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La licencia del MEM fue aprobada el 13 de enero del 2020 por el acuerdo gubernativo 19-2020, un día antes del cambio de gobierno, por el entonces ministro de Energía y Minas, Luis Chang.

Dicho acuerdo fue publicado el 27 de enero y establece que se tienen 30 días a partir de la publicación para firmar el contrato. Según el MEM ese plazo vencería el 9 de marzo.

El actual ministro, Alberto Pimentel, firmó la derogatoria por medio del acuerdo 101-2020 emitido el 5 de marzo de este año.

En la parte de considerandos del documento se expone que el proyecto no cuenta en la actualidad con licencias del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

Para el proyecto hidroeléctrico de 40 megavatios, y que busca instalarse en Cobán, Alta Verapaz, el Marn aprobó desde el 2016 al 2019, tres licencias ambientales.

En sus exposiciones el MEM detalla que la primera licencia emitida por Ambiente quedó suspendida por una decisión judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC), mientras que la segunda y la tercera emitidas en el 2018 y en diciembre del 2019 fueron canceladas por el mismo Ministerio de Ambiente en febrero del 2020. Por ello no puede mantenerse vigente el permiso que brindó el MEM, se agregó.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) señalaron inicialmente, en el 2016 y 2017, que la posible operación de la hidroeléctrica conlleva riesgos al ecosistema del lugar aledaño al Parque Nacional Laguna Lachuá.

El @MEMguatemala derogó hoy el acuerdo con el cual el gobierno anterior dejó aprobada la licencia para el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila que busca instalarse en #AltaVerapaz @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/OLRpIDslS8

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) March 6, 2020

Aún así en el 2016 el Marn le otorgó la licencia aunque luego fue suspendida por las cortes.

En el 2019 la empresa logró un nuevo dictamen de la oficina regional de Conap en Las Verapaces donde refieren que no afectaría el afluente al Parque y actualizó su expediente, pero la oficina central de esa institución mantuvo su decisión en contra del proyecto.

Empresa accionará contra derogatorias del MEM y del Marn

La empresa sostiene que el proyecto no se encuentra en el área protegida del Parque en mención, además de que no afecta el ecosistema o afluentes aledaños y que con los programas sociales que impulsa apoyará el desarrollo de las comunidades en la zona.

El director técnico del proyecto Aurelio Asturias, refirió también que es ilegal derogar un acuerdo ministerial basado en la cancelación de una resolución ambiental que no está firme porque la decisión del Marn se encuentra en un proceso de revocatoria planteado por la empresa.

Agregó que “la acción cometida en Marn también es ilegal y se está favoreciendo a un sector que no quiere más competencia, damnificando a las poblaciones más pobres y vulnerando la certeza jurídica del país” y que da una mala señal que la decisión del MEM se haga un día antes de vencerse el plazo para la firma del contrato.

En tanto Edgar Sandoval, director de la empresa expuso que tal decisión manda un mal mensaje para cualquier inversionista ya que no existe certeza jurídica para las inversiones del país. Agregó que no se escucha a la población que pide desarrollo en el lugar.

Sandoval comentó que la empresa accionará legalmente para corregir el rumbo que califica como “equivocado de las autoridades, que se deben a la población no a intereses oscuros”.

El diputado Román Castillo, de dicho bloque por el departamento de Alta Verapaz explicó que el proceso con el cual se aprobó la licencia ambiental por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y la posterior autorización del MEM contienen vicios y muchas de esas resoluciones se efectuaron en diciembre del 2019 y en especial  la última semana del año, añadió.

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El acuerdo del MEM fue firmado el 13 de enero del 2020 por el entonces ministro de Energía y Minas Luis Chang, un día antes de que finalizara el período del Gobierno de Jimmy Morales.

Castillo argumentó que también existen dictámenes desfavorables para el proyecto emitidos por entidades como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosque (Inab) por riesgos en el ecosistema alrededor del Parque Laguna Lachuá.

Esta es la segunda acción legal contra el acuerdo ministerial ya que el 11 de febrero la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (Une) presentó una inconstitucionalidad en contra del mismo acuerdo. A la fecha la Corte de Constitucionalidad no les ha notificado al respecto de alguna resolución dijo el jefe de ese bloque Carlos Barreda.

Tanto Castillo como Barreda coincidieron que se emitió la tercera licencia ambiental para la hidroeléctrica basados en el mismo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se usó para autorizar la primera licencia en el 2016 que fue suspendida por la CC.

Asesores legales de la bancada indicaron que, aunque se haya suspendido la licencia ambiental por parte del Marn la empresa puede buscar que se firme el contrato o entablar una demanda contra el Estado por lo que es necesario que quede sin validez el acuerdo del MEM.

La empresa presentó un recurso de revocatoria en contra de la decisión del Marn de cancelar la licencia y mientras este no lo resuelva la firma es del criterio que sigue en vigencia y el MEM debe firmar el contrato.

La Bancada Semilla presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se deje sin efecto el acuerdo ministerial 019-2020 del @MEMguatemala con el cual se aprobó a la hidroeléctrica Central Rocja Pontila usar el cauce del río Icbolay por 50 años @Economia_pl pic.twitter.com/cVBl2jkwP5

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) February 27, 2020

Ejecutivos de la empresa inicialmente indicaron que a su criterio el plazo para la firma del contrato entre el ministerio de Energía y la propietaria del proyecto vence este 27 de febrero tomando en cuenta que la ley fija un plazo de 30 días calendario a partir del día de publicación en el diario oficial. Sin embargo, el MEM es del criterio que es el 9 de marzo porque se trata de 30 días hábiles.

Edgar Sandoval, director de la firma indicó que revisaron la fecha para ver en que normativa se basa el ministerio y esperan que se logre firmar el contrato antes de 9 de marzo. Agregó que ya preparan acciones legales de no efectuarse la firma.

Sandoval agregó que “es una pena que paralicen el proyecto.  El único perdedor es el pueblo de Guatemala porque la energía seguirá subiendo de precio. En específico, las comunidades de la zona perderán los beneficios (que les ha programado empresa)”.

