Presentan amparo contra resolución que suspendió el juicio contra Benedicto Lucas García

El general retirado Benedicto Lucas García enfrenta a la justicia por estar señalado dentro del caso Ixil.
 

Óscar García y Elmer Vargas

10 de diciembre de 2024

|

11:09h

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Abogado y representante de las víctimas presentan amparo por la suspensión del juicio contra Benedicto Lucas García. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

Este martes 10 de diciembre fue presentado en la Cámara de Amparo y Antejuicio un amparo contra la resolución de la Sala Primera de Corte de Apelaciones que resolvió el pasado 28 de noviembre la suspensión del juicio contra Benedicto Lucas García señalado dentro del caso Ixil.

El juicio contra el general retirado Lucas García, de 92 años, es por un caso de genocidio durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996). La suspensión del juicio se dio cuando ya se estaba a punto de dictar sentencia.

Mario Trejo, abogado de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, indicó que en el marco del Día de los Derechos Humanos presentaron el amparo contra la resolución que decidió apartar al tribunal de sentencia que conocía la fase de debate contra Lucas García.

Añadió que se estaba por llegar a la etapa de sentencia y el tribunal fue apartado del caso por una solicitud de recusación planteada por le defensa del señalado.

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Indicó que lo resuelto por la Sala manda a conocer el caso en otro tribunal de sentencia. “Esto significa volver a repetir la fase de debate”, afirmó Trejo.

Dijo que el amparo está en el plazo legal establecido y busca restablecer los derechos de las víctimas y que se anule la decisión de la Sala para continuar como estaba la fase del debate.

Agregó que la resolución ya asignaba un nuevo tribunal de sentencia de mayor riesgo para conocer el caso.

Eliodoro Osorio, representante de las víctimas, informó que durante ocho meses de audiencias los testigos llegaron al tribunal para declarar y no ve justo la decisión tomada por la Sala.

Añadió que no tiene que quedar impune lo que vivieron las víctimas durante la guerra interna.  

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Lucas García enfrenta a la justica por su supuesta responsabilidad en la muerte de unas 1 mil 200 personas entre 1978 y 1982 mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, fallecido en Venezuela en 2006.

El juicio, que inició el 4 de abril pasado y que según esta resolución deberá ser trasladado a otro tribunal, estaba en fase de conclusiones y se trata del segundo proceso por genocidio tras la condena al expresidente de facto Efraín Ríos Montt en 2013.

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El 8 de noviembre recién pasado, la fiscalía pidió una pena de dos mil 860 años de prisión para Lucas García por su supuesto rol en la matanza de personas señaladas de haber apoyado a guerrilleros entre 1978 y 1982.

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“El sindicado no podía impartir órdenes por el cargo y el grado que tenía en el Ejército”, dijo el juez Jaime González, al explicar la no culpabilidad del general retirado en los hechos ocurridos del 23 de marzo de 1982 al 31 de julio de 1983.
 
La jueza Sara Yoc, quien emitió el voto disidente, argumentó que, como jefe en ese entonces de la segunda unidad de inteligencia del Ejército, era imposible que el general retirado no supiera de “las atrocidades” que se estaban cometiendo contra el pueblo ixil. 

“Para mí debió ser condenado a 30 años de prisión por cada delito”, dijo Yoc al concluir su argumentación. 

"Si el Ejército tenía lista de subversivos ¿por qué mataron a mujeres, niños, ancianos y hasta neonatos?", dice la jueza María Castellanos por la resolución del juicio de genocidio en contra del general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez. pic.twitter.com/hqmi72d9Oo

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 27, 2018

En 2013 se realizó un debate y a Rodríguez Sánchez fue absuelto de los cargos debido a que “no se demostró” su responsabilidad en la cadena de mando por haber sido jefe de inteligencia. En ese juicio fue condenado a 80 años de cárcel el difunto general retirado José Efraín Ríos Montt, aunque el fallo fue anulado 10 días depués por la Corte de Constitucionalidad.

“Por la gracia de Dios se comprobó una vez más mi inocencia”, declaró el general retirado, mientras un grupo de personas le gritaba “asesino” y “sí hubo genocidio”. 

Respecto del voto de la jueza disidente, Sara Yoc, Rodriguez expresó que “nunca podemos estar de acuerdo todos”. 

“Les pido mi libertad”

Por la tarde y durante 35 minutos, el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez había declarado su última petición a los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo B en el final de la repetición del debate por delitos contra deberes de la humanidad y genocidio.

“Les pido que me den mi libertad, no existe una sola prueba donde ordené ir a matar. Los planes de campaña del Ejército eran para apoyar a la población”, declaró el militar de 73 años.

“Era un teniente coronel y no me podía ir a meterme a los cuarteles a decirle a mis superiores, coroneles y generales que hicieran esto o aquello”, explicó Rodríguez Sánchez para refutar la acusación que hizo el Ministerio Público (MP) por la muerte de mil 771 ixiles.

Rodríguez Sánchez enfatizó: “No tengo perfil de asesino. Me duelen estos siete años que estado en este proceso. En los elevadores me han gritado asesino y genocida”.

"Hemos sufrido todo el proceso", declara el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez en su última petición al Tribunal de Mayor Riesgo B. pic.twitter.com/mtFLqWbFS8

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 26, 2018

Al final el militar conversó con líderes indígenas y dijo: “El Tribunal nos dio la intevención a las dos partes, sea cual sea la sentencia, en mi caso, quiero que me absuelvan de todo”.

Megasala

Los jueces, María Castellanos, Sara Yoc y Jaime González declararon por finalizado el debate al haber diligenciado todas las pruebas, entre ellas el testimonio de 69 personas, familiares de las víctimas y más de 600 documentos.

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Solicitaron 80 años de cárcel

Por el delito de genocidio el Ministerio Público solicitó la pena de 50 años de cárcel y 30 por delitos contra deberes de humanidad.

“La temporalidad de los hechos quedó demostrada”, argumentó el fiscal Erick De León y recordó el nombramiento de Rodríguez Sánchez como director de inteligencia militar del 23 de marzo de 1982 al 31 de julio de 1983.

