Motorista pierde la pierna tras ser embestido varias veces en la zona 9; su familia exige justicia

Larkin Daniel Morales, de 22 años, perdió la pierna derecha luego de ser embestido varias veces por un conductor en la zona 9; el responsable enfrenta proceso judicial.

César Pérez Marroquín y Andrea Domínguez

1 de octubre de 2025

|

15:26h

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Momento en que el conductor embiste al motorista, según muestra una cámara de vigilancia. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Larkin Daniel Morales Cuque, de 22 años, perdió la pierna derecha luego de haber sido arrollado varias veces en la zona 9. Médicos del Hospital General San Juan de Dios confirmaron a la familia que fue necesario amputarla debido a la gravedad de las lesiones.

El padre del joven, Édgar Antonio Morales Granados, expresó su frustración: “Lo que pido es justicia, para que mañana no suceda con otras personas. Yo también manejo y no entiendo por qué él -piloto responsable- dice que se le atoró el pie. Sé que hay gente buena que puede ayudar, porque todos los procesos que pasa mi hijo son bastante duros, ya que nosotros no tenemos dinero”.

Añadió que su hijo trabajaba como ayudante de albañilería y era una persona productiva que “no molestaba a nadie”.

Recuerda que su hijo se mostró frustrado con la noticia de que perdería su pierna y que recordó que no podría usar un par de zapatos nuevos que tiene en su casa.

Reacciones de la familia

El padre también señaló que la amputación tendrá un fuerte impacto emocional:
“Me duele porque a mi hijo le van a quitar su pierna y eso le va a afectar psicológicamente”.

Jimena Cuque Yumán, tía del joven, relató que su sobrino le pidió a su madre que recordara sus primeros pasos, consciente de que perdería la pierna.

“Mi sobrino estudia Enfermería y aprobó el examen en la universidad porque quiere ser médico, pero en esta situación le será muy difícil”, dijo.

Aseguró que Morales no conocía al responsable del hecho.

Proceso judicial

El conductor señalado, Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, fue capturado poco después del hecho por la Policía Nacional Civil. El Juzgado de Turno lo ligó a proceso por lesiones graves y le otorgó arresto domiciliario, arraigo y una caución económica de Q35 mil.

Videos de cámaras de vigilancia muestran cómo el acusado embistió en más de una ocasión a Morales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la tipificación legal.

La Fiscalía de Distrito Metropolitano solicitó que se calificara como homicidio en grado de tentativa; sin embargo, el juez resolvió procesarlo por lesiones graves.

Según el abogado penalista Denis Cuesy, con base en la evidencia audiovisual el Ministerio Público podría solicitar una reforma del auto de procesamiento para cambiar la figura penal.

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El proceso comenzó en 2009 con la denuncia que presentó el abogado, a quien supuestamente no se le pagaron sus honorarios por una asesoría que otorgó a esa comuna, cuándo el Concejo aprobó hacer un préstamo de Q100 millones a cuatro bancos del sistema.

El 20 de marzo de 2018, el salario del alcalde de Mixco, Neto Bran, y las dietas de su Concejo fueron embargadas de forma precautoria por un juzgado, como seguimiento al caso de esa deuda que superaba los Q12 millones.

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De esa cuenta, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de la capital resolvió embargar el porcentaje legal de las dietas del alcalde y del resto del Concejo.

La resolución establece que dicha retención deberá hacerse hasta por la cantidad antes descrita.

Luego de haberse hecho pública la resolución, el alcalde  Bran publicó en su página de Facebook el siguiente mensaje: “El abogado que anda cobrando los casi 12 millones desde el año 2000, me embargó mi sueldo… pero seguimos en la lucha, ni un paso atrás”.

En mayo de ese mismo año, Bran perdió la inmunidad en menos de 24 horas después de haberla recuperado, luego de que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente declaró con lugar la denuncia de antejuicio promovida por Franco López.

En noviembre del 2017,  el abogado Franco López presentó una querella de antejuicio contra el alcalde, a quien señala de cometer seis delitos y rehusarse a pagar la deuda.

