Elaborar una lista de funcionarios y particulares involucrados en casos de corrupción en Centroamérica es desde ayer una obligación legal para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y en colaboración con el Departamento de Estado deberá proveer esos nombres a partir de los próximos 180 días, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Ese requerimiento, aprobado por el Congreso y el Senado estadounidenses, fue ratificado ayer por el presidente Donald Trump y abre la puerta para especificar los nombres de quienes en esos tres países abusan de sus cargos y buscan frenar cualquier avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad. A partir de ahora se estrecha el círculo de vigilancia sobre quienes no parecen darse por enterados de los reiterados objetivos de Washington.

El rápido avance de esta normativa evidencia el interés de Estados Unidos por dejar claro su compromiso en combatir la corrupción, lo que contradice a quienes creían que podría quedarse varada en el despacho Oval. No fue así y ahora el combate contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica adquiere otra dimensión más fuerte.

Lamentablemente, no todos parecen compartir ese entusiasmo. El lunes pasado, el gabinete en pleno del presidente Jimmy Morales daba un penoso espectáculo en la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad, a donde acudieron en respaldo de la iniciativa de expulsar de Guatemala al embajador de Suecia, Anders Kompass.

Muchos se resisten a comprender que la corruptela en el sector público ha causado mucho daño en el desarrollo de estas naciones, pero además esta conducta licenciosa se presta a facilitar otras expresiones de grupos criminales, como ocurre con el incontenible flujo de narcóticos hacia los países desarrollados, pero también con la facilidad con la que cualquier extranjero puede adquirir documentos guatemaltecos para ingresar a Estados Unidos.

Quien de mejor manera ilustró lo que ocurre en estos países fue el expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, cuando el pasado jueves confesó ante una corte penal cómo organizó y ejecutó el desvío de más de 300 millones de dólares, de los cuales por lo menos 50 millones terminaron en sus cuentas o en las de sus allegados.

Honduras libra una batalla parecida por enjuiciar a altos funcionarios del sistema Judicial y del Legislativo. El mismo presidente, Juan Orlando Hernández, enfrenta denuncias de financiamiento ilícito y hace pocas semanas su gobierno intentó bloquear sin éxito la designación del nuevo encargado de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), equivalente a la Cicig de Guatemala.

Una de las más lamentables omisiones de quienes a ojos de la opinión pública están seriamente comprometidos con el viejo sistema es que no se produce ninguna crítica a la inmoralidad burocrática y más bien los esfuerzos se perciben como opuestos a ponerle fin a esa lacra, lo cual explica los pasos acelerados de las autoridades estadounidenses, cuyo Congreso ahora ha puesto en manos de sus diplomáticos acreditados en estos países una nueva herramienta que puede facilitar la lucha contra la corrupción.