Cualquier reporte relacionado con la reducción de los indicadores de criminalidad se ha convertido siempre en motivo de celebración para las autoridades de turno, que invariablemente buscan encontrarle el lado positivo para levantar el ánimo de los ciudadanos. Sin embargo, una revisión minuciosa permite encontrar detalles que siguen dando motivos de preocupación, como lo demuestran las estadísticas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Según la Policía Nacional Civil, la tasa de homicidios se redujo en el 2017, al compararla con la del 2016, pero existe un preocupante contraste con lo expresado por el Consejo, que reporta, por su parte, un aumento de esos hechos en nueve de los 17 municipios del departamento de Guatemala, y también en otros ocho departamentos.

Un ejemplo del contraste entre las versiones oficiales y de oficinas independientes permite apreciar diferencias significativas, como ocurre en Mixco, donde las autoridades presentan una reducción del 1.2 por ciento en la violencia homicida, pero cifras de la Secretaría Técnica reportan un aumento del 12.79 por ciento en las muertes violentas, lo cual se repite en Amatitlán, Chinautla, San José Pinula, San Miguel Petapa, San Pedro Sacatepéquez, Santa Catarina Pinula y Villa Nueva.

El primer dato que deberían tomar en cuenta las autoridades es que buena parte del aumento de la violencia en estos municipios se ubica en el cinturón marginal de la metrópoli. Esto debería dar luces de lo que está ocurriendo en torno a las cabeceras departamentales, donde se concentran amplias áreas de miseria, marginación y escasa inclusión, todo lo cual debería explicar la necesidad de cambios de políticas.

Ya es hora de que se comprenda que los problemas de seguridad no son del exclusivo interés del Ministerio de Gobernación, que no solo se ve superado en algunos casos por la misma marginalidad geográfica, sino también porque ya es urgente que se comprenda que la inseguridad debe ser combatida con muchos más recursos, y en todos esos esfuerzos deben participar las autoridades de otros ministerios.

La ciudad colombiana de Medellín sigue siendo uno de los mejores ejemplos de cómo algunas mejoras pueden contribuir a reducir los altos niveles de criminalidad, como una mejor oferta en el transporte, mayor acceso a la educación y, quizá lo más importante, hacer un profundo servicio por la inclusión, lo que más castiga a quienes viven en áreas crucificadas por la violencia.

Guatemala debería incluso manejar con mayor prudencia la información sensible sobre ciertos grupos sociales, porque aquí se llega al extremo de castigar a miles de personas por residir en áreas catalogadas como rojas, y eso excluye a demasiados ciudadanos, que de un solo plumazo se quedan marginados de oportunidades.

También se debe comprender que la represión de la fuerza pública no solo será insuficiente para contener ese desborde de violencia sino que tampoco es la mejor medida para lograr soluciones de largo plazo, porque estas tienen mucho que ver con educación, inclusión y oportunidades de empleo, que aunque precarias constituyen un enorme aporte para disuadir a quienes se inclinan por el uso de la fuerza y que todavía podrían dar pasos más osados.