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Este es el segundo debate que enfrenta el exjefe militar por los mismos cargos. En 2013 estuvo en el banquillo de los acusados junto con el difunto general retirado José Efraín Ríos Montt, a quien condenaron a 80 años de cárcel, aunque la sentencia fue cancelada por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) diez días después por errores procesales.
 
En ese año el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió a Rodríguez Sánchez. Después de una apelación se ordenó la repetición del juicio en un nuevo tribunal.
 
“La temporalidad de los hechos quedó demostrada”, argumentó el fiscal De León y recordó el nombramiento de Rodríguez Sánchez como director de inteligencia militar del 23 de marzo de 1982 al 31 de julio de 1983.

Tribunal escucha las conclusiones del representante del @MPguatemala del juicio por genocidio en contra del general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez pic.twitter.com/rlmpWf8Wcg

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 31, 2018

 
El tribunal B escuchó el señalamiento del MP en contra de Rodríguez Sánchez que conocía “perfectamente” al pueblo ixil población que fue atacada por supuestamente colaborar con los grupos insurgentes.

Lo que sigue

La próxima semana los jueces le darán la palabra a los querellantes para emitir sus conclusiones y después será el turno de la defensa.
 
Al finalizar los alegatos se le dará la palabra a Rodríguez Sánchez para que haga su última petición y será el momento para que el tribunal discuta y valore las pruebas y emita la sentencia.

Rechazan pruebas nuevas

El tribunal rechazó tres pruebas nuevas que intentó interponer el abogado Santiago Choc, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación.
 
Era el acuerdo de gobierno 664-83 del 14 de septiembre de 1982 que otorgó una felicitación a Rodríguez Sánchez; también el libro Eterna primavera, eterna tiranía de Jean-Marie Simon; y un documental del periodista Allan Josep Nair. La defensa también recibió un revés judicial debido a que rechazaron una prueba.

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El profesional indicó que este martes se celebró la última audiencia de los casos en los que el exjefe de Estado estaba sindicado. Ríos Montt estaba acusado en los casos Dos Erres y Genocidio.

El abogado Jaime Hernández indicó que el Juzgado de Mayor Riesgo A, ordenó la devolución de la caución económica de Q500 mil a Zury Ríos. Dinero que es solicitado debido a que finalizó la persecución penal en Contra de su padre José Efraín Ríos Montt. pic.twitter.com/bJXG9pmJ6B

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) June 26, 2018

Proceso Dos Erres

En marzo del 2017, la jueza Domínguez ordenó un juicio especial por genocidio contra Ríos Montt, quien padecía demencia, por la masacre de 201 personas durante su régimen entre 1982 y 1983.

Según la investigación, Ríos Montt planificó, permitió, autorizó y consintió que una patrulla de kaibiles incursionara en el parcelamiento Las Dos Erres, Las Cruces, Petén, para masacrar a 201 personas el 7 de diciembre de 1982.

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Por ese caso ya fueron condenados a seis mil 60 años de prisión Carlos Antonio Carías López, así como Reyes Collín Gualip, Daniel Martínez y Manuel Pop Sun.

Condena revocada

El 10 de mayo del 2013 el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.

De acuerdo con la decisión de la judicatura, Ríos Montt dirigió una campaña contrasubversiva que concluyó no solo con la muerte de integrantes de la guerrilla sino también tuvo como objetivo la destrucción de la etnia ixil, la cual estaba asentada en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, Quiché.

El 20 de mayo de 2013, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia condenatoria impuesta a Ríos Montt bajo el argumento de que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo incumplió una resolución del máximo tribunal de suspender el debate y tramitar una recusación. La orden de la CC fue de anular todo lo actuado en la fase del debate a partir del 23 de abril de 2013. 

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Meses después se determinó que el juicio debía regresar al estado en el que se encontraba en noviembre del 2011.

Ríos Montt, de 91 años, ex jefe de Estado y expresidente del Congreso, falleció el 1 de abril último a causa de un infarto. El militar retirado murió a las 6 horas en su residencia, en la colonia Tecún Umán, zona 15 de la capital.

Nació en Huehuetenango el 16 de junio de 1926. Durante su vida fue embajador, jefe del Estado Mayor, diputado y presidente del Organismo Legislativo. También se postuló a candidato a la presidencia.

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controversial

El general Ríos Montt, una vida en el ejército y la política

El fallo representó la primera vez que en Latinoamérica se declara a un militar de alto rango como autor intelectual de delitos de lesa humanidad. En 1982, Ríos Montt ocupó la jefatura del Estado de facto por medio de un golpe de Estado contra el gobierno de Romeo Lucas García. Durante su régimen ordenó acciones militares contra la insurgencia en el interior del país; sin embargo el Ejército, además de ataques contra la guerrilla, masacró a civiles.

Ríos Montt tuvo conocimiento de las masacres, pero no tomó ninguna acción para evitar que continuaran, indicaba parte de la sentencia.

Antes de salir de la sala de audiencias, Ríos Montt expuso a periodistas su opinión sobre el fallo emitido por el Tribunal de Mayor Riesgo.

“El Tribunal creyó oportuno ponerme a mí como genocida. El gran problema es que no solamente trabajó bajo supuestos y elementos de investigación que no tienen ninguna —validez—”, enfatizó el general.

Ríos Montt calificó de juicio político la persecución en su contra y que todo lo actuado no tiene validez.

El juicio comenzó el 28 de enero de 2012, rodeado de polémica, numerosas audiencias y subidas de tono entre abogados, fiscales y jueces que conocieron el proceso.

Corte anula sentencia

El 20 de mayo de 2013 la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia condenatoria impuesta a Ríos Montt bajo el argumento de que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo incumplió una resolución del máximo tribunal de suspender el debate y tramitar una recusación. La orden de la CC fue de anular todo lo actuado en la fase del debate a partir del 23 de abril de 2013. Meses después se estableció que el juicio regresara al estado en el que se encontraba en noviembre de 2011.

El juicio se repitió el 5 de enero de 2015 con la presencia de Ríos Montt, ésta vez en camilla y auxiliado por personal médico a pesar de que no era necesario que se presentara. La defensa presentó una recusación en contra de la jueza Irma Jeannette Valdéz, que conoce el caso, por haber presentado una tesis sobre el genocidio.

