“Lo que pedimos es que no tengan derecho a ser electos a través del voto en elecciones populares ni que puedan ser contratados en la administración pública”, expuso Eunice Mendizábal, fiscal que lleva el caso.

Argumentó que los sindicados defraudaron al Estado, ya que se les confió la administración de los recursos públicos, pero incurrieron en ilegalidades, por lo que no se puede volver a confiar en ellos.

“Qué pasa cuando esos funcionarios públicos fallan, la verdadera cara de la corrupción se traduce en pobreza. La verdadera cara de la corrupción se traduce en la cara de sus niños hambrientos y enfermos, y en todas las decadencias de nuestro pueblo”, expresó Mendizábal al presentar las conclusiones del caso.

En un solo día

En las pruebas que fundamentó el MP se refiere que en el 2001 los acusados sustrajeron, en 24 horas, Q120 millones del Ministerio de la Defensa, mediante el traslado de cinco transferencias presupuestarias. De ese monto, Q30 millones fueron a parar al Crédito Hipotecario Nacional.

Selvin Galindo, ex fiscal que empezó la investigación contra Portillo, no llegó ayer a declarar, ya que no se logró contactarlo.

Cerca de la sentencia

Esta semana el Tribunal Undécimo de Sentencia podría fallar contra los tres ex funcionarios.

Si Portillo es hallado culpable, deberá cumplir su pena en el país y después enfrentaría proceso penal en EE. UU. y en Francia, por lavado de dinero. Si fuera absuelto del caso que enfrenta por peculado, continuaría en prisión, hasta que quedara en firme la solicitud de extradición de EE. UU.