La Corte de Constitucionalidad, por fin, se pronunció al respecto de la mina San Rafael, demasiado tarde, y lo hizo con su veredicto sobre los antejuicios al presidente Morales. Con voz musitante, el presidente de esa institución, acompañado del pleno de magistrados, no concedió los amparos legales contra el mandatario, lo cual era de esperarse, y se puede considerar explicable, pero estos siguen su curso. Se quitó un motivo de inquietud a quien con sus acciones y actitudes ha despertado tanto dentro como fuera de Guatemala una serie de preocupaciones y advertencias de países amigos, sin duda sorprendidos por los informes de las representaciones diplomáticas, difíciles de creer en la lógica de una nación desarrollada.

La resolución respecto a la mina es increíble. Al condicionar la consulta popular para la continuación de las tareas y tirarle la pelota al gobierno, de hecho dejó sin poder trabajar a la empresa, a diferencia de otro caso igual, cuyo veredicto permitió esa tarea empresarial en forma simultánea a la consulta. Ese ejercicio le tocará al Ministerio de Energía y Minas, entidad sin experiencia para realizarlo. Al no haber reglamento, el asunto se complicará aún más porque nadie sabe realmente cuánto tiempo se necesitará. El remedio resultó tan malo como la enfermedad y en la práctica no cambiará nada.

Para Guatemala es problemática porque imposibilita convencer a inversionistas extranjeros para colocar dinero aquí. El gobierno actual, debilitado por las acciones presidenciales, agrega un motivo más de dificultad para lograr inversiones. Es una prueba más de los efectos sufridos por la economía cuando hay acciones políticamente motivadas. El sector privado y la misma empresa solicitaron a la CC pronunciarse para evitar la pérdida de empleos y lograr utilidades. Todo se debe analizar desde la perspectiva de la práctica, no de las buenas intenciones. Todo el asunto provoca un sabor amargo, pues la inseguridad jurídica es uno de los principales valladares para la inversión. Su falta, realmente, impide el desarrollo de muchos ciudadanos necesitados.

Encuesta de Cicig y gobierno

En los últimos tres años la corrupción se ha incrementado, según el 47%, o está igual, 03%, para un total de 82%. La Cicig ha logrado incidir en la transparencia y combate a la corrupción, mucho, 59%; poco, 22%. El 64% desaprueba la decisión de Jimmy Morales respecto a la Cicig; el 30% la aprueba. La Cicig trabaja para una verdadera transparencia, 55%, y por fines políticos, 39%. La razón por la cual no se renovará el mandato de la Cicig es porque al gobierno no le conviene, 65%; porque sobrepasa los límites legales, 15%; porque busca desestabilizar al país, 11%; porque no aplica correctamente la justicia, 06%. A mi juicio, los números no necesitan de mucha explicación ni interpretaciones. Dan cifras a pensamientos compartidos por muchos ciudadanos.