La abrupta elección de la junta directiva del Congreso, el pasado 13 de enero, se ha convertido en una muestra más de estulticia, oportunismo y descaro, porque en el estricto sentido del término ni siquiera se puede hablar de elegir, al no haber al menos dos grupos de contendientes que disputaran esos cargos, y por ello fue una pantomima para materializar un oscuro acuerdo.

Ahora Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, ha interpuesto una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad contra esa supuesta elección, al señalar graves irregularidades en la conformación de la planilla única propuesta por el oficialismo y un nutrido grupo de tránsfugas, figura que ahora sirve de fundamento para denunciar la ilegalidad.

Los argumentos presentados por los interponentes evidencian un procedimiento irregular que debe ser enmendado, porque en esta junta directiva hay cuatro integrantes vedados por ley. Una primera barrera la estipula el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, según el cual todo diputado que por cualquier razón renuncie a un partido político debe cesar en cualquier cargo que ocupe en el Legislativo, en una clara sanción al transfuguismo.

Agrega, además, que todo tránsfuga no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso, y si la ocasión requiere su renuncia, dicho cargo deberá ser ocupado por un diputado del partido favorecido por la preferencia de los votantes.

Por si no fuera suficiente, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo es mucho más categórico al sentenciar que “el diputado que renuncie al partido político que lo postuló o al bloque legislativo al que pertenece no podrá ser miembro de la Junta Directiva, presidir alguna comisión, ni ejercer cargo alguno en representación del Congreso de la República”. O sea, debe hacerse acreedor a una sanción por traicionar a sus electores y a la agrupación que le sirvió de vehículo para alcanzar una curul en el Congreso.

En esta categoría quedan Alejandra Carrillo y Estuardo Galdámez, electos por el desaparecido Partido Patriota y ahora integrantes del partido de Gobierno, FCN-Nación; Elsa Cu Isem, del también muerto Frente Republicano Guatemalteco, ahora del Movimiento Reformador, y Karla Martínez, electa por el extinto partido Líder y ahora integrante de Alianza Ciudadana.

Se trata de una galería de tránsfugas a los que aplica de manera indiscutible la normativa de régimen interior del Legislativo, cuya participación se convierte en muestra de oportunismo, arribismo y obcecación, porque quienes los designaron a dedo para integrar una directiva impresentable lo hicieron como una nueva muestra de prepotencia o de pretender ignorar la ley, ahora de rigurosa aplicación por parte del Ejecutivo.

Una vez más se evidencia la ligereza de criterio y de abuso con la que se actúa en una de las legislaturas más impresentables, pero también la osadía con la que el Pacto de Corruptos busca apoderarse a cualquier costo de posiciones relevantes de poder, ante lo cual encaja el conocido dicho chapín de que con la elección de esta junta directiva también hubo “mano de mono”.