La ley actual permite este abuso contra las niñas, e incluso avala el matrimonio de menores de 10 años si han quedado embarazadas y dan a luz. En estos momentos, cuando se discute en el Congreso de la República una iniciativa de ley que establece la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, sin excepción para ambos sexos, es preciso insistir sobre la importancia de este tema en la vida de un sector importante de la población, pero cuyo impacto repercute sobre toda la sociedad.

Esta iniciativa fue presentada a la Comisión de la Mujer por una serie de organizaciones de la sociedad civil, en búsqueda de una herramienta legal capaz de frenar —o por lo menos reducir— la incidencia de matrimonios precoces y de embarazos en niñas y adolescentes, un problema que se ha transformado en una auténtica emergencia sanitaria provocada por la falta de protección a la niñez desde el Estado y desde las propias familias.

Es pertinente subrayar el papel fundamental jugado por los progenitores de las niñas en esta práctica de abuso convertida en un rasgo cultural extendido por todo el país y muchas naciones en el mundo entero. La vida de las niñas se negocia a sus espaldas, se las convierte en mercancía de intercambio, cual objeto comercial, y se les escatima toda esperanza de un futuro diseñado a partir de sus propios talentos y fortalezas. Es una de las más graves violaciones de los derechos humanos, tolerada de manera tácita por las sociedades en donde se perpetran estos crímenes.

Esta iniciativa de ley cuyo objetivo es elevar la edad mínima para contraer matrimonio de 14 y 16 —niñas y niños— a 18 sin excepción, es un mecanismo legal cuya aplicación debe beneficiar a este segmento de la población. Sin embargo, si se busca reducir los indicadores mencionados más arriba, lo más importante es realizar intensas campañas para hacer conciencia en los adultos sobre las consecuencias devastadoras de esta clase de prácticas. Las decisiones de los padres sobre sus hijas jamás deben rebasar el límite de los derechos humanos. Para garantizar ese respeto, el sistema de administración de justicia, e instituciones como el Procurador General de la Nación y el Procurador de los Derechos Humanos, deben mantener una estricta vigilancia.

Sobre este tema, el martes 2 de diciembre, a las 18.30 horas, se proyectará en el teatro La Cúpula el cortometraje de ficción Ana cumple 14, dirigido por Shabi Sabel Strandmarck. Este filme presenta el drama de una niña, Ana, reflejado de modo magistral en un breve segmento del diálogo con su madre: “Ana, deberías pensar en tu futuro”. “¿Como doctora o algo así?” Pregunta Ana. “No. Como mujer”.

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