Durante un vasto operativo contra pandilleros y redes de extorsión que abarcó tres países y contó con el apoyo de las embajadas de Estados Unidos acreditadas en esas naciones, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a 86 personas, entre ellas un coronel de alta en el ejército guatemalteco y un comisario de la Policía Nacional Civil.

La acción simultánea, denominada Escudo Regional 2, se ejecutó en El Salvador, Honduras y Guatemala, y requirió de por lo menos 200 allanamientos solo en este último país, con el objetivo de desarticular seis grupos de la Mara Salvatrucha, cuyos integrantes utilizaron el sistema financiero nacional y a testaferros para lavar el dinero obtenido de extorsiones, cuyo rastro de operaciones arranca desde 2001.

Uno de los casos más preocupantes y vergonzosos es el del coronel Ariel Salvador de León, segundo comandante regional de Occidente, en Quetzaltenango, sindicado de lavado de dinero y de ser uno de los máximos colaboradores de la Mara Salvatrucha. Según el MP, los registros bancarios reportan que de 2009 a 2017 el militar manejó casi 14 millones de quetzales y más de cien mil dólares en diferentes cuentas bancarias.

Otro de los capturados, que también es motivo de bochorno para la Policía, es el comisario asignado a Chimaltenango Lucindo Chávez Cifuentes, sindicado de asociación ilícita y de haber filtrado información a los pandilleros sobre órdenes de captura.

En este nuevo hecho, en el que aparecen involucrados altos representantes de las fuerzas de seguridad, sorprende el número de detenciones pero mucho más la captura de un militar y un comisario, porque ha sido generalizada la percepción de que dentro de las fuerzas encargadas del orden existen cómplices de los delincuentes. Por eso se explican los altos niveles de impunidad o incapacidad a la hora de proceder contra quienes siembran el terror contra transportistas y particulares.

Se explica también cómo el novedoso mecanismo de automatizar las órdenes de captura era a la vez una medida chusca en un medio tan poroso a la criminalidad como el nuestro, porque esa era una de las funciones del comisario Chávez Cifuentes, informarse y poder alertar a los líderes de las pandillas sobre los operativos, algo que seguramente habrá hecho en complicidad con otros miembros de la PNC.

Como suele ocurrir con el dinero mal habido, a esta gigantesca estructura del crimen tampoco le resultó fácil movilizar recursos millonarios provenientes de las extorsiones y por ello tenían testaferro y negocios de fachada que les servían para intentar blanquear los fondos, lo cual terminó delatándolos, tal y como ha ocurrido en los casos de corrupción.

Las detenciones de altos representantes de las fuerzas de seguridad envían un mensaje preocupante sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones de gran relevancia, porque es difícil creer que estos puedan ser casos aislados. Es fácil llegar a la conclusión de que no solo son recurrentes, sino que en ellos participa personal con acceso a información privilegiada respecto de investigaciones criminales y sobre la población en general.