EDITORIAL

Indiferencia ante constante pillaje

Mucho se ha exigido al Ministerio Público y al sistema Judicial la aplicación de la ley y que se imparta justicia con celeridad y precisión. Es clamor válido, reflejo de la indefensión imperante en el país. Los ciudadanos observan cómo la delincuencia de todo tipo ha logrado asediar a fiscales y jueces, de tal manera que la posibilidad de obtener una justa sentencia es cada día más difícil.

Carga con la mayor parte de esa presión insana e ilegal el cuerpo de jueces. Una batalla compleja se libra en su entorno, pues en tanto hay una notable saturación de casos, las presiones contra quienes deben emitir sentencia se manifiestan de mil maneras. Desde las provenientes de redes sociales hasta las amenazas directas, se ha integrado desde hace años un tenebroso y denso tejido donde la ley agoniza.

La justicia está sometida a presión y extorsión de muchos tipos, mientras la sociedad permanece indolente ante esos hechos, considerados hoy por hoy como parte del modus operandi de grupos con intereses inconfesables. Irónicamente, a la hora de pedir cuentas al sistema de tribunales, pocos recuerdan que se deja a su suerte a los jueces y se espera que se debatan entre las presiones y el deber con la sociedad.

Los ciudadanos e instituciones que dan solidez al país deben respaldar el trabajo de los tribunales, así como analizar sus fallos a fin de no permitir el triunfo de quienes presionan de manera inmisericorde. Así como se exigen resultados, lo cual es válido, es urgente demandar de las fuerzas de seguridad que protejan los procesos judiciales y a sus responsables, para que los fallos se emitan en función de la ley y no por temor.

El tema sale a colación porque para mañana se espera una audiencia muy importante en los tribunales de Cobán. El exdirigente magisterial Bernardo Caal comparecerá ante el juzgado respectivo para escuchar las conclusiones de ese órgano administrador de justicia. Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el imputado fue el dirigente de un ataque contra trabajadores de una empresa de tecnología en Santa María Cahabón, en el 2015.

En momentos procesales previos, grupos organizados acosaron a fiscales y jueces para forzar a que se haga caso omiso de las acusaciones contra Caal, quien se excusa de lo ocurrido y busca clemencia escudándose en sus actividades como activista popular, las que —por cierto— no incluyen la ruptura de las leyes y el homicidio de nadie.

Debe diferenciarse la actividad personal de este y muchos otros imputados en casos diversos. Los delitos presuntamente cometidos deben ser demostrados por las autoridades a cargo de la investigación y un tribunal las evaluará. Esto trasciende lo personal, pues se juzga un momento en la vida de una persona cuando conscientemente rompió la ley y violó los derechos de otras.

Dura es la ley, pero en países donde el orden social está a merced de los delincuentes, la justicia debe ser la razón de ser del país entero. Es la única manera de garantizar la paz, el fortalecimiento institucional y una oportunidad para que la Nación corrija sus fallas en cuanto a irrespeto a los individuos, las instituciones y los principios más elementales.