Ante el deterioro de la salud de Ríos Montt se realiza un procedimiento especial al realizarse el juicio sin su presencia en la judicatura. El debate se suspendió por un amparo que busca separar el juicio especial en contra de Ríos del debate contra José Rodríguez Sánchez el cual fue validado en mayo de 2016.

El 14 de octubre de 2017 se reinició el juicio contra Ríos Montt, con la ausencia del acusado por su estado de salud. A principios del presente año se realizaron diligencias en Nebaj donde se escucharon a 150 testigos que dieron su testimonio de los hechos vividos durante el conflicto armado interno. 

Efraín Ríos Montt falleció de causas naturales el 1 de abril de 2018 en medio de las acusaciones por genocidio.

Durante una audiencia celebrada en el Juzgado, la hija del general retirado, Zury Ríos, quien es su tutora, acompañada de sus abogados Jaime Hernández y Luis Rosales, pidió a la jueza que terminara la persecución penal contra su padre debido a sus padecimientos.

La jueza declaró sin lugar la petición planteada y el caso contra Ríos Montt avanza.     

La jueza había ordenado que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evalúen cada 30 días la salud de Ríos Montt, ante esa decisión, los abogados presentaron un recurso de reposición y la jueza resolvió que médicos particulares revisen al sindicado quien fue diagnóstica con demencia.  

En caso, Ríos Montt está ligado a proceso por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad por la masacre ocurrida en el parcelamiento de Las Dos Erres, las Cruces, –desde noviembre de 2011, es municipio–, Petén; murieron 201 personas.

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Con información de ACA-EFE y Jerson Ramos

El abogado Edgar Pérez de la AJR, querellante adhesivo en el caso, dijo a Prensa Libre que este jueves por la tarde fueron notificados de la sentencia.

“En consecuencia, tienen que llevarse los juicios de forma separada. Lo ya actuado quedaría sin efecto”, explicó el profesional.

El fallo deja sin efecto una resolución previa, emitida el 25 de agosto de 2015, que permitía efectuar el juicio en conjunto.

“Para los efectos positivos de este fallo, la autoridad impuganada deberá enmendar el procedimiento desde el momento en que se cometió la violación, dictando la resolución que en derecho corresponde”, señala el documento.

“Se conmina a la autoridad impugnada para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto en esta sentencia, para lo cual le fija un plazo de tres días a partir de la fecha en que se reciba la ejecutoria respectiva”, agrega.

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Antecedentes

El 5 de mayo recién pasado, el juicio contra Ríos Montt, ex jefe de Estado de facto, y José Rodríguez Sánchez, exjefe de inteligencia militar, acusados de genocidio y delitos contra deberes de humanidad, fue suspendido luego que la Sala Primera de Apelaciones amparó de manera provisional a Caldh y AJR, querellantes en el proceso.

El amparo buscó separar el juicio especial contra Ríos Montt del debate contra Rodríguez Sánchez.

Francisco Vivar, abogado de AJR, declaró: ��Consideramos que es lo más aconsejable, ya que está en pleno. El efecto por el momento solo es la suspensión, no la anulación del debate”, afirmó el abogado, quien agregó que al momento se han presentado 806 medios de prueba, de los cuales 736 son documentos, 40 peritos y 30 testigos. 

Juicio anulado

El 10 de mayo del 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión al declararlo culpable de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Rodríguez Sánchez fue absuelto por falta de pruebas.

Diez días después la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio, por errores en el procedimiento.

De acuerdo con Reyes, la resolución de la sala “deja en suspenso” la orden del tribunal de realizar el juicio especial en ausencia, ordenado contra Ríos Montt por padecer demencia, junto al debate oral y público contra su exjefe de inteligencia militar José Rodríguez, también procesado por genocidio.

Los dos juicios iniciaron el pasado 16 de marzo a pesar de las advertencias sobre su posible anulación por recursos pendientes de resolver presentados por los abogados de las víctimas y del militar retirado.

“Esto que pasó era de conocimiento del tribunal. Nosotros antes de que iniciara el debate les advertimos que había muchos amparos que estaban atacando el inicio del debate”, agregó el jurista.

Entre los recursos pendientes por resolver se encuentra una solicitud de los abogados de Ríos Montt, de 89 años, para que cese la persecución penal en su contra debido a que en agosto pasado se le diagnosticó demencia y serios problemas de salud.

De quedar en firme la resolución que separa ambos juicios, la Corte Suprema de Justicia tendrá que nombrar a otros jueces para conocer los procesos, explicó Reyes.

Ríos Montt está acusado de la matanza de mil 771 indígenas mayas-ixiles en Quiché durante su régimen considerado el período más sangriento de la guerra civil guatemalteca, que dejó unos 200 mil muertos o desaparecidos, según la ONU.

Según la acusación, Ríos Montt orquestó una política de exterminio contra el pueblo indígena, al que señalaba de colaborar con las guerrillas izquierdistas durante la guerra civil.

Durante casi dos meses en el juicio a puerta cerrada, el Tribunal de Mayor Riesgo B escuchó a 25 testigos de las matanzas y planes militares de la época.

Las audiencias presididas por los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo B, comenzaron el marte pasado y entre las víctimas testificaron Elena Caba Guijóm, quien narró  lo que vivió en 1982 durante la masacre ocurrida en la aldea Chel, Chajul.   Este jueves testificaron Marcelino Castro, Juan López Lux y Francisca Méndez.

Héctor Reyes, del Centro en Acción Legal en Derechos Humanos, afirmó que las declaraciones de los testigos propuestos por ellos y el MP, forman parte de las pruebas testimoniales en contra de los generales retirados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

“El testimonio de cada uno de los testigos se ha enriquecido mucho más en esta ocasión que en el proceso que fue anulado por la Corte de Constitucionalidad en el 2013”, recordó.

“El hecho de que las y los testigos ixiles se encuentran en su territorio contribuyó a que recordarán con más amplitud y precisión los que  sufrieron durante el conflicto armado interno”, agregó Reyes.

Acusaciones 

Pobladores de Nebaj, Chajul, Cotzal, comerciantes  y observadores nacionales y extranjeros fueron testigos de las acusaciones que profirieron simpatizantes del Ejército hacia la guerrilla y la opinión que vertieron descendientes de las personas masacradas por soldados.