El abogado dijo que Bran debe pagarle Q12 millones por servicios de asesoría legal proveídos a la Municipalidad de Mixco en el periodo 2000-2004, sumado a ello “otra cantidad similar por intereses y costos, lo que ha causado que la deuda ascendería a 52 millones.

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Según se mencionó, la deuda viene de hace años, pero a través de un fallo emitido en el 2009, la municipalidad estaba obligada a pagarle al abogado la cantidad mencionada. Supuestamente ni la administración anterior, ni la actual ha cumplido con el compromiso.

La querella presentada por Franco López incluye los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, resoluciones violatorias a la Constitución, malversación e incumplimiento de pago.

En cuanto al fallo reciente, se le consultó al vocero de la municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, si estaban enterados de la situación, aunque indicó que desconocía el fallo y que el edil no había sido notificado.

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Quedamos rotos y heridos, y el puente que unió ese pasado con nuestro presente se llamó impunidad. Hasta ayer. En la madrugada del miércoles 23 de mayo de 2018, luego de 37 años de que los hechos sucedieran y después de más de 12 horas de espera, el Tribunal C de Mayor Riesgo, presidido por el juez Pablo Xitumul, dictó sentencia por el caso Molina Theissen. Unánimemente, le dio 58 años de prisión a los generales Benedicto Lucas García, Francisco Luis Gordillo, Manuel Antonio Callejas y al especialista Hugo Zaldaña por los delitos de violación, desaparición forzada y delitos de deberes contra la humanidad. Fue un día Kawoq, según el calendario maya, y al amanecer se resolvió lo que estaba pendiente.

La sentencia emitida no solo buscó restaurar de cierta manera el pasado, tanto para la familia Molina Theissen como para tantas otras que vivieron y siguen viviendo violencias inenarrables en Guatemala. Tiene también la posibilidad de alcanzar una verdad en el presente, porque la justicia es lo único que puede pegar nuestros pedazos rotos, atravesar el puente de la impunidad y cerrar las heridas. Además, está la dimensión de lo que aporta a futuro, porque prueba que hubo un canal de inteligencia militar, cuyos oficiales fueron responsables de diseñar y cometer crímenes de lesa humanidad. Gracias al Tribunal, así con mayúscula. Queda pendiente conocer el paradero de Marco Antonio. Y no está de más recordar que en 1981, el año en que él fue secuestrado y desaparecido, hubo más de mil personas detenidas ilegalmente y desaparecidas. ¿Cuántos niños y niñas? En ese mismo año, según Gastos Militares en Guatemala: Su Impacto Fiscal y Macroeconómico: 1969-1995, de Thomas Scheetz, todos alimentamos un presupuesto de Defensa que superó a todos los gastos sociales y nos hizo más pobres, en todo sentido. Entre 1980 y 1985 “Defensa”, que no incluye Gobernación, pasó de conformar un 9.3% de gasto del Estado guatemalteco a 21%. Eso me hace pensar en el año 2018, ahora que la sentencia condenatoria se emite: Defensa acaba de comprar cuatro aviones para “misiones interinstitucionales”, por US$60 millones. Habría que cruzar este dato con las cifras del gasto social de este gobierno.

En todo momento pudo observarse que la sala donde se realizó el juicio estuvo llena de personas, principalmente acompañando a la familia Molina Theissen. Nunca dudé que era justicia lo que buscábamos y pedíamos, pero deseé que nunca hubiéramos tenido que llegar hasta allí. Tampoco dudé que toda reconciliación pasa por la verdad y la justicia, pero el agotamiento toca todas las vidas y destroza a una sociedad entera. Le apuesto a un amanecer, a un camino, a una Guatemala distinta, pero la actual duele aún mucho.

