Barrio 18 y la MS son declaradas terroristas y se destinan Q200 millones para equipo táctico: los alcances de la nueva Ley Antipandillas

El Congreso declara al Barrio 18 y a la MS como grupos terroristas. La Ley Antipandillas, sancionada por el presidente Arévalo, incluye Q200 millones para equipo táctico.

Sandy Pineda

10 de noviembre de 2025

|

14:57h

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Fotografía de referencia de equipos tácticos durante requisa en centro de detención. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Un nuevo marco legal contra las maras entra en vigor el 11 de noviembre, luego de la publicación oficial del Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras.

La conocida como Ley antipandillas fue promulgada por el Congreso de la República el 21 de octubre de 2025, fue sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y fue publicada en el Diario de Centro América este lunes 10 de noviembre.

De esta forma, Guatemala redefine su política penal frente a las pandillas, elevando sus actos a la categoría de terrorismo y endureciendo las penas por extorsión, reclutamiento de menores y usura.

Con su entrada en vigencia, Guatemala declara a las maras y pandillas —entre ellas el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS)— como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas, y establece el marco legal y criterios para designar a nuevas estructuras.

La normativa, compuesta por 21 artículos, establece un marco jurídico para identificar, designar y sancionar a las maras y organizaciones criminales transnacionales, y según los congresistas, endurece las penas por delitos vinculados a estas estructuras.

Declara terroristas a las maras y pandillas (Artículo 2)

El artículo 2 de la ley establece que las maras o pandillas serán consideradas “grupos criminales organizados transnacionales y terroristas”, al operar con jerarquía, disciplina interna, control territorial y una estructura orientada a generar terror en la población.

De forma inmediata, la normativa designa al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS) bajo esta categoría.

Para declarar a nuevas organizaciones como terroristas, el Fiscal General deberá solicitarlo a la Corte Suprema de Justicia, que resolverá a través de la Cámara Penal.

La resolución deberá publicarse oficialmente y tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable por igual período.

Obstrucción extorsiva del tránsito (Artículo 11)

La ley eleva las sanciones para quienes exijan dinero a cambio de permitir la circulación en la vía pública. Ahora, este delito será castigado con 14 a 18 años de prisión, un aumento respecto a las penas anteriores de 6 a 8 años.

Si el hecho es cometido por un integrante de una pandilla declarada como organización terrorista, la pena se incrementará en una tercera parte, y el juez podrá inmovilizar o inhabilitar cuentas bancarias vinculadas al caso.

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Endurece penas por reclutamiento de menores

Reclutamiento ilícito de menores (Artículo 11 Bis): se impone una pena de 14 a 18 años de cárcel y multas de Q100 mil a Q300 mil a quien capte, organice o intimide a menores de edad para involucrarlos en actividades delictivas.

Reformas al sistema penitenciario y control de reclusos

Prohibición de equipos tecnológicos (Artículo 7): se prohíbe el ingreso o uso de equipos de internet, drones o dispositivos móviles en los centros de detención.

Base de datos penitenciaria (Artículo 55 Bis): se ordena crear una base de datos nacional con la información de todas las personas privadas de libertad, incluyendo si pertenecen a maras u organizaciones criminales.

El sistema deberá estar actualizado en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley.

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Cambios en el Código Penal

Coacción económica en prisión (Artículo 9): se adiciona el artículo 214 Bis al Código Penal, estableciendo penas de 6 a 8 años de prisión a quien ejerza coacción económica contra privados de libertad. Si el responsable es un funcionario público, la pena se agrava en dos terceras partes y se aplica inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Usura (Artículo 12): la sanción aumenta de 4 a 10 años de prisión y multa de Q200 mil a Q500 mil. Si el responsable es extranjero, deberá ser expulsado del país al cumplir la condena.

Terrorismo (Artículo 13): si un delito de terrorismo es cometido por una organización declarada como terrorista, la pena se aumentará en una tercera parte.

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Compra directa de equipo (Artículo 14)

El Ministerio de Gobernación queda autorizado para adquirir equipo táctico y tecnológico por hasta Q200 millones, destinados a fortalecer unidades como el Centro Antipandillas Transnacional (CAT).

Estas adquisiciones estarán exentas de los procesos regulares de licitación, pero deberán cumplir medidas de control, auditoría y transparencia.
Entre ellas:

• Las compras podrán realizarse mediante acuerdos de gobierno a gobierno.
• El proceso deberá completarse en seis meses.
• El ministro deberá informar cada 15 días al Congreso, mientras la Contraloría General de Cuentas efectuará auditorías concurrentes.
• La documentación deberá publicarse en Guatecompras dentro de 15 días tras la finalización de cada negociación.

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Ampliarán penas de cárcel y sanciones por el delito de usura y su ámbito de aplicación

Con la aprobación por el Congreso de la República de la ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas, también se reforma el artículo 276, que tipifica el delito de usura y aumenta las penas, entre otros alcances.

Rosa María Bolaños

20 de octubre de 2025

|

05:00h

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La ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas, pendiente de aprobación final en el Congreso, también se reforma el artículo que tipifica el delito de usura. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La ley fue aprobada con sus enmiendas el pasado martes 14 de octubre por el pleno del Congreso; aunque todavía falta que se vote en su redacción final para promulgar el decreto.

La usura es una práctica ilegal que consiste en cobrar intereses excesivos sobre un préstamo, aprovechándose de la persona deudora.

Según el artículo 276 del Código Penal, comete el delito de usura quien exige de su deudor, en cualquier forma, un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley, o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones.

Actualmente el responsable de usura será sancionado con prisión de seis meses a dos años y deberá pagar una multa que oscila entre los Q200 a Q2 mil.

