La ejecutiva añadió que para los empresarios es preocupante el nivel de impunidad que existe en el país.

Las empresas agremiadas a AmCham han reportado que la  mayor cantidad de extorsiones en  las rutas ocurren en  occidente y oriente del país.
Representantes de las empresas agremiadas a AmCham y  Bruce Williamson, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU.,  se reunieron ayer con Thelma Aldana, fiscal general y  jefa del Ministerio Público  para dar a conocer sus planes y  preocupaciones.

“La criminalidad y el nivel de impunidad en el país desalientan las inversiones extranjeras”, refirió Williamson.
Añadió que el país ha reportado mejoras en el  Índice Global de Competitividad del Banco Mundial, pero que todavía se debe trabajar para que el país sea más atractivo a las compañías. 

Los empresarios refirieron que además del pago de extorsiones, las compañías deben contratar seguridad privada.
Aldana refirió que cada año se pagan Q1 mil 900 millones en contratación de agentes privados.

“A ese costo hay que incluir el pago de cámaras de seguridad y vehículos”, añadió.
Aldana explicó que las rutas más vulnerables son Escuintla, Amatitlán y Sacatepéquez, y que los  sectores más afectados  a los robos en carreteras son alimentos, industria, agricultura, construcción, artículos para el hogar y combustible.

“Tengo planeado implementar la fiscalía especial contra las extorsiones. Es importante contar con sanciones, investigación de casos,  sentencias, desarticular bandas  y también trabajar en la prevención desde la familia”, dijo  la fiscal.

La capital registra 57% de casos
El 57% de los casos de extorsiones se reportan en la ciudad capital seguido por Quetzaltenango con el 6%, según la fiscal.
“Esto nos indica que es urgente que se tomen medidas”, señaló Thelma Aldana, ayer ante los empresarios.

Sin embargo, el MP solo cuenta con presupuesto hasta junio para el pago de salarios, refirió.

“Hice la solicitud al Ministerio de Finanzas públicas pues la institución está pasando por momentos difíciles”, añadió.

La funcionaria explicó que existe una deuda pendiente por Q220  millones del Ministerio de Finanzas al MP, dinero que serviría para contratar a más fiscales.