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Secretario General de la Presidencia anuncia una batalla legal para frenar la ley de gasto exprés para los Codedes

La Presidencia documenta 50 vetos del 1994 al 2022, y todos carecen de un artículo de vigencia, por lo que rechazan la decisión del Congreso de desconocer el veto del Decreto 7-2025.

Douglas Cuevas

8 de octubre de 2025

|

14:11h

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Juan Gerardo Guerrero, Secretario General de la Presidencia, asegura que no hubo error en el veto y que tampoco se presentó fuera de los plazos de ley. Fotografía: Prensa Libre.

La presidencia de Guatemala se prepara para una batalla legal contra el Congreso, luego que este poder del Estado desconociera el veto presidencial a la ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, anunció que un equipo de abogados ya está preparando las acciones legales y que están próximos a presentar ante la Corte de Constitucionalidad.

El alto funcionario del Organismo Ejecutivo rechazó los argumentos de algunos diputados de oposición que calificaron como un “error” en la emisión del veto no incluir un artículo de vigencia.

Al no contar con este artículo, el pleno del Congreso acordó desconocer el veto enviado por el presidente Bernardo Arévalo y enviar a su publicación y consecuente vigencia la ley que le permite a los Codedes agilizar el gasto de los próximos años.

Guerrero, en exclusiva para Prensa Libre, explica los pasos a seguir desde el Ejecutivo para evitar que el Decreto 7-2025 cobre vigor.

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¿Cómo analizan legalmente la decisión que tomó el Congreso en la sesión del pasado 7 de octubre?

Nosotros hemos estado en un proceso de análisis con respecto a la decisión que tomó el Congreso; específicamente, 84 diputados derivado de una moción privilegiada en la que deciden utilizar una argumentación, según ellos legal.

Sin embargo, -la decisión del Congreso- carece de sustento legal, y -está- fuera del marco constitucional, porque ellos aducen que el veto que emitió el presidente de la República de Guatemala se encuentra fuera del plazo establecido legalmente.

Los diputados se basaron en el decreto número 1816, del año 1968, que entró en vigencia hasta el 1969.

Entonces, aquí la primera pregunta que debieron de haber analizado los diputados ponentes de la moción privilegiada es si un acuerdo de veto es de observancia general o contiene disposiciones reglamentarias.

Sin embargo, ellos no llegaron a hacer ese análisis técnico jurídico. Aunado a ello, nosotros tenemos, por el momento, el análisis de 50 vetos realizados de 1994 a 2022, todos exactamente bajo la misma línea.

Es decir, al no ser acuerdos de observancia general del Ejecutivo, sino que es un acuerdo de comunicación entre organismos de Estado, no requería de un artículo que especificara cuál era la fecha de entrada en vigencia, e inclusive ni enviarlo al Diario de Centro América.

Para ponerle algunos ejemplos, el Congreso en el periodo anterior recibió tres vetos. En estos casos, el Ejecutivo, es decir, el anterior presidente (Alejandro Giammattei), devolvió los decretos vetados a los 13 días previos a la fecha de los 15 días que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, e, inclusive, no mandaron a publicar al Diario de Centro América, que ese es el otro argumento que ellos estaban utilizando, que a partir de tres días después de publicado en el Diario de Centro América entraba en vigencia el acuerdo gubernativo, lo cual es totalmente falso.

Veto llegó a tiempo

¿Ya le pudieron comunicar al presidente Arévalo lo que sucedió en el Congreso, y si sí, cuál fue su postura?

El presidente está muy claro, muy tranquilo, ¿Por qué razón? El presidente de la república fue diputado al Congreso de la república de Guatemala, él conoció los tres vetos que mencioné anteriormente, y sabe perfectamente cuál es el procedimiento legal, el procedimiento constitucional, y el procedimiento legislativo del veto. Por eso él está bastante tranquilo de que las acciones legales que emprendamos tienen que llevar el cauce constitucional.

Allan Rodríguez reconoció que mandaron en el Gobierno pasado un veto sin artículo de vigencia, pero que lo hicieron antes de los 15 días constitucionales. ¿Por qué ahora se presenta el veto al último día?

