El juzgado argumenta que las circunstancias lo hacen aconsejable, por lo que se otorga el amparo provisional y se ordena a la Distribuidora de Electricidad de Oriente S. A., el cese en la amenaza en cortes del suministro y en caso que estos se hayan efectuado, restablecer inmediatamente el servicio a los usuarios al día en sus pagos.

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Energuate manifestó estar de acuerdo con la necesidad de restablecer el servicio a usuarios que se encuentran al día; sin embargo, resalta que esto no ha sido posible por la oposición de los que están conectados de manera ilegal.

“Incluso hoy han mantenido retenidos a trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación de la subestación San Rafael Las Flores y continúan manipulando las redes, con lo cual afectarán a unos 10 mil clientes de otros municipios”, afirmó Mynor Amézquita, portavoz de Energuate.

El vocero añadió que una nueva manipulación en la red eléctrica fue efectuada por pobladores de la parte alta de la montaña de Jutiapa y según Energuate, estos fueron apoyados por Codeca, lo que pone en riesgo la continuidad del suministro en cuatro municipios de Santa Rosa, incluidas áreas urbanas.

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“Con esta nueva manipulación existe el riesgo inminente de registrarse una falla que provocaría que más de 10 mil clientes de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, San Rafael Las Flores y Casillas sean vean afectados con la falta de energía”, puntualizó Amézquita.

Enfatizó que la distribuidora rechaza estos nuevos actos vandálicos que afectarían a los clientes que mantienen sus compromisos de pago.

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Juzgado 9no de 1era. Instancia del ramo civil otorga amparo provisional a @PDHgt ordenando a DEORSA cese en la amenaza de realizar cortes al servicio de energía eléctrica en comunidades de #Jutiapa y restablecer el servicio a usuarios que se encuentren al día en sus pagos pic.twitter.com/lOrVUOwT94

— PDH Guatemala (@PDHgt) April 24, 2019

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Por de pronto no hay acuerdos entre las autoridades competentes y se integró una mesa para buscar consensos.

El aporte para el subsidio a la tarifa social por parte del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) con el Ministerio de Finanzas (Minfin) para este ejercicio está subiendo de tono y ahora saltó a la arena política.

Durante una citación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, los representantes del Inde insistieron en la necesidad de contar con más recursos públicos para cubrir la tarifa social, mientras que las autoridades del Minfin reiteraron que la entidad cuenta con recursos para hacerse cargo.

Inclusive, el presidente de la referida comisión, Luis Hernández Azmitia, y los diputados Luis Contreras y Germán Velásquez Pérez hablaron sobre la posibilidad de hacer reformas a la Ley de Tarifa Social por estas circunstancias.

El Inde advirtió de que cuenta con recursos para cubrir la tarifa social hasta mayo, según lo declarado en la citación.

Al borde

Carlos Abel Beltetón, gerente general del Inde, explicó que han traslado notas al Minfin para informar  que cuentan con recursos para subsidiar el pliego de la tarifa social para las siguientes 11 semanas.

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Dijo que necesitan el apoyo del Ejecutivo por Q353 millones para completar el tramo del subsidio del 2019.

Recordó que la junta directiva acordó hacer un aporte adicional de Q110 millones, para sumar —acumulado— Q434 millones y el déficit es de Q353 millones que le han solicitado al Minfin. En total, el monto estimado para cubrir el subsidio es de Q795 millones.

En contraposición, Kildare Enríquez, viceministro de Finanzas, declaró en la citación que han sostenido los encuentros con los directivos del Inde, pero han expuesto que utilicen sus reservas para cubrir el faltante.

El funcionario dijo que se han trasladado Q860 millones como aportes a la tarifa social y fortalecimiento financiero al Inde, en los períodos 2016-2018.

Citó que, en el 2016 trasladaron Q200 millones y en el 2017 y 2018 —con el decreto 50-2016 para la tarifa social— otros Q300 millones para tarifa social y Q60 millones para fortalecimiento de cada ejercicio.

El @INDEGUATEMALA recibió Q860 millones durante los ejercicios
2016 al 2018, que se destinó a la tarifa de energía eléctrica social y al fortalecimiento financiero, se conoce en citación. Cuenta en caja con Q2 mil 42 millones. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/CAtjWnTPRx

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) March 12, 2019

“Los procesos que se dieron era revisar en conjunto con el Inde la sostenibilidad financiera y la capacidad que tiene el instituto para cubrir la tarifa social, el entendido que los aporte que se realizarían era para fortalecer esa capacidad financiera”, dijo el viceministro.

Precisó que se acordó hacer la revisión de las finanzas del instituto, el proceso de inversión para mejorar su generación, en la cual se evidencia mejores indicadores financieros que son considerados como estables, así como su posición de caja (reservas).

“Nos hemos sentado este año para revisar la tarifa social y continuamos en la necesidad que pueda hacer un análisis exhaustivo en sus balances financieros para determinar el monto y si el Estado debería de proporcionar apoyo al Inde y en segunda instancia de que monto especificó”, afirmó.

Enríquez, confirmó que el instituto informó que sólo puede aportar el 15% de su balance a la tarifa social y en las discusiones de años anteriores, la necesidad de hacer una revisión de ese porcentaje y los criterios que se adoptan, para poder incrementarse, considerando los movimientos de caja.

El viceministro añadió que, de acuerdo al Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), las reservas del Inde pasaron de Q968 millones del 2015 a Q2 mil 42 millones al 31 de diciembre del 2018 y bajo esa perspectiva se pueda revisar ese fortalecimiento de caja.

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Beltetón agregó que, si no llega a cubrir el aporte del Ejecutivo para este año, se impactarán alrededor de 1.7 millones de usuarios, que a su vez repercutirá en 9.8 millones de guatemaltecos que están dentro del rango de tarifa social y que son los beneficiados.

