CC confirma anulación de convenios que implicaban a centenar de políticos guatemaltecos en el caso Odebrecht

El MP buscaba reactivar convenios de colaboración eficaz anulados por una sala penal, en los que se señala a diputados de la séptima legislatura por recibir sobornos.

Douglas Cuevas

18 de septiembre de 2025

|

14:15h

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Los acuerdos de colaboración eficaz fueron impugnados por el supuesto enlace de la empresa Odebrecht con los diputados que habrían sido sobornados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 11 de octubre del 2012, el Congreso aprobó préstamos millonarios para un proyecto carretero en la ruta CA-2 Occidente. El voto favorable de los diputados, según declaraciones de colaboradores eficaces, se pagó en efectivo. Sin embargo, esos testimonios no podrán usarse en el proceso judicial.

La Sala Primera de Apelaciones anuló los convenios de colaboración eficaz suscritos por el Ministerio Público (MP) con dos exdiputados. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) intentó reactivarlos. Presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó otorgarlo de manera provisional. En la etapa de sentencia, las autoridades judiciales tampoco le dieron la razón al ente investigador.

La última opción para los fiscales era acudir a la Corte de Constitucionalidad (CC), donde interpusieron una apelación con la esperanza de que esa Corte ordenara una resolución favorable para reactivar los convenios.

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Pero casi 13 años después del supuesto pago de sobornos a 105 diputados, la CC resolvió el 17 de septiembre del 2025 rechazar la apelación, con lo cual los acuerdos de colaboración eficaz continúan anulados.

El supuesto soborno a los diputados

Los convenios de colaboración eficaz gestionados por el MP fueron suscritos con los exdiputados Emilennee Mazariegos y Édgar Cristiani, ambos integrantes de la bancada del extinto Partido Patriota (PP) en la séptima legislatura, del 2012 al 2016.

Fuentes con conocimiento del caso indican que los testimonios vinculan a 105 de los 108 diputados que votaron a favor de la iniciativa 4583, aprobada de urgencia nacional.

Dicha iniciativa autorizó dos préstamos para la ejecución del proyecto denominado “Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente”.

Para ello, el Congreso aprobó un crédito con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES), por US$280 millones, y otro por US$119 millones 400 mil con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Las investigaciones señalaron en su momento a Carlos Batres Gil como intermediario entre las constructoras asociadas con Odebrecht y los diputados a quienes se habría pagado por su voto.

Batres Gil habría gestionado una serie de préstamos para reunir el dinero necesario y entregar, en efectivo, Q300 mil a cada uno de los diputados implicados.

Las declaraciones en anticipo de prueba de los exdiputados habrían permitido a los fiscales reunir indicios para una eventual persecución penal contra más de 100 políticos.

El caso permitió la captura de Batres Gil, quien, por medio de sus abogados, impugnó con éxito los convenios de colaboración eficaz de los exdiputados, lo que impide que sus declaraciones puedan usarse legalmente.

Más de 100 políticos salen beneficiados del #CasoOdebrecht después que la @CC_Guatemala rechazó una apelación qué buscaba reactivar convenios de colaboración eficaz qué señalaban a diputados del @CongresoGuate del 2012 por recibir sobornos para votar a favor de la iniciativa 4583 pic.twitter.com/8iAv8nEtMy

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 18, 2025

Sin embargo, existen algunos incumplimientos en el convenio de colaboración eficaz, explicó Alexis Calderón, abogado defensor de Monzón Rojas lo que responde a “la negligencia por parte de la administración anterior, es decir, Juan Francisco Sandoval Alfaro y Thelma Aldana”, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y exfiscal general del MP, respectivamente.

El litigante detalló que son cuatro aspectos importantes a los que no se les ha dado una debida diligencia, entre las que se encuentra la negación de un asilo político por parte de Suecia y Estados Unidos, y recientemente un país europeo rechazó otorgarle la ciudadanía y solamente fue autorizada para su esposa e hijos.

En la carpeta judicial a la que el equipo de Prensa Libre tuvo acceso se encuentra una carta con fecha 21 de marzo de 2017, firmada por Iván Velasquez, extitular de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la que solicitó asilo a Estados Unidos, la misma fue denegada y posteriormente no se realizó otra gestión diplomática.

Además, no se le han devuelto bienes que adquirió de forma licita, entre los que se encuentra una residencia ubicada en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, en donde actualmente funciona un albergue de la Procuraduría General de la Nación, una motocicleta, un vehículo tipo Pick Up y dos cuentas bancarias que se encuentran embargadas.

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Los referidos patrimonios cuentan con medida cautelar desde hace más de cinco años. En el 2016 Monzón Rojas entregó al MP unos 17 bienes, los cuales reconoció que fueron producto de cobros ilegales y de actos de corrupción, y los mismos le fueron extinguidos.

Sin capacidad de cumplimiento

El defensor de Monzón Rojas resaltó que “el Estado de Guatemala no tiene la capacidad para cumplir con los convenios de colaboración eficaz y como abogado no lo recomiendo” derivado a que desde el 23 de agosto de 2017, la Sala de Mayor Riego dejó firme el convenio de Monzón Rojas para los caso denominados como La Línea y Cooptación del Estado, y fue hasta 5 años, 2 meses después, que se ejecutó la misma.

El actual jefe de la Feci, Rafael Curruchiche solicitó un informe al abogado de Monzón Rojas, sobre los bienes que aún se encuentran inmovilizados para su análisis y gestión respectiva, el cual fue entregado el 27 junio de 2022 y refirió que giró instrucciones a la fiscal Leslie Marleny Rosales Max, para que se ejecutará el convenio.