Creo que es importante que aclaremos algunos temas, porque esa es parte de la desinformación que hay. Hay algunas personas que dicen que presentamos el veto el día 15 -del plazo constitucional-, pero es totalmente falso.

Para que tengamos claro la línea de tiempo, el Congreso de la República aprobó el decreto 7-2025, el 2 de septiembre 2025; fue remitido al Organismo Ejecutivo el 12 de septiembre de 2025.

Fue vetado a través del acuerdo gubernativo número 182-2025 el 2 de octubre de 2025;  y nosotros, de conformidad con el artículo 178 de la Constitución, al igual que el 100% de todos los vetos, los devolvimos al Congreso antes de los 15 días, el 3 de octubre del 2025. Si nosotros vemos los días hábiles, lo devolvimos en el día catorce.

El veto lo devolvimos en el día 13, no lo devolvimos en el día 15 como aducen algunas personas. Nosotros por un principio de máxima publicidad y porque consideramos de que es importante que todo lo actuado en el Ejecutivo sea transparente, decidimos publicar en el Diario de Centro América, pero recalco, en el periodo anterior, fueron tres vetos y no fueron publicados en el Diario de Centro América, y no incluía un artículo de vigencia.

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Irónicamente, ¿Quién era el presidente del Congreso de la República en 2020, 2021 y 2022? Allan Rodríguez; al parecer, se le olvidaron dos vetos, y no solamente eso, el veto que sí se recuerda él, nunca se discutió sobre el fondo del asunto que ellos argumentan, que es de que debía de haberse publicado en el Diario de Centro América, y que entraba en vigencia tres días después, lo que hace totalmente inválido los argumentos que él está realizando.

Las acciones

¿Qué acciones legales va a presentar el Ejecutivo para tratar de revertir la decisión del Congreso?

La ventaja es que la propia Constitución estableció los mecanismos y los procedimientos legales para defender el mismo cuerpo constitucional.

Aquí estamos hablando de que se vulneró un derecho constitucional del presidente de la República de Guatemala al ejercer el derecho de veto, porque no se discutió a fondo los argumentos del veto, que son delicados.

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Aquí lo que hicieron 84 diputados, que no tenían 107 votos, fue evadir entrar a analizar si efectivamente el decreto que ellos habían aprobado, adolecía de los vicios de inconstitucionalidad o no.

Nosotros ya estamos redactando los instrumentos legales desde ayer en la noche, estamos trabajando con los procedimientos constitucionales que se nos permite por mandato constitucional para poder presentarlos ante el órgano competente que sería la Corte de Constitucionalidad.

¿Sería un amparo o una acción de inconstitucionalidad?

Amparo, en este momento amparo, en un segundo momento estaríamos hablando ya de analizar la vía de la inconstitucionalidad, en dado caso, entrase en vigencia el Decreto 7-2025.

Muchos analistas consideran que hubo errores desde el Ejecutivo, al señalar que no se incluyó un artículo de vigencia para blindar la decisión del presidente. ¿Cuántos asesores y abogados participaron, además de su persona, para la redacción de ese veto?

La decisión del veto fue analizado por más de 10 abogados, pero lo más importante que tenemos que saber acá, es que también se respetan las opiniones que puedan emitir cualquier ciudadano, se respetan.

Sin embargo, creo que es importante también tener claridad de que lo que se está argumentando es válido o han analizado previamente si efectivamente lo dicho por algunos diputados fue correcto o no.

El @CongresoGuate desconoció el veto a la ley de gasto exprés para los Codedes, se argumentó un error de la Secretaría General de la Presidencia de @BArevalodeLeon para hacerlo.

En total 86 diputados defendieron la ley vetada, 51 se opusieron y 23 no llegaron. pic.twitter.com/e9FOKeLzwp

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 8, 2025

Como mencioné al principio de la entrevista, nosotros ahorita tenemos 50 vetos analizados y en el 100%  estos vetos no requieren de un artículo que establezca plazo para entrada en vigencia. ¿Por qué razón? Vuelvo a recalcar, el acuerdo gubernativo que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, devuelve al Congreso de la República, no es de observancia general como argumentaron los diputados.