Comentó además que “está claro que hay intereses obscuros atrás de este movimiento. Aquí han utilizado a políticos y falsos ambientalistas para detener un proyecto que supera ecológicamente a muchos otros que ya están en operación. Existe documentación con respaldo científico que desmiente las falsas acusaciones”.

El directivo que confían en el sistema jurídico y seguirán los pasos legales que correspondan para la aprobación del proyecto, además mencionó que cuentan con el apoyo de las comunidades de la región “las cuales han sido olvidadas, y son quienes nos abrieron las puertas para poder desarrollar este proyecto en beneficio del desarrollo del país”.

El MEM por su parte respondió que tomando en cuenta la decisión del Marn de suspender la licencia ambiental emitida en diciembre del 2019 pidieron dictámenes a su oficina jurídica del MEM y posteriormente este se enviará a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Por lo que a la fecha “están a la espera de los dictámenes legales correspondientes” para resolver.

En tanto la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S. A., propietaria de dicho proyecto, presentó un recurso de revocatoria.

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La entidad estatal respondió a Prensa Libre por medio de la oficina de Comunicación Social, que la cartera de Ambiente, a cargo del ministro Mario Rojas Espino, efectuó una serie de análisis sobre el proceso de concesión de la licencia ambiental otorgada por la anterior administración.

Con base en esa revisión la actual administración determinó dejar sin efecto la resolución identificada como 05508-2019/DIGARN/RFDF/rjop, la cual fue emitida el 18 de diciembre de 2019 cuando aún ocupaban fungían como presidente Jimmy Morales y como ministro de Ambiente Alfonso Alonzo.

Por medio de esa resolución se había actualizado el expediente aprobado para el proyecto y dio lugar a la emisión de la licencia ambiental 08136-2019/DIGARN de categoría “A” por el plazo que cubre del 18 de diciembre de 2019 al 17 de diciembre de 2021.

Agregó el ministerio que la decisión “tiene asidero legal en resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, formulada en torno al caso” y que se determinó que no se cumplió con los requisitos que establece la ley para emitir una licencia.

Además, se determinó que en la gestión no se cumplió con los procedimientos establecidos para un proceso como ese.

El Ministerio de Energía y Minas extendió la autorización a la hidroeléctrica Central Rocja Pontila con base a resoluciones contradictorias emitidas por diferentes oficinas tanto dentro del Conap como del INAB. https://t.co/92jy9kqkq3

— Mundo Económico (@Economia_pl) February 11, 2020

La licencia fue emitida para el plazo del 4 de noviembre del 2016 al 3 de noviembre del 2018.

Sin embargo, en junio del 2017 la Corte de Constitucionalidad la suspendió en forma provisional, pero en noviembre de ese año la empresa desistió de una impugnación del proceso por lo que quedó firme la suspensión.

Posteriormente, con actualizaciones del expediente, el Marn emitió la segunda licencia número 07518-2018 cuya vigencia vencía el 3 de noviembre del 2020, y luego se volvió a actualizar el expediente por lo que se emitió la tercera licencia el 18 de diciembre del 2019 cuyo plazo vencería el 17 de diciembre del 2021. Con base a esta última el MEM aprobó la hidroeléctrica el 13 de enero del 2020. 

“Esta serie de determinaciones legales y deficiencias en los procedimientos para la emisión de la licencia, llevaron a las actuales autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- a suspender dicha licencia” agregó la entidad la cual insiste que la decisión que se tomó está respaldada en el fallo emitido por la CC.

Empresa impugna decisión

Aurelio Asturias, director técnico del proyecto hidroeléctrico, indicó que recibieron dos notificaciones, una el 10 de febrero y otra el 14. La empresa presentó un recurso de revocatoria, pero a la fecha no han recibido respuesta.

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El ejecutivo dijo que la cancelación de la licencia se hizo de forma arbitraria y se abre la puerta para que el ministerio pueda cancelar de esa manera y sin orden de juez cualquier proyecto en el país. Primero hicieron una enmienda administrativa al proceso y luego decidieron la suspensión, añadió, al indicar que “la ley es muy clara, el único que puede revocar esto es un juez luego de un proceso, pero el ministerio se está atribuyendo funciones de un juez”.

Asturias expuso que forzaron al Director de Gestión Ambiental del Marn para firmar la cancelación y posteriormente le pidieron su renuncia.

¿Qué sucederá con el contrato?

El proyecto, con capacidad de 40 megavatios, fue autorizado por el MEM para usar los bienes de dominio público por 50 años, específicamente el caudal de río Icbolay en Cobán, Alta Verapaz.

Dicha aprobación se efectuó el 13 de enero del 2020 por el acuerdo gubernativo 19-2020, un día antes del cambio de gobierno, por el entonces ministro de Energía y Minas, Luis Chang.

El acuerdo fue publicado el 27 de enero del 2020 y establece que se tienen 30 días para firmar el contrato.

La empresa es del criterio que ese plazo vence el 27 de febrero ya que se cuentan días calendario.

Además, mencionan que la revocatoria presentada por la firma deja sin efecto la suspensión de la licencia ambiental por lo que el MEM debe firmar el contrato.

En tanto el MEM es del criterio que se cuentan días hábiles y que el plazo vence el 9 de marzo del 2020.

#Entrevista | Ejecutivos de la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S. A., aseguran que cumplen con todas las licencias para la hidroeléctrica Central Rocja Pontila y exponen varios puntos relacionados con el expediente. https://t.co/5vskH0yZDX

— Mundo Económico (@Economia_pl) February 14, 2020

Ese ministerio sin embargo considera que la licencia ambiental es un requisito indispensable para la suscripción del contrato en mención por lo que solicitó su oficina jurídica que se pronuncie respecto a la continuidad de la vigencia del acuerdo gubernativo 19-2020 (firmado por Chang) y trasladará la opinión a la Procuraduría General de la Nación (PGN) “para los efectos correspondientes”.

En el 2017 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) se pronunciaron en contra del proyecto. Se indica que aunque se está fuera del área protegida del Parque Nacional Laguna Lachuá, se pone en riesgo su ecosistema.

Aunque en el 2019 para la tercera licencia la oficina de Conap Alta Verapaz emitió dictamen a favor ante una consulta de la empresa, pero la oficina central indica que mantiene su postura en contra.

La empresa argumenta que no afecta ni la laguna, ni el parque, ni las comunidades aledañas y que el proyecto está fuera del área protegida.

La opinión institucional sigue siendo que no procede el proyecto. El subgerente y el coordinador de la Dirección Regional de Las Verapaces e Ixcán del Instituto Nacional de Bosques (Inab) expusieron a Prensa Libre que aparte de informe técnico hay otros documentos emitidos por dirección, los cuales adjunta la empresa en su expediente, pero en ninguno se aprueban la hidroeléctrica, sino que responden a una consulta efectuada por esa compañía acerca de si dos áreas específicas necesitan licencia de cambio de uso de suelo.

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El subgerente del Inab Bruno Arias explicó que en enero del 2016 emitieron la opinión en contra del proyecto y esa postura se mantienen a la fecha ya que consideran que se afectaría el ecosistema el Parque Nacional Laguna Lachuá y el área aledaña de la cual se alimenta el humedal.

Con el acuerdo ministerial 019-2020 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la autorización definitiva para el uso de bienes de dominio público para dicha generadora con capacidad de 40 megavatios, con lo cual podrá usar el cauce del río Icbolay por 50 años. Se encuentra pendiente de efectuarse la firma del contrato.

Arias es quien elaboró y firmó el informe del Inab con la opinión desfavorable al proyecto en el 2016, cuando ocupaba de forma interina el cargo de Director de Manejo y Conservación de Bosques de ese mismo instituto.

Sin embargo, en el 2014 y en el 2019 la Dirección Regional II de Las Verapaces e Ixcán emitió dos documentos indicando que dos áreas que se usarán para el proyecto no ameritan cambio de uso de suelo y la empresa los presenta en su expediente como una aprobación de parte del Inab.

Tanto el funcionario como el coordinador de la regional, Ulicer López, explican que con esos documentos no se está aprobando el proyecto, sino que respondieron a dos consultas específicas que le hace la empresa al Inab.

Expusieron que la Ley Forestal establece las licencias de cambio de uso de suelo, pero que estas se requieren si el terreno o área donde se efectuará algún proyecto tiene cobertura forestal. Como Inab, se tiene la obligación de responder ante esas consultas, si no hay árboles en el terreno no se debe tramitar una licencia de cambio de uso independientemente de cuál sea el proyecto, agregaron, al explicar porqué emitieron esos dos oficios mencionados.

Inab y empresa difieren por impacto

Respecto a autorizaciones y posible impacto, directivos de la empresa argumentan que el río Icbolay, en el cual se instalaría la hidroeléctrica, no alimenta la Laguna Lachuá, no entra en área protegida ni área declarada como Ramsar y que proyectos aledaños que proponen no causan efectos negativos.

Agregan que debido a ello no se necesita una opinión del Inab acerca del proyecto como tal ya que el ente rector del tema ambiental es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Ante la opinión negativa del Inab y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) en el 2016 y la suspensión judicial de la licencia ambiental emitida por al MARN en ese año, la empresa decidió solicitar de nuevo la licencia ambiental.

Para ello, entre otros trámites, actualizó su expediente y agregan un segundo documento del Conap emitido por Dirección Regional de Las Verapaces que aprueba el proyecto y refiere que usar el río en mención no producirá impacto negativo. Si embargo la postura institucional del Conap sigue siendo desfavorable y en las oficinas centrales de la entidad se indicó que se encuentran analizando qué sucedió con la emisión del documento que contradice su postura.

La empresa también agregó a su expediente la opinión de la Dirección Regional del Inab de Las Verapaces e Ixcán emitida en el 2019. Ejecutivos de la compañía explicaron que en el 2016 con el informe emitido por la sede central de esa institución no se les aprobó el proyecto, pero cuestionaron que no se realizó una visita de campo para emitir tal opinión, por lo que en el 2019 solicitaron una evaluación en el sitio.

Sin embargo, López, coordinador de la regional mencionada, insistió que con el documento efectuado en el 2019 no se está aprobando el proyecto, sino que se refieren a que no es necesario un plan de aprovechamiento para cambio de uso de suelo, pero para el proyecto de restauración que propone la empresa y con el cual pretenden reforestar. El proyecto y solicitud de evaluación les fue planteado y consultado por la empresa.

La compañía propietaria del proyecto afirma que algunas entidades sostienen que el río alimentaba la laguna por filtraciones, por cuevas subterráneas que se desconocían, pero según la empresa eso no es posible porque la laguna está en la cota 172 sobre el nivel del mar y el río Icbolay está más abajo en 161 metros sobre el nivel del mar. “Esta más de 10 metros abajo que la laguna, y si el río la alimentara tendría que haber un tipo de sistema de bombeo natural para que suba el agua, cosa que no existe” dijo el director técnico de la empresa Aurelio Asturias.

Consultado Arias, acerca de qué impacto podría tener el uso del río Icbolay en el cual se instalaría la hidroeléctrica expuso que, aunque el proyecto busque usar un río que no está en zona protegida ni declarada Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional), el Inab opina que se afectaría el Parque Nacional Laguna Lachuá porque el ecosistema y los flujos internos superficiales y manto subterráneo son los que conforman el humedal.

Agregó que en la propuesta del Estudio de Impacto Ambiental (IEA) del proyecto se incluye dentro de las acciones de mitigación el manejo del agua no solo en el área superficial del río sino en los sumideros que existen en una parte de este.

Además, explicó que la empresa plantea el sellamiento de sumideros (fuera del área del parque nacional) que causan una inundación natural del área, esto lo proponen porque si el agua se va en forma subterránea hacia ese sumidero no llega a la represa, expuso. Pero agregó que se trata de un ecosistema. “E tema es que a la hora de que haya una interrupción en el ciclo natural de ese ecosistema seguro que habrá un efecto secundario”, expuso el subgerente del Inab.

Argumenta que la opinión de la empresa y de Inab son diferentes porque la compañía se concentra en mencionar que no se afectará la Laguna Lachuá y que el río mencionado no la alimenta. Sin embargo, la postura del Instituto se basa en el riesgo que corre todo el parque nacional que lleva el mismo nombre, y el cual está bajo su administración.

Añadió que en el informe del año pasado se mantiene la postura del 2016 respecto que el río Icbolay es afluente del parque nacional de forma directa. “El agua del río no puede subir directamente pero el proyecto estaría afectando la dinámica de los humedales y de las especies, puesto que además de diques y sellamientos (de sumideros) planean evitar las inundaciones naturales que ocurren cerca del poblado denominado Faisán II, ubicado en el área”, dijo el subgerente del Inab.

“El impacto sería directo porque se interrumpe el cauce superficial del río” argumentó.

“El Inab se pronunció porque lo que iban a hacer a la vecindad nos afectaría como parque. De parte del Ministerio de Ambiente nos pidieron una opinión de parte del MARN, que es el ente rector sobre el tema ambiental. La consulta hacia nosotros no fue tanto por nuestro expertise ambiental sino por ser los guardianes del parque”, agregó el funcionario.

Ejecutivos de la empresa, como el director Edgar Sandoval, el director técnico Aurelio Asturias y el representante legal Carlos Lemus, explicaron esta semana a Prensa Libre que esas obras complementarias no afectarán, porque incluso la misma comunidad de Mansión del Norte les ha pedido el manejo del agua del cauce del río para que no ocurran inundaciones, pero también para que en la época seca mantengan agua, ya que en la actualidad sin existir las obras, baja mucho el caudal.

Los directores de la compañía agregaron que están a la espera de la firma del contrato con el MEM, ya que cumplieron todos los requisitos, incluyendo la licencia ambiental del ente rector en esa materia como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

• La licencia ambiental se aprobó la primera ocasión en el 2016, pero fue suspendida definitivamente por un juzgado en el 2017.
• La empresa expuso que a pesar de eso no se suspendió el Estudio de Impacto Ambiental, por lo que retomaron los trámites, subsanaran requerimientos y con lo cual se aprobaron otras dos, una en el 2018 y otra en el 2019 cuando la empresa efectuó la actualización del expediente.
• Con la licencia ambiental emitida por el MARN en diciembre del 2019, se aprobó luego la autorización definitiva del MEM para el uso de bienes de dominio público, como el cauce del río Icbolay por 50 años. Se encuentra pendiente de efectuarse la firma del contrato.

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En el extracto de esta entrevista Aurelio Asturias (AA), director técnico; Edgar Sandoval (ES), director; y Carlos Lemus (CL), representante legal de la entidad, explican que pudieron reactivar los trámites para una nueva licencia ambiental porque la primera que les aprobó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC), sin embargo no se suspendió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y con base al cual lograron posteriormente la aprobación de otras dos licencias.

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También explican que obtuvieron algunas opiniones a favor, provenientes de entidades como Conap, contrario a la primera ocasión cuando esa entidad se pronunció en contra del proyecto; explican los documentos que posee de parte del Inab, y exponen presiones en contra que han recibido como empresa.

Uno de los cuestionamientos que han efectuado ciertas entidades estatales son los riesgos que correría el Parque Nacional Laguna Lachuá con el proyecto hidroeléctrico que está aprobado para usar el río Icbolay.

Luego de la suspensión de la licencia en el 2017 ¿cómo retomaron el proceso para aprobar el proyecto?

ES:  La CC lo que suspendió fue la licencia y ésta no es el instrumento ambiental principal. No suspendió la resolución con la cual se aprobó ni el instrumento principal que es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), esos quedaron vigentes.

¿Qué hicieron para retomar los trámites?

ES: Tratamos de gestionar un segundo instrumento que sirve para tener al día vigente la fianza. Al actualizar el expediente lo mandamos a la PGN luego de que habíamos cumplido todo el proceso. Pero PGN volvió a regresarlo al proceso anterior. Entonces solicitamos al Conap e Inab que nos hicieran visitas técnicas en campo porque en los primeros dictámenes que ellos dieron no hicieron visitas al campo, fueron emitidos sobre escritorios muy presionados por el Cecon (Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos).

Conap e Inab opinaron en sus primeros dictámenes que no procedía el proyecto. Dijeron que no estaba en área protegida pero expusieron que usar el río Icbolay afecta parte de los afluentes a Lachuá y luego otras oficinas de esas mismas instituciones emitieron opiniones diferentes indicando que no afectaba ¿Qué influyó en la emisión de opiniones diferentes?

AA: El Conap y el Inab tienen oficinas regionales que son realmente las encargadas, los primeros dictámenes (que establecen que no es procedente) los sacaron aquí en Guatemala sin ir a hacer visitas técnicas. El proyecto y nuestro personal allá nunca fueron visitados por estas personas que hicieron las opiniones desfavorables. Yo creo que fueron presionados para emitir dictámenes desfavorables.

¿Presión de quién?

AA: Aquí hay muchos intereses, es una hidroeléctrica que va a bajar el precio de la energía a nivel nacional, entre más hidroeléctricas han entrado a generar en el sistema nacional la energía ha ido bajando de precio y eso a mucha gente no le conviene. Hay intereses aquí que se están tocando, que es echarnos (en contra) fuerzas políticas.

Le explico lo que se ha dicho: primero se decía que el proyecto estaba dentro de un área protegida lo cual no es cierto. Después, dijeron que el río cruzaba el parque. Los linderos del parque no abarcan la finca donde pasa el río Icbolay ni donde se instalará el proyecto.

Además, el río Icbolay tiene dos hidroeléctricas más, una que se llama Santa Rita y otra que se llama Raaxha que está aguas abajo.

¿Qué es lo que afecta entonces?

ES: Los biólogos, ambientalistas y entidades sociales no hacen referencia que el verdadero riesgo de la Laguna Lachuá son las invasiones que hacen las comunidades por falta de desarrollo, hay varias comunidades metidas en el parque.

