Iván Velásquez califica de intenciones perversas las órdenes de captura en su contra y de la fiscal general de Colombia

Iván Velásquez, exjefe de la Cicig y actual embajador de Colombia ante El Vaticano, calificó de perversas las órdenes de captura emitidas en su contra y de la fiscal general de Colombia, a quienes se vincula con el caso Odebrecht.

César Pérez Marroquín

3 de junio de 2025

|

20:14h

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Iván Velásquez, exjefe de la Cicig. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

El exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual embajador de Colombia ante El Vaticano, Iván Velásquez Gómez, afirmó este martes 3 de junio en sus redes sociales que no se prestará “al juego” del Ministerio Público (MP) de Guatemala, que solicita su captura por el caso Odebrecht.

El pasado lunes 2 de junio, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, reveló que una sala de Apelaciones ordenó la detención de Velásquez y de Luz Camargo, actual fiscal general de Colombia, por su presunta implicación en el caso Odebrecht, cuando ambos fueron funcionarios de la Cicig.

Las acciones de la Fiscalía de Guatemala han generado reacciones tanto en el país como en el extranjero, principalmente en Colombia, donde el Gobierno ha calificado las órdenes de captura como ilegales.

Este martes, Velásquez expresó en sus redes sociales que no se prestará al “juego de la Fiscalía”, cuyas acciones calificó de perversas y ligadas a la corrupción.

“Ante la gran cantidad de mensajes de solidaridad que de manera directa y/o a través de redes sociales he recibido, quiero expresarles a todos y a todas mi inmensa gratitud y la de mi familia por esa generosidad y la confianza que han tenido en mí”, afirmó Velásquez en la red social X.

Agregó: “Entiendo perfectamente los propósitos y las intenciones protervas -perversas- que animan no solo a los corruptos que hoy se encuentran al frente de la fiscalía guatemalteca, sino a quienes los respaldan y alientan (allá y acá), porque sirven a sus intereses políticos o porque han sido beneficiados con la impunidad que les prodiga el Ministerio Público”.

El mensaje concluyó: “Me he abstenido hasta ahora de dar declaraciones, porque no me prestaré para hacerle el juego a esa —como decía el poeta— ‘casta inferior desglandulada de potencia, casta inferior elocuenciada de impotencia’ que ha venido acosando a tantos y tantas guatemaltecas que, con dignidad, valentía y honestidad, soportan el exilio o la cárcel, hombres y mujeres a quienes rindo tributo de gratitud, admiración y solidaridad”.

Fiscal se pronuncia

Camargo afirmó este martes que la orden de detención emitida en su contra por la justicia de Guatemala carece de base legal y forma parte de un “contraataque sin precedentes” contra ella y su entidad por su lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.

“Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, dentro y fuera del país, está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia fiscal general de la Nación. La decisión anunciada ayer por el Ministerio Público de Guatemala es una más de esas manifestaciones”, declaró Camargo en una rueda de prensa.

La fiscal aseguró que está tranquila por su inocencia en los “hechos que, con sesgo político”, se le atribuyen por su trabajo en la Cicig y subrayó que “no existe una orden de captura internacional” y que “no será emitida, teniendo en cuenta el comunicado del Gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público” de ese país.

Ante la gran cantidad de mensajes de solidaridad que de manera directa y/o a través de redes sociales he recibido, quiero expresarles a todos y a todas mi inmensa gratitud y la de mi familia por esa generosidad y la confianza que han tenido en mí.
Entiendo perfectamente los…

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) June 4, 2025

Con información de EFE

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“En su oportunidad el amparo provisional dejó sin materia la acción promovida -es decir el acuerdo 2-2019-, toda vez que los efectos positivos que le otorgó al amparo provisional de fecha 9 de enero de 2019 fueron: Dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala, de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, dice la declaración de Porras.

El MP expuso que el argumento se basa en el criterio que reiteradamente ha sustentado la CC.

“El amparo como medio protector de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República, los tratados internacionales y las leyes, operan en forma preventiva o restauradora, en consecuencia cuando el acto reclamado no ha subsistido por haberse emitido uno posterior que anula sus efectos, es inviable conocer el fondo, porque ante tales circunstancias, el amparo carece de materia concreta sobre la que se deba resolver (expediente 1163-2007 criterio reiterado en el expediente 2928-2006)”, argumentó.

