Para los centroamericanos es alentador saber que finalmente el gobierno de Estados Unidos decidió imponer sanciones económicas contra Rosario Murillo, cogobernante de facto de Nicaragua, y contra Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del dictador Daniel Ortega, bajo cuyo régimen han muerto más de 300 personas, desde abril.

Estados Unidos comparte la responsabilidad en el descarrilamiento de las democracias de la región, por haber tolerado demasiados abusos de los gobernantes de Honduras y Guatemala, donde la corrupción desde las más altas esferas de poder ha causado estragos en el desarrollo de millones de personas.

En Nicaragua y Honduras, las cosas han sido mucho más complejas, por haberse tolerado la manipulación constitucional en ambos casos, lo cual permitió que estos gobernantes tuvieran, de manera ilegal, una ruta de impunidad para alcanzar la reelección. En el caso nicaragüense, hasta que el tiranuelo de turno se cansara de gobernar y ante cualquier riesgo llegó al descaro de poner como compañera de fórmula a su esposa.

Hoy, el panorama se modifica, pues el Departamento del Tesoro incluyó a la mujer más poderosa de Nicaragua en una lista de personas que tienen prohibido hacer negocios con Estados Unidos o con empresas estadounidenses en cualquier parte del mundo.

Además, en ese decreto presidencial firmado por Donald Trump se incluye a Néstor Moncada Lau, sindicado por Washington de ser el cerebro de la corrupción, y junto a Murillo son señalados de abusar de los derechos humanos y de provocar la violenta represión de los manifestantes.

El decreto presidencial firmado por Trump se enmarca en el concepto de “emergencia nacional”, que le permitirá a la Casa Blanca enfrentar de manera efectiva la escalada de represión contra las protestas antigubernamentales en Nicaragua.

Las sanciones estadounidenses contra la gobernante nicaragüense buscan atacar de manera frontal la represión y la corrupción generalizada, una de las razones del enquistamiento en el poder de la pareja gobernante, que resiste a fuego y sangre las protestas contra el abuso estatal. Antes de esa fecha, el régimen era considerado por algunos un modelo de desarrollo para otros países centroamericanos.

Esa idea fracasó de manera estruendosa y mortífera, cuando los gobernantes solo encontraron en el uso de las armas la única respuesta contra las demandas de la población. Hoy, con una economía destruida, se espera que las sanciones de Estados Unidos envíen un mensaje inconfundible contra los socios de un régimen represivo y también contra quienes creen que la corrupción puede quedar impune en la región.

Las acciones del gobierno estadounidense envían un claro y poderoso mensaje a los regímenes centroamericanos en los cuales la corrupción y la represión han sido componentes inseparables de modelos fracasados de gobernanza. Dichas acciones deben ser extensivas hacia aquellos gobiernos involucrados en numerosos ilícitos, pero también por ser el principal valladar para el fortalecimiento del estado de Derecho.