Y allí está el Pacto de Corruptos cerrando filas para sostener privilegios y defender intereses, y allí está nuestra peor crisis diplomática y política desde los 80, y allí están los migrantes guatemaltecos sin esperanza y las niñas del Hogar Virgen de la Asunción que nunca volverán. Pero la familia Molina Theissen ha cruzado el puente, y este ha quedado abierto. Gracias por la dignidad con que llevaron todo el proceso hasta el momento de la sentencia. Gracias por el olor a justicia que dejaron a su paso, a pesar de los 37 años de espera. Dicen quienes saben, que nuestra memoria es esencialmente olfativa. Así que, desde mi memoria más profunda y gracias al caso Molina Theissen, vuelvo a sentir que la justicia tiene el olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos, el olor a petricor. Y siento que cada vez que se hace justicia, caminamos un poco más a ser un país.

cescobarsarti@gmail.com

En Totonicapán, el 98 por ciento de la población habla k’iche’. El Juzgado de Primera Instancia Penal y el Tribunal de Sentencia solo cuentan con un intérprete en ese idioma para atender los casos, lo que causa atrasos en los procesos.

Josefa Pérez Pastor, quien recientemente inició un proceso contra su esposo por negación de asistencia económica y violencia intrafamiliar en el Juzgado de Primera Instancia Penal, comentó: “Debido a la falta de traductores, el juez ha suspendido dos veces la audiencia. Esta situación causa atrasos e inconvenientes, por lo que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto”.

Jeremías Álvarez, presidente de la organización de los 48 cantones, dijo que la barrera que se tiene es que la mayoría de trabajadores de los juzgados y Ministerio Público (MP) no hablan los idiomas mayas que predominan en ese departamento, lo cual causa que la resolución de los debates sean lentos.

“Si una persona no entiende de qué se le acusa no puede defenderse, el sistema de justicia está obligado a proporcionar este servicio”, expresó.

Pertinencia

Para Fermina López, líder comunitaria en Chimaltenango, aseguró que la falta de pertinencia cultural y respeto al idioma materno, por parte del sistema de justicia, continúa vulnerando a la población indígena, debido a las barreras idiomáticas que encuentran al momento de acceder y buscar solución a los maltratos, abusos y violaciones que afrontan.

Manifestó que algunas personas que no hablan español son víctimas de discriminación y tratos desiguales, pues algunos traductores no dominan bien ese idioma y tergiversan la información.

José López, delegado del Instituto Nacional de Estadística, refirió que el 52.28 por ciento de la población habla kaqchikel en ese departamento.

Cristina Canux, intérprete del MP, aseguró que requieren de sus servicios en casos de violaciones, maltrato contra la mujer y manutención.

“Cuando el traductor es hombre las víctimas no tienen la misma confianza para declarar, por eso también es importante más personal”, resaltó.

Karen Azurdia Velásquez, oficial del    Instituto de la Defensa Pública Penal, señaló que en cuatro de cada 10 casos necesitan el acompañamiento de traductores.

Wálter Jiménez, juez del Tribunal de Sentencia Penal, dijo que en ese departamento hay unos 25 intérpretes, 16 de ellos en los juzgados de paz y el resto en el MP y juzgados de familia y niñez.

En Sololá, los tres intérpretes de kaqchikel, tzutujil y k’iche’ disponibles no se dan abasto para cubrir las necesidades de los indígenas, cuya población representa el 95 por ciento de la población.

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La municipalidad indígena atiende a más de dos mil casos al año, cuyos denunciantes no confían en la justicia oficial.

En Quiché, donde el 86 por ciento de la población es indígena y habla k’iche’ e ixil, las autoridades de justicia aseguran que se gestiona la contratación de intérpretes de esos idiomas, extranjeros y lenguaje de señas.

Iván Morán, juez del Tribunal de Sentencia Penal, aseguró que es importante la intervención de los expertos para garantizar la justicia en los procesos.

Álvaro Aguilar, que es representante legal del grupo se presentó al Juzgado Décimo de Instancia Penal para escuchar el veredicto de ese juzgado. Las instancias penales decidieron dejar en arresto domiciliario a Aguilar mientras se dilucida el caso.

