¿Quiénes son los cabecillas de la estructura DiMassimo Spa que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras?

Las autoridades informaron sobre la captura de dos cabecillas y seis de colaboradores de una estructura dedicada a la explotación sexual.

la Redacción

1 de agosto de 2025

|

11:03h

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La salvadoreña Irma Eloísa Molina Alvarado, de 38 años, conocida como la Muñeca, y Fernando Antonio Morales Chinchilla, 37, serían los cabecillas de la estructura criminal DMS o DiMassimo Spa, dedicada a la explotación sexual. (Foto Prensa Libre: PNC)

Las investigaciones demostraron que, presuntamente, la salvadoreña Irma Eloísa Molina Alvarado, de 38 años, conocida como la Muñeca, y Fernando Antonio Morales Chinchilla, 37, serían los cabecillas de la estructura criminal DMS o DiMassimo Spa, dedicada a la explotación sexual.

De acuerdo con la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), los dos cabecillas, junto a sus colaboradores, se dedicaban a la captación, traslado, acogida y retención de víctimas extranjeras, principalmente de origen colombiano y venezolano, con fines de explotación sexual.

“Las víctimas eran retenidas en negocios que operaban como fachadas de establecimientos lícitos, tales como spa, bares y restaurantes registrados formalmente, pero cuya actividad real era parte de un esquema de trata de personas y lavado de dinero”, señaló el MP.

Molina Alvarado y Morales Chinchilla son señalados por los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Colaboradores de la estructura DMS capturados

• Astrid Pamela Santiago Cojón: trata de personas en su modalidad de explotación sexual, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
• Carlos Enrique Román: trata de personas en su modalidad de explotación sexual, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
• Consuelo Guevara García: promoción, facilitación y favorecimiento de la prostitución y asociación ilícita.
• Joel Moisés García Pérez (salvadoreño): detenido por los delitos de promoción, facilitación y favorecimiento de la prostitución y asociación ilícita.
• Juventino Godoy Florian: trata de personas en su modalidad de explotación sexual y asociación ilícita.

Las autoridades señalaron que inmovilizaron cuentas bancarias y vehículos a nombre de los integrantes de la estructura criminal. Además, rescataron a tres víctimas de explotación sexual de nacionalidad colombiana

Bienes incautados

• 2 vehículos
• 16 teléfonos
• Q6,355.40
• USD 0.55 dólares estadounidenses
• 21 mil 200 pesos colombianos
• 8.00 pesos mexicanos

PNC y MP desarticulan otra red de trata en Suchitepéquez; rescatan a cuatro menores

De forma simultánea, la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo del Ministerio Público (MP), llevó a cabo 17 allanamientos en Suchitepéquez contra una estructura dedicada a la trata de personas.

Los investigadores informaron que las diligencias derivaron del seguimiento a una denuncia presentada en el 2023 por una víctima de explotación sexual.

Las pesquisas demostraron que la estructura criminal captaba a mujeres para explotarlas en centros nocturnos. Durante los allanamientos, las autoridades rescataron a cuatro menores de edad, incautaron siete teléfonos celulares y Q6,743.

Delitos de las 10 personas capturadas en Suchitepéquez

• José Alberto Cárdenas Sánchez: trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
• Wendy Isabel Tovar Matzar: trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
• Elman Josué Ely Monzón Reyes: actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad.
• Ingrid Janeth Matzar Santizo: trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
• Luis Alberto Hernández González: trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
• Leydi Sucely Valencia Castellanos: trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
• Jacqueline Elizabeth Alva Matzar: trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
• Dora Marina Lopreto Sánchez: remuneración, promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.
• Tomás Palencia Curruchiche: remuneración, promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.

MEM corre contra el tiempo para cierre de pozos en campos operados por Perenco y hay cinco empresas interesadas

El Ministerio de Energía y Minas continúa con la implementación de medidas para el proceso de cierre de los pozos del campo petrolero Xan, a cargo de la empresa Perenco, y tiene previsto realizar una licitación en la cual los oferentes serán precalificados.

Rosa María Bolaños

29 de julio de 2025

|

05:00h

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El contrato a cargo de Perenco Guatemala está por concluir luego de 40 años de vigencia, para explotar petróleo en el campo Xan, San Andrés Petén. (Foto, Prensa Libre: archivo Perenco).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) sigue los procesos de cierre de los pozos con base en la ley y el contrato vigentes, los cuales establecen que el plazo del contrato identificado como 2-85 finaliza el 12 de agosto próximo, explicó el viceministro de Energía y Minas, encargado del área de Hidrocarburos, Carlos Ávalos.

El funcionario expuso, durante una citación en el Congreso convocada por el diputado José Chic, de la bancada Vos, que se trabaja en un proceso de licitación para contratar servicios petroleros de una empresa que se encargue del cierre de los pozos.

La decisión está respaldada en el acuerdo 2010-2025 del MEM, que establece la urgencia de contratar una empresa para ejecutar el cierre, el desmantelamiento de las instalaciones y el abandono del campo petrolero Xan, ubicado en el bloque H-2-84, en San Andrés, Petén, debido a que el 12 de agosto próximo vence el contrato 2-85, actualmente operado por Perenco Guatemala Limited.

