Cosechar agua: la estrategia que sostiene al Corredor Seco

En Guatemala, el clima cambió la forma de vivir. El país se seca en unas zonas mientras se inunda en otras; las estaciones ya no se parecen a sí mismas. La llamada frontera seca —antes un punto claro en el oriente— hoy avanza, redefiniendo el mapa de riesgo climático.

Andrea Domínguez

1 de diciembre de 2025

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Programa de reservorios de agua en colaboración de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Maga y el gobierno de Suecia en el corredor seco en el departamento de Jalapa, en el municipio de San Luis Jilotepeque, en las aldeas de San José Las Pilas y Los Magueyes. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

En San José Las Pilas, Jalapa, cuando llueve —si es que llueve—, cada sonido es una esperanza. “Aquí aprendimos a guardar lo que el cielo deja caer”, dice Merlin Sandoval, vecino de la comunidad que atesora la lluvia y donde la desecación de los ríos afecta severamente la agricultura y la ganadería.

Su realidad la comparte Alfonso Ramírez, agricultor que se resiste a abandonar sus tierras en el Corredor Seco, un territorio donde el cambio climático dejó de ser advertencia y se ha convertido en sentencia.

En Guatemala, el clima cambió la forma de vivir. El país se seca en unas zonas mientras se inunda en otras; las estaciones ya no se parecen a sí mismas. La llamada frontera seca —antes un punto claro en el oriente— hoy avanza, redefiniendo el mapa de riesgo climático.

El Corredor Seco, históricamente limitado a los departamentos del oriente, creció de 46 a 82 municipios: la aridez avanza, los ríos menguan, los suelos pierden productividad y miles de familias intentan sostener cultivos que ya no responden a ningún calendario.

Rafael López, director de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (Digegr) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), lo describe sin rodeos: “El Corredor Seco comenzó abarcando 46 municipios; hoy son 82, un incremento del 23% en la última década. El déficit hídrico y la distribución desigual de lluvias son cada vez más evidentes”.

Según el Diagnóstico del Corredor Seco, elaborado por el Maga, el área afectada pasó de 10 mil 200 a 13 mil 500 kilómetros cuadrados. Lo que antes era tierra fértil hoy es arena. Las lluvias saturan; la ausencia de lluvia agota.

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Migración

El ciclo es ya una constante: cosechas perdidas, ingresos reducidos y familias que enfrentan el dilema de reinventarse o migrar.

El estudio de Oxfam Mojados por la sequía confirma esa tendencia. En 26 municipios evaluados, el 7.4% de los hogares tiene al menos un miembro que ha migrado, principalmente hombres (64%). Las mujeres migran mayormente dentro del país (86.5%), empujadas por los roles de cuidado.

La niñez migrante ya representa el 15% del total, y un 3% migra sin compañía de personas adultas.

La evaluación de seguridad alimentaria de Oxfam también advierte que 234 mil 666 personas (43 mil 457 hogares) requieren asistencia humanitaria, de las cuales 30 mil 103 enfrentan inseguridad alimentaria severa.

Si se extrapola a los 82 municipios del Corredor Seco, la cifra se duplica: 556 mil 288 personas (109 mil 76 hogares) necesitan ayuda alimentaria.

A vista de pájaro

Las imágenes satelitales del territorio provistas por Google Earth muestran que entre 2005 y 2020, la sequía se agravó y extendió. Las imágenes evidencian un retroceso de los verdes y  la expansión de los tonos rojizos y anaranjados.

Antes de 2013 se hablaba de cinco departamentos afectados. Hoy son 11, incluyendo Huehuetenango, San Marcos e Izabal, que hasta entonces no eran considerados parte del Corredor Seco.

 En los territorios, cada cosecha fallida de maíz y frijol, base de la dieta rural, amplifica el hambre.

En Jalapa, un departamento que sí era parte del Corredor Seco, a pesar de tener un área montañosa, la desnutrición ha impactado especialmente en la niñez.

Hasta noviembre se reportaban 253 niños con desnutrición aguda, una tasa de 58.1 por cada 10 mil habitantes, y un fallecimiento en el 2025.

Dos municipios de Jalapa tienen las tasas más altas de desnutrición: San Luis Jilotepeque, con 59.8 casos por cada 10 mil habitantes, y San Pedro Pinula, con 38.1 casos de desnutrición en niños menores de cinco años.

En ambos municipios se ha identificado una constante: el agua es poca, cara e irregular; las cosechas se pierden y los alimentos se encarecen.

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Desde dentro

San José Las Pilas, Jalapa, está en medio de la Ruta Departamental Jalapa 1 (RD-JAL-1), que conecta con Jutiapa y Zacapa, desconectaada del Estado.

Para llegar a la localidad se debe recorrer un camino  de terracería y luego atravesar dos ríos para encontrar las 150 viviendas dispersas. Al menos dos veces al año, debido a las crecidas por las lluvias que se extienden hasta por tres meses, quedan incomunicados.

