptarla. Además, las miras están puestas en incidir en la próxima elección de fiscal general, de contralor general de Cuentas y hasta en intentar cambiar la cabeza de la Superintendencia de Administración Tributaria, que ha resultado incómoda para innumerables redes delictivas. Por ello es que la ciudadanía debe seguir vigilante para volver a salir a las calles y hacer sentir su voluntad por encima de aquellos que detentan una potestad de la cual han abusado burdamente.