AA: Las invasiones que hay aquí son porque la gente vive en extrema pobreza, (vive) únicamente del maíz y ya no alcanza la tierra, entonces la presión social es tan fuerte que la gente está metiéndose a invadir el lugar. No se ha industrializado, desarrollado y ni siquiera luz eléctrica tienen en muchas de esas comunidades, la comunidad de Rocja Pontila no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable y es parte de los acuerdos que como proyecto hemos hecho con ellos.

ES: Se les dará energía gratis. Se les llevará después un desarrollo para crear fuentes de trabajo. La idea es llevar industrias a la frontera para poder poner maquilas y otras (actividades) para evitar la migración, lo que se volvió un problema después de que tuvimos que abandonar el proyecto hace dos años es la migración. De Pontila son 250 familias y de estas ya hay 70 personas que emigraron a Estados Unidos por falta de trabajo.

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¿Las otras dos hidroeléctricas que mencionan ya están operando?

AA: Santa Rita no, pero tiene todas las autorizaciones, empezaron la construcción y la pararon. Y Raaxha sí está operando.

En un documento del expediente se informaba que le darían a cada comunidad Q100 mil anuales mientras opera la hidroeléctrica, ¿de qué se trata?

ES: Hay montos variados, se le darán a unas Q600 mil, a otras Q400 mil, a otras Q100 mil cada una de manera anual. También se le dará gratis la energía eléctrica, en algunos lugares arreglamos 25 kilómetros de caminos porque era casi inaccesible la comunidad.

Aparte del proyecto de electricidad, y que se les brindará energía gratis, tenemos planes para turismo, para reforestación, para siembras de cultivos que son más rentables y que son compatibles como bosques como cacao, café robusta. Queremos ayudarles a organizar sus proyectos.

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AA: El proyecto se puso de acuerdo con las comunidades y obtuvimos ya todos los derechos de las tierras para poderlo realizar. Un aspecto muy importante es que todos los proyectos hidroeléctricos hacen simbiosis con los bosques y todas las hidroeléctricas en el mundo protegen su cuenca, sembrando y protegiendo sus bosques. Y, esos ingresos que se obtienen al generar energía eléctrica, muchos se van para proteger su fuente de energía. Cuando nosotros estuvimos allá pagamos guardabosques para cuidar esos bosques privados que había en esta finca y cuando tuvimos que abandonar el proyecto la gente repartió esas zonas y ya las volvieron agrícolas, cortaron el bosque.

Adquirimos una parte del terreno para el proyecto, el resto son las fincas privadas de ellos; lo que pasa es que ellos por la presión y la presión demográfica, van teniendo hijos y teniendo más familia, entonces empiezan a cortar los bosques.

ES: También hubo un factor que influyó mucho en que ellos dividieran la finca. Llegaron los campesinos liderados por un exdiputado, que prefiero no mencionar, a decirles que les iban a invadir esas tierras porque no las tenían habilitadas. Imagínese, como campesinos protegen su bosque y les deberían de haber dado un reconocimiento. Después vino la presión de estas personas que dicen que son propueblo a decirles que les iban a invadir sus tierras y entonces se las repartieron. Ese fue el resultado del problema al que nos metieron por no habernos dejado desarrollar la hidroeléctrica.

Una de las críticas que surgieron es que el proyecto se aprobó por el MEM un día antes del cambio de Gobierno…

ES: Llevamos 10 años en este proceso (de trámites y autorizaciones) de la hidroeléctrica.  Dicen que el gobierno anterior nos favoreció, pero ni nos hubiera favorecido desde el primer mes o el primer año nos hubiera dado la licencia.

AA: Desde el año 2010 estamos tratando de hacer este proyecto, a nosotros no nos ha favorecido nadie.

ES: Precisamente porque no nos hemos prestado a mordidas y extorsiones, porque no es nuestra forma de actuar.

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Pero generó dudas que el ministro de Energía y Minas (Luis Chang) firmó el acuerdo para aprobar el proyecto un día antes de retirarse del cargo por el cambio de Gobierno…

ES: He estado encargado del proyecto por cuatro años, les pasé todos los videos de la comunidad y le dije que nos iba a dejar a medias (el proyecto), porque no le dimos ni un centavo. No les dimos un solo centavo, sino que se logró a pura base de demostrar y convencer sobre las características del proyecto. Si no, no nos hubiéramos tardado todo el gobierno de Jimmy Morales.

Ingeniero Asturias, también leímos en otros medios de comunicación que (la aprobación) podría ser por su relación de parentesco (primo) con el entonces ministro de Gobernación Enrique Degenhart Asturias y con el hermano Ernesto Degenhart Asturias. ¿Qué sucede en este caso?

AA: Le voy a aclarar eso, ellos no tienen absolutamente nada que ver en este proyecto. La gente lo ha utilizado difamando el proyecto por mi relación de parentesco con ellos, pero ni siquiera con el exministro hablé en todo el período del Gobierno pasado. Llevo seis años de no hablar con él. No hay ningún tipo de relación ahí.

¿Con el hermano del exministro cuál es la relación?

AA: Con el hermano yo sí me hablo muy de vez en cuando por temas familiares nada más, no tienen ninguna relación con esta empresa.

¿Él es inversionista de esta empresa?

AA: No es inversionista. Ninguno de los dos.

¿Ustedes tres (Asturias, Sandoval y Lemus) son inversionistas?

ES: Somos parte de los inversionistas, pero no somos los únicos. No hay gente política, no hay gente sucia, le puedo decir que el proyecto está limpio. Somos empresarios emergentes, como le comenté yo vengo de la agricultura y Aurelio ha sido un técnico que ha instalado maquinaria.

AA: Tengo 25 años de instalar maquinaria para hidroeléctricas, a mí me conocen en el medio porque llevo vendiendo maquinaria para hidroeléctrica para mucha gente en toda Centroamérica y en Suramérica.

ES: Ni siquiera es inversionista mayoritario, pero han hecho creer que el proyecto es de él y que él es un magnate porque trabaja en la hidroeléctrica.

