Congreso intentará destrabar ley antilavado tras rezago y ante riesgo de sanción internacional

El Congreso conocerá el martes la iniciativa 6593, que busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, en medio de advertencias de que Guatemala podría ser incluida en una lista gris internacional.

César Pérez Marroquín y Douglas Cuevas

23 de marzo de 2026

|

14:01h

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Congreso conocerá en primer debate la iniciativa 6593, que busca actualizar la normativa contra el lavado de dinero, en medio de advertencias por posible inclusión de Guatemala en la lista gris internacional. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El Congreso de la República conocerá el martes 24 de marzo, en primer debate, el dictamen y proyecto de ley que dispone aprobar la iniciativa 6593, que contiene la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, según el orden del día de la 19 sesión ordinaria del Legislativo.

La propuesta ha avanzado poco, pese a que autoridades de la banca central han instado a los diputados a priorizar el tema, ya que, de no ser aprobada, Guatemala podría ser incluida en una lista gris de naciones que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero.

“Nos podrían ver como un país no cooperante”, advirtió Saulo de León Durán, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Guatemala debe cumplir con recomendaciones internacionales para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades han advertido sobre las posibles consecuencias de no avanzar con esta reforma, en especial para la estabilidad macroeconómica y las evaluaciones de riesgo país.

La advertencia se produce en el contexto de la evaluación que efectuará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que enviará una misión para revisar el cumplimiento de dichas recomendaciones. La evaluación está prevista para dentro de 20 meses, según la información.

De León Durán confirmó anteriormente que a inicios del 2027 “Guatemala enfrentará una rigurosa evaluación internacional a cargo del Gafilat”.

Este proceso implica un examen cuyos resultados podrían derivar en la inclusión del país en la lista de naciones con deficiencias o poca cooperación en los sistemas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Más sectores bajo supervisión

La iniciativa contempla la incorporación de nuevos sujetos obligados a los controles de la unidad de inteligencia financiera, entre ellos empresas de loterías, sistemas de vaticinios deportivos, proveedores de servicios de activos virtuales, contratistas y proveedores del Estado.

También incluye a quinielas y bingos legalmente autorizados, que formarían parte del grupo de personas individuales y jurídicas supervisadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), conforme a la propuesta que busca actualizar y modernizar la normativa vigente.

Además, se reestructura el listado de entidades ya vigiladas, como emisores u operadores de tarjetas de crédito, casas de cambio, corredores e intermediarios de valores, entidades de leasing o factoraje, cooperativas de ahorro y crédito, así como promotores o intermediarios de compraventa de inmuebles, contemplados en las leyes del 2001 y del 2005.

Impacto económico

Ingresar a la lista gris afectaría la reputación financiera de los bancos nacionales, la relación con organismos financieros internacionales y los mercados globales, además de repercutir en transacciones personales como el envío de remesas o la solicitud de créditos.

Por ello, el Ejecutivo presentó al Congreso la iniciativa 6593, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

De León Durán, quien llegó al Congreso este lunes 23 de marzo para solicitar su aprobación, señaló: “Reconocemos que Guatemala es un país importador”.

Añadió que “un informe negativo sobre Guatemala pone una bandera roja ante todos nuestros socios comerciales; eso se traduce en mayor escrutinio en procesos, primas de riesgo para préstamos a empresas, en tasas de interés e incluso algún veto comercial a Guatemala”.

Asimismo, explicó que “recibimos una gran cantidad de remesas; se canalizan por determinados bancos y estos, cuando identifiquen que el destino es un país en la lista gris, pondrán más controles a los connacionales que implicarán mayores costos e impactarán al bolsillo de los guatemaltecos”.

El funcionario también indicó que “impacta al sistema financiero; es cierto, son los primeros en ver consecuencias negativas, que finalmente llegarán a los guatemaltecos que hacen uso de los bancos”, incluidas cooperativas y casas de cambio.

Finalmente, reiteró: “Nos podrían ver como un país no cooperante”.

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Qué plantea la iniciativa de ley para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala

El Pleno del Congreso de la República comenzará la discusión de la iniciativa de ley contra lavado de dinero que tiene como fin modernizar controles contra delitos financieros en Guatemala.

