La impartición de justicia en Guatemala no deja de dar motivos para la crítica, porque muchos fallos siguen siendo polémicos o poco convincentes, como ocurrió ayer cuando la magistrada Blanca Stalling logró detener la declaración del juez Carlos Ruano porque fue favorecida por el amparo de una sala de Femicidio, que se ha vuelto el mejor aliado para quienes buscan evadir a la justicia.

Días antes, la polémica magistrada también había sido favorecida con libertad bajo fianza de Q300 mil que le concedió la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, cuyos integrantes, en una votación de dos contra uno, también ratificaron esa resolución en rechazo a una impugnación presentada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ahora solo queda pendiente una nueva acción por parte del Ministerio Público.

La forma como fue detenida la influyente magistrada es una de las razones para sospechar de esas resoluciones, pues estaba en plena fuga, bajo un ridículo disfraz, cuando fue capturada y todavía incurrió en un hecho agravante, al portar un arma con la cual amenazó a los agentes de la Policía Nacional Civil que tenían la tarea de conducirla.

Lo cierto es que la tónica de muchos funcionarios y políticos cuestionados ha sido la de buscar ponerle zancadilla a la justicia mediante argucias de mala fe, como ha sido el caso de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti quienes llevan meses en prisión porque han logrado frenar audiencias con esas acciones.

De eso es de lo que se han quejado la Cicig y el MP, por el abuso de los recursos, pues ese litigio malicioso entrampa el esclarecimiento de muchos casos, como también lo acaba de poner en evidencia el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, quien se ha sumado al bochorno al recibir varios reveses en su intento de evitar a la justicia, incluida la negativa de la Corte de Constitucionalidad, que resolvió que el jefe edil tiene la obligación de asistir a una citación judicial.

Este tipo de acciones leguleyas, unidas al tráfico de influencias que deriva de un sometimiento de los funcionarios judiciales al poder político, son la causa del enorme rezago por el que atraviesa la justicia en el país, lo cual no es solo una preocupación en Guatemala, pues dicha situación ha trascendido fronteras, como lo acaba de denunciar en su informe la Comisión Internacional de Juristas, que ve que existe “sometimiento político” de algunas autoridades judiciales.

Esto también se ilustra con cada caso de gran impacto que llega a los juzgados más relevantes, en los cuales enfrentan proceso varios funcionarios y donde mejor se puede constatar el manipuleo en distintas judicaturas, sobre las que se acrecientan las presiones en búsqueda de fallos favorables o el cambio de juzgadores.

Al final, esa conducta y argucias de quienes luchan por todos los medios para evadir a la justicia se traduce en impunidad, pero lo más lamentable es que también puede verse como un beneficio para quienes enfrentan cargos por corrupción, un lastre que a su vez puede reforzar la idea de lo rentable que podría resultar la inmoralidad en cargos públicos, con lo cual el estado de Derecho sigue siendo percibido como un modelo fallido, inclinado a la cooptación.