Los guatemaltecos, en un porcentaje mayoritario, tienen claro que la corrupción y la impunidad son las causas de males mayores, uno de ellos es la marginación de grandes sectores de toda posibilidad de acceder a una existencia digna. Los únicos que no parecen darse por enterados son los políticos, los gobernantes de turno y los diputados que se obstinan en desbaratar la misma institucionalidad.

Las primeras en pronunciarse sobre los más recientes acontecimientos fueron las autoridades indígenas, quienes rechazaron la votación en el Congreso que blinda otra vez al presidente Jimmy Morales de ser investigado por financiamiento electoral ilícito a su partido.

También ratificaron su oposición al avance de la impunidad, en un claro repudio a la última decisión gubernamental de obstaculizar la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) al negarle visas a varios de los investigadores.

Al respecto, el mandatario volvió a incurrir ayer en un exabrupto al declarar a la prensa que no se habían otorgado las visas por motivos de seguridad, porque algunos de estos funcionarios serían personas que habrían colocado bombas en edificios públicos, sin explicar cuáles.

Se trata de un discurso sin fundamento, parecido al que dirigió en Washington, donde, en un tono casi caricaturesco, declaró que su gobierno había capturado a casi un centenar de terroristas de ISIS, lo cual ahora no puede demostrar, y en caso de que fuera cierto, habría sido un mal procedimiento y pudo ser de mucha utilidad para Estados Unidos.

Con las nuevas y desafortunadas declaraciones de ayer, el mandatario también logró la inmediata reacción del portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphen Dujarric, quien dijo que esa institución no comprende las palabras del presidente Morales y lamenta que no se hayan concedido las visas, reclamo al cual se unió ayer la fiscal general, Consuelo Porras, al pedirle al gobernante que conceda esos permisos.

Lo que Morales no reconoció ante los periodistas es que el personal de la Cicig al que se le negaron las visas trabaja en otros casos de alto impacto, y aunque esto no debería dificultar sus labores, la medida oficial únicamente se puede interpretar como tener el claro objetivo de obstaculizar, una vez más, cualquier investigación sobre corrupción.

Otro sector que criticó ayer la marcha de los acontecimientos nacionales fue la Conferencia Episcopal de Guatemala, cuyos integrantes criticaron el marcado deterioro de la situación económica y el preocupante rumbo por el que se encamina el país, donde los grupos en favor de la corrupción insisten en debilitar la lucha contra esta práctica, en favor de la impunidad.

Los obispos demandan a los representantes de los tres poderes del Estado no debilitar la lucha contra la corrupción, así como abandonar su cruzada en favor de intereses económicos espurios y la defensa de privilegios en detrimento de los más necesitados. En contraste con estos nuevos pronunciamientos, el Ejecutivo y el Legislativo continúan con una agenda de claro fortalecimiento a un pacto perverso y adverso a los guatemaltecos.