“Se le incumplió y por eso instruí la ejecución” reconoció Curruchiche y agregó que remitió la denuncia que presentó Monzón Rojas a la Oficina de Atención Permanente “y me parece que ellos a su vez lo enviaron a la Fiscalía de Asuntos Internos” aseguró.

A decir de Calderón “el futuro es incierto porque en cualquier país él estará de forma ilegal y enfrenta una muerte civil porque ningún país le otorga asilo político” y agregó que el único lugar que le ofreció el exjefe de la Feci, Sandoval Alfaro fue “una casa en Guastatoya, El Progreso y no es un lugar seguro para él y su familia”.

El profesional detalló que en 2016, después de haber rendido su declaración en anticipo de prueba “personal de la Cicig sacó a Juan Carlos Monzón Rojas vía terrestre y lo dejaron a su suerte con sus maletas, en la Frontera entre Ríos, la cual colinda con Honduras” dijo.

El fallo que dictó Miguel Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, fue por dos causas penales en donde Monzón Rojas rindió su declaración en calidad de anticipo de prueba, por el caso denominado La Línea recibió una pena de 10 años, mientras que por el de Cooptación del Estado 12 años y 1 mes, lo que suma, 22 años y 1 mes conmutables, es decir, no irá a la cárcel porque fue parte del convenio.

Antecedentes

Según consta en el expediente judicial Juan Carlos Monzón Rojas firmó el convenio de colaboración eficaz para el caso denominado La Línea el 29 de marzo de 2016, en los meses siguientes Monzón Rojas aportó información a los investigadores del MP y de la extinta Cicig, sobre la conformación de una estructura dedicada a la defraudación aduanera la cual era liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti.

Mientras que por el caso Cooptación del Estado firmó el convenio el ocho de abril de 2016, el cual se derivó del proceso penal de La Línea; Monzó Rojas rindió su declaración en calidad de anticipo de prueba y detalló la conformación de una red que captaba fondos durante la campaña electoral del desparecido Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías.

Ambos convenios fueron impugnados por los sujetos procesales y fue hasta el 23 de agosto de 2017, que la Sala de Mayor Riesgo dejó en firme los mismos y ordenó su ejecución con los beneficios acordados, la cual se realizó el 28 de octubre de 2022.

En junio de 2018 la última vez que Juan Carlos Monzón Rojas, compareció ante los tribunales de justicia, previo a recuperar su libertad y abandonar Guatemala. Cuatro años después, reapareció para testificar por videoconferencia en el desarrollo del juicio por el caso de La Línea, el cual tiene en el banquillo de los acusados a 30 personas, entre ellas Pérez Molina y Baldetti.

Y el pasado 28 de octubre de 2022 se apersonó en el Juzgado B de Mayor Riesgo, se desconoce su paradero actual.

La sentencia

Sentencia de 22 años y 1 mes por 2 casos penales

65 meses tomó ejecutar el convenio de colaboración eficaz

Q 1 millón 650 mil fue la caución económica impuesta a Monzón Rojas

17 bienes entregó Monzón Rojas al MP

Bienes pendientes de devolución

1 residencia ubicada en la 4ta calle 7-53, sector A3 en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

1 motocicleta marca BMW

1 Pick Up Tundra marca Toyota

1 cuenta bancaria del Banco Industrial con Q 174 mil 689

1 cuenta bancaria del Crédito Hipotecario Nacional con Q 71 mil

Además, dichos relatos también podrían ser objeto de impugnaciones por parte de personas que tienen orden de aprehensión, cuyas acciones las conocería una sala de Apelaciones de Mayor Riesgo. Por ahora hay nueve señalados por su presunta vinculación con el caso que permanecen prófugos y cualquiera de ellos podría accionar en contra de los testimonios.
Sin intención de anular

Por su parte, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, aseguró que “no se busca anular los convenios —sino que— se realizó una evaluación sobre el cumplimiento del mismo” —en alusión a Monzón— y que el análisis se basó en “las declaraciones que brindó en su momento, qué se le había ofrecido al señor Monzón, si se le cumplió, qué es lo que él había prometido y si le ha dado cumplimiento”.

Curruchiche agregó que el siguiente paso es el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia, la cual debe fijarla el Juzgado B de Mayor Riesgo. En esa diligencia se dará cumplimiento a lo establecido en el convenio de colaborador eficaz, como la reducción de la pena y otorgar procedimiento abreviado por determinado delito. “Preferiría que en la audiencia nosotros demos nuestra postura”, indicó.

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El jefe de la Feci explicó que el convenio de colaboración eficaz fue objeto de impugnaciones por los sujetos procesales, pero sigue firme.

“No tiene caso que nosotros revoquemos el convenio, si fue la Feci que en su momento lo promovió”, expuso Curruchiche.

En torno al convenio con Salvador Estuardo González, alias Eco, indicó: “Oficialmente no tengo conocimiento de que con el señor González se tenga que resolver su situación jurídica”.

Prueba contundente

El caso denominado Cooptación del Estado está a cargo de Miguel Ángel Gálvez, quien dijo que en dicha carpeta judicial existen suficientes medios de prueba que respaldan la acusación contra los 83 señalados, entre exfuncionarios, empresarios y exempleados públicos.

Dijo que espera programar la audiencia de etapa intermedia en los primeros días de septiembre, la cual se extenderá por varios días y no será sino hasta entonces que la Feci pueda ratificar los convenios.

Surgen algunas dudas sobre si este acuerdo puede revocarse, anularse o perder su efecto legal. Especialistas en la materia coinciden en que no está normada su anulación, aunque puede variar, sin mayor repercusión en las investigaciones.

El convenio de colaborador eficaz es un compromiso internacional contemplado en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada que se firmó en Italia, en el 2000. Responde a la necesidad de implementar métodos que permitan desarticular redes del crimen organizado.