 Merlin Sandoval, una joven de 27 años y presidenta de la microcuenca del río San José de las Pilas, decidió enfrentar la sequía aprovechando el agua de lluvia. Con ella creó un pequeño sistema de crianza de tilapias que hoy sostiene a su familia y ofrece una alternativa alimentaria para la comunidad.

“Esto empezó como un emprendimiento pequeño… pero en esta zona, si uno no aprovecha el agua del invierno, no sobrevive”, dice, mientras señala el canal que guía la lluvia hasta su reservorio.

Su sistema consiste en un estanque artesanal protegido con una geomembrana. “Sin la membrana, el agua se absorbía rapidísimo. Los peces se quedaban prácticamente sin nada. Eso me daba una tristeza enorme”, relata Sandoval.

Tres años atrás instaló cosechadores de agua con apoyo del Maga, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el financiamiento del Gobierno de Suecia. Luego los unificó y amplió. Hoy tiene agua para tres o cuatro meses, suficiente para criar tilapias, sembrar árboles frutales, yuca y camote.

No todos los vecinos han conseguido ganarle la batalla a la sequía. Las parcelas contiguas lucen áridas, mientras la de Sandoval conserva cierto verdor. De su emprendimiento salen tilapias que comercializa en la misma comunidad.

“Aquí llueve dos o tres meses, cuando bien nos va. Por eso decidí que no podíamos seguir perdiendo el agua, había que guardarla”, insiste.

A 300 metros vive Ricardo Alfonso Ramírez, agricultor de 59 años. Cada día repite el mismo ritual: camina entre sus plantas como quien revisa a un enfermo.

“Tenemos cuatro o cinco años que no llueve de verdad”, asevera, y recuerda que antes cosechaba 30 quintales de maíz por manzana. Hoy, con suerte, logra dos.

“La temporada de lluvia se fue el 20 de octubre… fue hasta junio que volvió a llover”, recuerda.

Con intervención de la FAO, Ramírez instaló un macrotúnel, donde siembra y cosecha pepino, tomate, chile dulce y picante. Fuera del túnel, nada sobrevive.

También tiene un cosechador de agua de 80 toneladas y un nacimiento que le permite bombear agua con un motor mecánico. Sabe que no todos en la aldea pueden costearlo.

Ahí, como en otros municipios del Corredor Seco, el calendario agrícola se desprogramó. “Antes sembrábamos el 3 de mayo porque el 4 llovía, era fijo. Hoy, mayo y junio son secos, julio casi no llueve, y este año no llovió en agosto. Solo tuvimos un mes de agua”, recuerda Ramírez.

La idea de migrar no es ajena para Ramírez. Dos de sus hermanos viven en Estados Unidos, pero él nunca lo ha logrado. “¿De dónde saca uno Q120 mil para irse? Vender la casa para caer preso allá, eso no es fácil”, sentencia.

Para él, la fórmula de la felicidad es sencilla: “Si hubiera agua, uno sería feliz”.

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Recolectar, almacenar y distribuir

Los cosechadores de agua son grandes reservorios, similares a piscinas elevadas, alimentados por tuberías que recolectan el agua de lluvia que se desliza por los techos de lámina de las viviendas.

De esa forma se almacena el agua para utilizarla en sistemas de riego por goteo.

Bárbara Porta, extensionista del Maga, reconoce que desde el 2014 el cambio climático ha impactado la cantidad de lluvia en algunas áreas del Corredor Seco.

“Antes recibíamos entre mil 200 y mil 500 milímetros de lluvia; ahora apenas llega un tercio de esa cantidad, y muchas veces cae en dos o tres días”, explica Porta.

Por ejemplo, San Luis Jilotepeque perdió sus dos temporadas de siembra en el 2025 por escasez de lluvia.

Ante la merma, los agricultores comenzaron a recolectar agua  de forma improvisada luego con reservorios con geomembrana y electromalla, construidos por el Maga, la FAO y con financiamiento de Suecia.

Un solo cosechador sostiene un huerto familiar de 25 metros cuadrados, suficiente para garantizar alimentación básica, aunque no para compartir.

El costo de este sistema es de Q9 mil (unos US$1,500) en una población con ingresos menores de US$1 al día.

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Familias en agonía por escasez de lluvia para sus cultivos

Impacto de fenómeno del Niño lleva a que más de 3 millones de guatemaltecos estén en inseguridad alimentaria, y las familias del corredor seco son de nuevo las más vulnerables.

Ana Lucía Ola

20 de abril de 2024

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La presencia del fenómeno del Niño en 2023, con lluvias irregulares, afectará este año a las familias que subsisten de la agricultura. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La escasa lluvia que se registró en el país durante el 2023, por la presencia del fenómeno del Niño, impactó de manera negativa en los hogares que subsisten de la agricultura familiar, y las consecuencias son más drásticas en el llamado corredor seco. No se tiene una cifra concreta de cuántas personas son las afectadas al momento, pero podría ya ser mayor a la del año pasado.