“¿Por qué quieren enjuiciar al general Efraín Ríos Montt si la Constitución de la República dice que todo ciudadano debe ser oído y vencido en juicio? Si él no puede defenderse por haber sido declarado incapacitado”, expresó Diógenes

González, quien afirma que la guerrilla mató a algunos de sus familiares. 
Resaltó que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito y que Ríos Montt defendió la paz, soberanía e independencia del Estado ante grupos subversivos.

César Fuentes, miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala lamentó que durante las audiencias no hayan sido tomados en cuenta testigos propuestos por la defensa de los militares encartados.

“La ley debe ser equitativa, porque tanto derecho tiene la parte acusadora como la defensa; sin embargo, los anciano Ixiles propuestos por la defensa, a diferencia de los testigos del MP, si deberán viajar a la capital a brindar su declaración y eso no es justicia”, afirmó.

Aparte, Ana Rebeca Pérez, descendiente de víctimas de la guerra, en representación de hombres y mujeres dijo que no olvidan que la mayoría de las masacres registradas por el informe Recuperación de la Memoria Histórica  ocurrieron en Quiché.

“Entre 1981 y 1983 se registraron más de 90 masacres en Nebaj, Chajul y Cotzal, donde los asesinatos colectivos se asociaron a la destrucción comunitaria”, expuso.  

La comitiva del Organismo Judicial (OJ) también incluye a Hilda Elizabeth Pineda García y a Paula Herrarte, de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, todos escoltados por un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Alta seguridad

Ludwin Fuentes Fuentes, jefe de la PNC de Quiché, afirmó que  más de 200 agentes de la División de Fuerzas Especiales, Grupo de Acción Rápida, Núcleos de Reserva del Distrito Noroccidente —Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá y Quiché— y de las subestaciones de la región ixil —Nebaj, Chajul y Cotzal—  refuerzan la seguridad en el lugar.

El alcalde de Nebaj, Pedro Raymundo Cobo, considera importante y oportuno el traslado de los jueces, para que conozcan la situación que la población indígena vivió durante el conflicto armado.

Posturas diferentes

El presidente de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno de Nebaj, Miguel Guzaro Raymundo, pidió justicia a las autoridades.

“Los militares secuestraron y asesinaron a nuestros familiares, que no habían cometido delitos; hicieron tierra arrasada. Esperamos que la Ley ratifique la primera sentencia  contra Ríos Montt, porque sí hubo genocidio”, manifestó.

El alcalde indígena de Nebaj, Miguel de León, afirmó que, como autoridades ancestrales, siguen el proceso para asegurarse que los sobrevivientes no sean revictimizados.

“En el 2013, se dio una sentencia contra  Ríos Montt, y lo que hoy inicia en Nebaj es solo una formalidad para ayudar a los testigos, que por su ancianidad y problemas de salud no pueden viajar a la ciudad”, aseveró.

Añadió: “Los genocidas son Ríos Montt, —Fernando Romeo— Lucas García, —Óscar Humberto— Mejía Víctores y Otto Pérez Molina”.

César Cifuentes, de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, manifestó que llegaron a Nebaj para observar el desarrollo de la audiencia, que para ellos forma parte de un juicio ilegítimo.

“Este juicio debe ventilarse ante una corte internacional y no en este país, en donde el propio Estado está juzgando a exmilitares que estuvieron al servicio del mismo Estado para defender su soberanía con base en la Constitución Política de la República en contra de un grupo insurgente que actuó al margen de la Ley, atacó y mató al pueblo guatemalteco”, afirmó.

Antecedentes

Por los referidos hechos, Ríos Montt fue sentenciado el 10 de mayo del 2013 a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de humanidad y Rodríguez Sánchez fue absuelto por los mismos cargos; pero 10 días después, la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo y ordenó repetir el juicio.

Los jueces llegaron al municipio a petición de la fiscalía que explicó que los testigos son personas de avanzada edad a quienes se les dificulta viajar a la capital.

El Tribunal dispuso tres días para escuchar a los testigos, explicó el fiscal Érick de León.

El alcalde de Nebaj, Pedro Raymundo Cobo, considera oportuno que los Jueces hayan dejado su despacho para conocer la historia que la población indígena vivió durante el conflicto armado interno, y que en este sector del país se vivió con gran intensidad.

El jefe de la subestación en Nebaj, Hipólito Osorio, explicó que unos 200 policías vigilarán estarán a cargo de la seguridad del edificio del OJ y del municipio mientras se desarrolla la audiencia. La mayoría de agentes son de subestaciones  de Chimaltenango, Sololá y Quiché; también fue enviado al lugar un contingente de la Fuerza Especial Policial,  

Ríos Montt es acusado por la fiscalía por los delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad, por la muerte de 1 mil 771 indígenas ixiles a manos de soldados durante su gobierno  de facto –1982-1983–. Junto a Ríos Montt también es juzgado su ex jefe de inteligencia militar Mauricio Rodríguez Sánchez.

El también general José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de Inteligencia Militar de la época, sí llegó a la audiencia.

Ríos Montt estuvo representado por sus abogados Jaime Hernández Zamora y Luis Rosales.

Por orden del Tribunal, integrado por los jueces María Eugenia Castellanos, presidenta; Sara Yoc Yoc y Jaime Delmar González Marín, el juicio no será documentado por la prensa.

Castellanos explicó que se discutirán las medidas de seguridad en favor de Ríos Montt, quien padece demencia senil, y la ley indica que ese tipo de procesos se efectúa en privado y solo con las partes involucradas. No obstante se permitió, al igual que en el primer juicio, la presencia de observadores internacionales.

La defensa de Ríos Montt impugnó que el Tribunal permitiera público, pero Castellanos dijo que no había impedimento que delegados de organizaciones extranjeras presenciaran el juicio: “Porque no hablan español”.

Impugnaciones

Previo a comenzar el debate, Castellanos preguntó a los fiscales del Ministerio Público y abogados de las víctimas si habían sido notificados por resoluciones derivadas de acciones legales planteadas por el proceso.

Todos dijeron que no, pero Francisco Vivar y Édgar Pérez, del Centro Legal en Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y Reconciliación, respectivamente, comentaron que hay recursos pendientes.

