Manuel Cuc Sotoy fue sentenciado a 316 años; Jorge Antonio Morales Mendoza, a 166, y Andrés Pérez Ramos, a 100.

Sin embargo, por ley, en realidad los condenados solo purgarán una pena de 50 años de prisión cada uno.

Los sentenciados deben pagar un resarcimiento de entre Q200 mil y Q500 mil a los familiares de las víctimas.

Los siete reos fueron absueltos por los delitos de conspiración, asociación ilícita y violación, ya que el Ministerio Público no pudo demostrar que cometieron esos delitos y, de acuerdo con el Tribunal, ese fue un error que los juzgadores no pueden subsanar.

El Tribunal estableció que los Pujujiles cometieron 10 secuestros que sumaron 34 víctimas, entre ellas hombres, mujeres, niños y familias completas. La banda mató a seis porque los familiares no lograron reunir el monto que exigían para la liberación.

Según las pesquisas, los secuestradores asfixiaban y ahorcaban a sus víctimas, y las enterraban en terrenos baldíos para no despertar sospechas en el cantón Pujujil, Sololá.

Las pruebas

El Tribunal le dio valor probatorio al testimonio de uno de los sobrevivientes, así como a los de testigos, y a las pruebas documentales y materiales.

Durante las investigaciones, el MP allanó la casa de Eusebio Tuy Daniel, donde encontró una de las armas de fuego que utilizaban para neutralizar a sus víctimas, así como pertenencias de estas. Ese hallazgo coincidió con el testimonio de uno de los sobrevivientes que narró que los plagiarios usaban armas de grueso calibre.

La banda utilizaba tres automotores para cometer sus fechorías, en los cuales introducían a sus víctimas. Los malhechores las obligaban a bajar la cabeza y era cuando empezaba el proceso de tortura, ya que las llevaban a un lugar montañoso.

En el razonamiento del Tribunal, la jueza María Eugenia Castellanos expuso que usaron el mismo método en los 10 plagios que cometieron entre abril y diciembre del 2010, en la carretera Interamericana, cerca de la aldea Los Encuentros, Sololá.

Castellanos explicó que, aunque no hubo prueba contundente respecto de los asesinatos, el trato al que fueron sometidas las víctimas fue “infame”, y con la declaración de testigos se reveló información suficiente para que fueran condenados por ese delito.

“El Tribunal usó el testimonio amplio en relación con que existe la presunción para deducir que sí existe culpabilidad”, dijo la jueza.

Rinden homenaje

Una de las víctimas de los Pujujiles fue el artista Lisandro Guarcax, quien después de haber sido secuestrado apareció muerto, ya que sus familiares no pudieron pagar el rescate.

El Tribunal ordenó a la Municipalidad de Sololá rendir un homenaje en su honor, por su trayectoria artística y proyección social en ese departamento.

Anastasio Guarcax, padre de la víctima, quien se mostró afectado después de haber escuchado el fallo, dijo que se logró justicia por la desaparición y muerte de su hijo.

“Hay satisfacción por este fallo. Ahora creemos en el sistema de justicia. Valoro cada uno de los testigos porque fueron valientes y expresaron en el Tribunal los abusos a los que fueron sometidos”, expresó.

Agregó que él también fue víctima de intimidación, pero no se dejó vencer por las amenazas, las cuales no dijo de dónde provenían.

“Mi hijo tenía derecho a expresar lo que sentía por su pueblo. Él buscaba un desarrollo cultural en Sololá, pero su sueño fue truncado”, refirió.

Rony López, fiscal contra el Crimen Organizado del MP, expuso que esta sentencia envía un mensaje a las bandas que se dedican a este tipo de delitos, para que se abstengan de seguir en estas actividades antisociales.

“Es un hecho histórico que una banda de secuestradores deba cumplir una condena tan alta”, indicó.