El caso paradigmático de esta semana es el de las ejecuciones extrajudiciales y torturas. Es natural el revuelo que ha causado por muchos motivos: el tiempo en que se presentó, las personas acusadas, los antecedentes de las acusaciones previas, la situación política actual y varios otros puntos. ¿Cuál es el objetivo de presentarlo justo en este momento: justicia, revancha, estrategia o una simple demostración de poder?

El quid del asunto es si es creíble que se presentó porque justo ahora —11 años después— se encontraron las evidencias necesarias para realizar las acusaciones, o si, por el contrario, se tenían las evidencias de tiempo atrás —sea un año, cinco o diez— pero se esperó hasta que fuera el “momento apropiado”.

Antes de entrar a ese tema, debo enfatizar mi ferviente creencia de que para que exista justicia se debe respetar el debido proceso y comprobar, sin duda razonable, la culpabilidad de una persona. Nunca se puede considerar “justicia” cuando alguien —quien sea— la imparte por propia mano. Considero, por ejemplo, que quienes linchan a una persona —por muy entendible que sea su desesperación o deseo de venganza— son tanto o más criminales que sus víctimas —y eso presumiendo que ellas fueran realmente culpables—.

Exactamente lo mismo aplica a utilizar pruebas o testigos falsos para condenar a alguien —sea porque al acusador le aterre que quien él considera “culpable” vaya a salir libre o simplemente porque no le gusta perder un caso—; considero que ello es igualmente un crimen: aprovecharse del sistema legal para implementar “su propia justicia”.

Bajo esa perspectiva, me parece muy sospechoso el tiempo en que se saca a luz este caso. Como hasta los mismos defensores de la CICIG lo han reconocido: en un momento en que se le creía alicaída, “la CICIG reafirma su poder”. Pues, en efecto, queda en el ambiente la duda razonable de que el principal motivo sea más una reacción de la CICIG ante el contexto político, que un verdadero deseo de lograr justicia —indistintamente de la certeza o falsedad de las acusaciones—.

Llama también la atención que se haya hecho la acusación justo unas semanas después de que Vielmann regresara a Guatemala, y no, por ejemplo, cuando todavía estaba en España, o mejor aún, cuando todavía estaba siendo procesado en ese país. Aquí la duda razonable hay que verla en el contexto de que, en las acusaciones anteriores de casos similares, los enjuiciados en Guatemala fueron encontrados culpables, pero los enjuiciados en otros países fueron absueltos —hasta Sperisen que fue inicialmente declarado culpable ya va en camino de ser absuelto—, incluso se llegó hasta el grado de que uno de los tribunales reprendió severamente a la parte acusadora por presentar testigos falsos. ¿Por qué entonces el interés de juzgarlo acá? ¿Será porque les es más fácil manipular a los juzgadores locales que a los de allende los mares?

Lo que me lleva también a los antecedentes, en donde se ha comprobado que la CICIG y el MP presentaron testigos falsos para comprobar sus hipótesis -no lo digo yo, fueron jueces de otros países- por lo que también cae la duda razonable sobre los testigos que utilizarán ahora, que por cierto son la justificación del porqué hasta ahora presentaron los casos: porque hasta ahora encontraron a los testigos. ¿O sea que la acusación se basa más en el testimonio de estos testigos -que hasta ahora encontraron- y no en las pruebas científicas que tenían hace 11 años?

Dejo planteadas estas “dudas razonables” para que el MP y la CICIG, si realmente desean que se haga justicia, las desvanezca.

Fb/jjliber