Dicho acuerdo podría representar dificultad o riesgos para quien brinda información y por eso se han establecido salvaguardas para que no se aplique de “manera arbitraria o que pueda dar lugar a impunidad en los casos”.

Para ello el convenio debe celebrarse ante un juez y no puede ser colaborador un dirigente o cabecilla de una red criminal, enfatizó Alejandro Rodríguez, exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público.

En Guatemala, la figura de colaborador eficaz está contemplada en la Ley contra la Delincuencia Organizada y no establece plazos para la impugnación del convenio o que se altere la declaración y acuerdo original.

El exparlamentario había aportado información valiosa que vinculaba a exfuncionarios del extinto Partido Patriota (PP) en actos de corrupción.

La solicitud fue planteada ante el Juzgado A de Mayor Riesgo.

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Cristiani había dado información clave para los casos Caja de Pagos RIC y Plazas en el Congreso de la República, entre otros.

Ahora, la sede del Ministerio Público en Barrio Gerona busca que no sea tomado en cuenta en esas investigaciones, pese a que los convenios ya fueron autorizados por un juez y están vigentes.

Édgar Cristiani fungió como secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República durante el gobierno del Partido Patriota en 2015 y 2016. 

En el caso de Plazas del Congreso se investiga el hecho de que varias que personas contratadas no asistían a sus labores y tres colaboradores trabajaban en una de sus empresas entre el 2014 y el 2016.

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En tanto, el caso Caja de Pagos RIC se refiere a plazas fantasma y otras anomalía en el Registro de Información Catastral. 

En este caso, Cristiani reconoció en 2019 que se benefició de una plaza fantasma a través de su chofer. 

El testigo es una persona que presenció un hecho delictivo, una acción, una operación “por conocimiento propio, no por referencia, sino que es un hecho que le conste, él no está involucrado” sino por alguna circunstancia se enteró y presenció los actos ilícitos, refiere Francisco Quezada, analista jurídico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

El profesional detalló que podría rendir su declaración en el momento en que se está desollando el debate oral y público, o bien, puede declarar como anticipo de prueba “un testigo que todavía no es el momento el juicio pero es importante su testimonio, porque el testigo se va ausentar, o por alguna condición se necesita que preste su testimonio anticipadamente y esto debe ser ante juez” indicó.

El reto del Ministerio Público es que “se logré probar que lo que aseveró es cierto” se debe evidenciar, debido a que “cuando un testigo falta a la verdad podría ser señalado por falso testimonio, derivado a que fue juramentado” advirtió Quezada.

En algunos casos el testigo teme por su vida, por su familia y la integridad de ellos, ante estas circunstancias existe la facultad “de apoyarlo en ocultarlo, en negociarle que salga del país” a fin de garantizarle el derecho a la vida porque corre riesgo” detalló Quezada.

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La diferencia

Quezada considera que es importante mencionar las diferencias que existe entre un testigo protegido y un colaborador eficaz, derivado a que son figuras legales que tienen a confundirse y explicó que “un colaborador si tuvo responsabilidad en el ilícito, fue cómplice, coautor, tuvo una participación en el ilícito” es decir tiene un grado de responsabilidad.

“Su participación haya sido secundaria, no haya sido el autor principal o intelectual, es un actor secundario” es decir que puede ser un cómplice, un encubridor, alguien que se dio cuenta de lo que sucedía y entonces el “juez califica que no fue un autor principal y debe ofrecer un testimonio o aportar evidencia que incrimine al autor principal, para ello debe comprobarse lo que declare” indicó Quezada.

La valoración de todo lo que pueda aportar a las pesquisas la debe realizar el juez y es quien determina que “ventajas podría obtener a cambio de la información que aporte” y le reducen el castigo o la pena que pueda recibir por la participación que tuvo en los ilícitos.

Las estrategias de protección

Derivado de la información que brindan y las personas que podrían verse involucradas en algún hecho ilegal, es necesaria la implementación de estrategias con miras a proteger al testigo protegido y debe “recibir la ayuda y el respaldo por parte del Estado de Guatemala en garantizar la vida e integridad por el riesgo al que está expuesto” indicó Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Acuña explicó que las principales garantías de seguridad que se debe implementar a corto plazo es el cambio de lugar de residencia, la protección con personal de seguridad, el cambio de identidad en los casos que sean necesarios, entre otros.

El profesional explicó que los elementos que debe valorar tanto el fiscal, como el juez al desarrollar la audiencia es el derecho de defensa, la importancia de la información brindada, la gravedad de los delitos, el grado de responsabilidad de la organización criminal y peligrosidad.

“Ninguna persona puede ser coaccionada y obligada a decir lo que no le compete, sino la misma persona podría incurrir en un delito como lo es la omisión de denuncia y su obligación es presentar una denuncia en el que explique la situación a la que está siendo sometida” indicó Acuña.

Testimonio debe complementarse

Actualmente en el sistema acusatorio guatemalteco las declaraciones que puedan brindar tanto testigos protegidos, como colaboradores eficaces, es una prueba complementaria y no es como la prueba reina en un caso penal “porque es analizada y valorada por el juez en su conjunto con los medios probatorios que los sustenten” dijo Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

Escobar explica que las declaraciones deben sustentarse con medios probatorios porque el fin principal de las pruebas “es comprobar como se efectuaron los hechos, recrea la conducta delictiva y se acerca a la verdad de los hechos” lo que pretende el proceso penal es la averiguación de la verdad, entre otras cosas.

