Con su bigote prusiano y corbata de pajarito, recuerda al actor Peter Sellers en su interpretación del inspector Clouseau, en la película La Pantera Rosa. Fernando Linares Beltranena (Skippy) fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984-85, actualmente es diputado al Congreso por el partido PAN y se ha convertido en un colorido personaje de la política nacional. Quienes lo conocen saben que se caracteriza por su jovialidad, ideas contra la corriente y, ocasionalmente, por su falta de tacto.

Como profesional del Derecho, Skippy Linares se hizo fama como abogado defensor de personajes oscuros y causas célebres. En mayo de 2003, el gobierno estadounidense le revocó la visa por ser defensor del general retirado Francisco Ortega Menaldo. Entre sus clientes figuran Jairo Orellana y Manuel Manolito Castillo. Cuando a Linares Beltranena se le retiró la visa estadounidense en 2003, llevó la batalla al Departamento de Estado y se la restituyeron. El embajador Todd Robinson gestionó para que se la retiraran nuevamente en abril 2017, por ser vocal y visible crítico de Iván Velásquez y del propio embajador.

En una reunión de la Comisión de Asuntos Electorales y en relación al tema de la paridad, Linares Beltranena manifestó que “el parámetro para acceder a la política o a cualquier otro tema debe ser mérito y no simplemente por haber nacido con un accidente biológico de mujer”. Creo que se entiende lo que quiso decir; el nacer hombre o mujer tiene una probabilidad de 50%, será uno u otro, como lanzar una moneda al aire, y ese es el “accidente biológico”. Más de algún medio “informó” que había emitido comentarios “en contra de las mujeres” y se hizo [más] enemigo de la industria de la política de identidad.

En marzo 2017, un grupo de personas con discapacidad acudieron al Congreso para pedir a los jefes de bloques que incluyeran en la agenda la aprobación de la iniciativa de ley de personas con discapacidad. La ley crearía la Secretaría Presidencial sobre Asuntos de Discapacidad, manda que 5% de los empleos en el sector público sean para discapacitados y daría un bono mensual de hasta medio salario mínimo. El mismo grupo denunció a Linares Beltranena por discriminación, señalando que el legislador dijo: “Las personas con discapacidad solo constituyen un gasto para el país”. En abril de este año, la CSJ admitió para su trámite la denuncia que presentó la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público contra el parlamentario y nombró juez pesquisidor, quien dictaminó que no procedía quitarle la inmunidad. La Corte Suprema de Justicia decidió ignorar la opinión del juez pesquisidor y le quitó la inmunidad. Ahora se le puede seguir proceso penal por “discriminación y violación de derechos de personas con discapacidad”.

El artículo 161 de la Constitución, sobre las prerrogativas de los Diputados, establece la “Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo”. El artículo 35 garantiza la libertad de emisión del pensamiento. ¿Puede ser más claro? No se trata de Fernando Linares, ni viene al caso si es o no santo de su devoción; es un atropello jurídico de grandes proporciones, que sienta un precedente nefasto. No se entiende cómo el Ministerio Público y la CSJ se prestan a este juego. Refuerza la idea de que las altas instituciones públicas encargadas de procurar y fortalecer el estado de Derecho son utilizadas e instrumentalizadas para la persecución política. Otro rudo golpe a la certeza jurídica y combustible a la conflictividad.

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