Para el primer bimestre del 2024, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) proyectaba que 3.1 millones de guatemaltecos se encontraran en niveles de crisis y emergencia de inseguridad alimentaria aguda.

Para el pasado 17 de abril, el Monitoreo del Hambre que realiza el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en tiempo real indicaba que más de 3.8 millones de personas en el país tenían un consumo insuficiente de alimentos, el 22.25% de la población.

A esta crisis se suman los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años que para el 13 de abril llegaban a siete mil 120 casos – 9.3% más que el año pasado-, y la muerte de dos menores de seis meses de edad por esta causa, según registro del Ministerio de Salud.

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Este impacto en la población vulnerable se veía venir, pues según el informe El fenómeno de El Niño no permite “Soñar la Mesa” en el corredor seco de Centroamérica, desarrollado por varias entidades entre ellas Oxfam, la pérdida de cultivos, aunado al elevado incremento de precios en los alimentos y la escasa ayuda estatal, llevó a que las familias enfrentarán altos niveles de inseguridad alimentaria a finales del 2023, agobio que será mayor para este período de hambre estacional, que está comenzando.   

La evaluación realizada por Oxfam involucró a dos mil 49 hogares rurales de seis municipios en los departamentos de Chiquimula, Huehuetenango y Baja Verapaz, que se localizan en el área del corredor seco. Estos fueron entrevistados entre octubre y noviembre pasado.

Uno de cada dos hogares que fueron parte del estudio estaban integrados por más de cinco personas. Mientras que seis de cada 10 tienen en propiedad la tierra utilizada para la producción agrícola, con una disponibilidad promedio de 0.48 hectáreas, que es más baja que en Honduras y El Salvador.

El informe destaca que la inversión anual en la producción de granos básicos de estas familias es de US$161.73, mientras que el 94% utiliza más de la mitad de su producción de frijol y de maíz para autoconsumo.  

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Sin lluvia para cultivos

Durante el 2023 la lluvia fue irregular en el país, hubo períodos intensos y otros de sequía –lapsos de más de 15 días sin precipitaciones-, por la presencia del fenómeno del Niño, lo que provocó un atrasó en el tiempo de siembra, según el análisis de Oxfam.

El 84.5% de los hogares evaluados señaló que la sequía afectó la producción de sus cultivos. El 65% de la siembra de maíz se perdió, y en el caso del frijol el 50% se dañó, con lo que el impacto negativo fue mayor para Guatemala, comparado con Honduras (50.5% y 63.3%, respectivamente) y con El Salvador (54.1% y 50%). Esto limita su reserva de alimentos para este año.

De acuerdo con el informe, seis de cada diez de los hogares evaluados se encontraban en inseguridad alimentaria leve, y dos más estaban en niveles moderado y severo, en donde hay serias brechas de consumo de alimentos y para mejorar su condición recurrieron a estrategias de supervivencia.  

Cabe recordar que esta medición se hizo durante octubre y noviembre, temporada en que ocurre la cosecha de maíz y de frijol, y las familias pueden recurrir a al trabajo temporal en el corte de café para agenciarse de dinero para adquirir alimentos.

Los municipios que fueron involucrados en el informe son Aguacatán y Santa Bárbara en Huehuetenango; Camotán y Jocotán en Chiquimula, y Cubulco y Rabinal en Baja Verapaz.

De estos, es Santa Bárbara donde hay mayor población en situación moderada y grave de inseguridad alimentaria, con el 30% de hogares afectados. Pero la situación tampoco es alentadora para el resto, que oscilan entre el 14% y 22% en esa condición.

La migración ha sido una alternativa para muchas familias para mejorar su condición de vida, sin embargo, el informe refiere que los hogares que están en menor riesgo alimentario tienen mayor probabilidad de migrar a otro país, pero el chance se reduce cuando están en una situación alimentaria más aguda.

Un punto relevante en el informe es que en los municipios de Guatemala analizados los hogares más afectados por la inseguridad alimentaria son aquellos en los que los jefes del hogar se ocupan en el comercio informal o ventas ambulantes (27.6%) y los que se dedican a la agricultura (25.2%), jornalero no agrícola (23.1%) y trabajo doméstico, peluquero y carpintero (22.5%).

Asistencia alimentaria

La protección social y la asistencia alimentaria son acciones que ayudan a las familias a enfrentar la inseguridad alimentaria. La evaluación indica que en los países analizados este apoyo provino principalmente de las instituciones gubernamentales, oenegés, municipalidades, iglesias y otros actores.

En el caso de Guatemala las intervenciones estuvieron asociadas a las elecciones generales en 2023, con fines clientelares.

