Francisco Dall’Anese, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dijo que este tipo de salas convierten al país en pionero a escala centroamericana.

“Ahora los jueces, fiscales, testigos, víctimas, la Policía y quienes comparezcan pueden venir con mayor seguridad y con la confianza de que se va a cumplir con la justicia”, añadió.

“El trabajo debe ser más eficiente, ya que existe mejor seguridad y más controles cuando se enfrentan a estructuras poderosas”, resaltó Dall’Anese.

El valor

El costo de remodelación fue de US$400 mil —unos Q3.8 millones—, que fueron donados por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos.

Arnold Chacón, embajador de EE. UU. en Guatemala, explicó que lo elevado del monto se debió a la implementación de equipo moderno y la infraestructura.

“Estamos cumpliendo nuestro compromiso con Guatemala, de mejorar las condiciones de justicia”, señaló.

La sede cuenta con cámaras de vigilancia, bloqueadores para no comunicarse por teléfono, así como medidas estrictas de seguridad en el traslado de reos, detalló César Barrientos, magistrado y presidente de la Cámara Penal de la CSJ.

Los juzgados A y B y los tribunales tienen a su cargo casos considerados de impacto social.

Barrientos explicó que al dinamizar la oralidad en las audiencias se ha avanzado en el 70 por ciento en la agilización de cada proceso penal. También se ha reducido la mora judicial.

“Lo que buscamos es que se trabaje por una justicia pronta y cumplida, combatiendo la impunidad. Con ese compromiso deben existir jueces más independientes”, agregó.