Las autoridades del Instituto Nacional de Bosques (Inab) están preocupadas por la falta de acción ante las denuncias interpuestas en el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
De acuerdo con autoridades, este sería el sexto grupo de pobladores que tala y atenta contra la flora y fauna del lugar.
“Son alrededor de 40 familias que ingresaron al parque y están tomando posesión del área sin que nadie les diga algo. Los árboles talados en el lugar se comercializan sin ningún impedimento”, indicó Carlos Archila, director regional del Inab.
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Archilla agregó que el problema se agrava porque las personas cortan y extraen especies “valiosas” para los ecosistemas locales; además, dijo que utilizan la tierra para cultivo de maíz o para indicar que ya tienen posesión del área.
“Las personas que están allí son delincuentes, porque incluso en el lugar conocido como Cola de Pescado cobran a cada familia de Q600 a Q1 mil para tener acceso a tierra e invadirla. Estos líderes hacen dinero y al momento de un desalojo son los que menos aparecen”, agregó Archila.
Aseguró que individualizaron a las personas que lideran esos movimientos, por lo que fueron incluidas en la denuncia que interpusieron junto a representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
“Esperamos que hagan algo y logren recuperar el parque a pesar de que ya está muy deteriorado. Son millones de quetzales los que debe invertir el Estado para restaurar el daño provocado”, explicó Archila.
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En la actualidad unas dos mil 400 hectáreas están en poder de invasores o “delincuentes”, como los califica Archila, quien asegura que hay más de mil denuncias en el Ministerio Público desde que se conocieron las primeras invasiones.
“No sabemos por qué no actúan (las autoridades judiciales), se realizaron cuatro o cinco reuniones con la Corte Suprema de Justicia para hacer consciencia de que protejan los 14 kilómetros cuadrados que mide Lachuá”.
“Hay que recordar que hay instituciones que salen en defensa de estos invasores o delincuentes, donde mencionan sus derechos humanos”, comenta Archila, quien agregó que, esas organizaciones condicionan a los agentes de la Policía Nacional Civil que vayan desarmados cuando acompañen a los jueces que ejecutan los desalojos.
La madera producto de las talas en el Parque Nacional Laguna Lachuá, en Cobán, Alta Verapaz, es comercializada son control. (Foto Prensa Libre: Eduardo Sam)
El resguardo del Parque Nacional Laguna Lachuá está a cargo de 22 guardarrecursos “Exponer a estas personas a enfrentarse a los invasores es mandarlos a la muerte”, expuso Archila.
Una denuncia presentada el 12 de junio en el Ministerio Público a la cual tuvo acceso Prensa Libre indica que el área fue usurpada por personas procedentes del área Mich’b’ilrixpú o Nuevo Monte Rey, ubicada en la parte sur de la Laguna Lachúa, en el Monjón del Mono.
Los guardarrecursos César Pacay Chen y Esteban Ac Xicol detectaron la tala ilícita de 28 hectáreas de bosque natural secundario, que fue incendiado con intencionalidad, donde luego establecieron cultivos de maíz para justificar su ocupación.
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