Y, ¿sobre una foto que se divulgó en un medio acerca de que estaba acompañando al señor Samuel Morales (hermano de Jimmy Morales) durante la campaña política del 2015?

AA: Sí, eso es cierto.

ES: Fue casual.

AA: Así es. Pero nosotros no teníamos ningún tipo de relación más que querer hacer nuestro proyecto.

ES: Hay una realidad que uno no puede esconder y es que a cada uno le toca que acercarse a los funcionarios, casi que a rogarles, que les autoricen las cosas, porque como dijo el presidente que quedó ahorita (Alejandro Giammattei), cada papelito vale.

Pero si uno no quiere pagar, sino que lo hace por convicción ese es el resultado de 10 años (de trámites). Si va (a ver) a dictámenes de las Cortes, de la CC, dictámenes del ministerio de otros proyectos que han salido mucho antes sobre esos no hay escrutinio, pasaron de noche, entonces creemos que es injusto que se nos esté satanizando solo porque ahorita está de moda que no queremos hidroeléctricas. Es contradictorio porque los ecologistas no quieren hidroeléctricas

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AA: Pero no atacan nunca las carboneras (que es) de la generación realmente contaminante.

ES: Es inverosímil porque el país que más hidroeléctrica tiene en el mundo es Noruega y Suecia, vienen a financiar aquí a las oenegés para que estén en contra de las hidroeléctricas. No es posible, es una contradicción, que uno dice, si verdaderamente están en favor del ambiente por qué se oponen a las hidroeléctricas y no a las carboneras ni generadoras con diésel y búnker. En cambio, en nuestro proyecto, solo tenemos un muchacho cuidando el proyecto. No tiene armas, solo su machete. La comunidad nos sacó porqué ellos mismos cuidan el proyecto.

AA: Sí, la comunidad es la que protege el proyecto. Porque si no hay proyecto no va a haber energía eléctrica para la comunidad, ni agua potable, ni proyectos de desarrollo.

¿La comunidad sigue apoyando?

ES: Estamos dando beneficios de la comunidad Pontila. Nosotros adquirimos (terrenos) lo mínimo que necesitábamos y le vamos a demostrar la franja tan angosta que es.

Esto es la base técnica con lo que nosotros logramos demostrar según ley, que el proyecto no tenía efectos negativos. La ley indica que cuando no está en área protegida el que tiene la última palabra es el Ministerio de Ambiente.

En documentos del 2015 y 2016 el Conap declara no procedente el proyecto con base a opiniones de la regional de las Verapaces, pero es la misma oficina que en el 2019 se pronunció a favor.  ¿Qué pasó en estos cuatro años para el cambio de opinión?

AA: Al declararlo no procedente los forzaron de acá (las oficinas de Guatemala).

ES: El dictamen que se emitió a favor se puede constatar en campo, no va haber un dictamen anterior que vaya punto por punto aclarando por qué sí o por qué no. Cómo va a ser que antes decían que estábamos adentro del parque con el proyecto, cuando está demostrado que no estamos. Dicen que el río Icbolay alimenta la laguna, cuando está demostrado que no.

Pero el primer dictamen fue negativo (en el primer documento)…

ES: Por presión del Cecon (Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos).

AA: Hicimos una presentación en el Consejo Directivo del Conap en el 2015 o 2016, aún estaba el ministro (Sydney) Samuels (en el MARN), fue a principios del gobierno pasado, y el Cecon llevó a un biólogo que es esposo de la suplente en la Junta Directiva del Conap, ahí hubo conflicto de intereses, pero siempre lo llevan ahí.

Entonces se oponían a todo, porque disque habían leído el estudio. Decían también que el proyecto era un plagio de un estudio de la Laguna El Tigre y después estaban diciendo que era un plagio de la Laguna El Pino. Pero resulta que el estudio biótico para el proyecto lo hizo un catedrático de la Universidad de San Carlos, maestro de todos ellos (que forman el Conap), Mamerto Gómez, que además fue decano de la facultad de biología.

Cuando reactivaron la solicitud de las licencias acudieron de nuevo al Conap y al Inab pero no a las sedes centrales sino a otras oficinas de esas instituciones. ¿Cómo fue el trámite para lograr las opiniones favorables?

ES: Cuando tuvimos el revés en la CC y vimos que solo era la licencia la afectada, hicimos una actualización y ahí es donde está la confusión, el proyecto anterior ya no existe, este es un proyecto nuevo, es un trámite nuevo que tiene una licencia nueva, que tiene un dictamen nuevo.

AA: Es un Estudio de Impacto Ambiental actualizado, se hace una nueva resolución sobre esa actualización, (aspecto) que lo permite la ley, y sobre eso nos dieron una nueva licencia.

¿Cuándo se actualizó se corrigieron algunas medidas?

AA: Se subsanaron las cosas que había dicho la Corte (de Constitucionalidad) y por lo cual estaba suspendido. Como que el Inab y el Conap estaban en contra y el convenio 169 (de la OIT referente a consultas a comunidades indígenas en el área de influencia).

ES: Nos pidieron que estos dictámenes tenían que ser favorables, entonces lo que hicimos fue solicitar una comisión para que fuera a verificar (el proyecto).

Pero el EIA sigue apareciendo con el mismo número 139-2015 ¿por qué?