La proyección de hogares en el corredor seco que necesitan asistencia alimentaria entre mayo y agosto del 2024, según el informe, es de 2 millones 508 mil 17 personas, distribuidos en 21 departamentos del país.   

Jorge Pernillo, analista y catedrático de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana, menciona que la crisis de inseguridad alimentaria que ya afecta a las familias guatemaltecas que se dedican a la agricultura era “previsible”, ante períodos de sequía y otros de intensas lluvias, provocados por el fenómeno del Niño.

La asistencia alimentaria, para que no padezcan hambre, y asegurar los servicios de salud, son las acciones que se deben implementar de manera inmediata hacia esta población, según el analista. Para lograrlo, se debe comenzar por la identificación de las familias en alta vulnerabilidad para atenderlas.  

“Tenemos un problema grande, que el presente gobierno no han sabido darle la importancia, su reacción ha sido pasiva. El problema es que podemos enfrentarnos a una crisis humanitaria si no se hace las acciones que mitiguen el hambre y la desnutrición”, señala Pernillo.

Agrega que la otra opción es solicitar ayuda internacional y a oenegés, que en este momento son quienes pueden llegar más rápido a estos hogares que el gobierno mismo.

#DesnutricionGuatemala | El @MinSaludGuate confirma las primeras muertes por desnutrición aguda en el país este año, se trata de dos niños menores de seis meses de edad. Los casos ocurrieron en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, y en la cabecera de Jutiapa. @prensa_libre pic.twitter.com/5qPX5XRwRj

— Ana Lucía Ola (@aola_pl) April 18, 2024

Escenario de muerte

Al 13 de abril de este año, el Ministerio de Salud reporta el fallecimiento de dos niños menores de seis meses por desnutrición aguda, uno con signos de marasmo y el otro con kwashiorkor. Mientras que 11 casos están en investigación.

Las muertes ocurrieron en el municipio de San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, y en la cabecera de Jutiapa. Estas habrían ocurrido en enero, según el informe.

Mientras que hay siete mil 120 casos de niños menores de cinco años identificados con desnutrición aguda, cuando el año pasado a la misma fecha eran seis mil 515. Es un incremento del 9.3%.

En seis de cada diez casos los niños tenían entre 6 meses y 2 años de edad. Los departamentos con mayor riesgo de que los menores presenten una condición severa son Izabal, Escuintla y Retalhuleu.

De acuerdo a cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-, por el contexto de covid-19, más de 1 millón 236 mil personas se sumarían a las 8.5 millones que vivían en condiciones de pobreza. Por esto, Susana Gauster, investigadora de Oxfam Guatemala opina que este es el momento para que el país instale programas permanentes de protección social para minimizar la desigualdad y garantizar la reactivación económica.

¿Cómo evalúan los programas de protección social que promovió el gobierno para atender a los más afectados por la pandemia?

Desde un inicio saludamos el decreto de atención a las familias afectadas por el covid, creemos que fue un buen paso, una buena intención y también se hizo una inversión importante, que realmente es algo que también debería de darse como mínimo todos los años que es más o menos el 2% del PIB. Esta ha sido la cifra que se considera necesaria para asegurar que haya una reactivación económica efectiva. En principio nos pareció bien, en la implementación sí vimos muchas deficiencias y principalmente quiero mencionar dos. Uno es que los programas no tienen un enfoque de derecho, muchas veces los programas de protección social se perciben en la población como un regalo como cuestión de buena suerte y ese es un problema porque la protección social es un derecho, es algo que se debe exigir y por la falta de ese enfoque de género muchos ven mal estos programas porque creen que se les está regalando dinero a los pobres.

El segundo tema es la imprevisibilidad del momento de la transferencia, es decir, aunque la persona sea parte de un programa en específico, no sabe si la transferencia se la van a hacer en una semana o en un mes eso fue algo muy notorio en todos los programas que tenían un atraso bastante fuerte en los fondos que se transfirieron en momentos en que el estado de calamidad ya hubiera pasado, entonces no fue tanto en atención a la crisis.

¿Pero ese 2 por ciento del PIB tendría que ser algo que debería plantearse todos los años?

Si y como mínimo tenía que plasmarse ese monto para este 2021 que se supone que es de reactivación económica, pero que sabemos que aún estamos en medio de la crisis. No vamos a salir de esta crisis antes de fin de año, por eso que el gobierno no haya contemplado fondos para protección social sí es muy preocupante, tanto en términos sociales como en términos económicos. La reactivación económica no solo se va a dar por las carreteras.

Las municipalidades y el gobierno central demostraron que no tienen una base de datos real de dónde estás las familias más pobres del país. ¿Cree que esto fue una de las razones para que el bono no se entregar a quienes más lo necesitaban?

