Está por cumplirse el primer mes de un plazo que podría ser de 120 días para que el Departamento de Estado responda a congresistas estadounidenses sobre el requerimiento de aplicar sanciones a quienes en Guatemala no colaboran en los esfuerzos contra la corrupción o tratan de entorpecer su combate.

El pasado 16 de octubre, los parlamentarios Eliot Engel, demócrata, y el republicano Edward Royce, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, enviaron una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, en la cual le piden que se aplique la Ley Magnitsky, mediante la cual se busca la suspensión de visas a quienes cometan o faciliten actos de corrupción.

Aunque es una de las más duras peticiones de políticos estadounidenses, no son las únicas en las manifestaciones de simpatía a la labor que llevan a cabo el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto también quedó patente el pasado miércoles en Ginebra, donde varios diplomáticos manifestaron su respaldo a la oficina de la ONU y pidieron no solo reforzar su labor, sino facilitar su funcionamiento.

Otra de las posturas expresadas por los diplomáticos al delegado guatemalteco presente en el Consejo de Derechos Humanos es que ven con preocupación las medidas tomadas contra esa oficina y su comisionado por parte del presidente Jimmy Morales, quien en un acto fallido intentó expulsar del país a Iván Velásquez.

A esto se suma el comentario hecho también el miércoles por la congresista de origen guatemalteco Norma Torres, quien tras reunirse con Velásquez en Washington dijo que la Cicig era víctima de su propio éxito, pero reiteraba su petición de apoyo a esos esfuerzos, a la vez que anunciaba que siguen adelante investigaciones para determinar quiénes pagaron por servicios de una empresa dedicada al lobby para montar una campaña en contra de la Comisión.

Es indudable que la mayor amenaza, si se materializa, esté en los requerimientos hechos por los congresistas al Departamento de Estado, porque esa ley ha demostrado su eficacia en el castigo de quienes irrespetan los derechos humanos, origen de su promulgación, y ahora de quienes han hecho de la corrupción un modelo de vida cuyas consecuencias tienen un nefasto impacto sobre el desarrollo de millones de personas.

La congresista Torres incluso consignó en uno de sus tuits que la lucha contra la corrupción en Guatemala es crucial para la misma seguridad de Estados Unidos, y por ello su respaldo es firme, porque también se pueden contrarrestar otras expresiones del crimen, como el narcotráfico o la trata de personas, de gran impacto junto a las migraciones hacia suelo estadounidense.

La corrupción en Guatemala ha rebasado nuestras fronteras de manera escandalosa, y ahora las claras muestras de apoyo de la diplomacia europea y de políticos estadounidenses obliga a replantear la visión sobre los esfuerzos que se reclaman desde el exterior y sobre los cuales parece ineludible que continuarán las presiones, porque además es una labor que pagan los contribuyentes de esos países, a los que sus representantes deben rendir cuentas y resultados alentadores por sus aportes.