Al ser cuestionado por el parlamentario sobre qué se hará, debido a que restan aproximadamente 15 días para el vencimiento del contrato, Ávalos indicó que existen licitaciones completamente abiertas que pueden demorar, pero también se contempla la licitación directa, en la que compiten únicamente las empresas que hayan sido precalificadas. Indicó que ya se trabaja bajo esta modalidad.

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El viceministro afirmó que, al menos, cinco empresas han manifestado su interés en participar. Aunque se excusó de proporcionar los nombres durante la citación, mencionó que algunas de estas están en proceso de conocer los requisitos y presentar su documentación para el evento.

Chic insistió en que es irresponsable que, a menos de 15 días del vencimiento del contrato, aún no se haya contratado a la empresa encargada del proceso de cierre de los pozos.

Ávalos respondió que el personal del MEM podrá encargarse temporalmente, ya que fue capacitado por la empresa Pemex para esa labor.

Añadió que Pemex brindó al país asistencia técnica puntual para el cierre de pozos, capacitación que duró entre cuatro y cinco semanas. Durante ese tiempo, entre tres y cuatro técnicos de la empresa mexicana visitaron Guatemala, y también personal del MEM viajó a México por tres o cuatro días para observar el proceso de cierre en los campos petroleros de Pemex, lo cual permitió cubrir tanto el aspecto técnico como el ambiental.

Sobre el monto que se deberá invertir en el cierre técnico de los pozos, Ávalos mencionó que aún no hay una cifra total estimada, ya que fue hasta el miércoles de la semana pasada que recibió datos globales sobre el costo de cerrar un pozo.

Agregó que no se puede extrapolar una cifra, porque cada pozo es distinto, aunque se manejan promedios que oscilan entre los US$400 mil y US$600 mil por pozo.

Hace dos semanas, cuando se publicó el acuerdo que declara de urgencia la contratación de una empresa para el cierre de pozos en el campo Xan, el viceministro de Energía, Juan Fernando Castro, declaró que el Estado tendría que invertir alrededor de US$50 millones en esa labor, debido a que el contrato no establecía esa obligación para la empresa.

Por su parte, el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, declaró en la citación del lunes 28 de julio que también se cuenta con un plan de cierre ambiental.

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De aprobarse iniciativa de ley presentada al Congreso por parlamentarios oficialistas, podría ampliarse contrato de Perenco en el campo Xan, Petén, para seguir produciendo y quedaría a su cargo la obligación del cierre técnico de los pozos.

Rosa María Bolaños y Urias Gamarro

23 de julio de 2025

|

05:00h

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El Contrato de explotación petrolera del Campo Xan, en San Andrés Petén, empezó en 1985 por 25 años, y fue prorrogado en el 2010 por 15 años, que se vencen en agosto del 2025. (Foto, Prensa Libre: cortesía).

A pocas semanas de vencerse el contrato 2-85 de explotación petrolera en el campo Xan, en el Congreso se presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Hidrocarburos que obligaría a las empresas a establecer y cumplir con un plan de cierre técnico y recuperación ambiental, pero también abriría la posibilidad de prorrogar el contrato por hasta ocho años.

Otro de los artículos de reforma establece que, para la prórroga de contratos de operaciones petroleras de explotación y exploración, deberá aumentarse la regalía originalmente pactada, la cual no podrá ser menor del 10%.

El contrato 2-85 del campo petrolero Xan, ubicado en San Andrés, Petén, es operado actualmente por la compañía francesa Perenco Guatemala Limited y vence el próximo 12 de agosto, tras finalizar 25 años de plazo original y 15 de prórroga. Con la ley vigente, no puede ser prorrogado nuevamente.

El Gobierno informó que dicho contrato no contiene un plan de cierre técnico y ambiental, por lo que el Estado deberá asumir ese costo, estimado en unos US$50 millones.

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¿Qué se propone?

La iniciativa de ley, que consta de siete artículos, fue presentada a la Dirección Legislativa del Congreso de la República el 14 de julio último por los diputados Mirna Victoria Godoy Palala y José Carlos Sanabria Arias, del Movimiento Semilla.

Según la propuesta, se adicionaría el artículo 12 bis a la Ley de Hidrocarburos (Decreto Ley número 109-83), el cual establecería que todo contrato de operaciones petroleras debe incluir un plan de cierre, desmantelamiento y abandono del área de operaciones para la restauración ambiental. Este plan deberá ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Se especifica que el plan debe contemplar las actividades que el contratista debe ejecutar para cerrar administrativa, financiera, técnica, jurídica y ambientalmente las operaciones, con el objetivo de devolver a su estado natural las zonas intervenidas.

De aprobarse, las reformas serían aplicables a todo contrato vigente al momento de la entrada en vigor de la ley. En los contratos cuyo plazo venza en los próximos tres años, el contratista deberá presentar el plan en un plazo máximo de seis meses, junto con una fianza de cumplimiento que garantice su ejecución.

Los contratos que hayan sido prorrogados y cuyo vencimiento ocurra en menos de 18 meses, y que carezcan de un plan de cierre, desmantelamiento y abandono, podrían obtener una última prórroga de hasta ocho años, si el MEM lo considera adecuado, con base en la opinión del órgano técnico y en resguardo de los intereses del Estado. El fin es asegurar la recuperación ambiental del área.

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En otro artículo se plantea que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) podría emitir opinión favorable al plan, aun cuando no esté contemplado en los planes maestros, siempre que cumpla requisitos técnicos.

