El Gobierno de Estados Unidos ha declarado que mantiene firme su política de deportación de indocumentados y, según versiones periodísticas difundidas en aquel país, esas medidas se seguirán aplicando durante el resto de mayo y todo junio.

La semana anterior, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional anunció que se centrarán los esfuerzos en expulsar a los inmigrantes que hayan cruzado la frontera en los últimos 18 meses. Esto implica que los operativos policiales estarán dirigidos contra las familias y niños que ingresaron recientemente, muchos de los cuales tienen órdenes de deportación.

Esa información fue ratificada el pasado jueves, en la capital salvadoreña, por el Secretario de Seguridad de Estados Unidos, Jeh Johnson, quien afirmó que las fronteras de su país siguen cerradas para la migración irregular y que las deportaciones continuarán.

Las declaraciones de los funcionarios estadounidenses son comprensibles si se analizan desde el punto de vista de su política interna, pero resulta necesario insistir en que la responsabilidad por esas acciones también recae sobre las autoridades nacionales, que han sido incapaces de implementar programas que tengan como objetivo desestimular la migración. También se debe citar la poca habilidad para lograr que otros tantos miles de compatriotas puedan obtener un estatuto de protección temporal, como ya lo tienen desde hace varios años inmigrantes de El Salvador y Honduras.

Esa batalla se ha dado por perdida con los últimos cinco gobiernos guatemaltecos y existe la posibilidad de que el actual tampoco haya tenido la capacidad necesaria para negociar con la administración estadounidense para que más guatemaltecos puedan gozar de cierta tranquilidad en sus labores.

Una de las facetas dramáticas de esta nueva ola de deportaciones que se nos avecina tiene el inconveniente de que está dirigida contra miles de niños que durante los últimos dos años han migrado hacia Estados Unidos, porque son seres vulnerables que con mucho esfuerzo y riesgo buscaban reunirse con sus parientes.

Este es un punto que parece no tener la más mínima consideración por parte de ambos gobiernos, pues para unos basta con hacer cumplir la ley, sin importar las consecuencias humanitarias de esas acciones.

Pero también por parte de quienes en nuestro país pueden hacer algo, pues ha sido obvio que se han limitado a extender la mano sin ofrecer reformas sustanciales a cambio.

El gobierno de Jimmy Morales tenía las mejores ventajas para solicitar un trato preferencial para los guatemaltecos, precisamente por la forma como llegó al poder, tras la defenestración por actos de corrupción de los anteriores gobernantes, y por eso se colocaba en una de las mejores posiciones para buscar un cambio con la administración Obama.

Pero también esa posibilidad parece haberse esfumado, y si bien ahora las acciones están dirigidas hacia quienes emigraron recientemente hacia Estados Unidos, la amenaza continúa para miles de guatemaltecos que viven en una situación vulnerable.