El primer grito de independencia y por una Guatemala soberana que se apagó fue el de quienes, desde el Mariscal Zavala, cantaban victoria tras el torpe intento del Congreso por aprobar reformas al Código Penal que ablandaba las penas contra la corrupción y de paso beneficiaba a muchos otros, entre quienes se encuentran auténticas joyas de la criminalidad de todo tipo.

Pero no todo está conjurado, los diputados, algunos magistrados, altos funcionarios y el principal emblema de la actual corriente en favor de la corrupción no se darán por vencidos de manera tan sencilla, porque detrás de la reforma a los delitos penales también se preparaba otro paquete en el que estaba como principal objetivo el acomodo de la elección del próximo fiscal general, cuya independencia le resulta incómoda a las nuevas mafias de la política.

Quienes de manera valiente han protestado frente al Congreso desde principios de esta semana tienen mucha razón al incluir en sus consignas los gritos de depuración y de afirmar que no basta con la derogatoria de los decretos recién aprobados por la nueva mancuerna de la nauseabunda política nacional, sino también se hace necesario insistir en una depuración más amplia.

Hace casi 25 años, Guatemala tuvo un respiro político cuando desde el mismo Congreso se exigió la renuncia de miembros de la junta directiva y de otros 16 legisladores señalados de corrupción, lo cual con el apoyo de la población desembocó en la purga de una institución que todavía es un nido de ratas.

En 1993, como ahora, se reclamaba respeto a la Constitución, legislación responsable y la extirpación de una casta de vividores, carentes de representatividad, lo cual ahora se ve agravado por los señalamientos contra varios diputados por actos de corrupción y otros ilícitos que hacen mucho menos confiable dejar en sus manos cualquier enmienda a normativas de trascendencia sobre quienes ahora están acorralados por la justicia y por una sociedad indignada.

La situación puede ser incluso mucho más delicada, porque por lo menos siete secretarios de partidos políticos, entre ellos el presidente Jimmy Morales, deben ser investigados por la justicia y los diputados han bloqueado esa posibilidad, por lo menos en el caso del mandatario, pues no debería ocurrir lo mismo en el Organismo Judicial, donde una parte de la justicia funciona de manera independiente.

Hoy, la situación es mucho más precaria, pues lejos de fortalecerse la institucionalidad, esta se ha visto debilitada, lamentablemente desde las más altas esferas de poder, donde el carácter pusilánime de los presidentes de los tres organismos del Estado ha facilitado el fortalecimiento de una lucha contra los esfuerzos anticorrupción, lo cual resulta inconcebible, siendo estos liderazgos los llamados a jugar un vital papel en el fortalecimiento de las instituciones.

No puede haber nada más vergonzoso para un país que aspira a ser soberano e independiente que observar a dignatarios y funcionarios operar de manera inversa al sentido común y por intereses ajenos a cualquier ideal patrio de progreso, justicia y bienestar, sobre todo en una nación donde el sistema pretende actuar de espaldas a una población harta del raterismo.