Fueron varias razones y es que impulsaron tantos programas diferentes que había mucha confusión. Estaba el bono familia, el del empleo, el de los trabajadores informales, pero también había de dotación de alimentos, había confusión, duplicidad y mucha gente que no recibía nada y, por el contrario, había quienes recibían dos o tres beneficios. Eso nos lleva a la necesidad de la construcción del padrón único de beneficiarios que no solo organiza y nos da información sobre en qué programa está adscrita cada persona, sino que da información sobre condiciones socioeconómicas y eso también permite priorizar. Eso es algo que sí existe en muchos países latinoamericanos pero en Guatemala estamos en cero en esa parte. Un programa como el Bono Familia es complicado montar sobre la marcha y por eso lo hicieron a través de las facturas de la energía eléctrica que tal vez fue una manera de llegar rápido a la gente, pero no fue la manera más justa o equilibrada. No son muchos países los que lo hacen de esta forma porque en la mayoría de los países ya existían programas de protección social y lo único que hicieron fue ampliar la cobertura o el monto.

Es decir, ¿si Guatemala hubiera tenido una política de protección social previa, no hubiéramos resentido tanto los efectos de la pandemia?

Estas políticas deberían ser parte de un estado moderno donde los riesgos de las personas y habitantes de un país puedan sufrir durante su ciclo de vida queden de alguna manera apalancados. En los países europeos es el seguro social el que no deja a la gente en la calle si pierden el empleo, si tienen algún accidente que los deje incapacitados o si se jubilan. En sur África también contaban con una protección social más sólida y esto permite proteger a la población y a las economías, al final es un gana-gana. Son soluciones holísticas e integrales.

En el país hemos tenido la experiencia de que se usan estos programas de manera clientelar. ¿Cómo podríamos superar esto e implementar estas políticas de manera efectiva?

Creo que con los últimos gobiernos sí ha sido muy difícil encontrar un sentido real de la búsqueda del bienestar social. Si en realidad buscaran que la población se beneficie de mejor manera podríamos ver un debate para llegar a la manera más efectiva para que el país progrese y el capital humano crezca, pero sabemos que no es así y que los últimos gobiernos y las mayorías en el Congreso tienen otras prioridades. Por eso es complicado decir qué hay que hacer, porque lo primero es salir de la corrupción y esa es la dificultad principal para que no haya un espacio viable para tener debates de fondo, técnicos y en base a experiencias sobre la viabilidad y efectividad de una política o de un programa. Pero no solo es la corrupción, es un desinterés profundo en la situación social del país.

Por el lado de los gobiernos locales, ¿cuál debería ser la mejor forma para que desde las municipalidades también puedan trabajar en la atención de su población vulnerable?

 Si se puede trabajar a nivel local, el Código Municipal si le da a las alcaldías la posibilidad de promover políticas que atiendan desde su territorio. Sí pueden trabajar programas de protección social como apoyo económico a las familias, o mejoras en el acceso a los servicios de salud pública. Pero también es importante que puedan trabajar en un registro de los habitantes del territorio, una buena base de datos actualizados y que se puedan cruzar. Es generad toda la información para aplicar las políticas más acertadas para que las problemáticas más graves como la desnutrición se pueda erradicar

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De acuerdo con el informe El hambre es la medida del covid-19: Incremento de la población que requiere asistencia alimentaria en el corredor seco de Guatemala, elaborado por Oxfam, el número de hogares que se asoma al umbral de la escasez va en aumento conforme el virus gana terreno, debido a la crisis económica que ha generado y que impacta principalmente al sector informal, a los agricultores de subsistencia.

En relación al 2019, este año se evidencia un incremento de 102.8% en el número de hogares que necesitan ser apoyados con alimentos, pues sus reservas de comida se han agotado. Los más golpeados son los que enfrentan inseguridad alimentaria severa, pues la cantidad de familias vulnerables pasó de un 7.4% a 28.8%, la cifra se cuadruplicó.

Acá se ubican las personas con carencia extrema de consumo de alimentos, que tiene pérdida extrema de bienes productivos y realizan medidas de emergencia o crisis para alimentarse, como vender sus propiedades, trabajar solo por alimentos o realizar empleos riesgosos, incluso, dejar a un lado la vergüenza y salir a las carreteras a pedir alimentos.

La cantidad de hogares que están en inseguridad alimentaria moderada ahora son más, de un 17.8% se incrementó a 22.5%. En tanto que descendió el número de quienes se encuentran en inseguridad alimentaria leve, ya que de un 14.9% bajó a un 5%.

Sin embargo, esto no es nada alentador, pues en lugar de que las familias pasaran a tener un nivel adecuado de alimentos estas migraron a los niveles moderado y severo, donde hay mayor riesgo de padecer hambre.

Para este informe se entrevistó a 4 mil 526 hogares distribuidos en 51 comunidades de Cubulco, Rabinal y San Miguel Chicaj, en Baja Verapaz, mientras que en Chiquimula se alcanzó a personas de Camotán, Jocotán y Olopa.