Urias Gamarro

4 de marzo de 2026

|

13:52h

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La instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, programó conocer la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El pasado lunes 2 de marzo, en la reunión semanal de la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, se programó conocer la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, por lo que se entrará a su discusión y eventualmente a su aprobación en las siguientes semanas.

El dictamen favorable a la iniciativa 6593, emitido por la Comisión de Economía del Congreso, propone modernizar el marco legal guatemalteco para la prevención y represión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de alinearlo con estándares internacionales y preparar al país para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), programada para el 2027.

La propuesta introduce cambios estructurales en el sistema antilavado del país y, según el dictamen, busca fortalecer tanto el sistema preventivo como el régimen sancionatorio, así como mejorar la coordinación institucional.

1. Modernización del sistema antilavado

Una de las principales novedades es que la iniciativa plantea actualizar el marco legal vigente, que tiene más de dos décadas, para adaptarlo a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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¿Por qué urge que se apruebe la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y la presión por revisiones internacionales?

La Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) señala que la iniciativa busca:

• Modernizar el régimen antilavado del país
• Incorporar un enfoque basado en riesgo
• Fortalecer la coordinación institucional
• Actualizar obligaciones para los sujetos obligados
• Mejorar el régimen administrativo y de supervisión.

Según la CFG, el dictamen mantiene el objetivo central de cumplir con las recomendaciones de GAFILAT y alinearse al estándar internacional.

2. Enfoque basado en riesgo

El dictamen incorpora un modelo utilizado internacionalmente conocido como “enfoque basado en riesgo”, que obliga a las instituciones a identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero según:

• El tipo de cliente
• El producto financiero
• El canal de operación
• El origen geográfico de las transacciones.

Desde la perspectiva de la Cámara de Finanzas, este cambio refleja el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, que promueven sistemas preventivos más sofisticados y diferenciados según el nivel de riesgo.

3. Ajustes técnicos en el dictamen

Aunque la iniciativa mantiene su objetivo original, el dictamen incorpora enmiendas orientadas a mejorar su aplicación práctica, según la Cámara de Finanzas.

Las modificaciones más relevantes se concentran en tres áreas:

Definiciones y conceptos del régimen preventivo

Se precisan conceptos clave como:

• Enfoque basado en riesgo
• Debida diligencia
• Persona políticamente expuesta (PEP)
• Beneficiario final.

Estas definiciones son fundamentales para el funcionamiento del sistema de prevención.

Delimitación de personas obligadas

El dictamen introduce ajustes en la forma en que se definen e incorporan los sujetos obligados, es decir, las personas o entidades que deben aplicar controles contra el lavado de dinero.

Esto incluye:

• Instituciones financieras
• Empresas que realizan determinadas actividades comerciales
• Algunos profesionales cuando participan en operaciones específicas.

Coherencia con el marco jurídico nacional

También se introdujeron cambios para armonizar la iniciativa con otras leyes nacionales y con estándares internacionales, con el fin de evitar contradicciones legales.

Según la Cámara de Finanzas, estas enmiendas no cambian el propósito de la iniciativa, sino que buscan mejorar su consistencia normativa y facilitar su implementación.

4. Fortalecimiento institucional

El dictamen también propone fortalecer el sistema institucional encargado de prevenir el lavado de dinero.

Entre los aspectos señalados destacan:

• El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (IVE)
• Una mayor coordinación entre entidades del Estado
• mejoras en la supervisión y el régimen administrativo.

De acuerdo con la Cámara de Finanzas, los cambios buscan afinar el diseño institucional y los mecanismos de cumplimiento, para que el sistema pueda funcionar de manera más efectiva.

5. Preparación para la evaluación internacional

Tanto el dictamen y otras fuentes oficiales señalan que uno de los objetivos de la iniciativa es preparar al país para la próxima evaluación internacional del sistema antilavado.

La Cámara de Finanzas indica que la alineación con estándares internacionales no debe entenderse como un tema sectorial, sino como una decisión de Estado, ya que una legislación moderna:

• Mejora la reputación del país
• Reduce riesgos internacionales
• Evita posibles impactos económicos derivados de sanciones o listas de vigilancia financiera.

