En la actualidad el dinero es entregado a las organizaciones de padres de familia (OPF); sin embargo, un 25 por ciento de escuelas no cuenta con esos grupos y no han recibido los recursos.

Entre los cinco compromisos aceptados por el Mineduc se encuentra el de elaborar un cronograma de actividades para la implementación de las mesas de trabajo para la entrega de programas de apoyo a los establecimientos públicos. Sobre el compromiso del STEG solo se indica: “Los que convengan”.

El Departamento de Comunicación Social del Mineduc manifestó que los fondos serán manejados, en su mayoría, por las OPF y el resto, por las direcciones departamentales de Educación.

“El convenio se firmó porque los programas son de interés para todas las comunidades educativas y los maestros deben participar para lograr que estos lleguen a los estudiantes”, dice.

Acevedo, vía telefónica, indicó que los fondos serán entregados a las escuelas, tengan o no OPF. Recordó que la Ley de Educación Nacional establece que los padres de familia se organizan para coadyuvar en la educación de sus hijos, no para administrar alimentos, lo cual es una obligación del Estado.

“El convenio que firmamos es para que, a como dé lugar, los programas lleguen a los niños y niñas a nivel nacional. La plata la pueden administrar las direcciones departamentales y ellos, comprar”, enfatizó el dirigente sindical del Magisterio.

STEG aplaude

El dirigente sindical Joviel Acevedo dijo que los programas de apoyo son mejoras para los niños que se ganaron en la huelga del 2003.

“Es obligación del Ministerio de Educación porque para eso hay un presupuesto. Aunque digan que ya estamos a final de mayo  vamos a luchar para que les devuelvan los montos que no se les han dado porque es de los niños y niñas”, resaltó Acevedo.

El sindicalista afirmó que las direcciones departamentales tendrán que buscar la forma como les va a llegar la alimentación a los niños  y el resto de programas, incluida la gratuidad, que fue otro de los logros obtenidos.

Se debe fiscalizar acuerdo

Edie Cux, de Acción Ciudadana, manifestó que la entrega de los recursos de los programas de apoyo ha sido un mecanismo que muchos gobiernos han utilizado.

“Lo que preocupa es el mecanismo que se utiliza para poder ejecutar estos servicios de apoyo para los niños y las niñas. Tendrían que verse los mecanismos para fiscalizar la ejecución de este convenio. No hay mayor información de cómo se van a transparentar los recursos por medio del sindicato”, expuso Cux.

Recordó  que anteriormente existían las juntas de padres de familia, pero muchas se desintegraron porque la Contraloría los fiscalizaba por montos pequeños.