La jueza señaló que se comenzaría con la diligencia porque no existe ningún fallo que ordene la suspensión del debate.
Vivar y Pérez plantearon errores en el procedimiento porque el Tribunal había ordenado desarrollar el debate por genocidio de manera simultánea con el juicio para determinar medidas de seguridad hacia Ríos Montt.

Los profesionales expusieron que la ley determina que ambos procedimientos se deben efectuar de manera separada y en distintas instancias, pero Castellanos comentó que la resolución emitida por el Tribunal, el 18 de agosto del año pasado, para unir ambos procesos se mantenía vigente.

Un alegato similar planteó Hernández Zamora, pero recibió la misma respuesta de los jueces.

El único que estuvo a favor de desarrollar simultáneamente los dos procesos fue el abogado Mario Hernández, representante de Rodríguez Sánchez.

Antecedente

El 10 de mayo del 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión al declararlo culpable de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Rodríguez Sánchez fue absuelto por falta de pruebas.

Diez días después la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio, por errores en el procedimiento.

La primera sesión del debate se efectuó a puerta cerrada y sin autorización para el ingeso de los medios de comunicación.

La jueza a cargo del Juzgado fijó el reinicio del juicio para cuando queden resueltos los amparos pendientes.

Abogados defensores y querellantes coincidieron en que hasta ayer domingo, no habían sido notificados de algún cambio en la fecha del debate, aunque no aseguraban el reinicio.

“Es vergonzoso”

Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que califica como “vergonzosa” la decisión de aplazar el juicio contra el militar y lo considera como “una cachetada contra las víctimas”.

“Al permitir que Ríos Montt evada la justicia durante décadas, las autoridades de Guatemala han estado jugando un cruel juego con las decenas de miles de víctimas de tortura, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzosos que tuvieron lugar bajo su comando y sus familiares,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de la entidad.

A diferencia del primer juicio por la matanza de mil 771 personas en Quiché durante 1982 y 1983, cuando las audiencias se desarrollaron en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el lugar asignado ahora será la sala de ese Tribunal —nivel 15 de la Torre de Tribunales—.

Vivar Castellanos informó que otra diferencia es que ahora se celebrarán dos debates. Uno es especial para la aplicación de medidas de seguridad de Ríos Montt, luego que evaluaciones revelaran que sufre demencia vascular mixta cortical y subcortical, lo cual causa lesiones en el cerebro.

José Mauricio Rodríguez Sánchez debe llevar un proceso ordinario. “Nosotros, desde que el Tribunal tomó esta decisión, no estuvimos de acuerdo; por ende, se presentó un amparo para que se efectuaran por separado”, argumentó el querellante.

El peligro

Vivar Castellanos agregó que de iniciarse el debate, existe el peligro de que otra vez se repita porque aún hay dos acciones pendientes de resolver, y una de ellas es la que ellos mismos presentaron.

“Yo quisiera que las juezas entendieran que es ilegal la forma en que se pretende realizarlo. Además del riesgo que hay, de que el amparo lo declaren con lugar”, expuso.

La otra acción que podría anular el proceso es la que presentó Jaime Hernández, el defensor de Ríos Montt, la cual busca que cese la persecución penal, después de que fuera declarada su incapacidad.

“Si lo que dicen los querellantes es cierto, aunque nosotros estamos notificados del comienzo, nos preocupa que aún hay acciones penales pendientes”, agregó Hernández.

Pruebas

El querellante informó que a pesar de su inconformidad, están preparados para el inicio del juicio con los medios de prueba correspondientes porque aseguran que son los mismo ofrecidos en el debate anterior: unos 102 testigos, más de 900 documentos y peritajes.

“Algunos testigos no llegaron porque fallecieron”, señaló.

Es un juicio político

Ríos Montt enfrenta cargos por la matanza de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el norteño departamento de Quiché durante su régimen, entre 1982 y 1983, considerado el período más sangriento de la guerra civil guatemalteca  (1960-1996) que dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según la ONU.
“Este juicio es político. El tribunal lo que quiere es ganar protagonismo porque si ya lo declaró incapaz, él (Ríos Montt) ya no entiende alguna imputación que se haga en su contra. Si es una sentencia condenatoria o absolutoria, ya no sabe” , declaró a la  AFP  Jaime Hernández, abogado del militar.
El jurista explicó que su cliente permanece “acostado”  en su habitación bajo el cuidado de una enfermera, y que “a veces hilvana unas oraciones y a veces no”, sin mantener una comunicación fluida, por lo que “el juicio ya no tiene razón de ser”.
También consideró que la intención de los jueces es posicionarse ante la vitrina internacional y de una parte de la población que apoya los procesos contra militares señalados de cometer violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
Por su lado, Soto mencionó que los familiares de las víctimas persisten en el proceso para hacer justicia y no por venganza.
“Esto no es un tema de venganza. Los testigos (en el primer juicio) han sido categóricos en decir que ellos estaban allí para buscar justicia para que no se volvieran a repetir los hechos”, señaló Soto.
De acuerdo con la Caldh, de 2013 a la fecha han muerto por enfermedades asociadas a la vejez cuatro del centenar de testigos del caso por genocidio, sustentado por casi 900 pruebas, entre documentos militares, informes y peritajes antropológicos.
Junto al proceso especial de Ríos Montt, el tribunal ventilará un juicio público por genocidio contra su exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez.

Crímenes del pasado

Según la acusación, Ríos Montt orquestó una política de exterminio contra el pueblo indígena, al que señalaba de colaborar con las guerrillas izquierdistas durante la guerra civil.
Por otros crímenes durante el conflicto bélico, la fiscalía logró la detención de 18 militares retirados acusados de participar en al menos 88 masacres entre 1981 a 1986, sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz.
Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas  (1978-82), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante el enfrentamiento armado, en el cual 93% de las atrocidades son atribuidas a las Fuerzas del Estado.

La organización dice que la magistrada Cardona tiene relación con las fuerzas armadas, porque cuando presidió la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Ajmoj) fueron impartidos cursos a jueces y magistrados en instalaciones militares.

Antecedente

Caldh apeló la decisión de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, que resolvió que la jueza Irma Jeanette Valdés no conozca el juicio por genocidio por el cual es acusado Ríos Montt.  Según la organización, no existe ningún fundamento para que dé trámite a la solicitud que presentó la defensa del militar retirado.