“En consecuencia, el criterio que sustentó el Ministerio Público ante la Corte de Constitucionalidad en la vista pública oral y por escrito, es que los efectos positivos del amparo provisional otorgado el 9 de enero de 2019 conllevan que el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) continúa con plena vigencia y aplicación”, concluye la jefa del MP.

Lo dicho por Porras entonces aclara lo planteado ante la CC hoy por Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del MP, que duró dos minutos, donde señaló que el amparo provisional contra el Gobierno está sin materia, con lo cual dejaba entrever que el acuerdo gubernativo que daba fin a la Cicig seguía vigente.

Análisis

El analista del Centro de Estudios de Guatemala, Oswaldo Samayoa, relató que la fiscalía del MP tiene “poca efectividad y análisis serio” y relató que el argumento que se expuso es “similar al que ha presentado en otros amparos”.

“Lo que el MP dice es que al haberse otorgado provisional y por lo tanto ya no haber surtido los efectos inmediatos que tiene que surtir el acto reclamado, en este caso sería el acto unilateral de dar por terminado el acuerdo con Cicig, como eso ya no se concretó y pareciera que todo se normalizó, entonces quedó sin materia seguir conociendo el amparo, lo cual es carente de sentido cuando hemos visto las acciones que se han desarrollado de Cancillería y otros entes del Estado, buscando dar cumplimiento a ese acuerdo -el acuerdo gubernativo 2-2019- que está sin vigencia en este momento”, señaló Samayoa.

Las acciones que menciona Samayoa tienen que ver con comunicaciones de la canciller Sandra Jovel con Perú, Uruguay, Argentina Colombia y Suecia para “recordar” que Guatemala ya dio por terminado el convenio. Esos países dan apoyo financiero o a través de expertos en investigación criminal.

El abogado constitucionalista Stuardo Ralón explicó que hay el “escenario internacional que es una comunicación que la canciller -Sandra Jovel- hizo a Naciones Unidad de que el convenio -de Cicig- había terminado y otro es el nacional cuando se emitió el acuerdo gubernativo donde se hizo del conocimiento público de esa decisión”.

Ralón expuso que en el escenario internacional Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó que “la suspensión anticipada del convenio no la aceptaba, la rechazó” y esa respuesta la califico como una controversia internacional entre el Estado de Guatemala y la ONU.

“Hay una controversia internacional aún no resuelta entre Estado de Guatemala y la ONU, por tal razón la  Corte de Constitucionalidad está conociendo de una acción de amparo contra un acto, acuerdo gubernativo, que no resuelve o no trasciende al ámbito internacional, es decir, si no existiera el acuerdo gubernativo la controversia internacional continúa sin resolverse por lo que me parece que es equivocado decir que la existencia del acuerdo gubernativo es la que establece si el plazo de la Cicig terminó o continúa, porque esa controversia no es el ámbito nacional y esa controversia no se resuelve por la vigencia o no del acuerdo gubernativo”, justificó Ralón.

Postura controversial

Los amparistas, Acción Ciudadana y el abogado Marco Vinicio Mejía, coincidieron en que la postura del MP ante la CC fue confusa y ambigua.

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“La decisión de la Policía Nacional Civil de retirar a los investigadores policiales designados a la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), afecta al MP por los casos que están en investigación en dicha fiscalía, ya que el personal policial conoce información sobre las pesquisas en desarrollo y tienen diligencias específicas asignadas; ante ello, de establecerse la comisión de un acto delictivo se procederá inmediatamente ejerciendo las acciones correspondientes”, demandó Porras en el comunicado.

La fiscal general aboga por el regreso de los investigadores policiales porque “la coordinación interinstitucional -del MP y la PNC- ha logrado resultados positivos en la lucha contra la corrupción e impunidad” y puede afectar la labor del MP.

“El Ministerio Público, con fundamento en el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Policía Nacional Civil, exige a la Policía Nacional Civil, la reasignación a la Feci de los elementos”, agrega la fiscal general en el comunicado, además, insiste en el respaldo al equipo de investigadores que integran la Feci.

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El Ministerio de Gobernación (Mingob) por medio de Comunicación Social vía chat respondió: “La PNC actúa de conformidad con la Ley y es una institución jerárquica. De tal manera que sus acciones se apegan a derecho en todas sus actuaciones”.

Las autoridades del Mingob en este mensaje no aclaran si reasignarán a los 20 investigadores policiales tal y como lo exige la fiscal general, pero dejan entrever que la decisión de la PNC se “apegan a derecho”.

La fiscal general advirtió en el documento: “De establecerse la comisión de un acto delictivo -al no reasignar a los investigadores- se procederá inmediatamente ejerciendo las acciones correspondientes”.