¿Cuál fue el problema acá? El problema fue que el día anterior a conocerse el veto apareció una publicación en la red social X, una publicación que tergiversa totalmente el contenido del decreto1816 del año 1968, donde indicaba que el veto tenía que tener fecha de publicación, y que tenía que correr tres días después de su publicación en el diario de Centro América.

Lo interesante es que la persona que publica dicho mensaje en la red social X, es una persona que fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y también fue subsecretario general de la presidencia.

Entonces, él tiene que tener exactamente la misma información que yo tengo, donde el 100%, la totalidad de los acuerdos gubernativos de veto, al no ser de observancia general, sino de comunicación entre los poderes de Estado, no requieren de fecha de publicación.

Acuerdos políticos

¿Cuándo el equipo de más de 10 abogados analizó el veto, no consideraron para blindar la decisión del presidente, incluir un artículo de vigencia?

No, definitivamente no, porque estaríamos nosotros tomando en cuenta un argumento inválido. Estaríamos ponderando un acuerdo de 1968 por encima de la Constitución Política de la República de Guatemala, y por ende estaríamos vulnerando el principio de supremacía constitucional, y también, si lo queremos ver de forma más extensa, estaríamos vulnerando también una regla cuando existen normas que se contradicen, ley posterior deroga ley anterior, pero principalmente estaríamos vulnerando el principio de supremacía constitucional.

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La Constitución Política de la República de Guatemala prevalece sobre leyes de carácter ordinario, y en este caso, principalmente una ley que es anterior a la vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso, definitivamente no lo consideramos, y recalco 50 vetos del 1994 al 2022 donde no se contempló un artículo de vigencia porque no era necesario.

Ustedes tuvieron bastante tiempo para analizar el decreto 7-2025. ¿En ese periodo hubo acercamientos con diputados o alcaldes?

El presidente de la República, como lo indicó en la ronda de lunes, tuvo comunicación con alcaldes en las distintas giras que él estuvo realizando, y también hay una parte del Organismo Ejecutivo que realiza toda la parte política.

En Secretaría General de la Presidencia, nosotros únicamente observamos las partes de las disposiciones técnico-legales, es decir, no podría ahondar más en la pregunta que me realiza, porque nosotros únicamente vemos la parte legal.

La siguiente pregunta va encaminada a un borrador de iniciativa que diputados oficialistas planteaban presentar y que era muy similar a la ley vetada. ¿Desde la Presidencia se ofreció una iniciativa de ley similar a la que se vetó?

Ojo, el espíritu de la iniciativa que se está vetando, creo que tal vez no era malo. El problema es que al momento que redactaron los artículos del decreto vetado, sí contiene pasajes que adolecen de vicio de inconstitucionalidad.

Para ponerle un ejemplo, porque ahorita no tengo presente, recuerdo que se vulnera el artículo 2 de la Constitución Política, donde encontramos un deber del Estado, que es el de garantizar la seguridad, y de esto surge el principio de seguridad jurídica, porque todas las acciones, tanto el Organismo Ejecutivo Judicial como el Legislativo, en este caso el Legislativo, deben de ser para emitir leyes y disposiciones de carácter general que sean confiables, estables, predecibles, inteligibles, y coherentes.

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Sin embargo, en uno de los pasajes del decreto que nosotros vetamos, ellos mencionaban las razones ampliamente justificables, o justificadas, prácticamente en el texto no existía un sujeto normativo, ni condiciones objetivas para esa frase, razones ampliamente justificadas. ¿Quién establecía cuáles son esas razones ampliamente justificadas?

Otro de los pasajes que recuerdo, por la cual nosotros decidimos vetar, fue porque el Congreso de la República de Guatemala tiene una atribución fundamental en el artículo 171, inciso B de la Constitución, el cual es aprobar, modificar, o improbar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado.

Sin embargo, en uno de los pasajes del artículo 2, que agregaba el artículo 45Ter del decreto 7-2025, señalan que el ministro de Finanzas es el que modificaría el presupuesto general, contradiciendo así el artículo 171 de la Constitución Política. Son aspectos que nosotros tomamos para poder vetar este decreto legislativo.

Niega errores

Hay muchas críticas por la forma en que se redactó el vetó. ¿Usted cree que cometió un error al momento de decirle al presidente ‘ya está el veto y se pude publicar’?

