Audiencia de Luis Rabbé en el caso Plazas Fantasma se programa para el 10 de junio

Una jueza programó para el próximo 10 de junio la resolución judicial de Luis Rabbé en el caso Plazas Fantasma.

Elmer Vargas y Pavel Arellano

20 de mayo de 2025

|

14:46h

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El exdiputado Luis Rabbé durante la audiencia de etapa intermedia en el caso Plazas Fantasma. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Este 20 de mayo la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, programó para el próximo 10 de junio a las 9.30 para resolver la situación jurídica de Luis Rabbé por el caso Plazas Fantasma.

El pasado 19 de mayo el exdiputado se presentó al juzgado para que se desarrollara la audiencia de etapa intermedia del caso, la cual, en un inicio iba a ser el pasado 27 de enero, pero no se llevó a cabo porque la defensa del señalado se excusó.

Rabbé es señalado por los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

Las investigaciones señalan que el exdiputado habría aprobado plazas en el Congreso de la República para personas que no asistían a laborar.

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Prosigue audiencia de etapa intermedia de Luis Rabbé en el caso Plazas Fantasma

El exdiputado Luis Rabbé acudió a la Sala de Audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo A para el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia del caso Plazas Fantasma.

Elmer Vargas y Pavel Arellano

19 de mayo de 2025

|

16:30h

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El exdiputado Luis Rabbé acudió a un Juzgado para continuar con la audiencia de etapa intermedia en el caso Plazas Fantasmas. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Este 19 de mayo el exdiputado Luis Rabbé acudió a la Sala de Audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo A, con la jueza Claudette Domínguez para el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia del caso “Plazas Fantasma”.

Rabbé es señalado de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción dentro del caso. Este lunes es el comienzo de la audiencia y continuará durante esta semana para determinar si el exdiputado es enviado a juicio.

Fue el pasado lunes 27 de enero que la audiencia se iba a llevar a cabo, pero en se momento la defensa del señalado se excusó.

Investigaciones señalan a Rabbé de aprobar plazas en el Congreso de la República para personas que no asistieron a trabajar.

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De acuerdo a las pesquisas del MP y de la extinta Cicig, el exdiputado autorizó para la junta directiva 164 plazas que no cumplían con el perfil idóneo, con salarios excesivos y algunas de ellas sin asistir a labores.

El exdiputado Luis Rabbé acude al Juzgado de Mayor Riesgo "A" para el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia.

Rabbé es señalado de tres delitos dentro del caso "Plazas Fantasma".@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/w9XEmMz7WE

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) May 19, 2025

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Todo comenzó el 6 de febrero de 2019 cuando el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de inmunidad de Torres Casanova. Diez días después se puso a disposición del juzgado y entregó su pasaporte, luego de perder la segunda vuelta de las elecciones del 11 de agosto de ese año frente a Alejandro Giammattei, actual presidente.

Fue el 2 de septiembre de 2019 que Torres Casanova fue arrestada en residencial Maderos 2, en el kilómetro 8 de carretera a El Salvador, por su presunta responsabilidad al no reportar al Tribunal Suprema Electoral (TSE) Q19.5 millones de la campaña electoral de 2015.

El 16 de octubre de 2019 fue ligada a proceso por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado y la enviaron prisión a la Brigada de Mariscal Zavala, por considerar que podría obstaculizar la averiguación de la verdad, de acuerdo con el criterio de la jueza Claudette Domínguez, quien tres años después varió su resolución.

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El 8 de enero de 2020 logró salir de la cárcel y gozó de arresto domiciliario. La jueza de Mayor Riesgo E, Eva Recinos, le impuso el pago de una fianza de Q800 mil.

El 31 de agosto de 2021 la Sala Segunda de Mayor Riesgo concedió un amparo provisional a Sandra Torres y le cambió las medidas sustitutivas impuestas y revocó la prohibición que tenía Torres para participar en actividades políticas y dejó sin efecto el arresto domiciliario.

El 18 de diciembre de 2021, la defensa de Sandra Torres acudió a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y puso a disposición el pasaporte con su visa estadounidense.  Torres no lo había entregado, a pesar de que era una de las condiciones para salir de prisión.

