Fernando Monzón, fiscal distrital en San Benito, Petén, informó que el ataque ocurrió a las 7.45 horas, a escasos cien metros de la vivienda de la víctima, en la 1a. avenida y 4a. calle, zona 6, barrio El Porvenir, San Benito.
Los delincuentes le acertaron cinco impactos de bala al juez en el rostro y dos en el pecho.
Aún con vida, el funcionario judicial fue trasladado a un centro asistencial, y una hora después murió.
Este es el tercer asesinato de jueces desde el 2009, a lo que se suman 20 amenazas contra operadores de justicia.
La situación pareció complicarse anoche, cuando sujetos dispararon contra la vivienda del juez Ulises Ixcot, en Quetzaltenango.
En otro hecho, Francisco Matías, juez de Paz de Chicamán, Quiché, estuvo retenido por unas horas, y luego fue liberado en esa localidad por pobladores que exigían que la Policía pusiera en libertad a tres personas.
Rechazan crimen
Luis Archila, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), repudió el ataque, pero advirtió que la primera información que tienen es que la muerte del juzgador no tendría relación con su trabajo.
Archila dijo que esperarán la investigación de la Fiscalía y de Gobernación para determinar el móvil del crimen.
Aguilar refirió que Cáceres no había denunciado amenazas de muerte.
Edwin Marroquín, vocero de la CSJ, afirmó que no tenían información sobre los casos que llevaba el juez.
Carlos Aguilar, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, exigió a la Fiscalía y al Ministerio de Gobernación que den con los responsables de la muerte de Cáceres.
“No queremos que digan que su muerte fue por delincuencia común, ya que el ataque fue certero, que no digan que se trató de un robo”, expresó.
Manuel Barquín, diputado de la Gran Alianza Nacional, por Petén, solicitó al Ejecutivo que decrete un estado de Sitio en ese departamento, similar al de Alta Verapaz, por la ola de violencia.
Soria Toledo Castañeda, jueza de Primera Instancia Penal, de San Benito, lamentó el hecho, exigiendo a las autoridades de justicia se investigue a fondo dicho crimen.
Piden plan
Una de las promesas de Archila al asumir la presidencia de la CSJ fue la creación de un plan de seguridad para jueces y magistrados, pero todavía no lo ponen en marcha por falta de presupuesto.
“Ya tenemos un diagnóstico y unas recomendaciones, pero por seguridad no lo podemos revelar”, dijo.
Aguilar exigió que a corto plazo funcione dicho plan de protección para los operadores de justicia.
En respuesta, Archila expuso: “Si la Asociación de Jueces tiene los recursos que nos los den para poner en marcha el plan de seguridad”.
Juan Ramón Lau, secretario de los trabajadores del Organismo Judicial, va más allá y pide que dicho plan sea integral, para que dé cobertura a los empleados, ya que los oficiales de juzgados también arriesgan su vida.