Portillo había denunciado su inconformidad con lo resuelto por el Tribunal, porque dijo que no existe base legal para cumplir con la petición de extradición de EE. UU. por conspiración para el lavado de US$70 millones.

Sin embargo, los magistrados consideraron que “la figura de extradición consiste en un acto mediante el cual un país entrega por imperio de una ley o tratado a un individuo que se encuentra en su territorio a otro Estado, para que el juez competente lo procese y sancione…”.

Añaden: “… lo que facilita el principio constitucional de que el delincuente debe ser juzgado por su juez natural, o sea el juez del lugar donde se ha cometido el delito”.

Tras haber analizado los antecedentes del caso, los agravios esgrimidos y el tratado de extradición suscrito entre Guatemala y los EE. UU., así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establecieron que “no se ha infringido por el Tribunal de Sentencia la normativa denunciada como violada, sino por el contrario, el referido Tribunal actuó de conformidad con la ley”.

La resolución de la sala mencionada deja firme la extradición de Portillo, ya que no cabe otro recurso legal que intente evitarla o retrasarla.

Se trató de obtener la opinión de Telésforo Guerra, defensor de Portillo, pero no respondió las llamadas a su celular.

El caso

La acusación presentada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York señala 17 transacciones que pudo haber efectuado Portillo en EE. UU. entre 1999 y 2009.

Según los argumentos presentados el 26 de enero último, se habría demostrado que los US$70 millones depositados en bancos de ese país, como el Hamilton y el Miami, procedían del erario guatemalteco.

Al seguir la pista de los fondos, se confirmó que estos fueron trasladados a Europa, a cuentas de María Eugenia Padua y Otilia Portillo Padua, ex esposa e hija del ex mandatario, respectivamente.

Portillo sería el primer ex presidente latinoamericano en ser entregado a otro país para ser juzgado, a lo que se suma otra petición similar de Francia.