En dicha diligencia, el Ministerio Público debe imputarles los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, ya que Marvin Túnchez, otro comunicador, resultó herido en el hecho.

Los tres periodistas fueron atacados a balazos el 10 de marzo recién pasado, en el parque central de Mazatenango, frente al edificio de la Gobernación Departamental.

La acusación

Ángel Ramírez, fiscal del MP, afirmó que entre los medios de prueba que presentarán al juez están los videos donde se observa que los detenidos huyen en una moto, después de haber disparado.

También se cuenta con declaraciones testimoniales y peritajes.

“Hay otros indicios en la investigación, pero para no perjudicar las pesquisas preferimos no mencionarlos”, agregó.

A Ramírez Torres se le atribuye que fue quien disparó contra los periodistas, y Cardona Reyes es señalado de ser quien condujo la moto para escapar. Por lo tanto, según el fiscal, se puede encuadrar su participación como asesinato.

“Ellos podrían ser los autores materiales, pero continuamos el trabajo para dar con quienes planificaron y ordenaron los crímenes contra los comunicadores”, puntualizó el fiscal del MP.

A paso lento

Tras las capturas y allanamientos efectuados por las autoridades, no se supo si hubo más avances.

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, dijo que las investigaciones avanzaban y que se había identificado a más implicados, pero para no afectar las pesquisas no dio mas detalles.

Días después del crimen, López Bonilla indicó que pedirían que el caso fuera trasladado a la capital, para agilizar las pesquisas; sin embargo, sigue en Suchitepéquez, donde se teme la influencia de mafias locales.

Hipótesis

Una de las principales hipótesis de los investigadores se centra en las denuncias de corrupción contra funcionarios ediles de ese departamento que hizo el corresponsal López, quien denunció amenazas de muerte.

Días después del ataque, fiscales en Suchitepéquez habrían recibido intimidaciones por las pesquisas.

El MP también encontró obstáculos por parte de algunos jueces en Mazatenango, Retalhuleu, Escuintla y la capital, para obtener órdenes de allanamientos y capturas.