Ha transcurrido la primera semana luego de la sorpresiva, aunque no violenta, captura de una de las caras más desprestigiadas de la política latinoamericana, y a juzgar por las primeras escenas observadas en torno al proceso de extradición del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, se vislumbran tiempos difíciles para la justicia nacional y para el Gobierno de México.

Esto se ratifica desde la inesperada aprehensión en Panajachel del prófugo más buscado por la justicia mexicana, quien evidenció que cualquier delincuente con recursos puede con facilidad violar los pasos fronterizos o sobornar a autoridades y empresarios para pasar inadvertido, si emplea un poco de astucia.

Su ubicación no hubiera sido posible si no es por el descaro con el que actuaron sus parientes cuando decidieron abordar un vuelo privado desde Toluca hacia la capital guatemalteca. Las autoridades mexicanas simplemente los dejaron continuar su viaje para poder localizar de esa manera al corrupto personaje, que llegó a ser una de las promesas políticas del oficialista PRI.

Difícilmente las autoridades guatemaltecas se habrían dado cuenta de su permanencia en el país si los familiares no hubieran violado la legislación mexicana sobre el transporte de dinero en efectivo, y pudo haber permanecido por mucho tiempo de manera irregular si no fuera por la certeza de los parientes de que nada les ocurriría.

Sin embargo, son las condiciones de precariedad institucional las que a su vez hacen temer un largo proceso de extradición de Duarte hacia México, pues la lamentable y rampante corrupción prevaleciente en el país puede ser la causa principal de que el prófugo mexicano busque quedarse en territorio guatemalteco, si se convence de que con dinero ablanda voluntades.

Una de esas evidencias se produjo el pasado miércoles en su primera audiencia ante un juez, a quien Duarte declaró que no iba a allanarse a la extradición mientras él no conociera los detalles de la solicitud que las autoridades mexicanas deben enviar en los próximos días.

Pero también han empezado a circular rumores sobre lujos que el dinero suele comprar en muchas prisiones latinoamericanas, incluyendo las guatemaltecas, donde desde hace tiempo existen bastantes evidencias de todo lo que la corrupción ha provocado a lo interno del Sistema Penitenciario para que determinados reclusos puedan llevar una vida de comodidades derivadas de pagos bajo la mesa.

Para las autoridades mexicanas sería un enorme éxito la pronta extradición de Duarte, pues las cercanas elecciones presidenciales podrían ser un duro revés para el partido oficialista, ante el enorme daño causado por el exgobernador de Veracruz. No enfrentarlo a la justicia mexicana se traducirá en un duro revés para la administración de Peña Nieto, pues la forma en que el prófugo entró es solo uno de los ejemplos de la porosidad del Estado guatemalteco, donde es fácil atravesar fronteras, pero también existe una histórica permeabilidad en el sistema de justicia, lo que podría complicar las cosas para la pronta extradición de dicho ícono de la corrupción latinoamericana.