Las condiciones para la prórroga incluyen un aumento en la regalía, que no podrá ser menor del 10%. Se propone la siguiente distribución:

• 10% para los Consejos Departamentales de Desarrollo, según el número de población.
• 30% para los Consejos Departamentales de Desarrollo de los departamentos con producción petrolera, distribuidos entre sus municipios.
• Las asignaciones anteriores deberán destinarse a infraestructura, desarrollo rural, energías renovables, espacios culturales, turismo sostenible e inversión social.
• 40% para programas ejecutados en los departamentos con actividad petrolera, a través de los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Agricultura, Ambiente, Energía y Minas, Defensa Nacional y Gobernación.
• 20% para entidades encargadas de vigilar y recuperar áreas protegidas.

Posturas

Se buscó la opinión del diputado Sanabria, pero no respondió. Samuel Pérez, del mismo bloque, expresó su apoyo a la iniciativa y señaló que responde al objetivo del Ejecutivo de garantizar un cierre responsable de la actividad petrolera en Petén. Dijo que la propuesta busca permitir el cierre adecuado de los pozos, evitando consecuencias ambientales graves. De aprobarse, la empresa deberá asumir dicha tarea.

Sobre si hay tiempo para aprobar la ley antes del 12 de agosto, Pérez considera que sí, y que el trámite deberá acelerarse en las primeras sesiones ordinarias tras el receso parlamentario, el 1 de agosto.

Consultado sobre si las reformas permitirían continuar la explotación de los pozos que aún tienen reservas, respondió que sí, hasta permitir el cierre responsable.

Se solicitó la postura del MEM y del Gobierno sobre una posible prórroga a Perenco, pero no respondieron.

Propuesta oficialista, inviable

Orlando Blanco, de la bancada VOS, indicó que a inicios del año hubo interés —especialmente de diputados de Petén— en presentar una iniciativa para ampliar el contrato con visión de cierre del campo. Señaló que el Ejecutivo, a través del MEM, elaboró una propuesta que nunca fue presentada al Congreso y consideró que el Gobierno actual no prorrogará contratos.

Recordó que en 2023 hubo un intento de avanzar con la iniciativa 6120, que data del 2022, pero no prosperó.

Respecto de la iniciativa actual, Blanco la calificó como inviable y como una maniobra de justificación para el cierre de operaciones. Consideró que no tiene posibilidad de aplicación.

Agregó que el presidente Arévalo debería aprovechar su reunión con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, en agosto, para solicitar cooperación técnica para el cierre del campo en Petén.

Jorge García Chiu, exviceministro de Energía y Minas, señaló que lo establecido en el artículo 5 —sobre que las nuevas condiciones apliquen a contratos vigentes— no es legalmente viable, ya que la ley solo es retroactiva cuando beneficia al reo, en materia penal. Además, consideró irrelevante el resto de la iniciativa, ya que con el vencimiento del contrato 2-85 prácticamente finalizaría la explotación petrolera en el país. Ese campo representa el 85% de la producción nacional. Según García, el gobierno anterior debió licitar internacionalmente la administración del campo, que es propiedad del Estado, no de Perenco.

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Estado asumirá US$50 millones por cierre de campo Xan a cargo de Perenco y el MEM plantea dos escenarios

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó el acuerdo para contratar servicios de cierre del campo Xan, en San Andrés, Petén, que concluye en agosto, por lo que se interpreta que el Ejecutivo ya no prorrogará el contrato y que la explotación en esa área llegó a su fin.

Urias Gamarro y Rosa María Bolaños

19 de julio de 2025

|

00:10h

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El MEM publicó los servicios para contratar a una empresa para ejecutar el cierre, desmantelamiento de instalaciones y abandono del campo petrolero Xan. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Guatemala pondrá fin a la explotación petrolera en los campos Xan, ubicados en San Andrés, Petén, debido a que el contrato de prórroga otorgado por el Ejecutivo en el 2010 por quince años vence en agosto próximo y no será renovado.

En el Congreso de la República se da por hecho que el Ejecutivo no continuará el proceso relacionado con la iniciativa que propone reformas a la Ley de Hidrocarburos y a los contratos de explotación petrolera.

El Estado deberá asumir el costo de alrededor de US$50 millones (Q385 millones) para el cierre técnico y ambiental de los pozos en el campo Xan, a cargo de la compañía Perenco. Según el MEM, se analizan dos escenarios.

Cierre técnico

El MEM anunció que contratará de urgencia a una empresa para ejecutar el cierre, desmantelamiento de instalaciones y abandono del campo petrolero Xan, en el bloque H-2-84, San Andrés, Petén, debido a que el 12 de agosto vence el contrato de explotación 2-85, actualmente a cargo de Perenco Guatemala Limited.

El contrato fue firmado en 1985 por un plazo original de veinticinco años y venció en 2010. Con base en la Ley de Fonpetrol (Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación), se otorgó una ampliación por quince años, vigente hasta el 2025.

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Para declarar la emergencia, el MEM emitió el Acuerdo Ministerial 207-2025/SG, el 10 de julio del 2025, publicado el mismo día. Este fue derogado por el Acuerdo Ministerial 219-2025/SG, emitido el 17 de julio y publicado el 18.

Contribuyentes asumirán costos

El viceministro de Energía, Juan Fernando Castro —firmante del primer acuerdo— explicó que, según la legislación vigente, el Estado deberá asumir el costo del cierre, lo que representará un desembolso de unos US$50 millones. El cierre podría durar cuatro años y se pedirá al Ministerio de Finanzas (Minfin) asignar presupuesto proporcional para este ejercicio fiscal y programar el resto para los años siguientes.