La condición en que se encuentran estas poblaciones permite tener una fotografía del resto de comunidades del corredor seco, y tomando como base la cantidad de habitantes en el área rural del censo poblacional 2018, se estima que son 1 millón 12 mil 292 personas que están en inseguridad alimentaria severa y moderada, alrededor de 190 mil 999 hogares.

Con hambre y sin asistencia

En las áreas rurales evaluadas del corredor seco seis de cada diez hogares que está en inseguridad alimentaria severa no tienen luz eléctrica, tampoco un teléfono celular, y mucho menos acceso a internet, según el informe de Oxfam.

Los hogares que tienen inseguridad alimentaria moderada reportan que tres de cada diez carecen de luz eléctrica y no tiene un celular, y solo la mitad logra conectarse a internet.

Esta condición los deja fuera del programa Bono Familia que implementó el gobierno para apoyar a quienes ven afectada su economía debido a la crisis generada por el covid-19.

Pese a que el hambre golpea a su puerta, ellos no pueden recibir los Q1 mil por los tres meses que se acordó entregar a 2.2 millones de hogares, cuyo consumo de energía eléctrica resulte menor a 200 kWh.

“Estaba claro que era inviable el mecanismo pensado por el Ministerio de Desarrollo para enviar el Bono familia, porque hay comunidades en el área, como Jocotán (Chiquimula), que para alumbrarse de noche usan ocote”, dice Fernando Barillas, de la Asociación Antigua al Rescate que lleva alimentos a aldeas del corredor seco.

Tener energía eléctrica en casa para estas familias es un lujo, pero también representaba su única oportunidad para ser tomados en cuenta en este programa, pues son quienes tienen urgencia de asistencia alimentaria.

Rodrigo Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), señala que una de las razones por las que muchas comunidades están sin energía es porque han quedado lejos de las puntas de red de las distribuidoras, y llevarles el servicio requiere de mayor infraestructura y la inversión es mayor.

Otros programas

Pero no solo se trata del Bono Familia, de acuerdo con el informe de Oxfam el programa de Asistencia de alimentos tampoco es suficiente para atender a la población vulnerable, pues son Q200 por ración de alimentos lo que se prometió entregar a las familias para suplir un mes de comida.

“El costo para que la ración cumpla con las 2 mil 100 kcal/persona/día que recomienda las normas Esfera de asistencia humanitaria es de al menos Q400, sin incluir costes logísticos”, refiere el reporte como una de las debilidades del programa, que está previsto para llegar una sola vez a los hogares, cuando el impacto de la crisis generada por el covid-19 durará probablemente hasta septiembre, para las familias que han lograron sembrar granos básicos u otro producto agrícola, para las que no, “la crisis puede durar más tiempo”.

Otra dificultad es que las familias solo pueden ser incluidos en un programa.

“Los hogares que accedan a la asistencia alimentaria estarían recibiendo tan solo un 6.7% del monto que recibirían los beneficiarios del Bono familia”, señala el estudio de Oxfam.

En cuanto al Apoyo a la economía informal que es un subsidio de Q1 mil por una sola vez para comerciantes informales, este tampoco es de gran ayuda. Este beneficio es un 33% menor al que se entrega en el Bono Familia, y como sucede con la asistencia alimentaria, hay poco control en la creación de la lista de beneficiados, que está a cargo de las municipalidades.

Maritza Méndez, titular de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), menciona que el Gobierno tiene diez programas sociales para responder al impacto económico que ha generado el covid-19 en el país, uno de ellos es precisamente el programa de apoyo alimentario que beneficiará a un millón de familias, y que incluye a hogares que carecen de energía eléctrica. La distribución de los víveres ya comenzó y será un proceso gradual, de tres a cuatro meses, para alcanzar a la población vulnerable de los 340 municipios del país.

Además, a través de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional la Sesán promueve el apoyo local a las familias que están en inseguridad alimentaria o tienen niños con desnutrición aguda.

Impacto en la desnutrición

Hasta ahora, según Barrillas, los programas no han llegado a los hogares que están en riesgo alimentario, pues en el caso de la ayuda a través de alimentos, el apoyo se concentró en las áreas urbanas. Pero esta falta de asistencia traerá como resultado el aumento de casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años, y al ingresar el covid-19 al corredor seco representará un mayor riesgo, podría ser letal.

“Un niño con desnutrición aguda tiene nueve veces más riesgo de muerte que uno que no lo padece”, dice Iván Aguilar, jefe del Programa Humanitario de Oxfam Guatemala,

Mientras que las personas en precariedad alimentaria tienen un sistema inmunológico deprimido, con lo cual, estarían en una situación de vulnerabilidad mayor si llegan a infectarse con el nuevo coronavirus.

Según el informe Oxfam, los programas de protección social previstos para responder a la crisis del covid-19 puede reducir el “incremento sustancial” de la seguridad alimentaria siempre que se garanticen mecanismos que faciliten la inclusión de los hogares más vulnerables, especialmente de las zonas rurales, y dada la crisis socioeconómica generada por la pandemia se hace necesario trabajar en una propuesta de protección social para el próximo año.