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En junio último, autoridades de la Policía Nacional Civil expusieron en una citación en el Congreso que pandillas han adoptado la práctica de préstamos rápidos, por lo que propusieron la creación del delito de usura agravada con más tiempo de prisión y que esta sea inconmutable.

En esa oportunidad, el director de la PNC, David Boteo, explicó que al inicio los casos de préstamos rápidos de los “usureros” estaban vinculados con estructuras colombianas. Estos han sido conocidos como préstamos gota a gota.

Agregó que, en la actualidad, esta práctica ha sido adoptada también por pandillas, que otorgan créditos y, cuando las personas incumplen con los pagos, actúan con violencia.

Mientras que la semana pasada el Congreso incluyó una reforma al delito de usura en la discusión.

En el artículo 11 de la nueva ley en trámite, se amplían las sanciones, se incrementa la sanción con prisión de hasta 10 años, y las multas aumentan drásticamente, a un rango de entre Q200 mil a Q500 mil.

La reforma también incrementa las sanciones para otras conductas, ya que el artículo 277 indica que la misma pena establecida en el 276 se aplicará en dos casos: a quien, a sabiendas, adquiera, transfiera o haga valer un crédito usurario; y a quien exija de su deudor garantías de carácter extorsivo.

Amplía alcances

Con la reforma se agrega que a toda persona extranjera que resulte responsable del delito de usura deberá ordenársele su expulsión del país, inmediatamente después del cumplimiento de la pena principal.

Además, en los casos que corresponda, se iniciará el proceso de expulsión para que el condenado termine de cumplir la pena en su país de origen.

Consultado sobre casos de usura en Guatemala, el auditor Óscar Chile Monroy refiere que existe usura en la informalidad, en préstamos sin mayor garantía, pero con tasas de interés escandalosas.

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Estos pueden ser otorgados por personas o grupos que operan al margen del sistema formal, quienes no solo incurren en usura por los montos que cobran, sino que generan acoso al cobrar. Incluso, en años recientes se ha conocido de grupos de extranjeros que realizan estas prácticas, agregó.

En muchos casos, esto lo experimentan personas muy endeudadas o sin posibilidad de acceder a créditos en el sistema formal, agrega el experto.

A criterio de Chile Monroy, es poco probable que se dé usura en el ámbito formal o en entidades reguladas.

Según el análisis de un abogado penalista, el delito de usura protege a las personas para evitar que, al solicitar un préstamo, se enfrenten a intereses no regulados. No obstante, señala que es un delito enfocado principalmente en los préstamos fuera del sistema bancario, con prestamistas informales.

La vía con la que el MP busca que se sancione a colombianos por delitos por préstamos “gota a gota”

Los préstamos extorsivos tipo “gota a gota” son una práctica que afecta a los guatemaltecos, por lo que ahora hay mayor número de denuncias, alertó el Ministerio Público, quien formó una mesa técnica para analizar y tipificar los delitos.

Sandy Pineda

17 de diciembre de 2024

|

19:29h

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Las autoridades desarticularon a dos estructuras transnacionales vinculadas a delitos de extorsión y usura de préstamos "gota a gota". (Foto Prensa Libre: MP)

Los préstamos ilegales y extorsivos, más conocidos como préstamos “gota a gota”, se han convertido en una amenaza cada vez más grave para la paz social y económica de cientos de guatemaltecos, advirtió el Ministerio Público (MP) este martes 17 de diciembre.

En conferencia de prensa, las autoridades expusieron los resultados de un operativo que llevó a la captura de nueve presuntos cabecillas de una red trasnacional de préstamos ilegales, luego de emprender una investigación por una denuncia que implicaba a personas de origen colombiano que se coordinó con guatemaltecos para ejecutar este tipo de operaciones delictivas.

La Fiscalía aseguró que para hacer frente al flagelo se creó una mesa técnica en la que participan otros sectores, que ha trabajado en una propuesta para reformar la ley, con el objetivo de reforzar la persecución y castigo a quienes incurren en esta práctica ilegal.

En Guatemala, los abusos relacionados a los préstamos “gota a gota” se tipifican como el delito de usura, que se comete cuando se exige un interés mayor al máximo legal o desproporcionado con la prestación.

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Delito de usura

La pena para el delito de usura es de seis meses a dos años de prisión y una multa de Q200 a Q200 mil.

Esta práctica se considera un delito menos grave y se juzga en los Juzgados de Paz Penal.

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La Fiscalía indicó en este 2024 aumentaron las denuncias por el delito de usura, y alertó que además muchos de los casos se agravan debido a que ha escalado a otros delitos como extorsión, amenazas y agresiones físicas, y en ciertos casos, asesinatos.

El aumento de denuncias reflejan la angustia de cientos de familias guatemaltecas, las cuales quedan atrapadas en un ciclo de extorsión, amenaza y abuso, advirtieron las autoridades.

Pide endureces penas

Por eso razón, según la Fiscalía, se han presentado iniciativas para endurecer las penas por usura y otros delitos relacionados, como la extorsión. El objetivo es frenar prácticas abusivas que pongan en riesgo la vida de la población.

Según la Fiscalía, diversas unidades del MP han participado para aportar en la propuesta, y ya se ha tenido acercamiento con el Congreso de la República para darle viabilidad a la propuesta.

Aunque según la institución, su competencia es reactiva una vez se haya cometido el delito, consideró la pertinencia de apoyar en un sentido preventivo ante la comisión de los delitos asociados a las estructuras criminales que se dedican a la usura.

El objetivo, se indicó, es que haya un aumento de penas, o se tipifique algún otro delito que pueda realmente constituirse como más grave.

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