“Se tienen tres meses para que el Ministerio Público investigue el caso y de allí se decida llevar a Alux Nahual a juicio por este caso”, indican representantes de la agrupación.

El caso

Buonafina afirma que unas grabaciones de Alux Nahual y producidas por él fueron compartidas sin su autorización. Cosa que Alux niega al decir que las grabaciones fueron compartidas con la banda de parte de Buonafina. “Él ya sabía que este material sería compartido con los fanes de Alux, en un disco llamado Rarezas”, indican los representantes de la banda

Buonafina interpuso una demanda para que se le reconociera la autoría de la producción de esas grabaciones.

El juez Fabián de León también lo ligó por promoción o estímulo a la drogadicción, porque las fuerzas de seguridad le incautaron una bolsa con varias onzas de marihuana.

“Existen motivos racionales suficientes para presumir que el sindicado pudo haber ejecutado el hecho que se le atribuye; además, hay un informe de la PNC acerca de la detención”, razonó el juzgador. 

La defensa del señalado pretendió demostrar que los soldados no son los constitucionalmente facultados para capturar a una persona, sin embargo, su petición fue denegada por el juez.

En la acusación planteada por el representante del MP, consta que Mazariegos Gómez para impedir su detención golpeó a los soldados Eulalio Caal Chum y René Antonio Lem Morán.

Los hechos

El 6 de este mes, en el camino que de la zona 6 de Santa Cruz del Quiché conduce al caserío Chuiquisis, dos mujeres  indicaron a los dos  soldados que un hombre en actitud sospechosa se escondía entre unos matorrales.

En respuesta a esta alerta, los uniformados buscaron y encontraron a Mazariegos, quien resultó ser el exagente de la PMT y agredió a sus captores.

Además, se fijó para el 27 de abril una “audiencia incidental” en la que ambas partes deberán presentar una conciliación, añade.

Esto quiere decir que, en caso de que Aristegui y MVS no alcancen un acuerdo para esta fecha, el juez “podría tomar la decisión de que (la periodista) regrese a conducir (su programa radiofónico), mientras se sigue analizando el fondo del asunto”, explicó a la AFP una fuente del CJF.

Sin embargo, MVS “puede interponer diversos recursos a este juicio”, precisó la misma fuente.

El 10 de abril, Aristegui presentó una demanda de recurso ante tribunales federales especializados en telecomunicaciones, alegando “omisiones de las autoridades federales, al no intervenir ante la emisión por parte de la empresa MVS de Lineamientos Editoriales que violentan los derechos de periodistas y comunicadores.”

-Titular de noticiero-

Aristegui era titular de uno de los noticieros matutinos más seguidos en la radio mexicana hasta que fue despedida el 15 de marzo, apenas tres días después de que fueran cesados dos miembros de su equipo de investigación.

Estos dos periodistas fueron los que impulsaron en noviembre pasado la publicación de un sonado reportaje sobre la compra por parte de la primera dama mexicana de una lujosa mansión a un importante contratista gubernamental, suscitando señalamientos sobre conflictos de intereses.

MVS Radio argumentó el despido de los dos reporteros por haber involucrado recientemente sin su consentimiento a la emisora en Mexicoleaks, una incipiente versión de la plataforma de filtraciones WikiLeaks.

Aristegui rechazó la medida y condicionó su permanencia frente al noticiero al regreso de sus compañeros. Asegurando que no podían tolerar sus “ulitmátums”, los directivos de la empresa decidieron despedirla junto a su equipo de 19 personas.

Aunque el gobierno se ha limitado a decir que este episodio es un pleito “entre particulares”, Aristegui ha manifestado públicamente su convicción de que hay una mano negra gubernamental detrás de su despido.

Las agresiones a periodistas en México se han intensificado en la presidencia de Enrique Peña Nieto y van del homicidio y desaparición a la tortura, penas de cárcel, clonación de publicaciones y el despido fulminante, alertó la organización internacional Artículo 19.