La profesional hizo referencia que el colaborador eficaz es responsable de la comisión de delitos, pero esto no le quita importancia a lo que puedan aportar sus declaraciones porque brindan detalles de los actos ilícitos y conoce como funciona la estructura criminal, lugar de operación, entre otros aspectos, dado a que “las actividades delictivas son planificadas y organizadas para cometer delitos” dijo Escobar.

La experta reconoce que la figura de colaborador eficaz en la actualidad se ve afectada derivado a los beneficios que pueda recibir quien decida revelar ciertos hechos, sin embargo esto forma parte del “derecho premial, que son tendencias de evolución del derecho, se premia a quien acuse” a cabecillas principales, o bien autores intelectuales, de un hecho delictivo.

Más de 3 mil testigos

Según registros del Ministerio Público desde 2003 al 23 de febrero de 2022 hay 3 mil 52 testigos, informó Juan Luis Pantaleón, jefe de Prensa de la institución y desde 2011 suman 55 colaboradores eficaces.

Pantaleón detalló que el proceso que se debe seguir para que una persona sea aceptada como colaborador eficaz es que la fiscalía debe aprobar el convenio y posteriormente la homologación con el juez competente a la cual se le debe adjuntar la solicitud de protección y el informe preliminar del riesgo presentado por el fiscal responsable el caso.

Dentro del servicio de protección se resguarda la identidad de la persona manteniéndose bajo reserva y confidencialidad su identidad dentro de todas las actuaciones que se realizan, esto regulado en la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas vinculadas a la Administración de Justicia Penal, la cual establece que su incumplimiento es objeto de la aplicación de sanciones administrativas y de carácter penal a los infractores.

El Servicio de Protección a testigos en el país está a cargo del Consejo Directivo que está integrado por el fiscal general de la República o un representante; un delegado del Ministerio de Gobernación, y el director de la Oficina de Protección.

Los beneficios que el servicio de protección incluye:

Protección al beneficiario con personal de seguridad.

Cambio del lugar de residencia del beneficiario, que podría cubrir los gastos de vivienda, transporte y subsistencia.

La protección con personal de seguridad, de la residencia y/o lugar de trabajo del beneficiario.

Aquellos otros beneficios que el Consejo Directivo del sistema de protección considere convenientes.

El ingreso de un testigo al Servicio de Protección lo determina la condición de riesgo para la persona que declarará o aportará información sobre determinado hecho delictivo, como homicidios, asesinatos, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, tráfico de drogas y armas, entre otros.

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Los bienes extinguidos son un pick up modelo 2015 valorado en Q484 mil 470, un camión de uso comercial modelo 2015 valorado en Q280 mil 500, una cuatrimoto que se desconoce el valor y se extinguieron Q97 mil 500 encontrados en los allanamientos por el caso La Línea y Q5 mil 13 que habían en una cuenta bancaria que suman Q102 mil 500.

Según expuso el Ministerio Público (MP) no hubo ninguna manifestación de interés de parte de Monzón por el retiro de los bienes y que, por el contrario, el los puso a disposición del juzgado.

Durante el proceso, la Unidad de Extinción de Dominio demostró que los vehículos y cantidades de dinero pertenecían a la entidad Canchas Deportivas de Guatemala, S. A. relacionada con Monzón Rojas.

Monzón, quien fue secretario privado de Roxana Baldetti mientras ella era vicepresidente, se encuentra en libertad desde el 15 de junio de 2015, luego de cumplir con los convenios de colaboración eficaz en los casos La Línea y Cooptación del Estado.

Al ser colaborador eficaz de la fiscalía, Monzón fue clave en los procesos penales en contra Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina.

Luego de permanecer prófugo de la justicia, se entregó el 5 de octubre del 2015 y permaneció dos años y ocho meses en prisión.

Entre los bienes de Monzón que han pasado por un proceso de extinción de dominio hay diez motocicletas, entre las que destacan tres de marca Ducati, BMW y KTM, las cuales sobrepasan los Q500 mil.

En una encrucijada marcada por la intensa lucha contra la corrupción, debe verse en la actualidad el cúmulo de hechos que entrecruzan las rutas de quienes tienen un papel que desempeñar en el fortalecimiento de la institucionalidad. En esto, los medios de comunicación independientes tienen un papel fundamental que desempeñar y por ello tampoco pueden ser inmunes a las presiones y manipuleos políticos.

En este contexto debe ser visto el extraño testimonio de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz en varios casos de corrupción, quien el pasado lunes declaró ante el juez Miguel Ángel Gálvez respecto de sus supuestos vínculos para incidir en la agenda y cobertura informativa de Prensa Libre y Guatevisión.

Las dos instituciones periodísticas mencionadas rechazan rotunda y categóricamente las declaraciones de marras porque, tal y como lo demuestra el desempeño de ambos medios, hemos ejercido con independencia y en el más agudo sentido crítico nuestra tarea periodística a lo largo de la agitada historia nacional.

Es evidente que Monzón provocó la pregunta para agredir a estos dos medios, hecho esto sin fundamento alguno y con intenciones de erosionar la posición de los atacados, abiertos críticos de la corrupción de gobernantes y sus innombrables y numerosos aliados.

Monzón miente. Su testimonio incurre en imprecisiones y se esconde diciendo que las supuestas directrices siempre las habría hecho a través de terceras personas; o sea, no tiene la fortaleza ni el valor de asegurar que él o las personas sobre las que presuntamente querían influir tuvieran algún contacto directo para girar órdenes.

Es evidente el inusual interés de Monzón en dar a conocer información relativa a la relación de medios de comunicación con el poder político. Ocurre esto en la última audiencia del polémico testigo protegido. No extraña, en consecuencia, que los señalamientos sean ahora contra dos de los medios más críticos con la gestión de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti.