No, definitivamente. Bueno, como le dije en el en un principio, se respetan las opiniones que puedan emitir todos los ciudadanos, cualquier analista puede emitir opinión, puede considerar que fue un error de Secretaría General, pero la estadística no miente. Tengo el 100% de los decretos vetados, donde se respetó exactamente el mismo procedimiento.

La redacción de los vetos va variando un poco, señala por qué se devuelve, pero no se agrega fecha de entrada en vigencia, recalco, porque no estamos ante una un acuerdo que contiene disposiciones de carácter general, sino que es un acuerdo donde se establecen los motivos de una acción constitucional, la cual es el veto, por qué razón el presidente considera que hay inconstitucionalidades en la misma, y fue una comunicación conforme al artículo 178 de la Constitución, que el presidente tiene el derecho de ejercer el derecho de veto.

Por lo tanto, nosotros estamos en el plazo, en dado caso, ese es el argumento, estaríamos hablando que tanto las presidencias pasadas se equivocaron, incluido el Congreso y el mismo Allan Rodríguez, que presidió el Congreso.

¿Cuándo estarán presentando el amparo?

Esto dependerá de los tiempos, dependerá del acuerdo legislativo que emita el Congreso de la República de Guatemala, mandando a publicar el decreto que nosotros decidimos vetar.

Usted lo mencionaba y dice que le estadística no miente, pero la Corte de Constitucionalidad en muchas ocasiones no ha respondido favorable a las acciones del Ejecutivo. ¿Consideran que esta vez el escenario será diferente?

Yo esperaría que con la documentación que tenemos, y con la certeza jurídica del equipo legal, el presidente de la República de Guatemala sea amparado.

Vuelvo a indicar, acá está la estadística, tenemos el 100% de los casos exactamente igual al veto que nosotros presentamos, se realizaba en el día 13 o 14, nunca se esperó a un día 15, como maliciosamente un diputado lo mencionó el día de ayer en el Congreso de la República de Guatemala.

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Por lo tanto, estoy seguro de que el equipo técnico que está revisando las acciones legales, tienen los suficientes argumentos legales, y constitucionales para defender esta postura.

Qué mensaje da a la población tras los mensajes de errores de asesoría legal al presidente, incluso algunos recomiendan al presidente hacer cambios en su círculo cercano. ¿Cómo responden como Ejecutivo a todos esos comentarios?

Sí, lo primero es recalcar que debemos de respetar todas las opiniones, ya sea de ciudadanos, sea de analistas políticos, personas que escriben en redes sociales, como también las de los diputados al Congreso de la República de Guatemala.

Por el lado del Ejecutivo, nosotros estamos claros y conscientes de que se actuó dentro de los plazos constitucionalmente establecidos en el artículo 178, y también estamos conscientes de que todos los cargos designados por el presidente de la República de Guatemala están en constante análisis.

El presidente de la República puede tomar cualquier decisión sobre continuar o no con los servicios de un funcionario público, y todos los que hemos decidido formar parte del Organismo Ejecutivo del presidente Bernardo Arevalo, estamos conscientes desde el día uno que tomamos posesión del cargo, que estamos a plena disposición de la decisión que él decía tomar.

MP presenta solicitud de retiro de antejuicio contra el secretario general de la Presidencia

La FECI busca investigar al secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, y presenta solicitud de retiro de antejuicio por el caso Corrupción Semilla.

César Pérez Marroquín

30 de enero de 2025

|

16:22h

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Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó este jueves 30 de enero una solicitud de retiro de antejuicio en contra de Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia de la República, por la posible comisión del delito de falsedad ideológica, informó el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con el MP, ese trámite se debe a que han recibido denuncias sobre la posible comisión de delitos por parte de Guerrero Garnica.

En un comunicado el MP señala que la solicitud es en seguimiento al caso Corrupción Semilla.

Agrega: “La Fiscalía establece que existen hechos denunciados verídicos y que pueden suponer la existencia de acciones que por su naturaleza deben ser conocidas por la autoridad competente, ya que involucran a Guerrero Garnica quien a sabiendas que Cinthya Alejandra Rojas Donis había firmado en las hojas de adhesión para la constitución del partido político

Movimiento Semilla, habría brindado declaraciones falsas, en su calidad de notario”.