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6. Próximos pasos en el Congreso

El dictamen favorable permitirá que la iniciativa continúe su trámite legislativo en el Congreso.

La Cámara de Finanzas indicó que corresponderá a los diputados definir el avance del proyecto, aunque expresó que existe expectativa de que el proceso avance para que Guatemala cuente con un marco robusto contra la economía criminal.

Una vez aprobada la ley, las autoridades deberán emitir los reglamentos necesarios para su implementación.

En síntesis

Las principales novedades del dictamen de la Iniciativa 6593 se centran en:

• Modernizar la legislación antilavado
• Incorporar un enfoque basado en riesgo
• Precisar definiciones clave del régimen preventivo
• Ajustar el alcance de los sujetos obligados
• Fortalecer la coordinación institucional y la supervisión
• Alinear la legislación guatemalteca con estándares internacionales.

Según la Cámara de Finanzas de Guatemala, las enmiendas introducidas en el dictamen buscan mejorar la aplicación práctica de la ley sin modificar su objetivo principal: combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y preparar al país para la evaluación internacional del sistema antilavado.

¿Por qué urge que se apruebe la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y la presión por revisiones internacionales?

Un dictamen favorable y la presentación de la iniciativa el 2 de febrero fueron los avances que diputados expusieron con relación a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT), durante un foro organizado por la Cámara de Finanzas de Guatemala.

Urias Gamarro

28 de enero de 2026

|

05:00h

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Panelistas exponen nuevos roles de personas obligadas durante el foro Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos, organizado por la Cámara de Finanzas de Guatemala. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Los legisladores que integran la Comisión de Economía del Congreso de la República brindaron una hoja de ruta para el proceso de discusión y análisis de la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, la cual enfrenta tiempos cruciales para su aprobación.

Exactamente en un año, Guatemala será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en cuanto al cumplimiento de una norma actualizada en materia de prevención del lavado de dinero.

Mientras tanto, representantes de la CFG y autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) urgieron la aprobación de la ley, debido a los riesgos que implica no contar con un marco actualizado.

La iniciativa 6593 busca modernizar las disposiciones legales vigentes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y actualmente se encuentra en análisis dentro del Organismo Legislativo.

“Durante esta jornada hemos abordado, desde distintos ángulos, un mismo desafío: cómo fortalecer la capacidad del Estado y del sistema financiero para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sin afectar el desarrollo económico ni la inclusión financiera. Ese equilibrio es complejo, pero absolutamente necesario”, declaró Luis Fernando Samayoa Delgado, segundo vicepresidente de la CFG, durante el foro “Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos”.

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El directivo explicó que la iniciativa 6593 no surge de la coyuntura política ni de la agenda de un sector específico, sino que es el resultado de un proceso de país que se ha venido construyendo durante varios años, a partir de evaluaciones técnicas, recomendaciones internacionales y la experiencia acumulada del propio sistema financiero nacional.

Ley antilavado entra en fase clave

Durante el foro, los diputados Jorge Ayala y Felipe Barrera, integrantes de la Comisión de Economía, presentaron una hoja de ruta sobre los avances en la discusión de la iniciativa de ley, que busca brindar certeza en su fase de aprobación por el Congreso, e incluso podría ser tramitada de urgencia nacional, debido a los plazos.

En la actividad, los legisladores expusieron el alcance que tendrá la actualización en cumplimiento de las 40 recomendaciones de Gafilat, previo a la visita de evaluación.

Indicaron que en las mesas técnicas ya se cuenta con un borrador de la ley, el cual fue distribuido entre los miembros de la referida sala para su análisis. Asimismo, fue convocada una sesión para este miércoles 28 de enero, con el objetivo de avanzar en la discusión.

Reiteraron que la iniciativa actualiza las normas vigentes desde el 2001 y el 2005, y que la nueva ley incorpora recomendaciones de Gafilat durante estos 25 años, en aspectos como el uso de criptomonedas o tecnologías que generan nuevas figuras de personas obligadas, así como las diligencias debidas con los usuarios con quienes se realizan las operaciones.

