Debe ser motivo de análisis y de preocupación muy profunda la tragedia provocada por el atropellamiento de varios estudiantes menores de edad por un desalmado conductor que reaccionó de manera irresponsable cuando le impidieron el paso a su vehículo, hecho que causó la muerte de la menor Brenda Domínguez. Es una acción imperdonable que debe ser castigada con todo el peso de la ley, por tratarse de un asesinato, como lo calificó el Ministerio Público.

Esta tragedia trae a colación el tema de la creciente participación de adolescentes, ya sea instigados por adultos o por otros jóvenes, para impedir el paso de vehículos, técnica utilizada también por mayores de edad en las carreteras para llamar la atención de la autoridad, recibir cobertura mediática, arriesgar incidentes sangrientos y causar daños económicos de efectos muchas veces difíciles de cuantificar.

La responsabilidad legal de la participación de adolescentes en actos potencialmente peligrosos recae en los padres, como también es el caso de los accidentes de tránsito. Las acciones del hombre que provocó la tragedia de una jovencita son el resultado de la mezcla de actitudes reprochables de las autoridades, así como de la irresponsabilidad criminal de quienes instigan a los adolescentes.

En todo caso es obligación de las autoridades darle cumplimiento al precepto constitucional que garantiza el derecho a la manifestación pública, sin que este impida deducir responsabilidades contra quienes puedan resultar responsables de instigar a menores a involucrarse en acciones de riesgo.

Entre los instigadores deben ser agregados los miembros de organizaciones sociales que preparan marchas y manifestaciones, debido a la posibilidad de incurrir en acciones violentas que pongan en peligro la vida de los participantes.

El derecho de protesta, plenamente garantizado en la Constitución, implica la tenencia de ciudadanía, de mayoría de edad, para que haya responsabilidades cuando las cosas se salgan de control. En otro tipo de casos, los dirigentes deportivos han sido señalados como responsables de los desmanes de los fanáticos, debido a que con su silencio de hecho aprueban los abusos. Por ejemplo, los clásicos capitalinos del futbol, acertadamente, ahora se juegan solo con la porra del equipo calificado como local, según las normas. Fue una decisión obligada, por los abusos de unos cuantos irresponsables, luego de que fue linchado un asistente a los partidos.

La falta de responsabilidad abarca a todos: poderes del Estado, las entidades de gobierno, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, grupos gremiales, sindicales, estudiantiles, religiosos, etcétera. Es parte del subdesarrollo generalizado del país, que se destaca por ser un factor innegable en el ambiente nacional, donde también juega un papel preponderante la desesperación, decepción y rabia comprimida ante la creciente ingobernabilidad que cada vez se manifiesta con una mayor y lamentable claridad.

Los logros sociales que se obtienen con el costo de vidas humanas no pueden estar manchados con sangre, y en memoria de las víctimas se debe aplicar todo el rigor de la ley y buscar mecanismos para garantizar derechos constitucionales.