En general, los políticos guatemaltecos actuales se atreven a pensar que pueden aprovecharse indefinidamente de la aparente amnesia de la población, para mutar de colores, signos partidarios o discursos populistas. Osan muchos de estos personajes, desprestigiados ante la población, pretender venderse como defensores de la transparencia, cuando en su momento al hacer gobierno sus organizaciones incurrieron precisamente en tropelías que hoy cometen quienes temporalmente son oficialistas.

Se rasgan farisaicamente las vestiduras para denunciar situaciones que convienen a sus intereses, en tanto que han mantenido silencio frente a grandes tragedias sociales e incluso muchos de ellos han callado ante auténticos dramas, como lo registra la reciente tragedia por el Volcán de Fuego, o al asumir una falsa actitud reivindicativa sobre el sistema de salud, cuya crisis está en plena ebullición.

La clase política que ha detentado el sistema político del país en la era democrática está llegando a un límite temporal claramente marcado por el desencanto ciudadano, la exigencia de mayor cuentadancia y el empoderamiento de leyes como las reformas electorales, que si bien parciales, sientan ya un precedente, prueba de lo cual ha sido la caída de varias figuras otrora poderosas, a base de compra de votos, tráfico de favores o transacciones de influencias.

Ahora bien, no solo la clase política está en el ojo de la historia, que es la percepción ciudadana agudizada por la improvisación e imprudencias del actual Ejecutivo. También está incluida la clase jurídica; es decir, los altos jueces y magistrados, quienes se encuentran ante una línea que se podría equiparar a la que marcó en la playa el conquistador Pizarro y pidió que pasaran al otro lado quienes no tuvieran dudas de seguir con él y quisieran entrar en la historia. Fueron 13 los leales. El olvido se encargó de quienes no se atrevieron a dar un paso al frente.

Coincidentemente, son 13 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen sobre sí la marca de haber sido electos por un acuerdo político opaco entre dos partidos ya borrados del espectro partidario, pero cuyos operadores, disfrazados de otros colores, operan entre las sombras. Esta corte, cuyo período llega hasta el 2020, todavía encara el reto de ponerse del lado de la historia y de la transformación, o plegarse a las más impresentables agendas de quienes comulgan con la politiquería.

Igual disyuntiva se abre cotidianamente para magistrados de Apelaciones y jueces de todo el país. Muchos de ellos ya han refrendado su compromiso con la ley, se han guiado por su criterio legal y no por lecturas de conveniencia política o presiones legislativas. Por supuesto, les representa ataques de personajes que incluso están bajo investigación y bloquean, con estratagemas legalistas, el avance de sus procesos.

La exigencia anticorrupción es irreversible y la ciudadanía identifica con claridad a quienes en sus discursos de candidato se fingieron sus aliados, para luego traicionarla, tal como se recuerda este 27 de agosto, fecha de la declaratoria de persona no grata a Iván Velásquez, lo que provocó una nueva e innecesaria división nacional que se ha ido profundizando y provoca dudas sobre el tiempo de su duración.