EDITORIAL

Pocos argumentos para el optimismo

La falta de certeza jurídica, un mal endémico en Guatemala, se une ahora a la incertidumbre política, creada sustancialmente por quienes han abusado de los cargos y ahora pretenden insistir en un modelo que se torna cada vez más inviable, ante la pasividad de los que parecen estar resignados a tolerar la disfuncionalidad estatal.

Pocos se atreven a criticar el actual estado de cosas y lo más lamentable es que la inercia del aparato público está teniendo graves repercusiones en importantes indicadores económicos y lleva a una indeseable parálisis en las inversiones. A esto se une una baja de precios de los principales productos de exportación y como guinda en el pastel se agrega la crisis en Nicaragua.

Una encuesta efectuada con directores de las cámaras empresariales nacionales arrojó que el país pasa por uno de sus peores momentos, según perciben los encuestados. De 127 representantes de esas asociaciones, 67 respondieron las preguntas y de ellos, un 64 por ciento opina que el 2018 no es un año para invertir, mientras que un 30 por ciento considera que sí lo es. El resto se abstuvo de emitir comentario.

El 91 por ciento de los empresarios entrevistados atribuye el alicaído esquema a la incertidumbre política por la que atraviesa el país, y quizá este deba ser el motivo de mayor estímulo para reaccionar, pues no se debe tolerar que representantes de los tres poderes del Estado mantengan en esa situación al país, lo cual puede alcanzar niveles críticos en los próximos meses.

Tampoco se debe tolerar que se pretenda atribuir parte de la responsabilidad del actual estado de cosas a quienes han mantenido una actitud crítica ante tanto abuso, sobre todo por aquellos que han pervertido el sistema de justicia y los que con obstinación pretenden manipular leyes para favorecer a indignos representantes de partidos políticos que buscan por todos los medios evitar que los alcance la justicia.

Ese cuadro de desaciertos ha creado las condiciones para ahuyentar las inversiones y causar que el 91 por ciento de los encuestados considere que esa creciente incertidumbre impacta en la falta de inversión, pero poco se hace por exigir una conducción más responsable por parte de los más altos representantes de los tres poderes del Estado.

Lejos de asumir una actitud de mayor exigencia por una conducción más responsable, existen algunos empresarios y financistas de políticos que llegan más lejos, al desperdiciar recursos en campañas estériles para desprestigiar a quienes critican el insostenible modelo, lo cual solo se traduce en un auténtico desperdicio porque, además, quienes han hecho de la conflictividad un modus vivendi solo acrecientan la crispación.

Lo que refleja en un alto porcentaje esta nueva encuesta del grupo empresarial es una peligrosa parálisis económica, impulsada por la inercia del sector público. Esto dibuja un preocupante panorama para el país, pues tampoco se ve por dónde este gobierno y sus adláteres puedan cambiar el rumbo, ya que la obstinación ha llegado a niveles intolerables de descaro, sobre lo cual no caben actitudes indolentes.