Castro aclaró que el contrato no contemplaba el cierre técnico ni la compensación por pasivos ambientales, aspecto que debió incluirse en la ampliación otorgada en 2010. Reiteró que la posición del MEM es que el contrato concluye por vencimiento.

“El cierre de los pozos no es llegar y echar llave; es un proceso de ingeniería que requiere asegurar el sellado adecuado”, explicó Castro. Agregó que personal técnico del MEM ya inició una capacitación especializada en México.

Inventario y extracción

Castro detalló que hay unos 70 pozos abiertos y se estima que aún hay unos ocho millones de barriles de petróleo. Sin embargo, bajo la legislación y contrato actual, ya no se pueden explotar.

Escenarios posibles

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, en una entrevista radial, explicó que la compañía Perenco operó conforme a la legislación y el contrato vigente. Reconoció que la extracción tiene impacto ambiental, pero recordó que la legislación de 1983 solo contempla el eje económico.

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Ventura indicó que se evalúan dos escenarios: uno con la legislación actual, que implicaría el cierre en unos 36 meses; y otro, si se aprueban reformas para un cierre técnico programado, que permitiría extender el proceso a seis u ocho años, financiado con ingresos petroleros, sin costo para el Estado.

Consultado sobre la posibilidad de que Perenco continúe, Ventura respondió: “Ojalá pudiera ser otra empresa”. Añadió que este segundo escenario permitiría operar la refinería de asfaltos y el oleoducto.

Sin propuesta oficial

El diputado Julio Héctor Estrada, de la Comisión de Energía del Congreso, indicó que desde marzo se alertó sobre el vencimiento del contrato y la necesidad de reformas para un cierre técnico y financiamiento de la recuperación ambiental en la zona de explotación.

Al igual que el ministro Ventura, el diputado, mencionó que la idea era que el Congreso aprobará una ampliación del contrato (temporal) para hacer un cierre paulatino de los pozos de explotación y con la producción petrolera los recursos estuvieran pagando el cierre técnico, la recuperación ambiental y la continuidad de una parte de asignaciones a las comunidades y municipalidades de Petén por tres o cuatro ejercicios.

Confirmó que ni el MEM ni el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales presentaron propuesta después de Semana Santa.

Señaló que existió un borrador de iniciativa, pero no se presentó. Estrada lamentó que el Ejecutivo no enviara la iniciativa y concluyó que ahora se deberá contratar una empresa que realice el cierre técnico, financiado con fondos públicos.

El estudio valora que las condiciones deplorables en las que trabajan estas niñas son parte de las “prácticas racistas” y de la injusticia social que padece el país.

El director del Programa de Derechos Humanos y Democracia/Guatemala de PADF, Alejandro Zepeda, dijo a la Voz de América que la investigación cubrió 292 tortillerías que reclutaron a menores en áreas rurales donde existe pobreza y pobreza extrema.

“Se logró identificar a más o menos 150 – 160 (tortillerías) donde había presencia de niñas y adolescentes”, explicó Zepeda.

De acuerdo al estudio, las menores son sometidas a largas jornadas de trabajo y condiciones infrahumanas.

Quienes las reclutan para ir a trabajar ofrecen un salario que va desde los 800.00 quetzales (103 dólares aproximadamente) a 1.000.00 quetzales (129 dólares) al mes y un lugar donde dormir a cambio de que los padres autoricen que sus hijas trabajen en estos sitios.

“[El salario de las menores] representa menos de un tercio del salario mínimo aún en esas condiciones de trabajo extremo. Ocho de cada 10 niñas y adolescentes que entrevistamos no estudian”, explicó Zepeda.

Las ocho niñas -agregó- explicaron sus aspiraciones de ir a la escuela.

El estudio resalta que las condiciones de este trabajo impactan negativamente ​el derecho a la salud física, salud mental, educación, vivienda, recreación, alimentación y vida digna de las menores.

“[Sin embargo] su abordaje genera conflictividad en un país cuyo porcentaje de población en pobreza extrema se incrementa cada vez más”, dijo Zepeda.

Las autoridades aseguran que han realizado operativos para rescatar a las menores que son explotadas y trabajan en la prevención.

“Nosotros llamamos a la denuncia y esperamos que eso suceda y resultados hemos tenido bastante positivos en tortillerías y abarroterías”, aseguró Franklin Azurdia de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

Se estima que hay más de un millón de menores de edad que trabajan en vez de estudiar, para aportar económicamente a sus familias. Muchos otros optan por emigrar a Estados Unidos.

[Colaboración Lenny Castro]

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), citados por el Ministerio de Finanzas como un riesgo para los ingresos del Estado, las reservas remanentes del campo petrolero Xan que aporta alrededor del 85% de la producción nacional se agotarían en 10 años.

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Ruiz comenta al respecto de esas condiciones y la situación de la industria actual, aparte de las mencionadas por los ministerios, expone que se tendría que evaluar la viabilidad del oleoducto y que Guatemala tendría que importar más asfalto, material que se deriva del petróleo.

¿Cómo está el sector de extracción petrolera en el país?

La industria petrolera es un sector que requiere mucha investigación y mucha inversión permanente para poder mantener cierto nivel de producción y necesita aún más para crecer.