Detalla que, derivado de la investigación se puede establecer que Cinthya Alejandra Rojas Donis, Jaime Gabriel Gudiel Arias e Iliana Raquel Gudiel Arias hicieron un contrato con el cual se les pagó Q7 por firma recabada; además, refiere que Rojas Donis fue la encargada de verificar la veracidad de los datos contenidos en las hojas de afiliación del Comité para la Constitución del partido político Movimiento Semilla.

“Rojas Donis firmó las hojas de afiliación dando certeza que los datos eran veraces y que contenían la voluntad de las personas para afiliarse; sin embargo, Rodrigo Rodas Sánchez realizó una consulta de empadronamiento y afiliación al partido político y se encontró como afiliado, pero dicha persona manifestó que no otorgó consentimiento para afiliarse y que posiblemente miembros del partido usaron sus datos contra su voluntad, falsificando su firma. Esta denuncia fue interpuesta por Rodas Sánchez ante el Tribunal Supremo Electoral el 18 de mayo de 2022”, dice el MP.

El documento agrega que el 14 de marzo de 2023, el Movimiento Semilla a través de su secretario general y representante legal de ese momento, César Bernardo Arévalo de León, presentó ante el MP una denuncia en contra de Jaime Gabriel Gudiel Arías, una de las personas contratadas para recolectar firmas de afiliación y específicamente el encargado de la hoja de adhesión colectiva No. 008373, debió haber recolectado la firma de Rodas Sánchez y en lugar de ello la falsificó.

“Con esta acción se corrobora que el partido tenía el pleno conocimiento del hecho delictivo suscitado en las hojas de afiliación y que no se hizo ninguna acción para subsanar el ilícito penal que hacía que los datos contenidos en la hoja de afiliación fueran falsos, puesto que tampoco se presentó denuncia contra Rojas Donis por haber garantizado con su firma la veracidad de los datos”.

Agrega que: “ante ello se hizo una revisión y análisis minucioso de las hojas de adhesión colectiva del partido, advirtiendo la posibilidad de que los notarios, entre ellos Guerrero Garnica, que realizaron el acta de legación de firma de la persona que declaraba bajo juramento, pudieron cometer falsedad ideológica”.
Según el MP, por esas razones se presenta la solicitud de retiro de antejuicio ante las autoridades competentes para que se pueda iniciar la investigación.

Guerrero de pronuncia

Tras las acciones del Ministerio Público, el secretario Guerrero publicó un pronunciamiento en sus redes sociales, en donde afirma que el MP ha protagonizado “una campaña sistemática para obstaculizar la depuración de la administración pública y deslegitimar los procesos democráticos”.

“Estoy a la espera de la notificación y conocer al fin el expediente por el cual se me sindica, ante lo cual ejerceré todos los medios que la ley me otorga para defenderme en esta nueva acción”, afirmó Guerrero.

MP pide retiro de antejuicio contra secretario de Presidencia por denuncia puesta por Mondal Chew

El MP busca investigar a Juan Guerrero Garnica, secretario de la Presidencia, por una denuncia que interpuso Jorge Adolfo Mondal Chew, presidente de la JD del Bantrab.

Miguel Barrientos y Leslie Sánchez

20 de agosto de 2024

|

12:54h

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El MP señala a Juan Guerrero Garnica, secretario de la Presidencia, de posiblemente haber incurrido en delitos al pedirle su dimisión al presidente del Bantrab, Jorge Mondal.  (Foto HemerotecaPL / C. Hernández)

Este 20 de agosto se conoció que la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la presidencia.

Según el MP, el funcionario habría cometido delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.

La solicitud surge luego de una denuncia interpuesta por Jorge Adolfo Mondal Chew, en su calidad de presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab).

El MP indica que en la denuncia se refiere que Guerrero Garnica le solicitó a Mondal Chew que renunciara a su cargo, procedimiento que no estaría en ley y con el que se incurriría en un hecho ilícito.

El MP detalla que en la denuncia interpuesta el 22 de mayo se incluyó que el entonces director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, acompañó a Guerrero para solicitarle la dimisión a Mondal, a quien le indicaron que no cumplía con los requisitos para el cargo.

