Pareciera que el periplo de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, hubiera tenido el propósito de hacer felices a todos los involucrados en un drama cuyo desenlace todavía no está claro, pero sobre el cual existen algunas pistas, según los escuetos datos conocidos.

Una de las ideas más firmes, sobre la que nadie ha dudado, es que Estados Unidos mantiene firme su apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al comisionado Iván Velásquez y a la fiscal general, Thelma Aldana, cuya labor ha despertado en los últimos días a grupos ciudadanos en contra de la sempiterna corrupción nacional.

Sin embargo, según un cable de la agencia Reuter, cuyo corresponsal viaja en la comitiva de la diplomática estadounidense, el resumen de su viaje a Guatemala se concretaría en dos puntos: Velásquez se queda, la Cicig continúa y a cambio debe haber menos información sobre los casos, según ella, porque así es como trabaja el FBI.

Esta es una idea que a nuestro criterio solo puede verse como un caramelo de Washington al aparato gubernamental, que se ha quejado de la mediatización de los casos, de los supuestos abusos sobre algunos de los procesados, lo cual no solo puede calificarse como excusa al no encontrar argumentos de peso para descalificar la labor efectuada por la Cicig y el MP.

Esto constituiría un mal precedente y puede traer consecuencias inesperadas, porque en países como el nuestro, donde la opacidad es la piedra angular de la administración pública, lo que debe exigirse es transparencia en todos los procesos. Las entidades mencionadas lo han hecho bien hasta ahora, porque han brindado detalles esenciales de los procesos bajo investigación y posteriormente muchos de esos casos quedan bajo reserva, por lo que poco se vuelve a saber hasta que empiezan las audiencias.

Es difícil que la versión periodística esté errada. La diplomática, entonces, se equivoca al pedir eso porque en todo suceso de importancia política que sucede en Estados Unidos es harto conocido que de inmediato se dan explicaciones a la población sobre los hechos ocurridos y sus actores principales. Cuando las circunstancias lo ameritan se ofrece ampliar esa información hasta que empiezan las investigaciones que es necesario mantener bajo reserva.

Las quejas oficiales en ese sentido son improcedentes porque en las oficinas públicas es donde más se busca ocultar el quehacer burocrático y a ello se debió una resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos para exhortar a las oficinas del Gobierno central a ser más abiertas con la información y con la agenda en la que el presidente tenga actividades en las que los medios de prensa puedan estar presentes, para no favorecer solo a los oficialistas.

En resumen, es un consejo que debe ser evaluado porque Guatemala es un país donde el ocultamiento de la información ha permitido los numerosos abusos descubiertos. Se debe promover la transparencia porque el secretismo, como también opera el Congreso, solo ha servido para dar sorpresas desagradables a la población y a ello obedece que decisiones trascendentales se tomen en días festivos, para que la ciudadanía se entere cuando es demasiado tarde.