La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) tiene vía libre para solicitar diligencias inaplazables ante el Juzgado de Diligencias Urgentes por el caso denominado Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo, luego que una Sala rechazó el amparo que pretendía que ese juzgado no autorizara ningún procedimiento a la fiscalía del Ministerio Público (MP), el recurso legal fue interpuesto por una empresa de telecomunicaciones vinculada al caso.

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Además, el diputado Estuardo Galdámez por medio de sus abogados presentó recusación contra el juez Edwin Ruano, quien está a cargo de la pesquisa contra el parlamentario, al argumentar que existe “conflicto de intereses”.

La intención de la recusación es que Ruano no continúe a cargo de las diligencias de la solicitud para retirarle el antejuicio a Galdámez en este mismo caso. El congresista expuso que el juez se postuló a una magistratura y la participación del Organismo Legislativo en esas elecciones desvirtúa la objetividad para conocer su caso.

Señalamiento

La investigación detalla cómo, presuntamente, en 2014, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Pará el MP, el diputado Gustavo Medrano pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo pasado.

El documento de la Feci y la Cicig se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas la que se aprobó el 8 de abril de 2014, el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta, Baldetti, cuya versión final fue impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados, señala el ente investigador.

La investigación determinó que los legisladores recibían hasta Q50 mil en un maletín, cada dos meses, para estar a las órdenes del Ejecutivo. A esa coima se le denominó champurradas.

Implicados

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.

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La cuarta citación fue la vencida. El diputado Estuardo Galdámez se reunió con el juez pesquisidor para presentar pruebas de descargo por estar vinculado al caso Subordinación del Legislativo al Ejecutivo.

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A las 10.55 horas de este 10 de septiembre, Galdámez se presentó a la Sala Segunda de Mayor Riesgo para reunirse con el juez pesquisidor Edwin Ruano. El legislador acudió a la citación en la cuarta ocasión luego de exponer excusas para atender el llamado del juez y exponer pruebas en dos intentos anteriores.

Previo a la reunión, Galdámez aseguró que llegó “concentrado” a la audiencia. El legislador portaba un fólder con varias hojas, era el expediente que contenía las pruebas que pretenden librarlo de la vinculación al caso.

“No me interrumpan -anunció a los periodistas- porque vengo concentrado a mi audiencia de pruebas de descargo. Ahorita no me perturben, vengo concentrado, es como entrar a un examen final”, advirtió el diputado antes de ingresar a la Sala.

El Ministerio Público lo señala en el caso Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo, en el que varios parlamentarios podrían estar involucrados.

La defensa

“Le ruego a ustedes mis disculpas, soy abogado, respeto el proceso y no puedo adelantarme a decir nada que no sea de la forma oficial como corresponde y en este caso es el señor juez”, argumentó Galdámmez para no hacer pública su defensa al salir de la audiencia.

El legislador tardó tres horas y media en la presentación de las pruebas de descargo ante el pesquisidor.

El diputado se consideró “inocente” de los señalamientos que expuso el Ministerio Público y la disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

“Son antejuicios planteados de forma espuria y política, lo que quisieron fue afectar mi campaña electoral y el daño fue hecho, ahora que sea la historia que nos juzgue”, manifestó Galdámez.

La investigación detalla cómo presuntamente la vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones del 2014.

Así como contra Galdámez otros antejuicios fueron planteados contra los diputados Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro, Marco Antonio Orozco y Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y señalado de participar en la supuesta entrega de dinero a los congresistas.

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“Solo puedo decir que presenté mis pruebas”, dijo el diputado Quej después de haber comparecido con la pesquisidora a puerta cerrada.

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El legislador añadió que el caso se deberá dilucidar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y evitó profundizar al respecto.

Cuando se le consultó por el señalamiento relacionado a que había votado a favor de la aprobación de leyes y decretos que solicitó el Ejecutivo volvió a decir que había presentado sus pruebas, sin dar más detalles.

La Fiscalía ratificó el antejuicio contra Quej el pasado 23 de julio.

El avance de las pesquisas habría determinado que el referido diputado era un “jefe de línea” que habría organizado a los congresistas para aprobar leyes por petición de Roxana Baldetti, quien era la vicepresidenta de la República en ese momento.

Los posibles delitos que señaló la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) son cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y violación a la Constitución.

“Jefe de línea”

“Se considera que pudo haber ostentado la calidad de ‘jefe de línea’ dentro del Congreso. Estructura creada dentro del -cancelado- Partido Patriota en el cual se subordinó el Organismo Legislativo al Ejecutivo”, explicó el fiscal Luis Mejía en aquella oportunidad.

El fiscal mencionó que se estableció que el jefe de línea tenía a su cargo avisarle a los diputados que estaban bajo su mando las instrucciones recibidas por el Organismo Ejecutivo, “específicamente por Roxana Baldetti”, y además asistían a su oficina para recoger los sobres con dinero a los cuales les denominaban “champurradas”.

La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 Baldetti entregaba dinero a diputados del Congreso para que aprobaran leyes, así como para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Además, para el MP, el diputado Juan José Porras pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad del congresista el 6 de mayo pasado.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín, cada dos meses.

El documento de la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes como la aprobada el 8 de abril de 2014, Decreto 12-2014, que contiene la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Por este caso también se presentó una solicitud de antejuicio en contra del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, quien ayer, 5 de agosto, se defendió ante la pesquisidora integrada en el Congreso de la República, ante la que calificó de espuria y política la petición en su contra. 

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