La trama legal continúo  y el 20 de diciembre de 2021 los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron de manera favorable un incidente planteado por la defensa de Torres, quien aseguraba que era inconstitucional su proceso penal, al considerar que los hechos por los que era señalada la excandidata ocurrieron en la campaña política del 2015, mientras que el delito que se le imputaba recién fue creado en el 2018 por el Congreso de la República.

El 13 de agosto de 2022 fue trasladado Fernando Aldana, fiscal a cargo del caso contra Torres Casanova.

Fue el 14 de octubre de 2022 que la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó un amparo definitivo a Torres, lo que le permitió movilizarse en todo el territorio y participar en reuniones políticas.

El 3 de noviembre de 2022 el MP modificó el delito de financiamiento electoral no registrado a financiamiento electoral, en la audiencia de etapa intermedia en el caso y la acusación expuesta fue por Q5.9 millones.

El 17 de noviembre de 2022 el MP solicitó que Sandra Torres enfrente juicio por asociación ilícita y financiamiento electoral . Doce días después, el 29 de noviembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez, decreta el cierre del proceso a favor de Sandra Torres y no deberá enfrentar juicio ni por asociación ilícita ni financiamiento electoral.

El control jurisdiccional lo tiene Claudette Domínguez, titular del Juzgado A de Alto Impacto, quien tiene previsto resolver en los próximos días si los procesados enfrentarán juicio y definir los medios probatorios que serán admitidos para su diligenciamiento en el debate.

Entre los señalados se encuentran los exdiputados César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.

Desiste de ser colaborador

En este proceso hay 10 señalados que se acogieron a la figura especial de aceptación de cargos, entre éstos el exlegislador Edgar Romeo Cristiani Calderón, quien desistió de ratificar el convenio de colaboración eficaz y se someterá a un procedimiento ordinario. No obstante, fungió como testigo y rindió su declaración en calidad de anticipo de prueba.

En su testimonio relató la forma en que se planificó y ejecutó un plan para la creación de las plazas y en esa oportunidad señaló a Luis Armando Rabbé Tejada expresidente del Congreso en 2015, a quien se le solicitaba autorización de las contrataciones las cuales no podían excederse de Q. 150 mil mensuales.

Los señalamientos del Ministerio Público y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), detallan que Rabbé, en su calidad de presidente del Congreso, autorizó para Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva, (acción que es prohibida), además no contaban con el perfil idóneo para los cargos y lograr determinar que las personas no asistían a sus labores.

Rabbé Tejada es acusado de supuestamente autorizar de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del exdiputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Legislativo.

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En su calidad como presidente del Congreso autorizó por lo menos 42 plazas en beneficio propio y de otros diputados con salarios desde los Q 7 mil hasta Q 20 mil mensuales.

Orden de captura vigente

Luis Armando Rabbé Tejada salió de Guatemala con rumbo a la Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, dos días antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retirara la inmunidad, fue detenido en Monterrey, Nuevo León, México, por la Interpol el 23 de julio del 2018.

En su contra existe una orden de aprehensión vigente por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, vinculados por el caso Plazas Fantasma.

El 22 de octubre de 2021 fue beneficiado con una resolución judicial que frenó de forma indefinida su extradición de México a Guatemala, esto luego de que Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concediera la suspensión definitiva de la extradición del exfuncionario.

Según la resolución del juez, esta protección judicial para Rabbé estará vigente hasta que exista una sentencia de amparo en última instancia, lo que podría llevar varios meses o incluso hasta un año, reportaron en su oportunidad los medios mexicanos.

Agregan que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentó un recurso de revisión contra la suspensión que otorgó el juez y se espera que un tribunal colegiado decida si se mantiene o revoca la decisión.

Pero este padre de cuatro hijos fue detenido por la policía de fronteras francesa el 24 de octubre cuando viajaba con ella a bordo. Los perros de los agentes habían descubierto además dos eritreos en la parte trasera del vehículo, escondidos según él sin su conocimiento.

Juzgado en Boulogne sur Mer, en el norte de Francia, por fomentar la inmigración ilegal, el británico se expone a cinco años de cárcel y a una multa de 30 mil euros.

“Conmovido”  por la situación de los migrantes del campamento de Calais, Lawrie afirma que “decidió hacer algo”  por ellos y empezó a visitar con frecuencia este lugar conocido como la “Jungla”, llevando ropa y alimentos a los clandestinos e incluso ayudándolos a construir su tienda de campaña.