No ha habido en el país más licitaciones recientemente, y de la última ronda de licitación en el 2012 solamente se llegó a firmar dos contratos, los demás solo se quedaron estancados.

El tiempo de exploración de cualquier campo es entre 6 o 7 años si bien le va. Además, que ese tiempo arranca a partir de que las empresas ya tengan su estudio de impacto ambiental, antes no pueden hacer nada. Eso ha pasado con los dos campos que lograron firmar contrato en la última licitación por lo que no han podido empezar a trabajar, es decir iniciar la exploración, porque todavía no tiene su estudio.

¿Cuál es la situación de los contratos ya existentes?

Los contratos que ya están, para poder hacer más exploración también necesitan hacer inversiones y tener ciertos términos adicionales que no se tienen.

En el caso (del campo) Xan además de todo, está el tema de la falta de aprobación de la actualización del instrumento ambiental que Perenco presentó hace varios años y no ha sido aprobado, eso tampoco ayuda.

Eso no deja que se pueda continuar con las tareas de exploración y explotación como debe ser. En esa misma situación se encuentran algunos otros casos que son necesarios resolver, si no la declinación que hay ahora en la producción va a continuar.

Si nos se encuentran nuevas reservas ni nuevos yacimientos dentro de lo que ya está o dentro de lo que está por explorar lastimosamente la producción solo a va a seguir bajando.

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Según datos oficiales hay nueve campos operando ¿Qué otros casos ya iban en camino y no se han logrado concretar?

Casi todos tienen alguna razón de fondo por la que no han podido continuar con la tarea de exploración o explotación, ya sea permiso ambiental, permiso técnico, o inclusive a veces hay temas de comunidades y otros.

No se pueden llevar a cabo las inversiones como debería de ser y eso está afectando mucho el crecimiento y la sostenibilidad de la producción.

Las empresas lo que han tratado de hacer últimamente son trabajos pequeños, a los que se les denomina trabajos de remediación como mantenimiento en pozos que ya están, para tratar de levantarlos un poco y recuperar algo de inversión. Sin embargo, eso es algo que declina muy rápido porque como son pozos viejos, con cierto período de producción llegan a recuperar algo temporalmente, pero vuelven a bajar bastante rápido.

¿Aún está paralizado el interés de inversión?

Son alrededor de US$50 millones, ese es el cálculo de los programas de trabajo que tienen planificado las empresas petroleras pero que por permisos, licencias o similares que le comenté, no se han podido ejecutar.

En algunos casos los tramites se demoran en temas administrativos. No es culpa de nadie en específico, sino que así está diseñado el sistema y la ley o el reglamento que corresponda y eso es lo que hay que hacer más eficiente y más atractivo para que las inversiones se puedan hacer más rápido. No es lo mismo pretender traer un equipo para trabajo cuando su trámite de importación dura un año que si durara un mes.

¿Cómo ve el futuro de esa industria en Guatemala?

Perenco tiene un contrato adjudicado en la licitación del 2012 pero no se los firmaron.

¿Esa licitación tuvo algún éxito?

No tuvo éxito porque algunos contratos se quedaron firmados por el Ministerio (de Energía y Minas) pero no se ha aprobado el acuerdo gubernativo que manda la ley, entonces no entraron en vigencia.

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¿El país está en condiciones para lanzar otra licitación o buscar más inversión?

Definitivamente el recurso está, los estudios anteriores que están en el Ministerio de Energía y Minas muestran que las reservas sí existen, el problema es que esto tiene que volverse una política de Estado de largo plazo.

Los países que han logrado levantar la inversión petrolera a nivel mundial son lo que se han dedicado e invertido con ganas en definir una política de este tipo, y que saben que lo resultados no se dan en cuatro o en ocho años, se da mucho más lejos.

Entones se tiene que mantener algo sostenido y coherente por un largo período de tiempo. El gobierno tiene que poner también de su parte en cambiar algunas de las reglas del juego.

¿Qué reglas se necesitan cambiar?

Hay que modernizar la ley, hacer más atractiva a Guatemala para que el inversionista extranjero llegue.

La industria petrolera está moviéndose mucho a nivel internacional y obviamente como Guatemala tenemos que hacernos más interesantes. Se necesita trabajo para que los inversionistas piensen por qué venir acá y no irse a Colombia, a Ecuador o a México.

¿Cuál es la diferencia entre lo que ofrecen otros países y Guatemala?

Una de las primeras cosas son los plazos contractuales. Esos plazos en la mayoría de países arrancan después del período de exploración y se prorrogan hasta que el yacimiento sea económicamente viable. Eso le da certeza jurídica a cualquier contrato, sobre todo considerando los montos de las inversiones que hay que hacer en esta industria.

Aparte está el manejo de las regalías y la participación ya que la mayoría de países las tienen por producción pero en Guatemala la tenemos por API, es decir por calidad del crudo.

Eso es algo que en algunos casos hace menos viables los contratos desde el punto de vista económico, las regalías que se pagan aquí son muy altas. El factor de pago en total entre de regalías y participación de industria petrolera al Estado, alcanza alrededor del 40%. Es decir que de la facturación el 40% se lo queda el Estado.

Es interesante, pero hay contratos a los cuales basarse en el API les puede afectar mucho y ya no los hace tan atractivos.

¿En otros países a qué porcentaje llegan esos rubros?