• AA: Lo que se hizo fue actualizarlo en el 2019. Dejamos que se venciera el plazo de la licencia que había suspendido el juez, la cual era por dos años, del 2016 al 2018. Luego solicitamos una nueva licencia. El Conap había puesto un recurso de oposición ante el MARN pero lo perdió, y el MARN con ese fundamento nos emitió una nueva licencia una vez se venció la que el juez había suspendido.
• Se siguió el trámite en el MEM, y ese ministerio estuvo revisando técnicamente el proyecto, después hizo la consulta comunitaria a los pueblos indígenas bajo el convenio 169 y mandó el expediente a la PGN para que esta le diera una asesoría jurídica.
• La PGN dijo que necesitaba que se pidiera una opinión al Conap y al Inab porque estas entidades anteriormente habían dado opinión negativa. Primero fuimos como empresa a pedirles a ellos (Conap e Inab) una nueva evaluación. Ellos fueron al campo, hicieron un análisis técnico y emitieron sus opiniones.
• Eso se le presentó al Ministerio de Energía, después ellos lo mandan otra vez, ya con estas opiniones, a la PGN. Sin embargo la procuraduría les dice: no nos gusta solo eso, queremos que actualicen el expediente porque es el mismo expediente con el EIA y con la resolución anterior. Piden eso a pesar de que el juez (en el 2017) solo suspendió la licencia, no todo lo demás.
• Hicimos la actualización de todo el expediente, clarificando todos estos datos, con un documento de 250 páginas, con todas las pruebas, con las mediciones, las actas del medido original del Parque (Nacional La Laguna), donde están los linderos con planos del RIC (Registro de Información Catastral), con las coordenadas que aparecen en el plan maestro. Estas coordenadas demuestran que estamos fuera del (área) Ramsar y aunque esté fuera parte se explica que Ramsar también promueve las hidroeléctricas y los humedales artificiales.
• Esa nueva actualización la enviamos al Ministerio de Medio Ambiente, ellos nos emiten una nueva resolución y se envía al Ministerio de Energía y Minas para actualizar el expediente con la tercera licencia, y entonces proceden a enviarlo a PGN. La Procuraduría General de la Nación les dice que es de ellos (del ministerio) la decisión de otorgar o no el uso de bienes de dominio público.

Se ha cuestionado también el tema de que se trata de un área declarada dentro de Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional). ¿Qué solucionaron de eso?

ES: Lo que dice Ramsar respecto al sistema de clasificación de obras en Ramsar: se aceptan reservorios, diques, represas hidroeléctricas, como humedales artificiales que vayan buscando mejorar las condiciones del área. Son estándares internacionales. Entonces, todos los técnicos anteriores habían dicho lo contrario, de que íbamos a afectar, pero no se estaba diciendo la verdad. No le han puesto atención a los datos de las coordenadas que comprueban que no es área protegida ni área Ramsar.

Es curioso que en dos resoluciones (del Conap y del Inab) en donde dicen que no, ellos aceptan que está fuera del área protegida y que le corresponde al MARN la decisión, pero entonces por qué se siguen metiendo si le corresponde al Ministerio de Ambiente. Eso es algo político, no sabemos si es un tema de ideología, pero nosotros estamos en orden, hemos sido muy respetuosos de la Ley, hemos tratado de que no se corrompa el proyecto, por eso nos ha costado muchísimo, si nos hubieran favorecido hubiera salido como otros proyectos en un mes, dos meses, tres meses.

¿El área donde están los sumideros es parte del Parque?

AA: No, además es propiedad privada.

En uno de los informes del Conap se menciona que no es positivo que se bloquee el paso de agua a los sumideros ¿Que les dijeron?

AA: No se va a bloquear. El agua va a pasar para usarla en la hidroeléctrica.

ES: La meseta de arriba, donde está (la comunidad de) Faisán, cuando hay inundaciones muy fuertes se inunda, porque ese sumidero no deja pasar más de un caudal de 250 metros cúbicos, y a veces llueve mil metros cúbicos en ese río. Entonces el proyecto también va ser un alivio para esas comunidades.

Es necesario diferenciar es que hay dos procesos diferentes de solicitud de autorización de licencia, y nos los están mezclando, no tiene que ver uno con el otro.

La PGN no emitió visto bueno, argumentando que había encontrado incongruencias en los dictámenes. ¿Podría atrasarse el proceso ya que el MEM tiene 30 días para analizar y firmar el contrato?

AA: Ya no tiene 30 días. Ellos están obligados a trasladarnos por ley el contrato, sino va haber incumplimiento de parte de ellos. PGN solo está dando una opinión y le está dejando toda la facultad al ministerio para tomar la decisión. Entonces es el ministro y el Ministerio el que tiene que tomar la decisión.

El ministerio estaba tratando de dejarle la decisión a la PGN, pero no es esta entidad la que tiene que tomar la decisión, sino que es el Ministerio de Energía y Minas, y ya lo hizo al aprobar el acuerdo gubernativo (019-2020).

Al haber dos dictámenes diferentes de Conap, la PGN habla de incongruencias en los documentos ¿el MEM pudiera decidir consultarle de nuevo y aplazar la firma?

AA: No puede hacerlo. Hay un acuerdo ministerial en el que se basa el reglamento de cómo se debe de dar la autorización. Es el Manual para el trámite de solicitudes de autorización para utilizar bienes de dominio público, instalaciones de centrales generadoras y otras cosas. La Dirección (General de Energía) en un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de publicación, tenía que haber elaborado la minuta de contrato y remitirla al departamento de asesoría jurídica.  Ese plazo ya pasó porque la publicación fue el 27 de enero (del 2020).

Ya, en este nuevo gobierno el ministerio publicó el acuerdo (de aprobación) y ya nos pasó un machote del contrato. Les remitimos ese documento con todos los pormenores de la empresa y del proyecto para su revisión. Ellos ya deberían de haberlo pasado y nos deben de llamar para suscribir ese contrato.

El envío del machote del contrato sí fue dentro del plazo, lo que ya se venció es el plazo de los 15 días (al sumar los 10 días para envío del contrato y 5 de revisión de asesoría jurídica), y ya nos tuvieron que haber llamado para firmar el contrato. El artículo 22 del manual dice que, sin exceder del plazo de 30 días, posteriores a la publicación del acuerdo ministerial, la administración solicitará la presencia del adjudicatario para la suscripción del contrato ante el ministerio. No nos han llamado.

La excepción que establece es por causa del adjudicatario, que en este caso es la empresa, si no le fuera factible elaborar el contrato se levantará el acta respectiva, la cual se adicionará el expediente y se remitirá a la Dirección para su archivo y efectos procedentes.

Es decir, el ministerio no tiene ahorita ninguna otra opción más, entonces nos tiene que llamar para suscribir ese contrato con nosotros, porque si no, hay incumplimiento de deberes, así de sencillo. Y nosotros los vamos a demandar si ellos no cumplen con esto, estamos en nuestro derecho.