En este campamento en el que viven varios miles de migrantes que anhelan viajar a Inglaterra, conoció a la pequeña afgana, de cuatro años, y a su padre.

• Video Youtube/Tippy RammaDamma

https://www.youtube.com/embed/SVZ5Avt8TPA

Según Lawrie, el padre le pidió que se la llevara a Inglaterra.

“No me parecía justo dejarla allí, bajo una tienda, en la jungla”, afirmó.

Según su abogada, Lucile Abassade, “se dejó llevar por las emociones, sin pensar”.

Thanks again to everyone who signed the petition. Let's keep this going & get justice for the kids in the camps. #RobLawrie #calaisjungle

— Support Rob (@HelpRobLawrie) January 14, 2016

La petición “No al encarcelamiento de Rob Lawrie, que quiso salvar a una niña de la jungla de Calais”, reunió unas 170 mil firmas en internet, tanto inglesas como francesas.

“El tribunal deberá decidir si Robert Lawrie actuó como un traficante, un criminal, o un ciudadano llevado por la compasión”, indicó en un comunicado “Traficantes de hospitalidad”, un blog promigrantes.

El juzgador se tomó el tiempo necesario para explicar y fundamentar su decisión, sin embargo durante ese tiempo hubo frases que llamaron la atención de la audiencia y resaltamos algunos de esos momentos.

• “El MP dice que de mayo de 2014 a abril de 2015 Roxana Baldetti participó y lideró una estructura de defraudación”.

El juez apegado a las pruebas presentadas por el MP, asegura que podría existir una vinculación y control de la estructura mucho mayor desde el Ejecutivo, cuando se tomó el contro completo de los técnicos de aduanas, personal administrativo, incluso en la propia Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

• “Quisiera manifestar que el caso de Roxana Baldetti es un caso especial porque ella era vicepresidenta electa. Que tenga características especiales no quiere decir que es un proceso mediático, se han cumplido todas las garantías”.

El juzgador intenta tomar distancia y evidenciar su independencia de criterio, en un caso que tiene el peso de la sociedad civil que está exigiendo resultados en corto tiempo, además de la presión de sectores sindicales, empresariales y otros países que están viendo con beneplácito la lucha contra la corrupción gubernamental.

• “Por qué se está preocupando por eso, porque es parte de sus intereses. Debería estar hablando de política con los ministros, porque se preocupa por alguien de recursos humanos en la SAT”.

El juez alude una conversación revelada durante la audiencia y donde se escucha la voz del presidente Otto Pérez Molina exigiendo al entonces jefe de la SAT, Carlos Muñoz, que cambie al gerente de Recursos Humanos. Según la acusación, para tener así el control de las contrataciones y traslados de personal.

• “Como es posible que 33 días antes de asumir el nuevo Superintendente, ya se habían reunido con él. Lo que se hizo fue tomar la SAT, gente extraña decidió se quedaron con un porcentaje de dinero”.

El juzgador incrédulo, aunque la ley manda al Presidente a elegir al jefe de la SAT, se hace a través de una terna elaborada por el Directorio de la entidad y donde legalmente no existiría una forma de adelantar quienes serán los candidatos, en esa ocasión se sabía con más de un mes de antelación.

• “Desde una persona que hace limpieza hasta el Presidente, son cargos que se deben realizar con honestidad”.

El juez apelando también a la moral, recuerda el papel de los empleados públicos, de los funcionarios y en el marco de la legalidad, no importando el puesto que desempeñe debe hacerlo con total honestidad.

• “Su abogado dijo que si conoce a Estuardo González y el presidente también lo conocía. El abogado no negó la existencia de la estructura, ni la asociación ilícita”.

Argumentó del juzgador antes de dictar el auto de procesamiento e inválidando el recurso utilizado por el abogado Mario Cano para enfrentar las acusaciones del MP.

• “Este órgano después de análisis considera prudente dictar auto de procesamiento a Roxana Baldetti”.

Luego de esto, el juez Miguel Ángel Gálvez dio receso a la audiencia y será este miércoles que se conozca si dicta auto de prisión también a Baldetti, ahora formalmente ligada al caso La Línea.