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¿Qué acciones se han hecho bien para reducir la desnutrición crónica?

Se ha avanzado en la parte institucional, en el establecimiento de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) en el 2005, la formalización del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, que establece reuniones para analizar planes específicos contra la desnutrición crónica y que involucra a los ministerios más relevantes en el tema.

¿Cuál ha sido el avance más importante?

Los ministerios comenzaron a etiquetar los rubros de su presupuesto que están relacionados con las acciones que tienen que ver con el combate a la desnutrición crónica. Además, ha habido monitoreo de la ejecución y la inversión de ese presupuesto, trabajo que está a cargo de la Sesán.

Entonces ¿Por qué no ha habido una reducción de la desnutrición crónica?

No hay inversión nueva que tenga impacto; es decir, que no sea presupuesto que se asigna de oficio a las instituciones. No se ha avanzado lo suficiente porque muchas veces los ministerios etiquetan las líneas de presupuesto de sectores relacionados al tema, pero que no obedecen a una planificación en zonas estratégicas.

¿Qué es lo que se necesita para mejorar?

Se debe asignar dinero, más allá del que está tradicionalmente asignado y se debe incrementar ese monto. Además, se debe hacer que esa inversión obedezca a una priorización estratégica territorial y conseguir un padrón único de familias atendidas que necesita esa atención integral que se necesita.

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¿Qué tipo de programas ayudará a reducir la desnutrición crónica?

Las familias vulnerables necesitan agua y saneamiento, transferencias monetarias condicionadas en salud y educación. También necesitan que el Ministerio de Agricultura les apoye con insumos para la producción agrícola y con asistencia técnica. De parte del ministerio de Salud se requiere vacunación oportuna y los programas de la Ventana de los Mil Días, pero también requieren acceso a alimentación complementaria para los niños menores de 5 años.

¿Cuáles han sido las fallas?

La evaluación que se hizo a la Estrategia Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica -planteada por el actual Gobierno-, reveló que falta articulación entre los ministerios y eso no se ha conseguido desde que se creó este sistema de seguridad alimentaria.

Con las mismas acciones ¿Qué tan difícil será reducir la desnutrición crónica en el país?

Al ritmo de reducción de la desnutrición crónica que se lleva ahora, que es de medio punto porcentual al año, llegar a los índices de Costa Rica, que tiene seis por ciento de desnutrición crónica en total, llevaría 73 años para Guatemala llegar a ese nivel.

Oxfam detectó un incremento de desnutrición crónica en algunos municipios ¿Cuál fue el hallazgo?

Se hizo un monitoreo de 18 mil niños menores de 5 años, durante los últimos cuatro años, en siete municipios de Baja Verapaz y Chiquimula y la evaluación indica que hay un aumento de 6.9 % de la desnutrición crónica. Esto es preocupante porque en esa zona hay programas de asistencia para las personas en riesgo y, sí en esa zona se incrementa, en otros lugares donde no se recibe ese apoyo las condiciones pueden ser peores.

¿Las intervenciones no han sido correctas?

La inversión efectiva que se hace de parte de las instituciones de gobierno es poca, el dinero no es suficiente y las acciones estratégicas que se deben implementar tampoco se desarrollan, por ejemplo, la alimentación complementaria para niños.

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¿Qué tan importante es esa alimentación complementaria?

Después de los seis meses de edad, los niños caen en desnutrición crónica debido a que dejan la lactancia materna y se suman al riesgo y al déficit alimentario de sus hogares. Es donde se requiere la alimentación complementaria con harinas fortificadas y otros alimentos.

¿Qué factores influyen en los niveles de desnutrición crónica?

La precariedad de la vivienda porque se ha demostrado que el tipo de pisos de los hogares tiene relación con la desnutrición crónica. El niño que vive en piso de tierra tiene más probabilidad de desnutrición crónica, así como el que vive en casa con cocina con leña, porque el humo afecta el sistema respiratorio, lo que lo hace vulnerable ante cualquier enfermedad.

 ¿También afecta el cambio climático?

El cambio climático colapsa los medios de vida del país, no solo en el corredor seco. Desde el 2012 se ve como cada año se tienen problemas por falta de lluvia y lo que produce es que los cultivos son afectados, especialmente los que dependen de la lluvia para desarrollarse. Generalmente los que están en esa situación son los hogares en pobreza o pobreza extrema y sin posibilidades de riego o superar esa falta de lluvia.

¿Cuál es el riesgo para el país si no se reduce la desnutrición crónica?

Lo que le sucede a Guatemala es que está perdiendo la oportunidad de aprovechar al máximo el bono poblacional, que le sucede solo una vez a los países, y que es cuando tiene la mayor población joven que puede introducirse a la economía.