El MEM respondió que el plazo se vence en 30 días hábiles después de la fecha de la publicación del acuerdo de autorización…

A criterio de nuestros abogados el plazo vence el 27 de febrero, porque las normativas dicen días contados (calendario o corridos) a partir de la fecha de publicación y no días hábiles.

ES: Insisto que son dos procesos distintos, que en ley el MARN no tenía por qué haber consultado a Inab ni a Conap, eso estaba clarísimo, y se le ha dado un tinte político (a este proyecto) que no se lo merece. Es un buen proyecto, es sumamente ecológico, que tiene muchas bondades para le región, saca del subdesarrollo y de la migración a muchas personas. Eso es lo que ofrecemos, le ofrecemos trabajo y le hemos cumplido a la gente porque ya le hemos invertido más de Q12 millones en carreteras, dos centros de salud, un instituto. Les hemos dado dinero para proyectos que ellos han decidido, para esto vamos entregando casi Q2 millones.

Respecto a la consulta comunitaria. ¿En cuántas comunidades se hizo?

AA: Se invitaron las 7 comunidades del área de influencia participó PDH (Procuraduría de los Derechos Humanos), representantes de los pueblos Q´eqchies, la Universidad de San Carlos, Universidades privadas, la municipalidad. Fue un proceso como de seis meses. Se ha cumplido con todo.

CL: Se hicieron dos consultas. Una cuando no estaba el árbitro, que es el MEM, antes de que lo regulara la CC, y todo mundo estuvo de acuerdo. Luego buscando la certeza jurídica se hizo la consulta ya con el árbitro, que es el MEM, y los dos procesos están totalmente documentados.

¿Qué impacto pueden tener las posturas en contra emitidas por Conap e Inab?

ES: voy a decir algo que es bien importante. Si en este proceso, que está fuera del área protegida, se está pronunciando Conap e Inab, ahora cualquier proyecto que no esté en área protegida le va a dar armas a Conap e Inab para interferir y eso no es lo que dice la ley, eso no se debe interpretar antojadizamente.

AA: Pero el Inab ya nos ha dado dos dictámenes a favor. La Ley dice que se debe sacar un dictamen técnico del Inab si se necesita hacer cambio de uso de suelo para hacer el proyecto. Como el proyecto está en una zona ya agrícola, ya fueron a medir dos veces, primero en el 2014 y en el 2019, y volvieron a decir lo mismo acerca de que no hay necesidad de cambio de uso de suelo.

Se ha informado públicamente en varias ocasiones que Alfonso Alonzo, entonces ministro de Ambiente, usó un helicóptero de la hidroeléctrica Rocja Pontila. ¿Por qué se dio esa situación?

AA: El helicóptero él lo alquiló, así como nosotros lo alquilamos en su momento. El helicóptero ya no lo estamos alquilando más nosotros. Es de una empresa panameña, y nosotros lo alquilábamos bastante. Ahora lo tiene Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG). Lo ha usado muchísima gente, y nosotros ya no lo estamos usando.

¿En ese momento el exministro tuvo algún contacto con ustedes?

Ningún contacto con nosotros en ese momento. Cuando fue lo del ministro Alonso sí nosotros utilizábamos el helicóptero, pero él lo utilizaba alquilado. Nosotros hicimos un contrato de alquiler con esa empresa, eso ya salió en una investigación, la empresa se llamaba Usmalia.

La consulta es ¿si al mismo tiempo que ustedes lo alquilaban también alguna otra persona o empresa lo podría alquilarlo para su uso?

Muchas personas lo alquilaron también.

Características y diferencias de opiniones según argumenta la empresa

Los ejecutivos de la empresa argumentan de la siguiente forma detalles del proyecto y por qué, según las pruebas que ellos tienen, están en desacuerdo con dictámenes de Conap e Inab que no aprueban el proyecto:

• “Hay una zona donde el río desaparece, ahí hay unos sumideros, que es una montaña en propiedad privada, luego vuelve a salir el río más abajo, pero en la misma comunidad, luego entra 1 mil 950 metros a una comunidad que se llama Mansión del Norte y vuelve a salir. El Conap decía que el área de Mansión del Norte estaba dentro del parque lo cual demostramos que no era así.
• También decían que el río alimentaba la Laguna, que la iba a secar, pero el único río que alimenta la Laguna es el río Peyán, y luego sale de la laguna, pero ahí se llama río Lachuá o Tzetoc. Este va a desembocar aguas abajo donde está la hidroeléctrica de Raaxha. No tiene nada que ver un río con el otro.
• Cuando demostramos eso, entonces empezaron con un argumento totalmente falaz y antitécnico de que como era una zona de karst, de roca caliza, y había muchas filtraciones de agua, que el río alimentaba la laguna por filtraciones, por cuevas subterráneas que se desconocían, cosa que también es imposible porque la Laguna está en la cota 172 sobre el nivel del mar y el río Icbolay sale en la coba 161 metros sobre el nivel del mar.
• La cota del proyecto está más de 10 metros abajo que la laguna, y si el río la alimentara tendría que haber un tipo de sistema de bombeo natural para que suba el agua, cosa que no existe. Si hubiera comunicación de vasos de un lugar a otro, sería al revés y la laguna ya se hubiera drenado.
• Además, la laguna no está en una zona de karst, sino que es un área de sedimentos, el karst termina en las montañas según se detalla en los mapas geológicos y los mapas cartográficos y lo demostramos. Y, el río Peyán está muy retirado del río Icbolay.
• Decían que el río se metía en el parque, pero no es así. La zona donde está el proyecto es una finca privada de la comunidad Mansión del Norte. Esta comunidad llegó a acuerdos con el proyecto (Central Rocja Pontila) después de cuatro años de estarlo socializando y junto con otras siete comunidades van a obtener beneficios del proyecto.
• La comunidad Mansión del Norte le dio al proyecto derechos de las tierras para hacer el proyecto a cambio de estos beneficios que van a obtener. Al final vienen siendo socios del proyecto. Se destinarán Q60 millones para proyectos”.

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