En algunos casos pagan entre el 12% o el 20%. Hay distintas reglas ya que hay países que solo pagan regalías y no participación otros tienen las dos cosas, hay otros que tienen regalías y un pago extraordinario cuando la producción o el precio sube de cierto nivel. Cada ley es diferente pero lo que trata de buscar es la mayor cantidad de producción posible.

Constantemente se escucha que el petróleo que se extrae en Guatemala no es de la mejor calidad por lo que no genera más interés de inversionistas. ¿Cuál es la situación en ese sentido?

No es tan así, en Guatemala hay petróleo de diversas calidades y es uno solo. Hay petróleos que son muy buenos para asfalto, otros son muy buenos para refinar y conseguir diésel y gasolinas. Tenemos de distintas calidades y de API. Realmente no hay petróleo malo sino lo que hay es petróleo pesado, ácido y light.

El de Guatemala lo que tiene es que es un petróleo ácido con alto contenido de azufre, eso implica que los costos de extracción de un barril de petróleo en Guatemala son mucho más altos que en otros países, que es otra de las consideraciones que se debe tomar en cuenta a la hora de atraer la inversión.

Respecto a los datos del Gobierno que refieren un pronto agotamiento de las reservas. ¿Si se llega a ese agotamiento en el campo Xan qué impacto tendría el país?

Lo primero son los ingresos que genera que están en alrededor de US$50 millones para el Estado, más la inversión en programas sociales que lleva a cabo la empresa en la zona.

Pero además de eso habría que revaluar la viabilidad del oleoducto. La tarifa por el uso se define en base a volumen y si la producción del campo Xan ya no existe el oleoducto se volvería inviable.

También está la refinería que produce asfalto con el crudo del campo Xan. Si ya no existe ese crudo tampoco habrá asfalto local tendremos y que pasar de ser casi autosuficientes en asfalto a tener que importarlo, ya que en la actualidad no se importa tanto.

Esperamos que con el nuevo gobierno tengamos un nuevo impulso para la industria y que podamos revertir todo lo sucedido, que podamos hacer nuevas inversiones y que nuevamente crezcan las reservas del país.

Lugar complicado para la industria petrolera

Jorge García Chiu, exministro de Energía y Minas, dijo que aparte del estancamiento en exploración y explotación las empresas que sí han explorado no han tenido los resultados esperados.

Hay una tendencia a producir cada vez menos mencionó. También tiene relación con el lugar donde se ubican los yacimientos, explicó, ya que los niveles del potencial de los yacimientos de Guatemala aumentan conforme se acercan a México. Sin embargo, mencionó que la explotación en el lugar es complicada porque son áreas protegidas, además de la Reserva de Biosfera Maya donde no está permitida esa actividad.

“El sector de explotación de petróleo pareciera no tener mucho futuro en el país. De la cuenca del norte que cubre Estados Unidos y México, a Guatemala le quedó poco, solo unas gotas”.

El consultor considera que en 10 años el campo Xan podría ya no ser rentable porque para extraer más petróleo enfrenta el problema que necesita inyectar más agua a presión y suben los costos.

Conceptos

• Reservas remanentes: Es el volumen de hidrocarburos que queda por producirse económicamente de un yacimiento a determinada fecha con las técnicas de explotación que se estén aplicando. Es decir, es la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de hidrocarburos en una fecha específica.
• API: Escala de gravedad específica desarrollada por el Instituto Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute, API) para medir la densidad relativa de diversos líquidos de petróleo, expresada en grados.

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La actriz negó tajantemente haberse aprovechado de menores camboyanos a la hora de elegir su elenco.

Tanto la actriz como el enviado especial de la ONU reclutaron a niños locales para protagonizar su película sobre el régimen de los Jémeres Rojos, el que provocó uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad a fines de la década de los 70.

Jolie habló con Vanity Fair sobre la película y explicó cómo usaban un juego para el casting que implicaba ofrecerles dinero a niños pobres y luego quitárselo, para preguntarles para qué lo querían.

En la entrevista, Jolie cuenta cómo los directores entraron en barrios marginales y orfanatos para encontrar actores. Buscaban “específicamente a los niños que habían sufrido dificultades”. 

La entrevista causó indignación y muchos acusaron a Jolie de “explotadora”.

“Abrumada de emoción”

A fin de encontrar a la protagonista, los directores de casting organizaron un juego bastante peculiar.

Este consistía en poner dinero sobre una mesa y pedirle a los niños que pensaran en algo para lo que necesitaran el dinero. Luego debían robarlo. El director fingía atrapar al niño y este tendría que inventar una mentira.

“Srey Moch [quien fue seleccionada para el papel principal] fue la única niña que observó el dinero durante mucho, mucho tiempo”, le dijo Jolie a la revista.

“Cuando se vio obligada a devolverlo, se sintió abrumada de emoción… y cuando se le preguntó más tarde para qué era el dinero, contó que su abuelo había muerto y que no tenían suficiente dinero para un funeral decente”.

Jolie, quien dirigió la película de Netflix, dijo que era “falso y desagradable” que la gente interpretara mal su descripción del proceso de casting.

“Me molesta que un ejercicio fingido en una improvisación, a partir de una escena real de la película, se haya descrito como si fuera un escenario real”, expresó Jolie en un comunicado.

“El objetivo de esta película es llamar la atención sobre los horrores que los niños enfrentan en la guerra y ayudar a luchar para protegerlos”, agregó.

“Se tomaron todas las medidas para garantizar la seguridad, el confort y el bienestar de los niños en la película, desde las audiciones a través de las audiciones e incluso hasta hoy”, dijo.