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Sin embargo, indica el MP, Mondal les argumentó que contaba con un amparo provisional a su favor otorgado por la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente de Amparo en única Instancia identificado como 798 – 2024.

El MP señala que, a pesar de contar con el amparo a favor de Mondal, Guerrero Garnica habría manifestado que ya estaba en el trámite el expediente administrativo.

La Fiscalía de Delitos Administrativos, se indicó, busca investigar detalles del caso y determinar si el funcionario incurrió en los delitos en mención.

#ComunicadoDePrensa #MPfuerteYfirme #Antejuicio

El Ministerio Público a la población guatemalteca informa: pic.twitter.com/dTfKV8Nd3P

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 20, 2024

Guerrero espera que acción sea rechazada

El secretario general de la Presidencia dijo que “no es de extrañar que el Ministerio Público vaya detrás de quienes denuncian hechos de corrupción”.

“Meses atrás presentamos una denuncia ante el MP porque se demostró que el señor Mondal mintió para tomar posesión como presidente de la JD del Bantrab. A pesar de esa información, el MP no ha hecho caminar la denuncia contra Mondal y hace lo contrario al solicitar antejuicio contra mi persona”, señaló Guerrero.

El funcionario añadió que es un tema político. “Estamos ante un actor oscuro que ha manipulado a magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad para que lo protegieran en un cargo de forma ilegal, como también lo hizo con el MP”, argumentó.

El secretario de la Presidencia indicó que esperaría que la denuncia sea rechazada por la Corte Suprema de Justicia.

CC da trámite al amparo interpuesto por el MP contra Arévalo

La Corte de Constitucionalidad recibió una solicitud de amparo interpuesta por el Ministerio Público, quien señala al Ejecutivo de diversas acciones contra el ente investigador.

Miguel Barrientos

6 de mayo de 2024

|

08:46h

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El Ministerio Público interpuso ante la Corte de Constitucionalidad un amparo contra el presidente Bernardo Arévalo y dos de sus funcionarios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca: Byron García)

La Secretaría General de la Presidencia informó este 6 de mayo que fueron presentados ante la Corte de Constitucionalidad informes requeridos luego de que el Ministerio Público interpusiera un amparo contra el mandatario Bernardo Arévalo y dos de sus funcionarios.

El domingo último, el Ministerio Público informó que presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad ante la “amenaza real, cierta e inminente” de que el presidente “continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales, internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia” y que se puedan efectuar “atentados contra la fiscal general María Consuelo Porras.

También señaló al procurador General de la Nación, Julio Saavedra y al secretario General de la Presidencia, Juan Guerrero, por “extralimitarse en sus funciones mediante acciones ilegales” para remover a la fiscal.

Según el MP, la medida busca que la CC ordene al presidente que se “abstenga de adoptar medidas políticas, nacionales e internacionales, financieras o presupuestarias”, para tomar el control de esa institución o que se altere su “autonomía”.

Pocas horas después de la acción del MP, se llevó a cabo una conferencia que había anunciado el presidente Bernardo Arévalo, en la que anunció que impulsará una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público para destituir a la fiscal María Consuelo Porras.

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Este 6 de mayo, el secretario de la Presidencia, Juan Guerrero, se pronunció respecto a los requerimientos de informes circunstanciados y antecedentes del caso pedidos por la Corte de Constitucionalidad.

Explicó que, cuando un tribunal de amparo solicita ese tipo informes brinda un plazo de 48 horas para que la autoridad denunciada pueda presentarlo; sin embargo, señaló que se les dieron tres horas.

“A las 11 con 20 minutos fuimos notificados en la Secretaría General y se nos dio un plazo de tres horas para presentar los antecedentes del caso o informe circunstanciado. A la 1.57 se presentó la del secretario General y a las 2.02 la del presidente”, detalló Guerrero.

Guerrero señaló que fue “malicioso” el hecho de haber dado tres horas para presentar los informes y responsabilizó al presidente de la Corte de Constitucionalidad por haber dado ese lapso.