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¿Qué secuelas deja la desnutrición crónica?

Aparte de afectar el crecimiento, los niños con desnutrición crónica no tienen un desarrollo adecuado de cerebro ni buenas conexiones neuronales, por lo que tienen poca capacidad lo que afecta su vida estudiantil.

Un niño que tenga ese problema, después de los 5 años es irrecuperable. La ventana de oportunidad para evitar la desnutrición crónica es hasta los 2 años, si no se supera, toda esta población joven va a ver mermada su capacidad y va a ser menos productiva.

Además, en la vida adulta, las personas son más propensas a otras enfermedades como diabetes, hipertensión, sufrir sobre peso u obesidad y eso implica que va a generar más costos para el sistema de salud pública.

¿Ahora se sabe más de desnutrición crónica que antes?

Hay mucha sensibilización sobre el tema, muchas de las personas la ven como un problema importante y que se debe resolver, pero la dificultad está en traducirlo en acciones concretas, porque no se invierte lo suficiente ni se hacen las acciones estratégicas que deben implementarse.

¿Es necesaria la reforma a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional?

Más allá de modificar la Ley, lo más relevante para hacer efectivo el trabajo para reducir la desnutrición crónica es presupuestar adecuadamente. El nuevo gobierno debe revisar el presupuesto que se destina para combatir este problema, en qué se focaliza y cuáles son las acciones estratégicas que normalmente no se financian.

¿Cuáles son estas acciones?

Una gran parte de los hogares que carecen de letrinas y no hay programas de letrinización o fosas mejoradas para las familias del área rural, también debería haber un programa de mejora de los pisos en la vivienda. Este tipo de medidas no son financiadas.

Además, tampoco está presupuestada la brecha para tratamiento de enfermedades respiratorias agudas o diarreas, que tienen alta influencia en la desnutrición crónica.

Revisar que brechas hay para acciones estratégicas y claves y que se incorporen las que no se financian ahora, esa es la manera para tener un impacto directo.

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El antiguo ministro está acusado de participar en una trama relacionada con el transporte público de la Ciudad de Guatemala por la que también han sido detenidos Colom y otros exministros de Gobierno.
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Oxfam Internacional detalló que Fuentes Knight, designado presidente en 2015, está siendo investigado en relación a “una transacción presupuestaria hecha por el Gobierno guatemalteco mientras él era ministro de Finanzas”.

“Él nos ha asegurado que ha cooperado completamente con la investigación y tiene la confianza de que no transgredió a conciencia las normas o los procedimientos“, esgrimió Byanyma.

La organización humanitaria de origen británico se ha visto envuelta en los últimos días en un escándalo, al destaparse que directivos y cooperantes contrataron a prostitutas poco después del terremoto que devastó Haití en 2010.
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El Gobierno del Reino Unido ha amenazado con retirar los fondos públicos a la ONG si no colabora con la investigación de esos hechos, y la vicedirectora ejecutiva de la organización en el Reino Unido, Penny Lawrence, dimitió ayer al admitir su responsabilidad al no haber tomado medidas para evitar esa explotación sexual.

Movimiento Semilla se solidariza

El Movimiento Semilla, un partido político en formación que pretende participar en las elecciones generales de 2019 en Guatemala, se solidarizó con uno de sus fundadores, el presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight, quien fue apresado por un caso de corrupción.

En su mensaje, publicado en sus redes sociales momentos después de la captura de Fuentes Knight, la organización política expresó su confianza en que el caso “será conducido con absoluta imparcialidad e independencia, respetando la dignidad de las personas y la tutela efectiva de los derechos”.

Semilla se solidarizó con el presidente de Oxfam “en estos momentos de incertidumbre” y pidió celeridad para resolver el proceso correspondiente.
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El movimiento político también aseguró que apoya “debidamente todo esfuerzo por la construcción de un auténtico Estado democrático de Derecho” y, “en especial”, el combate contra la corrupción, encabezado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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Por esta trama también ha sido detenido Colom y otros exministros de su administración acusados en el caso Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). 

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Esas instituciones condicionaron la aprobación del préstamo al pago del resarcimiento a afectados por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, a aplicar más transparencia y al fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Para financiar lo que resta del 2015, “no se tiene contemplado emitir bonos”, afirmó el funcionario, pero se está a la espera de un desembolso de US$125 millones de otro préstamo de apoyo presupuestario del BID, dijo Carías la semana pasada.

Al respecto, el viceministro de Finanzas, Saúl Figueroa, comentó ayer que ese desembolso del BID no se ha recibido, pero ya se gestionó, porque “tiene que dar tiempo (de tenerlo disponible) en diciembre, si no, la crisis va a ser mayor”, reconoció.

Agregó que esta semana se convocará la colocación de bonos por Q360 millones, pero se analiza si se trasladan al Banco de Guatemala (para pagar las pérdidas operativas), pero “aún no esta definido”.