Los abogados de Ríos Montt refirieron que la juzgadora ya se formó una idea de los hechos en el 2004, cuando elaboró una tesis de maestría que trató el tema del genocidio en Guatemala.

Luis Rosales, quien planteó una recusación contra la jueza, aseguró que no es válida la participación de Valdés en el debate, porque tendría una visión sesgada de la prueba que el Ministerio Público presentará junto a la acusación contra su cliente.

Este tipo de enfermedad se considera la segunda causa de demencia en los adultos, después del Alzheimer.

Rinze trabaja en el hospital Federico Mora desde hace ocho años, de esos, durante seis años ha atendido pacientes de la tercera edad.

Según  el experto, Ríos Montt también tiene problemas auditivos y visuales, además de enfermedades cardiovasculares.

“Los cuadros demenciales son irreversibles porque son degenerativos”, explicó el perito.

El exdictador, de 89 años, salió del centro hospitalario el pasado martes 11 de agosto tras concluir una semana de estudios médicos solicitados por el Ministerio Público para determinar su estado de salud.

La defensa ha argumentado que Ríos Montt no está en condiciones de afrontar el proceso judicial, según un informe divulgado en julio por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y puesto en duda por el MP.

El político y exjefe de Estado entre 1982 y 1983, está acusado de genocidio por la muerte de mil 771 indígenas ixiles y mayas a manos del Ejército de Guatemala durante su régimen de facto.

Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por el caso, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, anuló la sentencia por irregularidades en el proceso judicial.

Incertidumbre por el juicio

La defensa de Ríos Montt sostiene que no se puede volver a juicio al ex militar por la condición médica, sin embargo esa opinión no es la única que se conoció en el Tribunal.

Jaime Hernández, defensor de Ríos Montt, argumentó que él “se encuentra en total incapacidad para afrontar un juicio” y pidió que se le otorge el beneficio de “libertad vigilada por su familia y sin vigilancia policial”.

El Ministerio Público por su parte, pidió que se nombre a un tutor y que este en representación de Ríos Montt asuma los cargos en un proceso separado a puerta cerrada.

Édgar Pérez, abogado de las víctimas, al Tribunal dijo que “la edad le ganó al general Ríos Montt, pero no se puede olvidar a las víctimas… no se puede decir ya está demente y así que se quede. La justicia no puede generar impunidad”.

El Tribunal B de Mayor riesgo suspendió finalmente la audiencia y será el próximo 25 de agosto que se conozca si Ríos Montt volvera a enfrentar un nuevo juicio.

Con la resolución del tribunal, los defensores del exdictador ganaron un pulso legal para evitar que el general retirado, de 89 años, fuera ingresado en el estatal Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora.

“Se ordena a que se ejecute inmediatamente el traslado del acusado al sanatorio (privado) Los Pinos”, dijo la jueza María Eugenia Castellanos, presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, a cargo del caso.

El traslado al psiquiátrico público estaba previsto realizarse el miércoles pasado pero la Corte de Apelaciones ordenó internarlo en el centro privado, ante un pedido de la defensa del general que alegó que el hospital estatal no cuenta con medidas de seguridad adecuadas.

De acuerdo con la jueza Castellanos, Ríos Montt permanecerá en el hospital privado del 4 a 15 de agosto para que sea sometido a exámenes psiquiátricos.

El 18 de agosto se realizará una audiencia para conocer el resultado de la evaluación, que determinará si el exdictador de 89 años está en capacidad mental de enfrentar un nuevo juicio por por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles del norte de Guatemala durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.

Las nuevos exámenes fueron solicitados por la Fiscalía el pasado 23 de julio cuando se tenía previsto iniciar un nuevo juicio por genocidio. La parte acusadora refutó un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que indicó que elexdictador no tenía capacidad mental para enfrentar procesos judiciales.

Ríos Montt debe comparecer ante la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad  (CC) , la máxima instancia legal del país, anulara una sentencia a 80 años de prisión por genocidio dictada el 10 de mayo de 2013 alegando errores procesales, por lo que ordenó repetir el juicio.

En dos ocasiones, el 25 y 27 de julio, los abogados del exmilitar frenaron el traslado de Ríos Montt al Federico Mora.

El recurso había sido presentado por el abogado del general retirado y acusado de delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, Jaime Hernández, que en su momento argumentó que se atentaba contra la vida del paciente.

El amparo provisional evitó que se cumpliera la orden del Tribunal B de Mayor Riesgo, que había envíado a Ríos Montt al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora por 10 días, para ser sometido a exámenes y confirmar sí en realidad padece demencia senil, como asegura la defensa y certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Módulo de alojamiento e ingreso al módulo #RiosMontt pic.twitter.com/8AVepLxCZO

— Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) July 25, 2015

Hasta ayer, el Ministerio Público negaba haber recibido alguna notificación sobre el amparo a favor del ex militar, por lo que presentó un memorial ante la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio.

Para la fiscalía, el no haber envíado la Sala de Femicidio la notificación podría ser motivo de delito por retardo de justicia.

Al rechazar la exhibición personal a favor de Ríos Montt, deja de nuevo libre el camino para que se cumpla con lo ordenado por el Tribunal y el ex militar pueda ser trasladado al Hospital Nacional Federico Mora.

Magistrado que benefició a Ríos Montt, ligado al FRG

La sala, integrada por  Noé Ventura Loyo, Dina Josefina Ochoa Escribá y Henry Alejandro Elías Wilson,  salvó al militar de pasar diez días  en un módulo para atención de pacientes en crisis, equipado con 16 camas, pero que fue  acondicionado para recibir solo a  Ríos Montt.

Hernández calificó la resolución del Tribunal B como “arbitraria, inaceptable, inaudita, ilegal y abusiva”, y agregó: “La Sala de la Corte de Apelaciones está protegiendo la vida del general  Ríos Montt”.

Viejo conocido

La Ley de Amparo  contempla en el artículo 84 que la exhibición personal puede iniciarse ante cualquier tribunal.
Pero en la sala de apelaciones que benefició  a Ríos Montt había un viejo conocido. Según excongresistas, en 2009  Ventura Loyo fue electo magistrado,  con el apoyo en el Congreso del   extinto Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado por Ríos Montt.