El presidente @BArevalodeLeon anunció en cadena nacional que presentará ante el @CongresoGuate, una reforma a la Ley Orgánica del @MPguatemala para lograr la destitución de la Fiscal General, Consuelo Porras. pic.twitter.com/lKXBnOtxlJ

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) May 6, 2024

Guerrero dijo a periodistas que vieron un ataque sistematizado en el proceso de transición de mando.

Señaló que muchas personas les decían que no llegarían a tomar posesión del cargo pues los ataques que recibían estaban bien coordinados y que iba a ser difícil asumir.

Señaló que las nuevas autoridades y el partido siempre tuvieron la tranquilidad y la certeza de que lo que estaban haciendo y que lo hacían bien a pesar de las críticas.

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Señaló que las autoridades pasadas alargaron lo más posible la transición de mando. “Hasta el último minuto, no nos hicieron descansar, porque prácticamente estuvimos presentando hoy una serie de acciones de amparo, como también solicitudes de debida ejecución de amparo”, dijo Guerrero.

El funcionario, quien fue electo como diputado de Parlamento Centroamericano señaló que sí, que ya lo hizo, y que a diferencia del Congreso de la República, en el Parlamento Centroamericano lo que se presenta es una carta, en la cual indican que va a formar parte de algún órgano del Ejecutivo, y desde ese momento queda liberado de de su cargo.

Elección en el Congreso

Guerrero también fue consultado sobre que el Movimiento Semilla tiene suspendida la personalidad jurídica y aún así lograron la presidencia del Congreso con la planilla que encabezaba Samuel Pérez, de esa organización política.

Se le consultó que opinaba de los comentarios que señalan que esa junta directiva es ilegal, porque la bancada estaba suspendida y ningún integrante de esa organización podía llegar puestos de junta directiva.

Guerrero señaló:  “Realmente, lo ilegal es el actuar del Ministerio Público y el actuar de un juez corrupto, de un juez que se ha que se ha prestado a intentar darle un golpe de Estado a los guatemaltecos que eligieron libre y democráticamente a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y muestra de ello es aplicar la ley contra la delincuencia organizada en contra de un partido político aduciendo de que es una estructura criminal”.

“Nosotros hemos presentado una serie de acciones, entre ellas una inconstitucionalidad en caso concreto para poder demostrar la inaplicabilidad del artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada a un partido crítico, principalmente cuando es por motivos eminentemente espurios”, expresó el nuevo secretario general de la Presidencia.

Guerrero expresó que la Décima Legislatura del Congreso de la República de Guatemala revirtió lo que la Novena Legislatura había hecho -de suspender a la bancada Semilla- y agregó que ahora esa organización política sí es bloque legislativo.

“Esperamos que a través de la inconstitucionalidad de caso concreto se levanten todas las restricciones que tiene actualmente el partido político. Eso es lo que estamos buscando actualmente.”, añadió Guerrero.

También dijo que la nueva legislatura también revirtió la decisión de no juramentar a Héctor Julio Estrada como diputado.

“Yo seré del criterio que es totalmente ilegal, ilegítimo e inconstitucional que se solicite la constancia transitoria, mal llamada finiquito, de la Contraloría General de Cuentas para que una persona que fue electa a través del sufragio universal y secreto pueda asumir el cargo”, señaló.

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Declaración patrimonial

El nuevo secretario general de la Presidencia fue consultado sobre si los nuevos funcionarios harían publica su declaración patrimonial, la cual deben presentar anta la Contraloría General de Cuentas, y respondió que la mencionada declaración no es que sea pública.

Comentó que los funcionarios sí harán la declaración patrimonial y lo harán ante el órgano o el ente específico, que es la Contraloría General de Cuentas.

Afirmó que dicha declaración no es pública, porque puede poner en riesgo a los familiares del funcionario público, dónde al dar a conocer cuál es el patrimonio real que tiene, puede ser víctima de extorsión o secuestro, sobre todo en un Estado en donde hay alta criminalidad.

“Es una obligación que tenemos nosotros de realizar nuestra declaración patrimonial dentro de los primeros 30 ante la Contraloría General de Cuentas”, dijo Guerrero.

Al consultarle si la decisión de no hacer pública su declaración patrimonial era una decisión del nuevo gobierno o de cada funcionario, Guerrero respondió que será una decisión de cada funcionario, aunque recalcó que hacerla pública es riesgoso.

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