A ello se debió que este periódico pidiera a Pérez Molina, en el momento que fue necesario, dejar de interferir con sus llamadas telefónicas en nuestras labores, porque no es función de ningún gobernante en cualquier parte del mundo fijar las líneas editoriales de un medio independiente.

De manera institucional, Prensa Libre y Guatevisión rechazan categóricamente las mentiras expresadas por Juan Carlos Monzón, porque indudablemente todo esto es parte de un plan para sembrar dudas y justificar que los juzgadores o los abogados defensores puedan esgrimirlas en el futuro, cuando los procesos contra la corrupción avancen a nuevas etapas procesales. No hay que perder de vista la lógica perversa de quienes esperan que exista alguna forma de retroceder la justicia y deshonrar nuevamente al país.

De momento, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han desarrollado investigaciones por el caso La Línea, TCQ, la Cooperacha  y Cooptación del Estado de Guatemala con la ayuda de Monzón, quien por instrucciones de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti negoció el cobro de comisiones ilegales exigidas a contratistas del Estado, para ser beneficiados con el otorgamiento de contratos o la acreditación de pago de deuda y la compra de bienes de lujo, entre otros hechos.
 
De momento, la Fiscalía y la Cicig han desarrollado investigaciones por el caso La Línea, TCQ y Cooptación del Estado de Guatemala, con la ayuda de Monzón, quien por instrucciones de Baldetti, negoció el cobro de comisiones ilegales exigidas a contratistas del Estado, para se beneficiados con el otorgamiento de contratos o la acreditación de pago de deuda.
 
Monzón también colaboró con la Fiscalía contra Delitos Económicos en la investigación del caso El Bodegón, por la compra irregular de granos básicos.

Con fuertes medidas de seguridad, Monzón acudió ayer al Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se encontró con Jorge Alfredo Guillén, procesado por el caso La Línea.

Guillén fue encargado de la aduana Santo Tomás de Castilla, y los señalamientos que el MP y la Cicig hacen en su contra indican que permitía el paso de contenedores pertenecientes a empresarios asociados a la estructura La Línea, los cuales ya habían pagado soborno a la red para que se les disminuyera el cobro de aranceles.

Monzón y su abogado Alexis Calderón, Guillén y el mandatario de la Cicig, Luis Fernando Orozco, dialogaron por varios minutos previo a que comenzara la audiencia.

Logran petición

En la diligencia, que se desarrolló a puerta cerrada, el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que se brinde mayor seguridad para el colaborador eficaz y el procesado, para evitar hechos en los que su integridad pueda resultar perjudicada.

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, indicó que Monzón y Guillén informaron al juez sobre hechos por los que consideran que podrían estar en riesgo, y que también aprovecharon la audiencia para solicitar la visita de algunos familiares y personas allegadas.

La Cicig acusa a más de 30 personas, en las que figuran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por supuestamete integrar una red que defraudó las finanzas del  Estado al exigir de manera ilegal el pago de comisiones a importadores para que se le redujera el cobro de aranceles por el ingreso de sus productos. En el caso también se tiene como colaborador eficaz a Salvador González, alias Eco.

El exsecretario se definió como “el mil usos” de la vicepresidenta y precisó cómo es que hizo varios encargos, que fueron desde recoger información privilegiada, ir a la provincia y la forma en que se ganó la confianza de Baldetti.

Prensa Libre tuvo acceso al documento de declaración testimonial, que consta de 216 páginas, y que se usa como anticipo de prueba por el caso Cooptación del Estado.

Monzón comenzó su declaración afirmando que buscó desde un inicio un acercamiento con la Fiscalía y, cuando buscaba eso, dos abogados, Jonathan Altalef y Byron Acevedo, hablaron con su esposa y afirmaron que tenían contacto con la embajada norteamericana.

Los hombres le aseguraron que tenía que dar información y luego ellos se encargarían de sacarlo del país, pero a cambio le exigían Q6 millones, Q5 millones para la embajada y Q1 millón para ellos.

Supuestamente estos abogados se acercaron a la cónyuge de Monzón a solicitud de Daniela Beltranena, quien fuera asistente de Baldetti.

Luego explicó cómo comenzó a tener la confianza de Baldetti. Según Monzón, escaló puestos dentro del partido. Primero, atendiendo un proyecto denominado “Celular patriotas”, y luego al hacer el trabajo la ex vicepresidenta le pidió personalmente que fuera su asistente.

Cuando Monzón fue declarado oficialmente el colaborador de Baldetti, tuvo a cargo coordinar su agenda pública y privada y, según cuenta, su trabajo fue de menos a más.

Seguridad gratis

Una jugada que le valió muchos puntos a Monzón fue el hecho de que mediante gestiones logró que Roxana Baldetti tuviera un grupo que le brindó seguridad personal de forma gratuita.

Monzón declaró que habló con Miguel Ángel Martínez, dueño de la empresa Escorpión, quien luego de una negociación acordó poner el 60 por ciento del dinero para pagar un equipo conformado por dos grupos de ocho personas y un coordinador.

Monzón pagó otros 20 por ciento y el entonces candidato a diputado Édgar Cristiani aceptó pagar el restante 20 por ciento. Sin embargo, este aporte no era del todo altruista, debido a que Monzón indica que se pactó que cuando el Partido Patriota (PP) llegara al poder se darían algunos contratos a la empresa.

En un principio se habló que se podría beneficiar a la empresa con contratos en las portuarias, Instituto Nacional de Electrificación (INDE) e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y luego se repartirían las ganancias que se obtendrían.

Villagrán filtró el padrón

Monzón aseveró que la entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Villagrán, filtró los datos del padrón electoral al PP con los cuales se hacían comparaciones. Ella recientemente renunció al cargo de jefa de la PGN por supuestas amenazas.