MP recibe notificación de Sala de Femicidios, que declara sin lugar exhibición personal planteada por defensa de Ríos Mont.

— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 28, 2015

El 3 de abril del 2013, el abogado Moisés Galindo, que defendió a Ríos Montt en el primer juicio por genocidio, presentó una queja contra la jueza Yassmin Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

De este proceso se derivaron  sanciones que la jueza apeló, incluso, ante la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales. El caso llegó a la  Sala de Apelaciones de Femicidio —integrada por Ventura Loyo—,  que declaró sin lugar las acciones  presentadas por Barrios.

Prensa Libre intentó comunicarse con Ventura Loyo a los teléfonos que aparecen en su currículum,  pero no respondió.

El abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Héctor Reyes, dijo que la decisión de la sala “confirma el retardo malicioso que tiene la defensa para evitar que el juicio avance y que el caso quede en la impunidad”.

De acuerdo con las conclusiones del Inacif, el militar retirado padece un deterioro congnitivo que le impide rendir adecuadamente en términos de pensamiento y juicio. Además por su edad continuará el deterioro.

“Al momento actual no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra, no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales, y no es capaz de contribuir en su propia defensa. En consecuencia no es competente para asistir ni atender audiencias judiciales”, dice el Inacif.

La jueza de Mayor Riesgo A, Patricia Flores, recibió el informe forense y ahora lo que procede es remitirlo al Tribunal de Mayor Riesgo B, quien establecerá si lo acepta antes del día de la audiencia o bien el 23 de julio próximo, fecha programada para el inicio del debate contra el militar.

La defensa adelantó a Prensa Libre que solicitará al Inacif una certificación del informe forense para poder presentarlo a donde corresponde.

Ríos Montt, fue condenado en un primer juicio a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad. Pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia.

Ríos Montt gobernó Guatemala de 1982 a 1983. En los días previos al golpe de Estado, en el país se vivía un ambiente de inestabilidad debido a los atentados de la guerrilla y el acoso del Ejército contra poblados civiles, sobre todo en áreas rurales.

También falta que sean resueltos dos recursos en favor de los imputados.

Ríos Montt es acusado de haber sido el autor intelectual de las masacres en las que habrían muerto mil 771 personas de la etnia ixil, según las pesquisas.

Para el 3 de enero pasado, estaba programada la repetición del juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Sin embargo, se suspendió porque fue recusada Janeth Valdés, presidenta del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo.

Desde el 10 de mayo del 2013, Ríos Montt fue encontrado culpable de genocidio y condenado a 80 años de prisi��n, mientras que Rodríguez Sánchez fue absuelto. No obstante, el fallo fue anulado por la Corte de Constitucionalidad y se ordenó la repetición del juicio.

La solicitud la hicieron la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), como querellantes adhesivos en el caso. 

La petición es que González Marín se aparte de conocer el caso por genocidio y se nombre a otro Juez en su lugar, en el Tribunal de Sentencia B, y presentaron una fotografía donde el abogado es una de las amistades que el juzgador tiene en Facebook.

En el mismo caso, los abogados de José Mauricio Rodríguez Sánchez consiguieron que un juez le ordenara al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que evalúe al exmilitar. 

Según la defensa de Rodríguez Sánchez, a quien también se le acusa de genocidio junto a Ríos Montt, su cliente necesita intervención médica.

Los aspirantes debían pasar controles médicos y sus ojos no funcionaban bien. Así que, antes de pasar el examen de la vista, se aprendió el orden de las letras en el cartel. Así comenzó su carrera en el Ejército.

El tercero de 12

Ríos Montt nació el 16 de junio de 1926. Fue el tercero de 12 hermanos. En dos de los libros que se han escrito sobre él explicó que desde niño quiso ser militar. Jugaba a marchar como soldado. Además fue por su abuela que empezó en el camino religioso. Ella le pagaba un centavo de quetzal por leerle la biblia y por acompañarla a los servicios religiosos.

Toda su familia estaba involucrada y, de hecho uno de sus hermanos, Mario, se ordenó sacerdote, hoy, Monseñor Mario Enrique Ríos Montt es obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Guatemala; Efraín en el futuro llegaría a ser líder de la iglesia protestante Verbo, misma que tuvo influencia moral sobre la población durante su régimen de facto.

Carrera militar

En 1943 inició su carrera en el Ejército, en el Fuerte de San Rafael Matamoros, sólo tenía 17 años. En 1946 ingresa a la Escuela Politécnica en donde cumplió su sueño de ingresar y ser su director. Se le recuerda como uno de los más severos. En 1972 obtuvo el grado de general de Brigada y fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Su carrera iba en ascenso hasta que lo enviaron a Washington DC a estudiar, tiempo después renunció a su cargo para adentrarse en política.

Candidato de la izquierda

En 1974 se presentó a las elecciones como candidato presidencial por el Frente Nacional de Oposición, que había sido formado por el Frente Unido de la Revolución y la Democracia Cristiana Guatemalteca. Ambos partidos eran de ideología izquierdista. Su candidato de fórmula fue Alberto Fuentes Mohr, quien sería asesinado en 1979 al igual que otros líderes opositores. El partido de Ríos Montt pierde las elecciones de 1974 frente al general Kjell Eugenio Laugerud García. Hubo alegatos de fraude.

Ríos fue visto como un enemigo por su protesta ante el fraude y fue enviado como embajador a España.

Régimen de facto

Fue hasta el 23 de marzo de 1982 cuando apareció en escena nuevamente, cuando fue parte de la junta militar que tomó el poder después del golpe de Estado contra Romeo Lucas García. Tres meses después se declaró presidente y disolvió la junta. En una comparecencia ante la prensa dijo: “Gracias, Dios mío, estoy aquí”.

Es en su régimen de facto en el que se fundamentan las acusaciones por genocidio y crímenes contra la humanidad. Poco más de un año después, el 8 de agosto de 1983, su ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores lo derrocó. Mejía Víctores convoca a Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución Política y a las primeras elecciones en 1985 y 1986 respectivamente.

