Es inaudito cómo en Guatemala un pequeño grupo de personas puede tener secuestradas a decenas de miles de personas y su futuro —violando la Constitución y las leyes del país— y los funcionarios no mueven un dedo para restablecer los derechos violados, ni mucho menos para perseguir a los transgresores que se escudan en el “medio ambiente” para cometer delitos. ¿Dónde está la justicia, dónde la PNC, dónde el MP, dónde la PDH? Brillan por su ausencia.

Resulta que un pequeño grupo de personas tiene bloqueado el paso hacia San Rafael Las Flores, en Casillas, desde hace tres semanas. Iniciaron con el argumento de que los sismos que se sentían allí eran culpa de la mina San Rafael —que se encuentra a once kilómetros de distancia— y que por tanto no iban a dejar pasar ningún vehículo que tuviera algo que ver con la actividad alrededor de la mina, lo que implica casi toda la actividad económica en ese municipio.

En un esfuerzo de “diálogo”, los funcionarios pidieron un estudio al Insivumeh, el cual claramente indicó que los sismos que se dan en Casillas —al igual que los que se dan a lo largo y ancho del país— son consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas sobre las que está nuestro país. Pero lo de los sismos es solo la excusa, ya que cuando se presentó el estudio del Insivumeh simplemente dijeron que no lo creían.

El fondo del asunto es —al igual que lo ha sido en otros muchos casos similares— la actividad ilegal de unos pequeños grupos interesados en azuzar la “conflictividad” para evitar cualquier actividad que pueda traer progreso a los guatemaltecos y sacarlos de la pobreza. Dicen defender a los pobres, pero lo que realmente les interesa es mantenerlos así para poder seguir viviendo bien vendiendo a ingenuos extranjeros la “defensa de los pobres”. Es más lamentable aún que algunos de quienes los azuzan a cometer delitos sean líderes religiosos que han tomado esto como una “cruzada por los pobres”.

Lo peor de todo es que los funcionarios públicos, que están obligados a hacer valer la ley, se hacen de la vista gorda. ¿Cómo es posible que un grupo de personas puedan bloquear el tránsito de vehículos durante tres semanas y las autoridades no hagan nada? ¿Cómo es posible que estas personas puedan hacer un retén ilegal y obliguen a las personas a detenerse y revisarles los vehículos para ver que no vaya nada relacionado con la actividad económica sin tener ninguna autoridad para hacerlo?

Ellos dicen que lo hacen por afectar a la mina. De seguro, la mina sale muy afectada, pero no solo es la mina. Salen afectados los cientos de trabajadores de la mina. Se ven afectados los cientos de empresas que venden sus productos y servicios a la mina, que entre todas tienen más de 17 mil empleados, no solo en San Rafael, sino en varios lugares del país. También se ven afectados muchos comerciantes de San Rafael, quienes buena parte de su actividad gira alrededor de la mina, sus empleados y proveedores. Pero sobre todo se ve afectada toda la población del municipio, indistintamente de que tengan o no relación con la mina, a quienes se les están violando sus derechos, al grado de que los mismos Cocodes del municipio ya expresaron su queja al respecto.

Y mientras tanto, los funcionarios siguen como que la cosa no es con ellos. Ven que se cometen delitos y no hacen nada. ¿Hasta cuándo seguirán haciéndose los locos y empezarán a cumplir con sus responsabilidades? De allí todavía tiene el descaro el presidente de decir que están “atrayendo inversiones”. ¡Sí, cómo no! ¡Ahuyentándolas están, no atrayéndolas!

Fb/jjliber