Afirmó que este procedimiento de filtración se volvió rutinario y se referían a él como “ir a traer la televisión”.

Según Monzón, la primera vez que hizo esto fue a solicitud de Baldetti, quien fue la que le pidió ir a traer una televisión a un apartamento ubicado en la zona 10 capitalina.

Le indicó que tenía que preguntar por Chiqui, sobrenombre con el que se referían a Villagrán, pero cuando llegó al lugar quien lo atendió fue “el general Letona Hora”, esposo de Villagrán, quien le entregó un maletín con una laptop.

La declaración detalla que Monzón llevaba el aparato al coronel Carlos Chavarría, quien tenía un call center operando a favor del partido y que en una oportunidad, luego de ganarse su confianza, le dijo que la computadora tenía los datos actualizados del padrón electoral.

Estos datos se utilizaban para hacer comparaciones con los datos que tenía el partido y a partir de ellos definir estrategias en los distintos departamentos.

Detalla sabotaje

En su declaración, el ahora colaborador eficaz del MP explicó que luego de ganarse totalmente la confianza de Baldetti ella misma le encomendó una tarea compleja para la campaña.

Esta consistiría en visitar varios departamentos donde el partido no era fuerte y buscar a los coordinadores del programa Bolsa Solidaria y ofrecerles dinero para que ellos evitaran que los beneficiarios votaran.

El PP suponía que los beneficiarios de los programas sociales votarían por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y con esto sabotearían las elecciones impidiendo que las personas votaran.

Monzón detalla que se reunió con varios líderes comunitarios, quienes afirmaron que tenían suficiente poder para evitar que los beneficiarios votaran.

Según aseguró, para este plan vio que se tenían destinados unos Q6 millones y afirmó que él mismo le entregó US$150 mil a una mujer que afirmaba era la coordinadora del programa y evitaría que los beneficiarios emitieran su sufragio.

“¿US$150 mil? Ala púchica. Bueno. Vení traerlos”, dijo Baldetti cuando fue informada del costo del plan, según Monzón. Agregó que ella le dio el dinero en la casa de campaña.

Empresas y defensores critican la veracidad y certeza de la figura del colaborador eficaz —al referirse a  declaraciones de Juan Carlos Monzón contra Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y varios funcionarios del gobierno del Partido Patriota, así como particulares, procesados por actos de corrupción—.

Una entidad calificó a los colaboradores como “delincuentes comunes y vulgares”, que buscan un trato preferencial a cambio de dar información.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) defendió en su cuenta de Twitter  la declaración de los colaboradores eficaces.

Expertos y analistas en seguridad y justicia coincidieron con la Cicig en que la figura está amparada en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Dudas

Por medio de un comunicado, la empresa Topsa Construcciones, Sociedad Anónima, además de mostrar su solidaridad con Raúl Osoy Penados —investigado  por el Ministerio Público (MP) en el usufructo otorgado a la Terminal de Contenedores Quetzal—, cuestionó la veracidad de la figura legal.

Testimonio de un colaborador eficaz es tan clave como lo son las pruebas que se tienen y que se presentarán en el caso #CooptacionEstadoGT

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) June 14, 2016

“A la fecha se iniciaron investigaciones amparadas en una persona implicada en varios procesos (…) se puede deducir que no tiene una conducta  idónea”, señala el campo pagado.

Agrega: “El Ministerio Público ha  homologado la categoría de colaborador eficaz a un grado de casi santidad, sin advertir que esas personas que actualmente imploran trato preferencial en la aplicación de la justicia son delincuentes comunes y vulgares, que, a través de su tarea delictiva, han generado fortunas desmedidas y hoy tratan de vender o cambian información por su libertad, sin ser cuestionada la veracidad de los datos”.

A esos señalamientos se sumó un abogado defensor, quien pidió el anonimato: “La figura como todo es buena, el tema es qué hace la autoridad para corroborar lo que dice el colaborador”.

En defensa

La Cicig considera que no son solo declaraciones. “La palabra del colaborador eficaz no es un simple testimonio. Toda la información se verifica y corrobora con las pruebas que se tienen”, tuiteó en su cuenta.

El MP informó que para aceptar a un señalado como colaborador eficaz deben seguir la normativa, además de corroborar las declaraciones con documentos y otros métodos de investigación, como  escuchas.

Salvador González, alias Eco, para ser colaborador hizo varias pruebas de polígrafo. 

La Cicig señala en su sitio web que pese a estar vigente desde el 2006, como parte de la Ley contra el Crimen Organizado, no se usaba por desconocimiento y por falta de viabilidad legal; sin embargo desde que se utiliza esta figura se han desarticulado varias mafias.

Normativa lo establece 

Lizandro Acuña, experto en Seguridad y Justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, aseveró que la Ley contra la Delincuencia Organizada ampara esa figura en su título quinto. Detalló que en 12 artículos establece obligaciones, beneficios y restricciones de los colaboradores eficaces.

Método se fundamenta

Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, aseguró que las declaraciones de los colaboradores son en los procesos el inicio de  investigaciones, las cuales deberán ser fundamentadas con otras pruebas. “En la investigación el MP debe desvanecer todo”, afirmó la experta. 

Testimonio útil

Los artículos del 92 al 102  de la Ley contra la Delincuencia Organizada  norman la figura de colaborador eficaz.
Entre los beneficios se contempla criterio de oportunidad o suspensión condicional de la

persecución penal.

• Sobreseimiento para los cómplices o rebaja de la pena.
• Libertad condicional o la libertad controlada a quien esté cumpliendo condena.  
• Los compromisos del colaborador incluyen que no cometa delito doloso  por un tiempo no menor del doble de la pena máxima que establece la ley por el delito que se hubiera cometido.
• La figura del colaborador eficaz ha sido usada en países como EE.UU., España e Italia en el combate a las mafias.