Ayala afirmó que se buscarán acuerdos en la Comisión de Economía para lograr un dictamen en las próximas dos reuniones, en las cuales se recibirán aportes y recomendaciones. A partir de ahí, la propuesta será trasladada en febrero al pleno, para que sea agendada y comience su proceso de aprobación con el respaldo suficiente para alcanzar los votos necesarios.

Guatemala se alista para evaluación antilavado

El titular de la SIB Saulo De León Durán, indicó en el foro que para septiembre próximo se espera una interacción con el Gafic previa a la evaluación prevista para el 2027.

Al respecto dijo que se están realizando las reuniones con entes públicos y privados a manera de poder alinear los requerimientos y respuestas para el grupo evaluador a Guatemala in situ.

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Reiteró que la iniciativa es estrictamente para temas relacionados a la prevención del LDFT y también advirtió sobre los efectos negativos para el país, si no se avanza en el proceso de modernización.

La normativa se basa en un enfoque de riesgo.

EE. UU. insta a aprobar ley antilavado

Durante la actividad, Scott Rembrandt, subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que Guatemala es un aliado natural y que es necesario avanzar en la normativa para combatir la economía criminal.

Advirtió que las consecuencias serían negativas para el país si no se avanza en el proceso de aprobación, ya que ello podría repercutir en las operaciones con la banca internacional, así como interrumpir los flujos de remesas familiares y de inversión extranjera.

Por ello, reiteró la necesidad de proteger los activos bancarios y de estar dispuestos a cumplir con la normativa.

Fondo Monetario Internacional urge cambios legales contra lavado de dinero

Aunque se reconoce la estabilidad de la economía guatemalteca, el Fondo Monetario Internacional (FMI) urgió la aprobación de reformas legislativas, entre ellas la relacionada con el combate al lavado de dinero.

Urias Gamarro y Douglas Cuevas

9 de septiembre de 2025

|

05:00h

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La misión técnica del FMI estuvo en Guatemala en junio pasado para la evaluación del Artículo IV. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó el informe sobre la evaluación del artículo IV realizada a Guatemala en junio pasado. Aunque reconoció la estabilidad, recomendó aprobar reformas y normas que están en trámite en el Legislativo.

En su informe, el jefe de misión del FMI, Alexander Culiuc, destacó un panorama alentador y, en la introducción, señaló: “Gracias a una gestión macroeconómica prudente, Guatemala ha mantenido una economía resiliente, ha logrado baja inflación, amplios márgenes de maniobra para la política económica y, en los últimos años, una cuenta corriente positiva; todos estos factores han contribuido a un acceso al mercado cada vez más favorable. Sin embargo, se necesitan reformas para que el país alcance un equilibrio de alta inversión y alto crecimiento, y para reducir significativamente la pobreza”.

El reporte, presentado en Washington, DC, el lunes 8 de septiembre, añade que “las perspectivas macroeconómicas se mantienen sólidas, aunque existe una elevada incertidumbre relacionada con la evolución de las políticas comerciales y migratorias en el extranjero”.

Además, se prevé que el crecimiento económico cierre en 3.8% este año y que el considerable impulso fiscal compense la desaceleración de la demanda privada. El 27 de agosto pasado, la Junta Monetaria (JM) conoció el informe de evaluación del desempeño económico y situó en 4% el crecimiento para el 2025.

El informe también resalta que se prevé que las dificultades externas mantengan el crecimiento en torno al 3.5% en el período 2026-2027, mientras que en años posteriores podría converger al 4%, “gracias a las inversiones en infraestructura y las reformas en curso, que incluyen la mejora de la gobernanza y la calidad del gasto público”.

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Respecto de la inflación, se proyecta que retome gradualmente el objetivo de política monetaria, fijado en 4% más/menos 1 punto porcentual. Se prevé que los déficits fiscales, de alrededor del 3% del PIB, persistan a mediano plazo, lo que llevará a que la deuda pública alcance el 30% del PIB al final del período de proyección.

Directores resaltan resiliencia financiera y urgen reformas

En el documento se incluye un apartado sobre la evaluación realizada por los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual formulan diversas recomendaciones a Guatemala.

Los directores reconocieron la resiliencia del sistema financiero y destacaron los esfuerzos de las autoridades por fortalecer la regulación y la supervisión bancaria. Asimismo, subrayaron la importancia de ampliar la supervisión basada en riesgos, desarrollar más herramientas macroprudenciales y reforzar el control sobre las tecnologías y servicios financieros digitales.

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También alentaron a las autoridades a priorizar la revisión de la Ley de Bancos y Grupos Financieros de 2002, completar la transición a las Normas Internacionales de Información Financiera, impulsar el proyecto de la Ley del Mercado de Valores y aprobar la Ley de Dinero Electrónico, además de implementar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera.

Los directores enfatizaron la necesidad de mejorar la gobernanza y de avanzar en reformas estructurales que fomenten un crecimiento más inclusivo.

El pasado 28 de junio, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, presentó al Congreso de la República la iniciativa 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Los diputados de las distintas bancadas iniciarán en breve el análisis, discusión y eventual aprobación de esta normativa, antes de la evaluación que Guatemala deberá enfrentar en 2027 por parte de los organismos internacionales en relación con el cumplimiento de los estándares de ALA/CFT.

Instaron a las autoridades a priorizar la adopción de nuevas leyes, incluyendo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), la Ley de Beneficiarios Finales, la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley de Protección de Denunciantes.

Guatemala debe reducir déficit fiscal a 2 % del PIB

En su evaluación, los directores del FMI reiteraron que para preservar el dinamismo económico y alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo en el mediano plazo será necesario implementar con decisión diversas reformas, entre ellas una mayor eficiencia y calidad en el gasto público, así como mejoras continuas en la gobernanza y en el clima de negocios.

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De manera general, consideraron adecuada la postura fiscal expansiva prevista para 2025, en respuesta a la desaceleración de la demanda privada. No obstante, señalaron que a mediano plazo será necesario reducir los déficits fiscales hasta niveles cercanos al 2 % del producto interno bruto (PIB), en línea con los promedios históricos.

En este contexto, subrayaron que las reformas en materia de ingresos y gastos serán esenciales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Asimismo, recomendaron fortalecer la movilización de recursos tributarios, mejorar la focalización de los programas sociales, optimizar la planificación y la ejecución presupuestaria, y reforzar la gestión financiera del sector público.

Finalmente, los directores instaron a Guatemala a incrementar gradualmente su dependencia del financiamiento interno, sustentado en una estrategia creíble de manejo de la deuda a mediano plazo.

FMI respalda manejo de remesas, pero pide mejorar transmisión monetaria

En cuanto a la entrada de divisas por remesas, esta implica un aumento de la emisión monetaria en quetzales, lo que obliga a realizar más operaciones de mercado abierto (Omas) para absorber los excesos de liquidez.

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Al respecto, los directores del Fondo Monetario Internacional (FMI) consideraron que la orientación actual de la política monetaria y la respuesta del Banco de Guatemala (Banguat) ante los elevados flujos de remesas, guiada por una regla de intervención, son en general adecuadas.

No obstante, instaron a las autoridades a seguir fortaleciendo la transmisión de la política monetaria. También subrayaron la importancia de mejorar la coordinación de políticas entre el Banguat y el Ministerio de Finanzas, en particular para mitigar los elevados costos de esterilización, y expresaron su respaldo a los esfuerzos por avanzar hacia una mayor flexibilidad cambiaria de manera eficaz.

Propuesta será dictaminada por Finanzas y Economía

La iniciativa de ley presentada por el presidente Arévalo para combatir las estructuras dedicadas al lavado de dinero demoró más de un mes en ser enviada a comisión. Ingresó a la Dirección Legislativa el 28 de agosto y fue remitida a mesas de trabajo el 2 de septiembre.

La Junta Directiva consideró oportuno que esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo sea dictaminada en dos comisiones. Cada una deberá evaluar la propuesta y emitir un dictamen.

La primera comisión a la que fue enviada es la de Finanzas, presidida por el diputado Julio Héctor Estrada, del bloque Cabal.

La segunda es la Comisión de Economía, encabezada por el diputado Faver Salazar, del bloque Valor.

La nueva normativa que transformará la prevención del lavado de dinero

La Escuela Bancaria de Guatemala y el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas realizaron el Foro: Marco Regulatorio de la Iniciativa 6593, un evento donde analizaron los cambios y desafíos que plantea la Nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

Vida Empresarial

3 de septiembre de 2025

|

23:51h

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El foro contó con la participación de representantes del ente regulador, expertos legales y oficiales de cumplimiento, quienes abordaron temas como la vinculación de la Ley 6593 con las 40 Recomendaciones del GAFI, las diferencias y similitudes con la Iniciativa de Ley 5820 y las implicaciones legales y regulatorias para los sectores supervisados.

Actualmente Guatemala tiene la Ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo data del 2001, y derivado de ello es necesario hacer una actualización. Dichas actualizaciones de la ley permitirán esclarecer e incluir aspectos y especificaciones de que personas están obligadas, de las metodologías que también la Intendencia de Verificación Especial puede tomar en cuento acciones, especialmente en financiamiento al terrorismo y lavado de dinero; y en términos generales, lo que hace es esclarecer normas que previamente ya existían pero que no contaban con todas las herramientas para poder ser aplicadas.

“Como país tenemos la responsabilidad de actualizar esas normas, de poder incluir nuevos métodos y nuevas metodologías que nos permitan estar a la vanguardia, esto nos va a dar una fuerte sostenibilidad a la economía a largo plazo. Contamos con un fuerte riesgo de que, al no actualizar las normativas vigentes, podríamos entrar a una fase que podría complicar al país si entrar a una lista gris de países no cooperantes y nos traería repercusiones económicas para nuestra sociedad”, mentó Lic. Erickson González, vicepresidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas.

González añadió que actualmente esta ley se encuentra dentro del congreso pendientes a que pueda ser asignada a una mesa técnica. “En 2027 Guatemala va a estar sujeta a supervisión y de no cumplir o tener actualizadas, pueden caer en los riesgos previamente descritos”.

Por su parte, Alejandro Arriola, abogado y notario, y socio IBR Law & Conslting, indicó que, “el comercio y la dinámica de los riesgos financieros han cambiado. Precisamente por ello, este proyecto de ley constituye una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad técnica y garantizar que el país avance en armonía con los estándares internacionales más recientes. Esta reforma no debe entenderse como una imposición, sino como un paso estratégico que permitirá desmitificar percepciones, generar certeza jurídica y construir estrategias conjuntas que aseguren un sistema financiero más transparente, robusto y confiable. Con su aprobación, Guatemala podrá proyectarse como un referente regional en materia de prevención, fortaleciendo la confianza de los usuarios, inversionistas y organismos internacionales”.

Ley antilavado amplía listado de personas obligadas a reportar transacciones como contratistas y operadores virtuales

Empresas de loterías, sistemas de vaticinios deportivos, proveedores de servicios de activos virtuales, contratistas y proveedores del Estado son las nuevas personas obligadas que estarán bajo vigilancia de la unidad de inteligencia financiera.

Urias Gamarro

29 de julio de 2025

|

05:00h

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Empresas de loterías, sistemas de vaticinios deportivos, proveedores de servicios de activos virtuales se incluyen como personas obligadas en nueva ley. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Contratistas, proveedores del Estado, empresas de loterías, sistemas de vaticinios deportivos, quinielas y bingos legalmente autorizados forman parte del grupo de personas individuales y jurídicas que serán supervisadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), según la iniciativa que actualiza y moderniza la normativa para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT).

Por otro lado, se reestructura y aclara el listado de personas ya vigiladas, como emisores u operadores de tarjetas de crédito, casas de cambio, corredores e intermediarios de valores, entidades de leasing o factoraje, cooperativas de ahorro y crédito, y promotores o intermediarios de compraventa de inmuebles, ya contemplados en las leyes del 2001 y 2005.

Cumplimiento de estándares

Guatemala debe cumplir con recomendaciones internacionales para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades ya han advertido sobre las posibles consecuencias de no avanzar con esta reforma, en especial para la estabilidad macroeconómica y las evaluaciones de riesgo país.

La advertencia cobra sentido cuando Guatemala será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que enviará una misión para revisar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en esta materia. La evaluación está prevista para dentro de 20 meses.

Ingresar a la lista gris afecta la reputación financiera de los bancos nacionales, la relación con organismos financieros internacionales y mercados globales, y también podría repercutir en las transacciones personales, como el envío de remesas o la solicitud de créditos.

Por ello, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República la iniciativa 6593, titulada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El proyecto se presenta pocos días antes del inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del Legislativo, con el objetivo de iniciar su discusión y aprobación. Busca actualizar y modernizar la normativa vigente, que data del 2001 y 2005.

La unidad de inteligencia financiera de Guatemala reportó un aumento del 38% en el monto denunciado por lavado de dinero ante el Ministerio Público durante el primer semestre del 2025, en comparación con el cierre del 2024.

Guatemala en evaluación

El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo De León Durán, confirmó que a inicios del 2027 “Guatemala enfrentará una rigurosa evaluación internacional a cargo del Gafilat”.

Esto implica un examen país cuyos resultados podrían derivar en la inclusión de Guatemala en la lista de naciones con deficiencias o poca cooperación en los sistemas de prevención de LDFT.

El superintendente explicó que la evaluación abordará dos componentes: primero, el cumplimiento técnico, que exige un marco jurídico e institucional adecuado; y segundo, la efectividad de dicho marco, es decir, los resultados tangibles en la lucha contra estos delitos.

“El resultado no se reduce a un informe. Contendrá un análisis integrado sobre la solidez y efectividad del sistema de prevención y represión. Además, Gafilat verificará si se corrigieron las brechas detectadas en 2016”, afirmó De León.

¿Lista gris?

En 2016 se emitieron varias recomendaciones que Guatemala debía cumplir. En respuesta, se trabajó una iniciativa de ley que ahora ha sido actualizada.

Durante la conferencia, el superintendente señaló que cerrar estas brechas es esencial, e incluye adecuar los tipos penales relacionados con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ampliar el listado de personas obligadas —como los proveedores de servicios de activos virtuales—, fortalecer la supervisión y robustecer los mecanismos de coordinación nacional.

“La magnitud de este desafío no debe subestimarse. De no contar con una ley actualizada conforme a los estándares internacionales, Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris de países que no cooperan en materia de prevención del lavado de dinero”, remarcó.

Advirtió que ingresar a dicho listado traería consecuencias económicas graves: transacciones financieras más lentas, costosas y complicadas tanto para la población como para empresas, exportadores y familias que reciben remesas.

La inversión extranjera directa (IED) se vería “seriamente comprometida”, lo que podría frenar el crecimiento económico. Por ello, instó a actuar con responsabilidad y decisión.

Guatemala debe demostrar ante la comunidad internacional su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de los estándares globales y la protección del sistema financiero.

Ley técnica

El presidente Bernardo Arévalo declaró que el Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa 6593 y ya ha sostenido conversaciones con varios diputados para explicar su importancia económica. También buscarán aclarar dudas ante los distintos bloques legislativos.

“Estamos presentando otra iniciativa de importancia trascendental. Es la nueva ley antilavado, fundamental para identificar los flujos del crimen organizado y combatir el narcotráfico y otras formas del crimen organizado. Esta iniciativa ya fue presentada esta mañana”, dijo el mandatario.

Arévalo subrayó que el lavado de dinero es “el motor” de cualquier organización criminal, ya que todos los delincuentes necesitan “blanquear” sus fondos para ingresarlos a la economía formal y evitar que sean rastreados.

Con esta ley, se busca atacar la actividad criminal desde todos los frentes. El mandatario explicó que se aclara el listado de personas obligadas a enviar reportes de transacciones sospechosas (RTS), como notarios y proveedores de activos virtuales. También se incluyen proveedores y contratistas del Estado, para reforzar los controles contra la corrupción.

Además, se reformarán las siguientes leyes y normativas:

• Código Penal
• Código de Comercio
• Código de Notariado
• Ley contra la Delincuencia Organizada
• Ley que regula los servicios de seguridad privada

El presidente agradeció el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la elaboración de la propuesta.

“Se ataca el corazón de la economía criminal”, afirmó Arévalo, al advertir que no aprobar esta ley aumentaría la incertidumbre económica del país.