Ese ente refirió que con el tipo de cobro que estaba vigente,  basados en el acuerdo 387-2015, “no permite al Estado cumplir con las políticas y planes de gobierno, del sector minero”, según se los fijan la Constitución y la Ley Minera.

Jorge García Chiu, exministro de Energía, refirió que esas acciones podrían desincentivar la minería en general, que está en decadencia. Mientrtas que para en el caso de materiales de construcción será afectada a la población, puesto que representará un mayor pago para construcción y remodelación de viviendas, edificios estatales, e infraestructura vial.

“De esta forma, prácticamente nos están subiendo de forma indirecta un impuesto  a la población, criticó.

Los cambios

Para calcular el valor de la unidad, se establece un factor base según el tipo de mineral o de actividad a realizar y el mineral, esa unidad se aplica por kilómetro cuadrado, según los artículos 66 y 67 de la Ley Minera.

Para la exploración se fija un valor base de Q200 y un factor mineral de 5, por lo que el cobro de la unidad es de Q1 mil. En el acuerdo anterior no se identificaba con ese nombre.

Por ejemplo con la tabla vigente hasta el lunes para la actividad de explotación de piedras preciosas la base era de Q100 multiplicado por el factor mineral de 5, lo que hacía Q500 por unidad, a partir del martes 10 de enero subirá a Q1 mil por unidad, ya que el valor base subió a Q200.

Para el pago del canon para explotación de materiales de construcción el valor de la unidad era de Q100, pero a partir del martes será de Q600. Esto se debe a que el valor base sube a Q300 y el factor mineral a 3.

A continuación observe la tabla que entra en vigencia este 10 de enero del 2017 el acuerdo 8-2017.

Le presentamos además el tipo de cobro que estaba vigente hasta el 9 de enero del 2017, contenida en el acuerdo 387-2015.

Cánones, según Ley de Minería:

En el artículo 66 de la Ley Minera se detalla que los  titulares de derechos mineros pagarán los siguientes cánones:
a) Otorgamiento por derecho minero: Q3 mil 300
b) Superficie por licencia de reconocimiento: Q120 por kilómetro cuadrado o fracción.

Otros pagos se realizan a razón de cada año y por kilómetro cuadrado, pero varía según el trámite.

Recibirá US$10.000 para que siga trabajando en este proyecto.

• La ciudad bajo la que arden las llamas desde hace 80 años

Desde al menos 1916, estos yacimientos registran incendios subterráneos, que ya han salido a la superficie y que ponen en peligro la vida de los habitantes de la región.

“El fuego subterráneo en Jharia empezó hace más de cien años. Las personas que habitan ese lugar lo han visto desde que nacieron. Así que ya es una parte muy importante de su vida”, dice el fotógrafo.

El carbón arde espontáneamente cuando entra en contacto con el aire, según la revista digital Earth.

En Jharia quedó expuesto debido a excavaciones mineras intensivas, ya que este mineral satisface el 60% de las necesidades de energía de los indios.

Pero el humo venenoso que produce la combustión afecta la vida de las personas que viven en este entorno.

Los días en Jharia son calientes y llegan corrientes de aire nauseabundo desde las minas.

Muchos de los habitantes de la región sufren de enfermedades pulmonares y otras complicaciones de salud.

Además, la mayoría de los árboles y plantas se han quemado y solo quedan troncos secos.

A pesar de que la zona no es apta para la vida humana, mucha gente pobre que trabaja en las minas de carbón reside en Jharia.

Aquí, las preocupaciones financieras pesan más que las preocupaciones por la seguridad.

“Muchos pueblos que antes estaban llenos de vida ya no existen más. Simplemente desaparecieron. Mientras que algunas personas dejaron estas áreas y se trasladaron a otro lugar para buscar mejores puestos de trabajo y oportunidades en otras ciudades”, cuenta el fotógrafo Sen.

Muchos mineros y sus familiares buscan trozos de carbón que puedan vender en el mercado ilegal para hacer algo de dinero.

“La mayoría depende económicamente de la gran industria del carbón. No tienen otras habilidades. Por lo tanto, incluso si hay incendios y hundimientos, no tienen otra opción que seguir en las minas”, explica Sen.

Hasta ahora, todos los esfuerzos para apagar los incendios han sido en vano.

“Quiero compartir mis preocupaciones con un público más amplio . Porque la historia de Jharia no solo se limita a India”, dice Sen.

“Es sólo una coincidencia que Jharia está aquí. Es un problema económico, medioambiental y profundamente político, que es visible en todo el mundo . Espero que esto pueda abrir un diálogo y mostrar a la gente una pequeña imagen del posible futuro que podemos enfrentar”, comenta.

Colop señaló que en el país prevalece la trata por explotación sexual y laboral, pero en la actualidad ha habido un repunte de casos pornografía infantil.

Agregó que es porque se trabaja de forma proactiva, es decir, que ya no necesitan de casos particulares o de denuncias propiamente, ya que por medio de convenios o contactos se comparan y socializan información que navega en las redes socialesn y también mediante el incremento de investigación y nuevas estrategias.

El fiscal indicó que este año han desarticulado siete u ocho bandas, pero lo más importante es que unas 56 personas han sido ligadas a proceso penal en lo que va de 2016 por este delito.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el MP, durante 2015, registró 673 posibles víctimas de trata de personas, con un crecimiento del 23 por ciento comparado con el 2014.