La nueva Constitución establece en su 186 que no puede ser presidente “el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes en consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno”. Pero Ríos Montt reapareció en 1990. Con el Frente Republicano Guatemalteco, FRG, intentó ser candidato, pero el tribunal constitucional le dijo que no.

Ahora sí, el general va

En las elecciones del año 1999 participa como candidato a diputado al Congreso de la República por el FRG, su partido obtiene la presidencia de la República y él la presidencia del Organismo Legislativo durante cuatro periodos consecutivos. El gobierno eferregista ha sido señalado por múltiples hechos de corrupción. Pero la ambición de Ríos Montt no llegó hasta ahí. La Corte de Constitucionalidad, a quien se le acusó de ser afín al eferregismo, ordenó la inscripción de Ríos al Tribunal Supremo Electoral para que participara en las elecciones del 2003, previo a esta decisión se llevaron a cabo los hechos conocidos como el Jueves Negro y Viernes de Luto en el que protestas simpatizantes del general impunemente realizaron bochinches en los que falleció un periodista, sin intervención de la policía.

Ríos Montt participa en las elecciones presidenciales del 2003 donde quedó en el tercer lugar, con 518 mil votos. A pesar de ésta derrota Ríos participó en las elecciones del 2008 en las que obtuvo una curul en el Congreso, retirándose de la política en 2012. De ésta forma termina su carrera política, pero saltará a la palestra nuevamente.

Juicio por Genocidio

Los intentos por llevar al general Ríos al banquillo de los acusados por su consentimiento a las masacres y violaciones a los derechos humanos durante su régimen, iniciaron en 1999, la Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú, presentó un proceso ante la Audiencia Nacional Española. Éste proceso no prosperó a pesar de que los tribunales españoles dictaron una orden de captura.

El 26 de enero de 2012, Ríos Montt fue acusado formalmente de genocidio y crímenes contra la humanidad. Previo al inicio del juicio fue arrestado domiciliarmente. En Enero de 2013 se dio apertura al juicio contra Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez el cual es abierto formalmente en marzo 2013. Tras múltiples audiencias, testimonios de las víctimas y acusaciones de un juicio parcializado, la Jueza Yassmín Barrios condena a Ríos Montt a ochenta años de prisión por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad el 10 de mayo de 2013. De esta forma Ríos se convirtió en el primer líder latinoamericano en ser condenado por estos crímenes.

Diez días después la CC anula la sentencia del juicio por desobediencia y desacato por parte del tribunal que conoció el caso por haber ignorado los fallos emitidos previamente por la CC. El juicio tuvo que regresar al estado en el que se encontraba dos años antes y fue programado para enero de 2015. Al reiniciar el juicio la defensa de Ríos lo bloqueó argumentando de que una tesis de maestría realizada por la jueza Irma Jeannette Valdés en el que toca el tema de genocidio podría parcializar cualquier decisión.

A la fecha el juicio sigue estancado, unido a una solicitud de amnistía que tampoco se ha resuelto. El deterioro de la salud del ex militar en éstos días dejan en la incertidumbre el resultado de los juicios que tiene pendiente.

Años después en 1995, representó a empresarios del agro encabezados por el ex ministro Anzueto Vielmann en una querella contra el presidente de la Comisión Presidencial para la Paz, COPAZ, Héctor Rosada Granados por realizar negociaciones con la guerrilla, según la parte acusadora al margen de las negociaciones oficiales.

En 1997 Palomo representó al ministro de Gobernación Danilo Parrinello, acusado de la muerte del dirigente universitario Mario Alioto López Sánchez, durante una protesta contra el alza al transporte urbano en 1994, por el uso de excesiva fuerza por parte de la extinta Policía Nacional. Parrinello fue acusado junto a otros cuatro funcionarios.

Vínculos con el eferregismo

Francisco Palomo ha defendido al general Efraín Ríos Montt en los diferentes procesos en su contra. En el 2001 lo representó en el caso llamado “Guategate” en el que se alteró la publicación de la Ley de bebidas alcohólicas un año antes, Ríos Montt ejercía la Presidencia del Congreso de la República y fue acusado juntamente con 24 diputados del FRG. Ríos Montt fue absuelto de las acusaciones por falta de pruebas de acuerdo con la resolución judicial.

Durante el gobierno del FRG fue electo como Magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso de la República. Además de diputado al Parlacen por el partido oficial de ese entonces. Como magistrado votó a favor de la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial en 2003, hecho sucedido después de los disturbios conocidos como jueves negro y viernes de luto. Además de la aprobación del pago a los ex patrulleros de autodefensa civil con bonos. Estas actuaciones fueron criticadas por miembros de la sociedad civil.

Palomo fue electo como diputado al Parlamento Centroamericano en 2004, por el FRG. En 2006, Palomo representó a Jorge Mario Nufio Vela, ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, acusado de los delitos de abuso de autoridad, peculado y estafa propia, en el saqueo de Q350 millones cometidos contra la institución. Nufio también era afin al eferregismo.

El mismo año se presentó como defensor nuevamente del general Ríos Montt en el caso de la Quema de la Embajada de España, promovido por Rigoberta Menchú ante la Audiencia Nacional de España, proceso que no prosperó. En 2007 representó a Ríos por la revelación de los planes militares denominados Sofía 82, Victoria 82, Firmeza 83 y Operación Ixil.

El litigante defendió en 2010 al ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann acusado de ejecución extrajudicial de reos de la Granja Penal Pavón en el año 2006.

Palomo salta a la palestra nuevamente defendiendo al general retirado en 2012 durante el proceso en su contra por Genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, Ríos Montt fue llevado a juicio y sentenciado, aunque actualmente el proceso fue repetido y se encuentra impugnado por una solicitud de amnistía. Previo a la sentencia se retiró de la defensa de Ríos y representó a José Mauricio Rodríguez Sánchez.

La defensa de Ríos Montt, presentó un amparo en contra de Valdéz y con este logró suspender el inicio del segundo juicio que deberán enfrentar él y José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados por genocidio y delitos contra la humanidad.

El exdictador debe enfrentar un nuevo juicio luego de que la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia de 80 años de prisión que el Tribunal A de Mayor Riesgo le impuso el 10 de mayo de 2013, tras argumentar errores en el proceso.

Con información de Jerson Ramos.