La escandalosa seguidilla de la corrupción parece no tener fin en este país. Lo comprueba la captura de José Javier Donis Álvarez, gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sindicado de operaciones fraudulentas y de peculado por sustracción, hechos que habría cometido hace meses, cuando desempeñaba el cargo de subgerente financiero.

Un primer aspecto que aporta argumentos para la preocupación nacional es que Donis Álvarez tenía apenas cinco meses de haber asumido la gerencia de esa institución, precisamente porque su antecesor, Óscar Armando García Muñoz, a su vez había sido detenido por su presunta implicación en el caso Negociantes de la Salud, otra de las estafas al Seguro Social.

Estas nuevas capturas no deben ser vistas tan a la ligera ni ser consideradas como personajes de menor jerarquía, pues lo relevante ahora es que aumenta el número de exfuncionarios de esa institución detenidos por tener alguna función relevante en el saqueo del cual ha sido objeto durante largo tiempo.

Ya pasan de 20 los detenidos por presuntos ilícitos en esa entidad, una cifra escandalosa debido a que el IGSS ha sido sometido a todo tipo de abusos. Una institución fundada sobre nobles ideales, creada gracias al ideario de la Revolución de 1944, comenzó a convertirse en codiciado botín de quienes han desempeñado el Ejecutivo, responsables de haber designado a cuestionables personajes para realizar diversas y vergonzosas tropelías y desfalcos.

Justo desde la primera magistratura de la Nación es donde, tristemente, ha arrancado mucha de la problemática con la corrupción en el país, porque cuando las más altas esferas no solo tienen una actitud indolente, sino además son proclives al latrocinio, los funcionarios de menor rango se sienten prácticamente impunes y sin barreras para incurrir en conductas irresponsables.

La corrupción, como práctica generalizada, se ha extendido hasta convertirse en un cáncer en todo el aparato público. Cuando se puede observar a altos funcionarios de los tres organismos del Estado enfrentando procesos judiciales, es fácil comprender el grave daño infligido no solo al erario sino a la institucionalidad democrática.

La batalla contra las conductas indebidas en el sector público no está cerca de terminar, pero tampoco se debe cejar, porque pese a la existencia de sectores que se pronuncian enérgicamente contra ese flagelo, sigue existiendo un flujo de recursos para alimentar tanto redes de desprestigio como ataques arteros, incluso por medios aparentemente legalistas, contra quienes han decidido enarbolar la bandera contra la corrupción y la impunidad.

Un mensaje electrónico del comisionado Iván Velásquez colocado ayer en su cuenta resumía en cierto sentido el pulso que ahora se libra en Guatemala: “Gracias por la solidaridad y el respaldo expresado mayoritariamente por los guatemaltecos. Los poderes ocultos serán develados y derrotados”.

Ese mensaje provocó reacciones de descalificación contra el Comisionado, que de alguna manera aclaran posiciones en una nación necesitada de salir de la nebulosa alimentada por el silencio, tráfico de influencias y fondos mal habidos.