“En otras palabras, se puede decir que por cada 100 mil habitantes se detectó a cuatro víctimas de trata, y aproximadamente dos de estas son detectadas al día, refiere ese documento”, señaló la PDH.

La Procuraduría señala que es necesario que los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, las secretarías de Bienestar Social y contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, así como el Consejo Nacional de Atención al Migrante, realicen campañas de prevención contra la trata de personas en el ámbito nacional.

Estructuras desarticuladas

El 28 de junio último, el MP dirigió 16 allanamientos que permitieron, mediante el desarrollo de la Operación Mesoamérica, desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas. En este operativo fueron capturadas nueve personas, entre ellas el cabecilla Luis Leonardo Mejía Pasapera.

La investigación comenzó en marzo del 2015 por medio de la Fiscalía contra la Trata de las Personas, cuando recibió una denuncia por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas de la Embajada de los Estados Unidos, acerca de una organización criminal que operaba en Centroamérica y se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes.

Lucía Xiloj, abogada del Consejo de Pueblos de Occidente, señaló que las demandas contra los diez proyectos mineros son por el derecho a la consulta, violaciones por no dar trámite a oposiciones administrativas y violación al derecho humano al agua.

“La Corte de Constitucionalidad ha sido clara en que deben realizarse las consultas establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Hay dos situaciones con la consulta: se suspende por completo el proyecto minero o se logra un acuerdo con las comunidades para reducir y mitigar el impacto en la localidad”, indicó Xiloj.

Permisos

Los datos del MEM detallan que al 1 de febrero del 2016, en el país se encontraban 343 licencias mineras vigentes. Para materiales de construcción hay una de exploración y 124 en explotación.

Según el MEM, hay 611 solicitudes en trámite.

En el rubro de materiales de construcción, 47 son para materiales de exploración y 62 de explotación.

Para minerales metálicos, ocho son para reconocimiento, 291 de exploración y 24 de explotación.

El acuerdo determina: “Y de los de violencia sexual, contenidos en el capítulo I, del título III del Código Penal, éstos últimos solamente en aquellos casos cuando la víctima sea una persona menor de edad o mujer mayor de edad”.

Otras de las facultades se aclara en el acuerdo: “Los órganos referidos jurisdiccionales referidos tendrán competencia para conocer desde la primera declaración o de la solicitud de control jurisdiccional, o a partir de la designación que se hizo en el auto de apertura a juicio, según corresponda”.

En cuanto a los juzgados y tribunales en los que no haya especialización en femicidio el acuerdo establece: “En los lugares donde no existan juzgados y tribunales especialziados indicados en el artículo 1 del presente acuerdo, los juzgados de Primera Instancia que conozcan en materia penal y Tribunales de Sentencia Penal serán competentes para conocer todos los delitos contenidos en el Código Penal y demás leyes penales, incluyendo los delitos establecidos en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, y la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas”.

El equipo de la PGN está desarrollando operativos en busca de niños que son explotados laboralmente así como los que son víctimas de abusos.

Para dichos operativos el personal de la entidad está de turno las 24 horas.
 
La atención y rescate de jóvenes y niños por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN), se ha incrementado este año con relación a 2014.
 
El procurador de la Niñez y Adolescencia, informó que en lo que va del año han rescatado a 248 menores y han sido llevados a casas de abrigo temporal.

#Petén operativo rescató a 4 niños 3 explotados que pedían limosna y uno mas en una cantina pic.twitter.com/ECWbCxinCA

— PGN Guatemala (@PGNguatemala) October 17, 2015

Las leyes mexicanas generalmente permiten que menores de entre 14 y 16 años de edad hagan ciertos trabajos pero lo impiden en muchas labores agrícolas.

No obstante, el trabajo infantil está sumamente extendido. El gobierno estatal dijo el miércoles que los menores declararon que solo contaban con medio día libre a la semana.

Se les pagaban unos US$6 al día, una cantidad ligeramente superior al salario mínimo, de unos US$4.    

Les daban dos comidas diarias y dormían en tapetes sobre el piso. 

El juez federal John L. Kane rechazó el pedido de la firma GEO Group Inc., con sede en Florida, de desestimar la demanda y ordenó que continúe el proceso.

GEO es uno de los mayores contratistas del gobierno federal para la detención de inmigrantes que presuntamente se encuentran sin autorización en el país o de residentes con prontuarios criminales que enfrentan la deportación. La firma rechazó las acusaciones y dijo en escritos a la corte que el trabajo es voluntario.

Añadió que cumple con las normas federales de pagar un dólar por día. Los abogados de los inmigrantes dijeron que solicitarán el reconocimiento de acción colectiva, en representación de un gran número de demandantes.

Dicen que el fallo allana el camino para obtener más información de GEO sobre cuántos detenidos realizaron trabajos.

“Es su tarea manejar las instalaciones, pero en lugar de eso hicieron uso y abuso de nosotros para manejarla, por eso les iniciamos juicio”, dijo el demandante Alejandro Menocal, mexicano de 53 años.

Menocal tiene la residencia permanente, pero estuvo detenido durante tres meses en la instalación de GEO en Aurora mientras se procesaba su deportación.

GEO respondió en un comunicado que sus instalaciones “proporcionan servicios de alta calidad en un ambiente residencial seguro, sano y humano y nuestra compañía refuta con firmeza cualquier declaración en contrario”.