Al imponer un modelo económico sin la participación de las mujeres, los hombres y las juventudes, sistemáticamente el gobierno y las empresas extractivas han violado y violan los derechos fundamentales de los pueblos guatemaltecos.

La minería a gran escala no representa una oportunidad para avanzar hacia un desarrollo económico sostenible como egoísta e irracionalmente han insistido los gobiernos que se han sucedido en el poder y las grandes empresas de capital nacional y transnacional.

La mina Marlin operada por la empresa Montana Exploradora S.A., subsidiaria de la canadiense Gold Corp Inc., es un ejemplo nefasto de cómo la minería metálica no aporta de manera significativa a la economía local y nacional. Por el contrario, ha provocado graves daños ecológicos en los territorios de los pueblos maya sipakapense y maya mam, ha contaminado el agua, el aire, deteriorado la capacidad productiva de la tierra, ha vulnerado la salud y la soberanía alimentaria de estos pueblos.

Por esa la razón, los pueblos ladino/mestizo y maya kaqchikel de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se oponen al proyecto minero El Tambor Derivada VII en su territorio. Vivir en un ambiente libre de contaminación es un derecho humano inalienable y es la mínima condición que han demandado y demandan al Estado guatemalteco.

El gobierno de Otto Pérez Molina ha rebasado los límites de los abusos de poder primero porque tiene pleno conocimiento de los impactos negativos de la megaminería de metales para la vida y la salud. Luego, fue incapaz de garantizar un proceso de diálogo abierto, respetuoso y en igualdad de condiciones al que le había apostado el movimiento La Puya, negándoles el derecho a una consulta popular libre e informada.

El señor presidente privilegió los derechos de una empresa extranjera en vez de velar por los derechos fundamentales de la población guatemalteca y permitió que el ministro de Gobernación, militar retirado Mauricio López Bonilla diera la orden para reprimir con brutalidad a este movimiento social pacífico cuyas principales estrategias de defensa fueron los cánticos, las oraciones y sentarse frente a la entrada de la mina.

Pero los agentes policiales actuaron impunemente empujándoles, agrediéndoles y lanzaron bombas lacrimógenas; niñas, niños, mujeres y ancianas resultaron intoxicados y varias personas heridas.

Este grave atropello perpetrado por el Estado guatemalteco no puede quedar en la impunidad, debe ser analizado, investigado y atendido con mayor seriedad por las instituciones y organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional.