Este jueves 19 de octubre, la exfiscal anticorrupción, Virginia Laparra, se presentó al Tribunal Octavo para solicitar revisión de medidas que la mantienen en prisión. Además, se informó que se ha girado una nueva orden de captura en su contra.

El Ministerio Público (MP) informó que la orden de aprehensión en contra de Laparra fue girada por la supuesta comisión del delito de revelación de información confidencial y reservada, según lo que establece el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Según el MP, como funcionaria o empleada pública, la señalada habría revelado información de la que tenía conocimiento y que al haberse decretado la reserva total de las actuaciones, tenía la obligación de no revelarla.

Los hechos habrían sucedido el 4 de julio de 2017, cuando ejercía sus funciones como agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango.

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Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 y permanece en la prisión del cuartel Mariscal Zavala, en la ciudad de Guatemala, donde se encuentran sin libertad alrededor de 250 reos de alto perfil.

Está señalada por una decisión a su cargo cuando era fiscal en 2019, cuando solicitó dos denuncias administrativas contra un juez.

El 7 de junio 2022, el juez Séptimo Penal resolvió enviar a juicio a la exfiscal anticorrupción Laparra bajo los cargos de abuso de autoridad.

Para leer más: Organización Abogados de América censura arresto de exfiscal guatemalteca Virginia Laparra

Laparra fue parte de la Feci, que entre 2014 y 2020 emprendió una lucha contra la corrupción en el país y que imputó a más de 200 personas entre altos funcionarios y miembros de la élite empresarial.

El 26 de agosto recién pasado, los integrantes del Tribunal Octavo de Sentencia Penal se excusaron de conocer el caso contra Virginia Laparra, por lo que la Sala Segunda de Apelaciones decidiría si el caso pasaba a otro tribunal.

Notifican a exfiscal

Agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al Tribunal Octavo para notificar a la exfiscal de la nueva orden de captura en su contra.

Este miércoles 19 de octubre, la exfiscal ha pedido a la jueza del Tribunal Octavo que se le otorgue arresto domiciliario.

Agentes de la Policía Nacional Civil se presentan al Tribunal Octavo y procederán a notificar nueva orden de captura a la exfiscal Virginia Laparra. pic.twitter.com/G9PfH1OkIO

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 19, 2022

A eso de las 14.20 horas, Laparra recibió la notificación de la nueva orden de aprehensión girada en su contra.

Los integrantes del Tribunal Octavo de Sentencia Penal se excusaron, este viernes 26 de agosto, de conocer el caso contra la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, por lo que ahora la Sala Segunda de Apelaciones decidirá si el caso pasa a otro tribunal.

El juez Otto Hugo Valvert Veras justificó apartarse del debate, porque afirma que tiene amistad con Virginia Laparra, con su abogada Claudia González y 18 años de conocer a Lesther Castellanos, el denunciante.

Por su parte, la jueza Glenda Julieta Duque Martínez aseguró tener amistad con el abogado Omar Barrios, querellante del proceso.

La última en exponer su excusa fue la jueza presidenta del Tribunal, Oly González, quien advirtió que su hijo tiene amistad con Omar Barrios.

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Wendy López, abogada de Laparra, en la audiencia que se llevó a cabo este 26 de agosto, informó que aceptaban las excusas de Valvert Veras y Duque Martínez, pero no la de González.

López señaló que la excusa de la jueza presidenta justificaba que su hijo tiene amistad con Barrios, pero que en lazo de amistad era entre ellos y no incluía a la jueza.

La excusa de los tres jueces se enviará a una Sala para que ratifique o no la decisión.

El debate de Laparra lo debe conocer un juez unipersonal.

Mientras se llevaba a cabo la audiencia de la exfiscal Laparra, afuera de la Torre de Tribunales de la capital, varios ciudadanos participaban en un plantón para pedir la liberación de esta.

Con tambores y redoblantes, las personas exigían la libertad de Laparra, pues consideran que están presa injustamente.

El caso de Laparra

Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 y permanece en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en la Ciudad de Guatemala, donde se encuentran sin libertad alrededor de 250 reos de alto perfil.

Está acusada por una decisión a su cargo cuando era fiscal en 2019 al solicitar dos denuncias administrativas contra un juez, por lo que ha reiterado desde prisión en una carta que “eso no es un delito”.

Según diversas fuentes, dichas denuncias administrativas fueron en contra de un juez por jurisprudencia y por la incorporación de declaraciones a un expediente sin notificarlo.

La orden de aprehensión fue girada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

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Laparra indicó en una carta desde prisión en abril pasado que se encuentra tras las rejas “por faccionar cuatro denuncias administrativas contra un juez penal de mayor riesgo” y que su encarcelamiento es “desproporcionado” a los hechos que se le imputan.

Laparra fue parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, que entre 2014 y 2020 emprendió lucha contra la corrupción en el país que imputó a más de 200 personas entre altos funcionarios y miembros de la élite empresarial.

Sin embargo, en 2021 dicha fiscalía fue desarticulada por decisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y sus trabajadores, a juicio de expertos y diversos sectores sociales, han sido perseguidos de manera criminal.

Virginia Laparra Rivas, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Feci) en Quetzaltenango, fue ligada a proceso este jueves 3 de marzo.

El juez Séptimo Penal resolvió el martes 7 de junio enviar a juicio a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra bajo los cargos de abuso de autoridad.

Además, el juez declaró el sobreseimiento a favor de Laparra por la acusación de usurpación de funciones que pesaba sobre ella.

Integrantes de diversas organizaciones participaron este martes 7 de junio en una protesta afuera de la Torre de Tribunales para expresar su apoyo y exigir justicia para Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público en Quetzaltenango, quien fue ligada a proceso por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. 

La extitular de la Feci en Quetzaltenango fue detenida el 23 de febrero pasado en cumplimiento a orden de aprehensión girada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango. 

La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Lilian Virgina Laparra Rivas, por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones. 

La investigación de la fiscalía se deriva de una denuncia presentada en la cual se indicaba que Laparra Rivas interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales presuntamente afirmando hechos falsos en contra del Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango – Lesther Castellanos-  y sin causa legítima, posiblemente ejerció actos en nombre del MP atribuyéndose carácter oficial para interponer dichas denuncias. 

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Apoyo  

Este 7 de junio, Laparra tiene una audiencia en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal en donde se decidirá si la extitular de la Feci en Quetzaltenango, enfrentará juicio o no.  

Saul Interiano, uno de los que participó en la protesta, dijo a La Red que un grupo de ciudadanos, pese a la lluvia, se hizo presente a las afueras de la Torre de Tribunales, para expresar su apoyo a la exfiscal del MP.  

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 Expresó que Laparra ha sido criminalizada por cumplir debidamente con su trabajo, pues denunció a un juez que estaba incurriendo en varios delitos y luego el señalado procedió contra ella.  

“Lo interesante del sistema de justicia es que avanzó el caso contra la fiscal y el juez fue ascendido a relator contra la Tortura”, dijo Interiano. 

Añadió que este día, después de haberse aplazado varias veces, la audiencia se llevó a cabo y esperan que a Laparra le puedan dar alguna medida sustitutiva, salir en libertad y seguir el proceso en su casa en igual de condiciones.  

Recordó que Laparra fue capturada un día antes de que ella se presentara a una audiencia para tratar su caso y cuestionó por qué se hizo así y cuál era el miedo que le tenían a la exfiscal para movilizar a la Policía para capturarla.  

Saul Interiano, uno de los que participó en la protesta. (Video Prensa Libre: La Red)

Brenda Hernández, otra de las que participó en la manifestación a título personal, señaló que son varias organizaciones y ciudadanos que se hicieron presentes, pues consideran que Laparra sufre de tortura al estar en prisión en Mariscal Zavala y acusa que se han aplazado las audiencias causando violencia psicológica en su contra. 

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Alex Aguilar, también llegó a apoyar a Laparra y comentó que ella es una presa política y que esperan que finalmente el juez le dicte libertad, pues ha sido víctima de un sistema injusto y corrupto.

Tras la publicación de una carta escrita desde la prisión de Mariscal Zavala por la exjefa de la Feci en Quetzaltenango, Virginia Laparra, el juez séptimo Sergio Mena se excusó de conocer el caso que se sigue en contra de la de la exfiscal por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

La excusa del juez dejaría en suspenso la continuidad del proceso, así como la audiencia de apertura a juicio, y mientras eso ocurre, Laparra deberá seguir en prisión preventiva.

Las acciones del juzgador se dieron horas después de que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) publicara una carta escrita y firmada por Laparra en la que da detalles de su caso.

En el manuscrito, Laparra señala que “veo la luz del sol una vez al día, fui arrancada de mi tierra, mi bella, amada e inigualable Quetzaltenango, me alejaron de mi casa, mi familia, de mis amigos, me dejaron sin trabajo y me arrebataron mi libertad”.

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También destacó que su caso se inició por haber presentado denuncias administrativas como fiscal del MP contra un juez de Primera Instancia Penal en delitos de Mayor Riesgo.

“Y me preguntó: ¿es eso un delito de tal gravedad que merezca prisión preventiva? Es claro que las circunstancias cambian dependiendo de quién es el actor”, añade la carta de Laparra, quien señala que al proceso en su contra le abrieron dos causas, una en Quetzaltenango y otra en la capital.

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“La causa de Quetzaltenango es del año 2018 y la de Guatemala, la causa es 2019, ¿en qué estado de derecho se abren distintas causas, en distintos departamentos a un mismo número ministerial?, solo en el que se me está aplicando a mí”, agrega.

Además, señala que un día antes de su detención tenía programada una audiencia en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, el mismo que ordenó su captura.

“Pregunto, por qué no se me permitió llegar a la audiencia ya programada, por qué mandar aprehenderme de inmediato un día antes”, señala en la misiva. También escribió que que la causa donde se gira su aprehensión es de 2019 y el nuevo número de expediente del MP que le dan a esa causa ahora es 2021.

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“De 2 años posteriores al número de causa, pregunto, cómo un juez puede tomar control de un número del MP que aún no existía”, refiere en el escrito.

De acuerdo con la carta de Laparra, cuando el MP solicitó su captura el juez pregunta por qué aprehensión y no citación, a lo que la fiscal del MP responde: “porque son órdenes de mi jefa, y se sospecha se pueda fugar”.

Agrega que por lo anterior el juez dictó la aprehensión porque Laparra ha planteado “tantas actividades procesales defectuosas, tantas reposiciones, apelaciones, quejas, incidentes y amparos”.

“Lo que el juez no dijo es que todos esos planteamientos los hice porque nunca me permitieron estar en las audiencias de adhesiones de los supuestos querellantes y porque me tenían dos causas abiertas por el mismo caso, que ejercer el sagrado derecho de defensa no es un peligro de fuga, por ende, no es motivo legal para dictar aprehensión y mucho menos dictar prisión preventiva”, indica.

Hoy verifique la situación de la ex Jefa de la FECI en #Quetzaltenango Virginia Laparra en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala, este es un testimonio escrito por ella misma, de lo que le ha tocado vivir en este proceso https://t.co/CXsOrx4Xh9 pic.twitter.com/bWvWQ5SKOs

— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) April 3, 2022

Por lo anterior, el juez Sergio René Mena Samayoa se excusó de seguir conociendo el caso.

“La Ley del Organismo Judicial regula el procedimiento para las excusas, que es la situación en que el juez u otro funcionario o empleado se encuentran cuando hay causas o exigencias que no permiten su actuación dentro de un proceso, pues se tiene prohibición para desarrollar los actos jurídicos del proceso, por dudar algún sujeto procesal de su imparcialidad. Dicha institución tiene una sustentación ética que se debe manifestar con el retiro, cuando concurran las causas que la ley indique. Tomando en consideración que los jueces tienen excusa para conocer de un asunto determinado, entre otros, cuando se ponga en tela de duda la imparcialidad del Juzgador”, señala la excusa del juez.

Añade que “en el presente caso, es de conocimiento público que, la sindicada Lilian Virginia Laparra Rivas hizo circular un manuscrito dirigido al pueblo de Guatemala en el cual, ha manifestado que el suscrito juez no le ha permitido llegar a audiencias, que ha tomado control jurisdiccional en un número de carpeta ministerial que no existía, que no se le ha permitido estar en audiencias de solicitud de adhesión de los supuestos querellantes, que violenta su derecho de defensa y el debido proceso por tener dos causas abiertas, que no existe motivo para ordenar su aprehensión y dictar prisión preventiva, que no se le dejará salir y que en audiencias se ha burlado de su grado académico, todo ello por el hecho de ser mujer y haber pertenecido a la Fiscalía Especial contra la impunidad y, por todo ello (sic), es que se le mantiene en prisión”.

Agrega que, por lo tanto, “este Juzgado, con base a las consideraciones y leyes citadas, al resolver declara excusa del infrascrito Juez “B” para seguir conociendo del presente proceso por las razones indicadas, en el que aparece como sindicada Lilian Virginia Laparra Rivas.

Lilian Virginia Laparra Rivas, jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, del Ministerio Público (MP), detenida por tres delitos, fue trasladada a la cárcel Mariscal Zavala la madrugada de este viernes 25 de febrero luego que fue suspendida la audiencia para darle a conocer el motivo de su detención.

La abogada fue detenida el pasado 23 de febrero en cumplimiento a una orden judicial que emitió el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango.

La jefa de la Feci en Quetzaltenango está señalada de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones y luego de su detención fue llevada a la Torre de Tribunales de la capital y permaneció en una de las carceletas del lugar a la espera de la audiencia judicial para hacerle ver el motivo de su captura.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en sus redes sociales que a eso de las 21 horas del jueves 24 de febrero se hicieron presentes para verificar la situación de Laparra dentro de la carceleta.

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Explicó que la audiencia para que ella conociera el motivo de la detención se fijó a las 0 horas de este viernes 25 de febrero, pero finalmente fue suspendida, porque los querellantes del caso no fueron notificados.

La abogada Laparra fue trasladada en la madrugda a la cárcel de Mariscal Zavala, según confirmó la PDH.

La captura de la jefa de Feci Quetzaltenango

La fiscal Laparra, jefa de la Feci de Quetzaltenango, fue capturada el miércoles 23 de febrero en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango.

La detención fue coordinada por la Fiscalía de Asuntos Internos del MP y la Policía Nacional Civil por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

“La investigación de la Fiscalía deriva de denuncia presentada en la cual se indica que Laparra Rivas interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales presuntamente afirmando hechos falsos en contra del Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango y sin causa legítima, posiblemente ejerció actos en nombre del Ministerio Público, atribuyéndose carácter oficial para interponer dichas denuncias”, confirmó Comunicación Social del MP el día de la captura.

Detenciones de fiscales de la Feci

La detención ocurrió en momentos en que varios exfiscales de Feci afrontan señalamientos legales por parte del MP y varios de ellos han renunciado denunciando una persecución selectiva en contra de quienes lucharon contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

El caso más recientes es el de Darwin Zepeda, auxiliar fiscal de la Feci que llevaba el Caso La Línea, por temor a ser perseguido penalmente como varios excompañeros, según expresó.

Otras renuncias recientes son las de las auxiliares fiscales de Feci, Gilma Guerra y Masell Pérez, quienes tuvieron a su cargo casos como Traficantes de Influencias y Financiamiento UNE, quienes renunciaron a sus cargos el pasado lunes 21 de febrero.

El exfiscal de Feci Carlos Antonio Videz Navas renunció a su cargo y salió del país el 17 de febrero previniendo que se atente contra su vida y para evitar ser “una víctima más, de la injusta persecución, destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción, como lo reflejan las recientes detenciones”.

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Vídez Navas fue el fiscal que participó en el interrogatorio del Testigo A, quien acusó al presidente Alejandro Giammattei de financiar su campaña con sobornos de empresas constructoras y de haber negociado con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito el pago de Q20 millones a cambio de mantenerlo en el cargo.

Ese 17 de febrero también renunció Kevin Montes, quien actualmente estaba en el Fiscalía de Chuarrancho y había laborado también en la Feci. El MP informó que ese mismo día también renunció el agente fiscal Lorenzo Bolaños.

El pasado 13 de febrero, el abogado Rudy Herrera, fiscal de la Feci que investigó irregularidades en elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, también presentó su renuncia.

Estas renuncias de fiscales se da luego que el pasado 10 de febrero las autoridades guatemaltecas detuvieron a la abogada Leyli Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia.

El pasado 15 de febrero, la abogada Eva Siomara Sosa, quien también trabajó en Cicig y fue parte de la Feci se presentó al tribunal donde había sido citada para aclarar su situación legal, pero de forma inesperada fue detenida y llevada a la cárcel.

A mediados del año pasado, Washington suspendió la cooperación con la Fiscalía de Guatemala, a cargo de Consuelo Porras, tras la destitución del entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, quien salió del país por seguridad, según dijo.

Todos han denunciado de que la actual fiscal general, María Consuelo Porras, favorece a intereses particulares y ha emprendido una persecución en contra de operadores independientes de justicia.

El 20 de septiembre de 2021, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, fueron incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos.