Guatemala atraviesa por una de sus más inusitadas etapas de inestabilidad institucional, a causa de la galopante corrupción en el Estado. Esta situación requirió respuestas contundentes de la justicia, lo cual ocurrió con la actual Cicig, que le inyectó una importante dosis de independencia a la investigación criminológica en el Ministerio Público.

Inevitablemente, esas acciones ha confrontado a varios sectores de las distintas capas sociales, desde quienes aplauden la arremetida contra el pillaje hasta quienes ven un ataque a añejas estructuras de poder, principalmente en sectores políticos, acostumbrados a imponer las reglas de ese juego perverso. Buena parte de las divergencias derivaron en la descalificación y ataques contra las personas que lideran esos esfuerzos y a quienes consideran que eso era lo correcto.

Esos afanes descalificadores han terminado de polarizar a los guatemaltecos, pero en el ínterin se dieron nuevos señalamientos contra muchos otros integrantes del sector político, entre ellos el presidente Jimmy Morales, contra quien se presentó una solicitud de antejuicio por no haber declarado donaciones para su campaña.

Tales señalamientos precipitaron decisiones del mandatario y el pasado 27 de agosto, por video, declaró no grato al jefe de la Cicig, acción que no pudo materializar debido al contundente rechazo de la Corte de Constitucionalidad.

A esto se sumó el respaldo del Congreso, al no permitir que la justicia investigara al mandatario de manera independiente, justo cuando también se conocía de un bono ilegal que recibía de recursos del Ejército, lo cual cuando fue denunciado en el MP obligó al presidente a reintegrar de inmediato Q450 mil a la institución castrense. Posteriormente, la emisión de leyes en favor de la impunidad rebalsó el vaso.

Desde entonces la degradación no ha parado, porque lejos de observar intenciones de enmienda por parte del mandatario y su círculo más cercano de colaboradores y funcionarios, los disparates no han dejado de crecer y de poner en entredicho sus anunciadas intenciones de buscar el combate de la corrupción o entablar un diálogo honesto con todos los sectores.

Una vez más, Morales muestra su impericia al anunciar que está dispuesto a tomar su reunión con el Consejo Económico y Social (CES) como el punto de partida para un diálogo. Esta entidad no tiene la solvencia suficiente para encabezar esos esfuerzos, mucho menos para representar el sentimiento de quienes creen que la corrupción debe combatirse por haber corroído los cimientos de la democracia y de prácticamente todas las instituciones guatemaltecas.

El CES es la primera instancia que no debe participar porque es financiada con recursos del Estado y, en consecuencia, sus criterios estarían sesgados a favor del gobierno. Además, porque entre sus integrantes existen personas en conflicto con la ley, financistas que deben esclarecer su situación o empresarios claramente inclinados a favor del mandatario, pero sobre todo porque el presidente de esa entidad es uno de los más acérrimos detractores del jefe de la Cicig, lo cual deslegitima cualquier propuesta emanada de ese grupo, mucho más si se trata de temas políticos.