Aporte

El gerente afirmó que desde el 1999, cuando entró la vigencia el aporte a la tarifa social, hasta la fecha se han entregado Q13 mil millones como subsidio.

“El Inde no crece, es una empresa pública y no hay más proyectos”, dijo el gerente.

Además, informó que hay distribuidoras que adeudan más de Q2 mil millones.

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La retención del alcalde de Coatepeque, Alfonso García-Juncos Hemmerling, desde este jueves a las 14 horas, por pobladores inconformes con la reconexión y cobro del servicio de energía eléctrica, podría impactar la economía de la región. 

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Según García, el problema es de índole social y político pero afecta la economía de Quetzaltenango ya que “demuestra la ingobernabilidad del país”.

El empresario enfatizó que rechazan las acciones ilegales en contra del alcalde y piden que se proteja la vida de un hombre “que de una u otra manera le está sirviendo al departamento”.

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“Después de la cabecera departamental, Coatepeque es el municipio más importante en la generación de impuestos para el estado y arbitrios para su municipalidad; además, por estar cercano a la frontera sur de México, con estos conflictos, se bloquea la actividad económica entre uno y otro país. Es urgente que se le preste atención al momento que está viviendo Coatepeque”, concluyó. 

Otto Vargas, coordinador de la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango, indicó que esta problemática perjudica la inversión.

“Generamos un clima de negocios que no atrae inversionistas y no crea una seguridad para invertir en el departamento, se deben solventar estos problemas sin afectar la actividad económica de un territorio, al retener al alcalde y hacer este tipo de acciones se manda un mensaje negativo del departamento, dentro y fuera del país, lo que aleja la inversión”, dijo Vargas.

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El coordinador refirió que Coatepeque es uno de los municipios que más aporta a la economía de la región, pero que a la vez tiene “índices considerables de delincuencia y crimen, así como conflictos sociales”.

De acuerdo con Barrios, lo que sucede en Coatepeque es una alerta a la que se debe poner atención. “Dado el incremento de problemas sociales que se podrían resolver dialogando y poniendo atención a los diferentes actores que intervienen, es un alerta de que la población está cansada de ser mal atendida”.

Barrios señaló que en los próximos días el colectivo elaborará un pronunciamiento por la preocupación que tienen a causa de los problemas de conflictividad que hay en el país, “incluidos aquellos que son por la energía eléctrica”.

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¿Qué figura se puede aplicar a la situación que vive el alcalde de Coatepeque, desde ayer a las 14 horas?

El Código Penal es de orden público, no se puede negociar. En el artículo 201 se establece indica que comete plagio o secuestro con el propósito de lograr un rescate, canje de personas o la tomar de alguna decisión, eso encaja perfectamente. Es un delito contra la libertad que tiene una pena de 25 a 50 años.

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Generalmente no se persigue a los pobladores que retienen a otras personas ¿Cómo ve esta situación?

No se ha hecho, vivimos en un contexto de abiertas y repetidas ilegalidades y por tranquilidad social las hemos obviado, pero eso no quita que formalmente son delitos; el artículo 201 encaja en este caso.

Anoche se interpuso una exhibición personal en favor del alcalde, pero no se ha hecho ¿Cuánto debe tardarse un juez en practicar la acción?

La ley de amparo dice que es inmediato, la recibe la instrucción y se debe movilizar. Si hay una institución solemne, sagrada, es la exhibición personal, ya debería estar ahí. Esto solo desnuda nuestra debilidad e impotencia frente a un delito, no organizado, sino generalizado.

¿Cómo se podría obligar a un juez a acudir a un lugar que es arriesgado?

El juez que no acude de inmediato comete delito, pero hay justificación de no ir cuando la situación es complicada -se dice que los pobladores están encapuchados, armados y bajo efector de licor-. Aunque incumple, es más que justificada la situación de un juez que no quiera ir, no es por decidía; formalmente es incorrecto, pero en un contexto general es entendible.

¿Qué refleja esto del Estado?

Se está desgranando como un castillo de arena se está desmoronando la estructura del estado de Derecho en Guatemala.

¿Cómo podemos evitarlo?

El primer paso es consolidar el Organismo Judicial, luego la coordinación entre el Organismo Judicial con las fuerzas de seguridad; uno diría que entren las fuerzas de seguridad, pero qué, cómo, ¿con bombas o metralletas? No, en el contexto social no podemos ser simplistas, en un laberinto de circunstancias que complican la situación. Creo que deberíamos comenzar en la próxima elección en ser muy vigilantes de los candidatos y del voto para aquellos que van a administrar la cosa pública, en el Ejecutivo, alcaldes y Organismo Judicial, que coincidentemente todo es en el 2019.

Ha habido varios conflictos recientes, policías retenidos y desarmados en una hidroeléctrica en Baja Verapaz, patrulleros armados en Bárcenas, Villa Nueva, hombres armados que disparan a un vehículo diplomático ¿Qué es lo que ocurre para que se den hechos como estos?

Las masas informes de pobladores, que podemos llamar turbas, se dieron cuenta, no de que tengan poder, sino de que no tiene oposición o rival. Las turbas ven que tienen libre accionar sin oposición y se va a seguir complicando. Es una Es una gangrena que va creciendo y va a llegar a apestar a todo el sistema.

¿Qué deberían hacer las autoridades actuales para evitar estos focos de conflictividad?

Creo que la autoridad, léase la Policía Nacional Civil, debería usar un poco de más músculo y de autoridad, aún a riesgo de derechos humanos, pero advertir previamente que no se quiere dañar a nadie y que deben retirarse, mostrar garra y tomar las riendas, porque si no se está desmoronando como castillo de arena, en ese proceso estamos.

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