Monzón fue escuchado por Gálvez el 12 de abril último, en la Torre de Tribunales, a las 18.30 horas. En la audiencia participaron fiscales del MP, abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Instituto de la Defensa Pública Penal y defensores del colaborador eficaz.

Explicó a Gálvez que  conoció del proceso para entregar el usufructo a TCQ por órdenes de su jefa, quien a finales de diciembre del 2012 lo envió a la zona 10 a visitar a Guillermo Lozano, piloto aviador que financió la campaña del Partido Patriota del año anterior, quien se habría encargado de controlar las funciones de la EPQ por instrucción del entonces presidente Otto Pérez Molina, aunque no era quien fungía como interventor.

Señaló que Baldetti le dijo que Lozano debía apartarse de los funcionarios gubernamentales, porque en Honduras habían localizado cocaína en un helicóptero a nombre de su empresa.

Refirió que Lozano habló con él en su apartamento, en la zona 10, y le dijo que para conocer más detalles del negocio tendría que hablar con Allan Marroquín, interventor de la EPQ, y William Schwank.

Comisiones

El colaborador aseveró que Marroquín y Schwank le presentaron al español Juan José Suárez, administrador de TCQ, y este le pidió hablar con Pérez Molina, a quien le presentaría las comisiones específicas que daría la entidad a cambio del usufructo.

Monzón reportó esas conversaciones a Baldetti, y ella le dijo: “Mirá, yo creo que son de US$30 millones”.

Monzón indicó que se volvió a reunir con Suárez, y este le mostró un cuadro de pagos que señalaba cómo se distribuiría la referida suma: US$500 mil para gastos emergentes, US$24.5 millones para el socio local —que podrían ser los exfuncionarios encartados— y US$5 millones para el grupo de  argentinos, entre quienes se contaría Mauricio José Garín.
La función de Monzón se limitó a tres acciones: agilizar los trámites del usufructo, hacer que los sindicatos de la EPQ apoyaran el proyecto y verificar el pago de los US$30 millones, afirmó.

“El tema específico que me llevaba a mí era cobrar, cobrar, cobrar y cobrar los US$30 millones”, expresó.
Por último, facilitó el amparo que TCQ planteó en el Juzgado de Paz de Escuintla, con el cual se oponía al pago de una licencia de Q24 millones que la Municipalidad de Escuintla le impuso para construir en el área, dijo.

“Yo lo que esperaba era que se llegara a terminar y poderle cumplir al señor presidente y la señora vicepresidenta la instrucción que me habían dado”, manifestó después de haber indicado que Suárez le exigía resultados porque el proyecto le había costado varios millones de dólares.

Dinero en efectivo

A una hora con 18 minutos de haber comenzado la diligencia, Monzón menciona por primera vez a Jonathan Chévez, presunto testaferro de Pérez Molina y Baldetti, de quien refiere que era la persona que le ayudaba a manejar dinero en efectivo, transferencias, cambio de dinero a cheque, transferencias internacionales, compra de bienes inmuebles, offshore, transporte de valores y cajas de seguridad, entre otras acciones.

Monzón le contó a Chévez el proceso del usufructo de TCQ y le dijo que la entidad daría un adelanto de US$10 millones para los socios locales.

“Si me das US$10 millones, te armo un banco de segundo piso en Australia, me dijo. Con ese banco yo te puedo dar cheques, chequeras, tarjetas de crédito, podés hacer transferencias a cuentas de un lado a otro; no tengás pena, no va a haber seguimiento”, fue la respuesta de Chévez, aseveró.

Para entender a qué se refería Monzón con banco de segundo piso, Prensa Libre consultó a Wenceslao Lemus, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional, y explicó que se refiere a entidades financieras que interceden entre usuarios de créditos y los bancos, y puede tratarse de una offshore.

Análisis urgente

La declaración de José Abraham Ruano Cerna, exjefe del Departamento Jurídico de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), fue recibida por el juez Miguel Angel Gálvez el 13 de abril pasado, a las 16 horas, y relató que se analizó de manera urgente otorgar el usufructo a (TCQ), el cual fue favorable a la entidad.

Afirmó que conoció de la firma del contrato con el cual se otorgó a TCQ un terreno de la EPQ y que estuvo al tanto del asunto, no solo por su posición en la entidad, sino por orden del exinterventor Allan Marroquín.

Agregó que las funciones del gerente de la EPQ las desempeñaba Julio Sandoval, subinterventor, por orden del entonces presidente Otto Pérez Molina.

Ruano Cerna explicó que para analizar si procedía   el usufructo del terreno se formó una comisión de empleados de la EPQ, y se  les dijo que era  urgente.

Marroquín dio instrucciones para que la comisión se reuniera en un hotel de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde trabajaron  dos días. Por órdenes superiores, debían dar un análisis favorable a TCQ, dijo.

“El convenio está en reserva, no se ha pedido su aprobación ya que el proceso está suspendido por una apelación pendiente de resolverse”, afirma el MP.

Además la Fiscalía confirmó vía telefónica que se suscribió un convenio con Monzón el pasado viernes el cual aún falta legalizarse, y aún no hay fecha para la audiencia.

Busca beneficios

Juan Carlos De Paz, miembro del equipo de abogados del exsecretario, explicó que la figura de colaborador eficaz está regulado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y es parte de lo que se conoce como Derecho Penal Premial.

“La misma palabra lo dice, premia, pero es importante resaltar que para ser colaborador eficaz la información que él dé, previo a que se otorgue el acuerdo del Ministerio Público (MP), el ente corrobora que lo que ha dicho se cierto y eficaz dentro del proceso”, explicó el abogado.

