EDITORIAL

Uno de los motivos de la desgobernanza

El abuso de poder, unido a la falta de escrúpulos o de un mínimo de conducta ética en la administración pública, realza la degradación prevaleciente en casi todas las instituciones, en las cuales la discrecionalidad y el oportunismo de algunos funcionarios han alcanzado extremos increíbles e intolerables.

El exministro de la Defensa Williams Mansilla fue capturado ayer y ligado a proceso, acusado de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito, aunque su nombre había saltado a la fama por haber gestionado el pago de un bono extraordinario a varias autoridades castrenses y al presidente Jimmy Morales, por 50 mil quetzales al mes, en muestra de servilismo y estulticia.

En un país tan castigado por la pobreza, por la falta de servicios esenciales y donde existen niveles intolerables de desnutrición, resulta ofensivo el reparto de pagos extraordinarios, algunos de ellos ilegales y otros que encajan en el abuso de poder o la irresponsabilidad, como ocurre en numerosas dependencias, donde literalmente se está haciendo chinche con los recursos públicos.

Estos embates de la justicia, sin entrar a considerar la gravedad de las sindicaciones, necesariamente deben tener repercusiones en la conducta de la burocracia. Es indefendible que cada año se busque aumentar el presupuesto de gastos de la Nación y luego haya bolsones de recursos sin asignación específica que terminan siendo una tentación para incurrir en inmoralidades.

Una vez más también se ratifica que nadie es superior a la ley, y aunque sea menos frecuente, también pueden terminar tras las rejas militares del más alto rango, y mucho más tratándose de alguien que ha tenido un largo recorrido en las filas castrenses hasta llegar a ocupar uno de los dos máximos cargos al que pueda aspirar un militar, pero también desde el cual se puede incurrir en incomprensibles muestras de inmadurez.

Todavía está en discusión si el bono es legal, aun para los mismos militares de carrera, pero lo que constituye un absurdo y un posible ilícito es hacer partícipe a un civil que por motivos de gobierno llega a un puesto de esos. Es igualmente incomprensible, por no tener lógica alguna, que las más altas autoridades de un ministerio se receten para sí mismas beneficios económicos superiores a sus ingresos salariales.

Uno de los mayores problemas de las democracias incipientes, abusadas e irrespetadas como la nuestra, es que existe una generalizada cultura de la opacidad y muchos funcionarios ni siquiera tienen conciencia de la obligación de rendir cuentas por los recursos que utilizan, lo cual deberían hacer para reportar cómo y en qué se gastan hasta el último centavo.

De lo que se trata, en última instancia, es de que exista una comprensión mínima de la responsabilidad que conlleva manejar recursos públicos, porque la gobernanza y las buenas costumbres pasan por un mal momento y a ello se debe que los correctivos, ásperos y desagradables, vengan de instancias más independientes, y en ocasiones se debe llegar a extremos de que el pequeño pedazo de institucionalidad que funciona sea el que asuma el costo de apuntalar el estado de Derecho.