La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/OLJICm4wf8

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 25, 2019

La fiscalía

La Feci ya había advertido el impacto negativo que tenían luego de la disposición de la PNC de retirar a los detectives policiales que habían llegado a comienzos de este año para apoyar en el avance de las investigaciones de los casos de corrupción.

El titular de la Feci, Juan Francisco Sandoval, explicó que fueron 20 detectives de la PNC separados de la fiscalía, los que habían llegado el 10 de enero pasado. Fueron designados para avanzar con las pesquisas de los casos que investiga la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informó.

Jovel dio instrucciones

La diputada del Congreso de la República Andrea Villagrán pidió el jueves pasado explicaciones al director general de la PNC, Carlos Roberto Tohom Escobar, por el retiro de policías que apoyaron a la Cicig y el MP.

La legisladora cuestionó a Tohom Escobar por el retiro de agentes policiales asignados a la Cicig el 16 de enero pasado y el director de la PNC respondió: “No se han girado instrucciones por parte de esta Dirección General a mi cargo, en esa fecha”.

En la misiva Tohom recordó a la diputada que el Gobierno emitió el acuerdo 2-2019 en el que se dio por terminado mandato de Cicig.

Tohom en el documento aclaró una decisión que se tomó el lunes pasado: “La señora Ministra de Relaciones Exteriores se dirige al señor Ministro de Gobernación en donde le manifestó que, a consecuencia, del Acuerdo Gubernativo ya relacionado -acuerdo 2-2019-, tome las medidas que crea convenientes en el ámbito de su competencia”.

En este documento el director de la PNC explica que el 22 de enero pasado recibió instrucciones: “El señor Ministro de Gobernación mediante oficio número DM-065-2019/EADA/Ases, Ref. 0406, me instruye en mi calidad de Director General de la Policía Nacional Civil, para que en el ámbito de mi competencia y de conformidad con la Ley, realice las acciones o medidas convenientes en referencia al tema relacionado”.

El director de la PNC respondió a la legisladora que no dio órdenes para retirar “recurso logístico que se encontraba al servicio de la Cicig” y que el jefe del departamento de Material Móvil de la subdirección general de Apoyo y Logística, “lo hizo a título personal”.

El @GuatemalaGob sigue girando órdenes con base a un Acuerdo Gubernativo que la @CC_Guatemala dejó sin efecto. Es claro el desacato a las resoluciones constitucionales. Esta fue la respuesta de @PNCdeGuatemala. pic.twitter.com/VUMELHDtmr

— Andrea Villagrán (@avillagran502) January 25, 2019

Análisis

El exministro de Gobernación Francisco Rivas calificó la exigencia de la fiscal general como “correcta y acertada”, pero señaló que “fue un poco tardía”.

La decisión del Ministerio de Gobernación de retirar a los investigadores policiales es para Rivas una instrucción que emitió la Presidencia y la PNC obedeció.

“Esto no fue una decisión de la Policía Nacional Civil, esto responde a una instrucción del Gobierno y de Presidencia donde se tienen claro los objetivos de no apoyar los esfuerzos que se hacen en contra de la lucha contra la corrupción y el tema de justicia”, analizó.

Según el exministro de Gobernación la PNC “asumió la decisión” y refleja instrucción de la Presidencia.

“Es verdaderamente lamentable que todo un esfuerzo de más de 10 años que se venían haciendo a nivel interinstitucional entre el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Dirección General de Inteligencia Civil, Instituto Nacional de Ciencias Forenses e Instituto de la Defensa Pública Penal, hoy se esté menoscabando y estemos retrocediendo”, señaló.

El analista del Centro de Estudios de Guatemala, Oswaldo Samayoa, expuso: “El Organismo Ejecutivo ha tomado una serie de cesiones para atacar al ente investigador o a quien ha apoyado las investigaciones como la Cicig, y eso también implica a la Feci. Esto nos hace presumir que hay búsqueda de impunidad para perjudicar casos e investigaciones”.

Samayoa indicó que el retiro del personal de la PNC es una forma de intimidar a los fiscales del MP y obstaculizar s labor.

Las decisiones de la fiscal general para Samayoa no han fortalecido la institucionalidad del MP.

“La fiscal general tiene que ser más contundente y generar más certeza institucional, lo tercero que es evidente, es que el discurso de soberanía no es más que reestructuración de pequeños espacios en los que puede generarse impunidad”, criticó.

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