El profesional precisó que para llegar a ser colaborador eficaz “no es solo llegar a decir pasó esto y lo otro”, sino que se tiene que confirmar por otros medios, “por ejemplo si dice que una reunión se realizó a determinada hora se hará una investigación y se pedirán cámaras para determinar si es cierto”.

“¿Cuál es el beneficio de todo esto? Penas mínimas. Porque siendo él funcionario —Monzón— es una circunstancia que agrava porque era quien tenía que  velar por el estricto cumplimiento de la Ley, y al incurrir en ilícitos esto empeora la situación”, comentó De Paz.

A modo de ejemplo indicó: “Si el delito dice de seis a 10 años, sino fuera por acuerdo se pedirá el máximo, pero al colaborador pedirán seis, menos dos terceras partes que es lo que la Ley establece por la colaboración que ha dado”.

Se podría lograr

Al ser consultado sobre si la defensa tenía confianza en que se logre la figura de colaborador eficaz para Juan Carlos Monzón, el abogado respondió que “hay correcciones que se deben hacer, pero no se ven como un obstáculo infranqueable”.

“No podría yo externar opinión o criterio que él —el juez— pueda admitir, pero a mi juicio creo que se harán correcciones de forma, y no considero que digan no, aunque puede hacerlo”, declaró el profesional de las leyes.

Cerca del objetivo

Los abogados de Monzón confirmaron que “siempre han existido acercamientos con el MP y ha sido público”. “Se están cerrando las últimas cuestiones y efectivamente casi es un hecho el detalle está que aún no se cuenta con la aprobación del juez”, señaló la defensa, por lo que el exsecretario de la Vicepresidencia aún no es colaborador eficaz.

Los representantes explicaron que pese a que el proceso del caso La Línea está detenido porque la Procuraduría General de la Nación (PGN) planteó un recurso de apelación, la audiencia para que el juez acepte o no Monzón como colaborador eficaz sí puede realizarse, aunque no hay fecha todavía.

“La audiencia para que sea aceptado se puede hacer, lo que no se puede hacer antes de resolver el recurso de apelación es la realizar la declaración en calidad de prueba anticipada, porque tiene un efecto propiamente en el proceso, en cambio lo otro es una cuestión puramente de forma”, aseguró la defensa.

Esto quiere decir que en este momento del proceso Monzón si podría ser aceptado como colaborador eficaz del caso, pero hasta que no se resuelva la apelación de la PGN no puede hacer la audiencia donde brinde su declaración en calidad de prueba anticipada.

Devolverá inmuebles y dinero

Este jueves el Diario Oficial, publicó que como parte del acuerdo de Monzón con la Fiscalía para convertirse en colaborador eficaz, este se habría comprometido a devolver bienes y dinero que supuestamente son producto de actividades ilegales.

“La medida se establece en el punto sexto del documento del acuerdo entre Monzón, el MP y la Justicia. El ente investigador sospecha que esos bienes forman parte de las ganas que habría obtenido de la red de defraudación aduanera”, cita parte del texto.

Según la publicación, el castigo que recibirá el exsecretario se basa en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero, la cual ordena duplicar la sanción pecuniaria, por lo que Monzón deberá devolver al menos Q1 millón 560 mil, cinco bienes inmuebles, 10 motocicletas y un automóvil.

La audiencia de Eco es un testimonio de anticipo de prueba como parte de la negociación que hizo como colaborador eficaz.

La declaración de Eco se da previo a que comience la audiencia de etapa intermedia del proceso, en la cual se conocerá la acusación que la Fiscalía hace en contra de más de 30 personas, incluyendo a Pérez Molina y Baldetti, con lo cual se discutirá si el caso es conocido por un tribunal de sentencia en un debate oral y público.

Se prevé que la declaración de Eco sea diligenciada entre dos y tres días. Por lo que se estima que la audiencia de etapa intermedia comience entre miércoles y jueves además no es necesario que estén presentes Pérez Molina y Baldetti.

La audiencia puede ser suspendida por tres apelaciones que fueron presentadas la semana pasada por varios abogados defensores entre ellos Mario Cano y César Calderón.

Caso La Línea

González Álvarez fue detenido el 16 de abril del 2015 como presunto jefe de una estructura externa a las aduanas que participó en el fraude, junto a una veintena de otras personas, incluidos altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La red dedicada a la defraudación aduanera era integrada también por Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el extitular de esa institución Carlos Enrique Muñoz Roldán, capturados durante allanamientos.

El secretario privado de Roxana Baldetti era el responsable de dirigir la estructura según una investigación de un año de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

La declaración de ECO

Salvador González, alías Eco, vinculado a la “estructura externa”  del millonario fraude aduanero, dijo ante el juez que lleva el proceso, que tanto Pérez Molina como Baldetti recibían el 50 por ciento de los sobornos recaudados por la estructura denominada La Línea, que ayudaba a empresarios a evadir impuestos.

Según González Álvarez, inició su relación con los mandatarios a través de Juan Carlos Monzón a quien conocía desde años atrás.

“El 50% de los sobornos eran para el 1 y la 2 (…). Fui yo quien identificó como 1 y 2 al presidente y a la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero”, refirió González en la etapa intermedia del caso a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

González Álvarez reconoció que los recursos eran parte del cobro que se hacía para “agilizar los trámites aduaneros”.

Eco explicó que  los cobros ilegales que se hacían para agilizar los trámites en las aduanas se le denominaba, “la cola”.

González Álvarez fue detenido el pasado 16 de abril como presunto jefe de una estructura externa a las aduanas que participó en el fraude, junto a una veintena de otras personas, incluidos altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).