Guatemala se caracteriza porque la mayoría de las acciones públicas atienden muy poco lo preventivo, y a ello se debe que en muchos casos se acude cuando es demasiado tarde y en ocasiones ante hechos muy lamentables.

Esto se evidencia en tragedias recurrentes como los hechos ocurridos en Villa Nueva o Santa Catarina Pinula, y aun en el sistema de salud, que podría funcionar con muchos menos recursos si se privilegiaran las medidas preventivas en vez de la atención de emergencias, que resultan más onerosas.

Esta nefasta conducta se ratifica con más crudeza en lo relativo a la seguridad, donde intrincadas redes criminales imponen su ley, pero también donde menos prevención se aplica y donde más lamentables se tornan las consecuencias porque desnudan la precariedad de un sistema que se resiste a la transformación.

Esto es lo que ocurrió el pasado viernes con el asesinato de la periodista Ana Guerra Olmedo, quien fue vilmente atacada a balazos cuando recién acababa de salir de sus labores en el Hospital General San Juan de Dios, donde prestaba sus servicios como comunicadora social. Un joven pandillero le hizo varios disparos y huyó a pie del lugar sin mayores consecuencias.

Un ataque lamentable y repudiable que había sido advertido, pues en los últimos días se habían lanzado amenazas contra el personal de ese nosocomio por las denuncias que se han hecho debido al traslado de reos a esas instalaciones.

El día del asesinato se recibieron varias denuncias y al personal del hospital se le había prohibido incluso salir a almorzar o hacer cualquier diligencia fuera de las instalaciones, y justo cuando la comunicadora salía de sus labores se produjo el ataque, lo que implica un permanente acecho a los trabajadores y la vulnerabilidad de cualquier persona frente a esa amenaza.

Las denuncias que autoridades y personal hospitalario han hecho para evitar el traslado de privados de libertad para recibir atención médica no han sido adecuadamente atendidas, y eso implica no solo responsabilidad de autoridades gubernamentales, sino también del Organismo Judicial, que no han querido ver la gravedad de esa situación.

Hay reclusos que no necesitan ser atendidos en un hospital, pero lo peor es que han convertido las salas de atención en centro de operaciones en las que se reúnen con otros malhechores y amedrentan al personal, algo que se ha ignorado y cuyas consecuencias han sido fatales para quienes buscan atención en alguna de esas clínicas.

Se debe tener presente que el Sistema Penitenciario ha sido una de las mayores fuentes de corrupción y que en torno al traslado de reos se han cometido demasiado errores, y esa negligencia puede incluso rayar en la complicidad con hechos lamentables que han cobrado muchas vidas.

Las autoridades de Salud ya han iniciado medidas preventivas, las que implican un modelo de vida alejado de la normalidad, pero quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población deben emprender acciones más convincentes para ponerle fin a esa anarquía criminal.